miércoles, 30 de septiembre de 2009

Álvarez-Icaza se va con relevo o no

El presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, Emilio Álvarez-Icaza, afirmó que el 1 de octubre, con o sin sucesión, "yo termino mi mandato" pues tiene una temporalidad explícita.

En la inauguración de la Primera Feria de la Transparencia en el Zócalo, explicó que en el hipotético caso de que no se haya elegido al nuevo presidente de la CDHDF, el primer visitador quedaría al cargo como lo establece la ley.

Álvarez-Icaza Longoria advirtió que "el próximo miércoles, con o sin sucesión, termino mi mandato; tengo una temporalidad explícita en términos de periodo y de ley".

Aclaró que si queda el primer visitador no es un interinato, sino una figura de encargada del despacho que, cuando hay ausencia temporal o permanente el titular, asume la responsabilidad, por lo que la comisión no permanece acéfala.

Recordó que ya concluyeron las comparecencias de los aspirantes y ahora iniciará el proceso deliberativo, "pero lo ideal es que para el 1 de octubre o antes, haya un nuevo o una nueva titular".

Al efectuar un balance de su gestión, señaló que hay un servicio civil de carrera en el que la gente está por sus meritos y no por sus "cuates".

En cuanto al Programa de Derechos Humanos, consideró que ayudará, no sólo a la Comisión, sino al gobierno, al Tribunal, a la Asamblea y a la sociedad civil.

También se ha consolidado la nueva sede de la comisión, que ayudará a tener más fortaleza; hay una serie de actividades importantes con la sociedad civil, y que espera que se mantenga, aunque quedan informes especiales y casos relevantes.

Álvarez-Icaza detalló que hay casi 40 recomendaciones pendientes de cumplir, y recalcó: "el 30 me voy, el 30 me despido y el día 1, ya de regreso a la vida de la sociedad civil, haré una conferencia de prensa para anunciar mis proyectos".

En otro acto, el titular de la CDHDF informó que en menos de 48 horas se emitirá una recomendación a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF), por los hechos en los que perdieron la vida Yolanda Cevallos Coppel y dos mandos de esa corporación

Luego de la ceremonia de inauguración del mural "El Caracol de Santa Martha", ubicado en el Centro Penitenciario Femenil, refirió que ayer se reunió con los familiares de la víctima ayer, pero "faltan asuntos por revisar".

Agregó que el documento tiene varios puntos recomendatorios entre los que destaca la manera en que se preparan los operativos.

Hay señalamientos específicos en lo que se refiere a la necesidad de mejorar el equipo de los encargados de hacer cumplir la ley, "pues en esta ocasión la calidad del equipamiento fue determinante para que perdieran la vida dos oficiales".

A dos días de dejar la presidencia del organismo autónomo, el Ombudsman capitalino aseguró que el tema de los reclusorios es uno de los puntos más críticos en la agenda de derechos humanos de la ciudad de México

martes, 29 de septiembre de 2009

Detienen a joven que martiriso a gato

Un adolescente de Filadelfia envolvió casi completamente a un gato en cinta adhesiva aislante, lo puso dentro de una bolsa y lo dejó en el patio trasero de su vecino, informaron los investigadores.

James Davis de 19 años fue arrestado el sábado acusado de cargos de crueldad contra animales, informó la Sociedad para la Prevención de la Crueldad contra los Animales de Filadelfia.

La prensa local publicó una foto del gato, de apenas unas semanas de edad, casi completamente envuelto en cinta plástica gris.

Davis admitió haber envuelto al animal del cuello hasta lo cola después que lo encontró en su jardín el 21 de septiembre, informó el policía George Bengal.

El gato recibió el apodo "Pegajoso" por parte de los trabajadores del departamento de protección de animales. Se encontraba deshidratado y lo tuvieron que sedar para quitarle la cinta de su pelaje. Los trabajadores de protección de animales continúan buscando al dueño del gato. Por ahora el animalito estaba reponiéndose.

