lunes, 30 de noviembre de 2009

Urge autonomía legal en su proceder y nacimiento

Para que en México los Derechos Humanos sean mejor respetados con un orden jurídico más hierro es urgente de la autonomía en su proceder y su nacimiento, reveló Minerva Martínez Garza, Presidenta de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos.

La Licenciada cual hablara sobre los retos que enfrentan los Organismos de Protección y Promoción de los Derechos Humanos en México, citó de la importancia de crecer y ampliar su visión de trabajo.

Tras concluir los trabajos del Seminario, “Retos Legislativos y Perspectivas de los Derechos Humanos”, la jurista detalló que necesitan de poder desarrollarse libremente sin contratiempos.

“ Existe pleno consenso entre los grupos parlamentarios para otorgar a la Comisión Nacional de Derechos Humanos autonomía legal y financiera a fin de evitar la injerencia del Poder Ejecutivo en sus resoluciones”,

“Entonces para ello se propone ampliar las facultades del ombudsman en temas laborales, electorales y jurisdiccionales, así como para conferirle atribuciones penales, y una reforma estructural que contempla la transferencia de competencias del Ministerio Público a la CNDH para darle carácter obligatorio a sus recomendaciones”.

Tradicionalmente la CNDH fue creada por decreto presidencial, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 6 de julio de 1990, como un órgano desconcentrado adscrito a la Secretaría de Gobernación, responsable de vigilar el acatamiento de las normas que consagran los derechos humanos, cuya definición se encuentra contenida en la Constitución como garantías individuales y sociales, y en las convenciones y tratados internacionales suscritos por México.

La CNDH se constituye también como un órgano de la sociedad y para su defensa.

Pero se busca elevar a rango constitucional a la CNDH, cuyo apartado "El Congreso de la Unión y las legislaturas de los estados en el ámbito de sus respectivas competencias, establecerán organismos de protección de los derechos humanos que otorga el orden jurídico mexicano, los que conocerán quejas en contra de actos u omisiones de naturaleza administrativa provenientes de cualquier autoridad o servidor público, con excepción de los del Poder Judicial de la Federación que violen estos derechos”.

Y así: "Formularán recomendaciones públicas autónomas, no vinculatorias y denuncias y quejas ante las autoridades respectivas.

Estos organismos no serán competentes tratándose de asuntos electorales, laborales y jurisdiccionales.

El organismo que establezca el Congreso de la Unión conocerá de las inconformidades que se presenten en relación a las recomendaciones, acuerdos u omisiones de los organismos equivalentes en los estados".

Más que nada porque sus principales motivos de quejas y cuales atienden van en el orden descendente, y es necesario que el Estado garantice esta autonomía para que no se den negligencias en este proceder y vaya más allá de una acción administrativa en procesos jurídicos.

Para que así las recomendaciones caigan con fuerza a los principales destinatarios sin distingos u omisiones implícitas.

Martínez Garza subrayó que quiza México sea el país con la estructura pública de derechos humanos más grande del mundo: una comisión nacional, 30 locales y dos procuradurías a nivel estatal.

Esta ha sido una de las apuestas del Estado mexicano para dejar atrás el autoritarismo.

Sin embargo, los resultados alcanzados todavía son insatisfactorios para un país con recurrentes abusos de autoridad.

Es probable que tal desempeño se deba a que los gobiernos se inmiscuyen en la agenda de la mayoría de las comisiones, sobre todo en los estados.

Su autonomía depende básicamente de cómo se elige a quienes dirigen esas instituciones.

Ya en nueve estados hay una intervención directa de los gobernadores para elegir a los presidentes de las comisiones.

Cuando la elección corre a cargo de los Congresos la situación es similar pero son los partidos con mayoría quienes buscan celebrar un nombramiento a modo.

Ejemplos de lo que jamás debería ocurrir son las dos pasadas designaciones en la comisión de Veracruz: un director de la Policía Judicial y una ex secretaria de Gobierno; en tanto que en Oaxaca la comisión nunca se pronunció sobre el conflicto entre la APPO y Ulises Ruiz que dejó varios muertos tras de sí.

En este tema entonces es relevante que hay que evitar las críticas de parte de las organizaciones civiles contra la Comisión Nacional de Derechos Humanos porque no vigila que el gobierno y sus políticas estén apegadas a los derechos humanos.

Así no hay que permitir, subrayó, que la credibilidad lo es todo para las comisiones de derechos humanos por lo cual urgió a lo legisladores y gobiernos a que trabajen con el ombudsman para garantizar la autonomía de estas instancias si es que han de cumplir con su inaplazable misión

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