miércoles, 21 de octubre de 2009

SEMAR recibe aval de la CNDH

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) consideró clara, necesaria y oportuna la directiva emitida por la Secretaría de Marina (Semar) que establece los procedimientos para el uso de la fuerza que debe aplicar el personal naval militar en puestos de control o puntos de revisión, en los accesos a instalaciones resguardadas, recintos fiscales o portuarios y que limitan el uso de fuerza letal en situaciones de agresión armada que representen peligro inminente para quienes las realizan.

La dependencia indicó que la decisión de la Semar es muy positiva y congruente con los principios de oportunidad, legalidad, racionalidad y proporcionalidad en el uso de la fuerza establecidos por la legislación internacional para los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley con pleno apego a los derechos humanos.

"Es deseable que las directivas de la Semar se analicen también en otras instituciones federales que cuentan con facultades de fuerza pública y -mediante documentos normativos equivalentes y específicos para el tipo de funciones que realizan- den lugar a directivas igualmente claras en el uso legítimo de la fuerza", comentó.

Recordó que la directiva de la Semar, suscrita el 30 de septiembre, está en vigor para todo el personal de esa dependencia y establece cinco niveles para el uso de la fuerza: 1) presencia disuasiva, 2) persuasión verbal, 3)reducción física de movimientos, 4) utilización de fuerza no letal y 5) utilización de fuerza letal.

Como quedó establecido en la recomendación general número 12 sobre el uso legítimo de la fuerza y de las armas de fuego por los funcionarios o servidores públicos encargados de hacer cumplir la ley, emitida el 26 de enero de 2006, la CNDH no se opone a la detención, sometimiento y aseguramiento de personas por conductas previstas como presuntamente delictiva por la legislación penal y por las leyes y reglamentos aplicables.

Esta CNDH reiteró la importancia de que los funcionarios o servidores públicos encargados de hacer cumplir la ley o que participan en tareas de seguridad pública en nuestro país cuenten siempre con instrumentos jurídicos, conocimientos y capacitación técnica oportuna y suficiente para conducirse como verdaderos aliados de la sociedad en el desempeño de sus funciones

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