De resultar culpable, Davis enfrenta hasta dos años en prisión y una multa mínima de 1.000 dólares.

Se intentó establecer contacto con Davis por teléfono pero no pudo ser localizado y se desconocía si ya contaba con un abogado.

jueves, 24 de septiembre de 2009

Zelayistas denuncian detenciones

El gran operativo policial y militar en Honduras se ha saldado con "centenares" de detenidos, coincidieron este martes activistas de derechos humanos desde el país centroamericano, en conferencia telefónica internacional con periodistas. "Las detenciones son masivas. El problema es que ellos (las fuerzas del orden) se llevan a las personas y no los registran en ningún lugar. Tienen un cheque en blanco" a causa del toque de queda, explicó a los periodistas Bertha Oliva, miembro del Centro de Familiares de Detenidos y Desaparecidos de Honduras, desde Tegicugalpa.

"Estamos viviendo una situación de caos total. Las fuerzas policiales hacen detenciones masivas... pero no hacen registros de detenciones", añadió Tirza Flores, juez y miembro de la Asociación Jueces para la Democracia, desde la segunda ciudad del país, San Pedro Sula. Los detenidos se cuenta por "centenares", aseguró Viviana Krstivecic, directora del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) en Washington, que organizó la conferencia, citando otros informes coincidentes.

Honduras se encontraba este martes virtualmente aislada, con el toque de queda en vigor y los aeropuertos internacionales cerrados, así como las fronteras terrestres. El regreso clandestino del presidente derrocado Manuel Zelaya, que se instaló en la embajada brasileña, provocó una dura respuesta del gobierno en el poder.

Las fuerzas del orden desalojaron a golpes y uso indiscriminado de gases lacrimógenos a miles de personas congregadas ante la embajada. La policía mantiene a los detenidos en lugares como el Estadio Nacional, en la capital, y en otras instalaciones de gran capacidad, narró Oliva.

"En la Villa Olímpica, de donde acabo de regresar, había más de 157 personas (detenidas), de las cuales han salido algunas, pero en otros centros policiales hay muchas más" aseguró Oliva. La activista afirmó que pudo trasladarse por la ciudad a pesar del toque de queda, sin más detalles.

"Sólo se ven retenes militares. Nadie puede imaginar cómo está el control absoluto del centro de la capital", explicó. Los gases lacrimógenos utilizados en el desalojo policial ante la embajada afectaron también a las personas en el interior.

Según Bertha Oliva, el gobierno no autorizó la entrada de la Cruz Roja en la legación. "Entiendo que algunas personas han sido detenidas acusadas de actos vandálicos", explicó.

Al menos dos emisoras de radio opositoras, Radio 1 y Radio Progreso, en San Pedro Sula, fueron cerradas por las fuerzas policiales, aseguró Tirza Flores.

miércoles, 23 de septiembre de 2009

Mercosur no hara investigaciones

La Comisión de DDHH del Parlamento del Mercosur se negó este lunes a recibir a una delegación venezolana que buscaba denuciar al gobierno de Hugo Chávez, y quitó de la agenda todos los temas relacionados con Venezuela, dijo a la AFP Adriana Peña, miembro de la comisión.

"No se los recibió pese a que el reglamento dice que puede recibirse a ONGs y delegaciones de los Estados parte", lamentó Peña, diputada uruguaya y vicepresidenta de la Comisión de DDHH del Parlasur.

"Esa es la interpretación de la nueva mesa directiva del Parlasur, que entiende que Venezuela aún no es Estado parte, aunque tiene representantes en el Parlasur con voz y sin voto", agregó.

Venezuela, que cuenta con 18 representantes en el Parlasur, no acudió a las últimas tres sesiones, en protesta por la demora de los parlamentos de Paraguay y Brasil para aprobar el ingreso del país caribeño como miembro pleno al bloque.

