martes, 25 de agosto de 2009

Paraguay reparara los daños a victimas de represion

El Senado aprobó el miércoles un proyecto de ley que busca reparar económicamente a víctimas de la represión del estado entre 1968 a 1985, por la "actuación ilegítima del estado". La aprobación fue con el voto a favor de 16 de los 21 senadores presentes.

La iniciativa de 24 artículos pasó a la Cámara de Diputados de 99 miembros donde el oficialismo del Frente Amplio tiene mayoría propia con 52 bancas por lo cual se descuenta su aprobación. El Senado de 31 miembros cuenta con 16 senadores oficialistas. El proyecto no contempla a las víctimas o familiares de afectados por acciones de grupos subversivas.

El senador comunista Eduardo Lorier dijo a la AP que "en esta iniciativa no están contemplados las víctimas o familiares de quienes puedan haber sido afectados por organizaciones armadas. Sólo comprende a los afectados por las acciones del estado". Entre las organizaciones subversivas figura el movimiento tupamaro que inició su cruenta acción hacia 1963 con asaltos, secuestros, asesinatos, robos e incendios.

El primer artículo del proyecto de ley aprobado por el Senado reconoce el quebrantamiento del Estado de Derecho que impidió el ejercicio de derechos fundamentales a las personas, en violación a los derechos humanos o a las normas del derecho internacional humanitario, en el período comprendido desde el 27 de junio de 1973 hasta el 28 de febrero de 1985. Entre estas fechas hubo dictadura. En su artículo segundo reconoce la responsabilidad del estado en la realización de prácticas sistemáticas de tortura, desaparición forzada y prisión sin intervención del Poder Judicial, homicidios, aniquilación de personas en su integridad psicofísica, exilio político o destierro de la vida social, en el período comprendido desde el 13 de junio de 1968 hasta el 26 de junio de 1973, "marcado por la aplicación sistemática de las medidas prontas de seguridad e inspirado en el marco ideológico de la doctrina de la seguridad nacional".

Las medidas prontas de seguridad, son la versión uruguaya del estado de sitio que cancela los derechos individuales

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