viernes, 6 de noviembre de 2009

Violacion en el caso de crucifijos

La exhibición obligatoria de crucifijos en las aulas es una violación del derecho de los padres a educar a sus hijos conforme a sus creencias y al de libertad de religión de los alumnos, según estimó ayer el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. La sentencia responde al recurso presentado por Soile Lautsi, una ciudadana italiana de origen finlandés que en 2002 pidió al instituto estatal italiano en el que estudiaban sus dos hijos que quitara los crucifijos de las clases. Los hijos de la demandante, Dataico y Sami Albertin, de 11 y 13 años, eran alumnos en el curso 2001-2002 del colegio público de Abano Terme (noreste de Italia), con cruces colgadas en todas sus aulas. Solie Lautsi consideró ese hecho contrario al principio de laicismo e informó a la escuela de su posición, invocando un dictamen del Tribunal de Casación que juzgó que la presencia de crucifijos en locales electorales era contraria al laicismo del Estado.

En mayo de 2002, la dirección del colegio decidió mantener los crucifijos en las aulas. Posteriormente, una directiva del Ministerio de Instrucción Pública fue dirigida posteriormente a todos los directores de colegio recomendándoles que procedieran de esa manera.
Ante el Tribunal Constitucional, el Gobierno italiano sostuvo la misma posición, argumentando que el crucifijo no es sólo un símbolo religioso, sino también un símbolo del Estado italiano.
En marzo de 2005, la Justicia italiana desestimó el recurso de la demandante asumiendo el mismo argumento, toda vez que estimó que el crucifijo es «símbolo a la vez de la historia y de la cultura italiana, y por ende de la identidad italiana». En febrero de 2006, el Consejo de Estado italiano rechazó a su vez el recurso.
Sin embargo, los jueces del Tribunal de Estrasburgo estimaron que la cruz puede ser interpretada fácilmente por los alumnos de cualquier edad como un signo religioso, lo que puede perturbar a los alumnos de otras religiones o a los que sean ateos. Ahora, el Gobierno italiano deberá pagar a Lautsi una indemnización de 5.000 euros por los daños morales sufridos.
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos decidió por unanimidad que en este caso se violó el artículo 2 del protocolo 1 (sobre derecho a la instrucción) y del artículo 9 la Convención (sobre libertad de pensamiento, de conciencia y de religión). Es la primera sentencia que la Corte de Estrasburgo emite en esta materia. Sin embargo, el Ejecutivo que dirige Silvio Berlusconi ya ha anunciado que recurrirá la sentencia, según hizo saber el juez Nicola Lettieri, que defiende al país transalpino ante la Corte de Estrasburgo

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