Los congresos de Uruguay y Argentina, los otros países miembros del bloque, ya aprobaron la adhesión de Venezuela.

Sin embargo, en esta ocasión llegaron los diputados Carlos Escarrá, Desirée Santos y Marelys Pérez, que además fueron recibidos por la Comisión de DDHH.

"Ni siquiera se llegó a votar en la Comisión" si se escuchaban las denuncias de la delegación venezolana; "para mí es una gran equivocación", indicó Peña, del opositor Partido Nacional (centroderecha).

La delegación venezolana incluye a representantes del Colegio Nacional de Periodistas, del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa, de Somos Radio -una ONG que nació a raíz del cierre de medios- y de la Comisión de DDHH del Cabildo Metropolitano de Caracas.

Silvia Alegrett, secretaria general del Colegio Nacional de Periodistas de Venezuela, dijo que "vinimos a denunciar la violación a los DDHH que está pasando en distintos aspectos en Venezuela", donde "hace más de siete años que no permiten la entrada de la Comisión Interamericana de DDHH".

martes, 22 de septiembre de 2009

200 condenas a muerte en 6 meses

En Egipto, la justicia ha dictado en los últimos meses una cantidad sin precedentes de condenas a muerte, la mayoría por crímenes violentos.

“En seis meses, 230 condenas a muerte”, tituló el 24 de junio el periódico independiente Al-Dustur. “Sólo la última semana fueron 50.”

El caso de mayor repercusión pública fue el de Hisham Talaat Mustafa, dirigente del gobernante Partido Nacional Democrático, condenado por conspirar en el asesinato de la joven cantante popular libanesa Suzanne Tamim hace un año en Dubai.

A Mustafa y a su cómplice se les aplicó el máximo castigo el 25 de junio.

El veredicto fue rápidamente aprobado por el gran mufti Ali Gomaa. La legislación egipcia estipula que todas las condenas a muerte deben contar con el visto bueno de esa autoridad religiosa.

El 13 de junio, 24 hombres recibieron la máxima condena por su participación en los choques violentos en que 11 personas perdieron la vida tras una disputa por tierras el año pasado en la provincia de Wadi Natrun, en el Delta del río Nilo.

El 17 del mismo mes, un obrero metalúrgico fue hallado culpable y condenado a la máxima pena por el asesinato de dos universitarias el año pasado a las afueras de El Cairo.

Al día siguiente, otras seis personas corrieron la misma suerte por asesinar a dos compañeros de trabajo en la provincia de Giza, en la península de Sinaí. El 21 de junio, 11 beduinos fueron condenados a muerte en la misma región por matar al jefe de un clan rival.

El 30 del mes pasado, la justicia dictó siete condenas a muerte por otra disputa de tierras en la ciudad de Benha, en la zona del delta del río Nilo, que terminó con 13 personas fallecidas.

“Apenas se conoce la pena capital en Egipto”, dijo a IPS Azza Quraim, profesora de ciencias sociales del Centro Nacional de Investigación Criminal y Social, con sede en El Cairo. “La cantidad de condenas a muerte dictadas por la justicia en las últimas semanas no tiene precedentes.”

“En los últimos tiempos, los tribunales dictaron tantas que el gran mufti no ha tenido tiempo de concentrarse en sus otras responsabilidades”, dijo a IPS Alaa Eddin Kifafi, profesor de psicología de la Universidad de El Cairo.

Las condenas a muerte aumentaron en la última década, aunque las cifras oficiales no sean precisas. Entre el 1 de enero y mediados de junio, 209 personas recibieron ese castigo extremo, según organizaciones de derechos humanos. Y después le siguieron más.

Según la legislación egipcia, 90 delitos son punibles con este castigo extremo, entre ellos homicidio premeditado, violación, narcotráfico y faltas de carácter “político”, como “tratar de derrocar el régimen por la fuerza”.

La gran cantidad de condenas a muerte de los últimos tiempos puede atribuirse, en parte, al aumento de delitos violentos, según especialistas locales.

“Aumentaron de forma significativa en los últimos meses y años”, recordó Quraim. “La violencia extrema, antes casi desconocida en Egipto, se vuelve norma.”

El aumento de delitos violentos se atribuye a las dificultades que atraviesa la economía nacional. Se estima que la mitad de los 82 millones de habitantes del país son pobres. La actual crisis financiera internacional empeoró la situación al aumentar la cantidad de desempleados.

“La escasez de oportunidades laborales es peor que nunca, lo que favorece la desilusión y la desesperación”, indicó Al-Kifafi. “El vínculo entre desesperación y comportamiento violento está muy estudiado y perfectamente documentado por la psicología.”

“La ola de condenas a muerte aparece como un duro intento del Estado para disuadir los crímenes violentos”, añadió.

“En Egipto, hay una enorme brecha entre la ínfima minoría adinerada y la enorme masa de gente pobre”, explicó Quraim. “La sensación de injusticia, asociada con al desempleo generalizado, es una de las principales razones del aumento de delitos violentos.”

“Además, la lentitud de la justicia vinculada al incumplimiento de los dictámenes judiciales hace que la gente pierda confianza en el sistema y comience a tomar por la fuerza lo que considera son sus derechos”, apuntó la profesora de ciencias sociales.

Pero el apuro del Estado por dictar la máxima pena es una forma equivocada de abordar el problema, socialmente destructiva y, además, constituye “su propio estilo de asesinato masivo”, sostuvo.

En el caso de Wadi Natrun “murieron 11 personas tras la disputa de tierras y luego, por su participación en el incidente, 24 más. El Estado, que en un principio debió definir quién era el propietario legal, es, al menos en parte, responsable” de lo ocurrido, remarcó.

“Con dictámenes tan duros como la pena de muerte, la justicia comenzó a practicar su propio tipo de violencia contra la sociedad”, explicó Quraim. “El gobierno debe abordar el problema brindando justicia y seguridad a todos mediante leyes que protejan a la población, no sólo a los ricos y a los empresarios”.

lunes, 21 de septiembre de 2009

Sevilla por la paz y los derechos humanos en Colombia

El día jueves 24 de septiembre se realizará en la Universidad de Sevilla la presentación por Rafael Palacios, Director de la Agencia asturiana de cooperación, del 5º Informe de la delegación asturiana de verificación de la situación de los derechos humanos en Colombia, visita realizada entre el 18 de abril y el 2 de mayo a 15 municipios de los departamentos de Cesar, Meta, Guaviare, Santander y Casanare, zonas de fuerte presencia y acción paramilitar, y varios barrios de la ciudad de Bogotá. La visita incluyó entrevistas con desplazados y otras víctimas de la violencia paramilitar y oficial, lo mismo que con autoridades civiles y militares.

Igualmente en esta actividad Enrique Santiago presentará las memorias del Seminario Internacional “Colombia: Conflicto y Derecho Internacional Humanitario” realizado en Madrid los días 25,26 y 27 de marzo de 2009. Enrique Santiago es Director de IEPALA –Instituto de Estudios para África y América Latina. Fue abogado querellante en juicio a Pinochet y a torturadores argentinos. Participó en la Comisión Internacional de juristas que realizó el año pasado una investigación en terreno sobre el tema de los “falsos positivos” en Colombia

viernes, 18 de septiembre de 2009

ONU preocupado por bombardeos en Yemen

El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, manifestó su preocupación por los recientes ataques aéreos en los que perecieron más de 80 civiles en el norte de Yemen, y pidió un cese inmediato de los combates entre tropas gubernamentales y rebeldes chiitas.

Ban está "profundamente preocupado por las informaciones sobre recientes ataques aéreos realizados en el marco de operaciones militares en el norte de Yemen y las víctimas civiles que resultaron de éstos", declaró el viernes su oficina de prensa en un comunicado.

El secretario general exhorta a todas las partes del conflicto "a cesar de inmediato los combates y permitir con urgencia un acceso humanitario a las zonas afectadas".

Más de 80 civiles, entre éstos mujeres y niños, murieron debido a ataques aéreos del Ejército contra un campamento temporario con desplazados en el norte de Yemen, donde intensos combates oponen desde hace más de un mes al Ejército gubernamental a los rebeldes chiitas, contaron testigos el jueves.

Si hay nueva policia, debe cuidar los Derechos Humanos

La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) advirtió que el nuevo modelo de Policía de Investigación que se pretende aplicar en la ciudad no puede estar por encima de la ley ni de los derechos humanos.

Durante su discurso en la instalación del Consejo para la Aplicación del Nuevo Modelo de Policía de Investigación, el titular de la CDHDF, Emilio Alvarez Icaza, advirtió que el argumento de un mejor combate al crimen no justifica que se trasgredan los derechos de la ciudadanía.

"El Estado no pude claudicar no sólo en una derrota legal o técnica sino tampoco en una derrota ética y política, el Estado no pude actuar fuera de la ley, no puede cometer delitos para combatir delitos, el estado no puede reproducir modelos de excepción por muy pertinente que se considere", sentenció.

Alvarez Icaza subrayó que "bajo ninguna circunstancia" puede reproducirse el concepto de que hay "algunas personas que no tienen derechos", pues señaló que eso significaría la derrota del estado democrático de derecho.

No obstante, el titular de la CDHDF resaltó que también la sociedad tiene un gran pendiente con sus cuerpos policiacos, ya que no se ha "dignificado" su trabajo pese a que en muchas ocasiones, los uniformados y los agentes terminan dando su vida en el trabajo que realizan.

"No hay proceso de reforma posible sino dignificamos la función policial si no ponemos en el centro el respeto a la dignidad de los policías, porque no podemos pedirles que respete la dignidad de los otros sino se respeta la propia", indicó.

Hizo énfasis en que sólo creando este círculo virtuoso se podrá modificar el actual modelo policiaco que ya se encuentra "obsoleto" y eficientar de esta forma a la amenaza real, que es la delincuencia común y organizada.

"Es un ejercicio de partida doble, policía y ciudadanía; el contexto de inseguridad que tenemos obliga a un modelo que ponga en el centro los derechos humanos, que respete el estado democrático y que construya confianza, ese es el desafío", aseguró

jueves, 17 de septiembre de 2009

Consejo de derechos humanos en la ONU, expulsa a Honduras

El Consejo de Derechos Humanos de la ONU expulsó este martes al embajador de Honduras en Ginebra, Delmer Urbizo, por su discurso a favor del Gobierno 'de facto', no reconocido por el organismo ni por la comunidad internacional.

"Me quieren sacar a la fuerza por orden del presidente del Consejo y no me han dado derecho a réplica, contra toda ley, no me permiten hablar, es una violación de los Derechos Humanos", declaró Urbizo ante los periodistas en relación a la decisión anunciada por el presidente del Consejo, el belga Alex Van Meeuwen. Tras abandonar el recinto, el embajador aseguró que volverá "después de las elecciones" convocadas por el Gobierno de Roberto Micheletti para el 29 de noviembre.

Van Meeuwen le prohibió regresar a las sesiones tras las protestas de Brasil y Argentina que rechazaron su presencia por no pertenecer al cuerpo diplomático del gabinete de Manuel Zelaya, derrocado en el golpe militar del pasado mes de junio. "Existe consenso entre los miembros del Consejo de que seguiremos el criterio de la Asamblea General sobre el tema", aseguró.

Está previsto que la sesión se normalice este martes, sin embargo algunos diplomáticos coinciden en que el problema se puede extender y que la decisión final recae sobre la Asamblea General, según informan los medios hondureños.

Tras el golpe militar del 28 de junio, la Asamblea General de la ONU instó a sus miembros a no reconocer al Gobierno 'de facto' de Honduras, mientas que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos (OEA), anunció que existen excesos por parte de la fuerza pública, arrestos ilegales y represión a manifestaciones de calle, que exigen la reinstauración del orden democrático

miércoles, 16 de septiembre de 2009

EU certifica a Colombia en derechos humanos

El Gobierno de Estados Unidos "certificó" hoy que su homólogo de Colombia respeta en general los derechos humanos, aunque pidió un mayor esfuerzo para combatir las ejecuciones sumarias y el espionaje ilegal. El portavoz del Departamento de Estado, Ian Kelly, indicó en un comunicado que con esta "certificación", el Congreso estadounidense puede liberar los fondos restantes del año fiscal 2009 destinados a asistir a las Fuerzas Armadas de Colombia.

"No hay duda de que tiene que haber mejoras en ciertas áreas; sin embargo, el Gobierno colombiano ha hecho esfuerzos significativos para incrementar la seguridad de su pueblo y para promover el respeto a los derechos humanos por parte de sus Fuerzas Armadas", dijo Kelly en la nota. Agregó que "años de reformas y capacitación" están conduciendo a un mayor respeto y entendimiento de los derechos humanos por "la mayoría de los miembros de las Fuerzas Armadas".

Además, continuó, la oficina de la fiscalía ha registrado "avances significativos" en la investigación y procesamiento judicial de abusos de derechos humanos en los últimos años. Citó como ejemplos que en el último año, la oficina de la fiscalía arrestó a varios generales implicados en semejantes casos, y presentó cargos contra cinco miembros de un batallón del Ejército por actuar junto a paramilitares y por el homicidio de 20 civiles.

La Fiscalía también sentenció a siete soldados por el asesinato de un miembro de la comunidad de San José, y presentó cargos contra otros diez por la masacre, en 2005, de ocho miembros de esa misma comunidad. Por otra parte, Kelly señaló que Colombia sigue afrontando varios retos "inquietantes": la revelación de asesinatos extrajudiciales "son prueba de que las extensas reformas de las Fuerzas Armadas no se han aplicado plenamente".

El comunicado hizo notar que tanto los militares como la fiscalía tomaron acciones de inmediato después de que en 2008 se conociera que varios jóvenes civiles fueron asesinados por uniformados que los hicieron pasar por guerrilleros muertos en combate para lograr ascensos y promociones. Por esos casos, que se conocen en Colombia como "falsos positivos", han sido expulsados 51 miembros de las Fuerzas Armadas y se ha abierto una investigación sobre 75 soldados.

Sin embargo, ese caso "no es un incidente aislado y acciones adicionales requerirán un liderazgo firme de las Fuerzas Armadas para resolver y eliminar abusos, y mejorar la cooperación con la Oficina del Procurador General para que los responsables rindan cuentas", sentenció. El Departamento de Estado también catalogó de "problemáticas" e "inaceptables" las acusaciones de que el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) ha interceptado ilegalmente llamadas telefónicas y ha hecho vigilancia ilegal.

Al respecto instó al Gobierno colombiano a hacer "una investigación amplia, rigurosa e independiente, para determinar la extensión de estos abusos y para que los responsables rindan cuentas". A Estados Unidos le continúan preocupando los asesinatos extrajudiciales y las acusaciones contra el DAS, y "continuará presionando por mejoras en la situación de derechos humanos en Colombia y subrayando la importancia que le damos a este asunto", señaló Kelly.

Por último, aseguró que EE.UU. mantiene su compromiso de ayudar a Colombia y de trabajar con los grupos defensores de los derechos humanos dentro y fuera de ese país para las continuas mejoras en la situación de derechos humanos

martes, 15 de septiembre de 2009

Van 47 presos politicos en Venezuela

Una organización de derechos humanos informó hoy que aumentaron a 47 los presos políticos en Venezuela desde el pasado julio debido a "una ola de persecución y represión" contra quienes se oponen a las políticas y leyes del Gobierno del presidente Hugo Chávez.

Venezuela Awareness Foundation (VAF), con sede en Miami (EE.UU.), alertó a la comunidad internacional que con esta alza, la nación andina "es el segundo país de Latinoamérica con más presos políticos después de Cuba". A comienzos de 2009 había 28 presos políticos, cifra que bajó a 27 después de que liberaron a uno de ellos a mediados de año y ahora "se ha duplicado al ubicarse en 47", según cifras de la VAF.
La organización ha remitido varios de los casos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

El incremento es atribuido por la VAF a la "persecución y represión del Gobierno venezolano" contra los ciudadanos que en manifestaciones pacíficas han rechazado marcos legales aprobados por los congresistas.

"La respuesta de las autoridades ha sido el uso de la fuerza en forma desmedida, que viola los derechos humanos y es un arma para perseguir y encarcelar a los que se oponen al Gobierno", señaló el grupo de derechos humanos.

Denunció que los opositores son encarcelados como una "manera para criminalizar la protesta que está garantizada en la Constitución venezolana". La VAF explicó que durante los primeros diez años del Gobierno de Chávez las persecuciones políticas se caracterizaron por casos emblemáticos donde era "evidente la intervención directa del Ejecutivo".

Sin embargo, desde inicios de 2009 hasta la fecha cualquier ciudadano puede ser "víctima de cárcel como lo reflejan los casos de los nuevos presos políticos".
Una situación que preocupa a la VAF porque, según la organización, el Gobierno venezolano radicaliza la persecución, no muestra gestos de respetar los juicios y cada vez es más alarmante cómo se violan los derechos humanos "con total impunidad".

"Los venezolanos se encuentran totalmente indefensos y sin que se les permita gozar de sus derechos constitucionales sin sufrir persecución, encarcelamiento y un juicio que no tiene garantía alguna, dejando al descubierto la característica antidemocrática del Gobierno venezolano", alertó la VAF.

lunes, 14 de septiembre de 2009

Derechos humanos han empeorado en Irá

La jurista iraní y Premio Nobel de la Paz Shirin Ebadi asegura que la situación de los derechos humanos ha empeorado en Irán durante el mandato del presidente Mahmud Ahmadineyad, y pide la creación de un movimiento de solidaridad con las madres de los represaliados tras los polémicos comicios en los que el dirigente ultraconservador fue reelegido.

"Desgraciadamente tenemos un nivel de inflación mucho mayor, más desempleo, los casos de violaciones de derechos humanos son más que antes y hay mucha más censura", dijo Ebadi en una entrevista con Reuters, con respecto a la gestión del presidente.

Al preguntársele si ha empeorado la situación de los derechos humanos en su país durante el mandato de Ahmadineyad, respondió: "Sí, así es".

Añadió que espera que en este nuevo periodo, el presidente "escuche la voz del pueblo y le muestre respeto".

Ebadi ha pasado por Madrid para presentar el jueves su primera novela, "La jaula de oro", una historia basada en hechos reales de la que es parcialmente protagonista y en la que relata la historia reciente de Irán a través de una familia que se ve dividida por la monarquía del sah primero y por la revolución de 1979 después.

Su obra no podrá leerse en Irán, ya que como explicó la autora, "hay un largo proceso de censura y control que hay que pasar para poder publicar un libro. El mío no será una excepción, será como muchos otros en Irán que no han tenido la oportunidad de publicarse".

TRABAS

Nacida en 1947 en el norte del país, Ebadi fue la primera mujer juez en la historia de Irán, pero tuvo que dejar el cargo después de la revolución encabezada por el ayatolá Jomeini en 1979, que convirtió la antigua Persia en una república islámica, y fue degradada a tareas burocráticas, al igual que otras mujeres jueces.

Tras una larga batalla judicial, en 1992 consiguió una licencia de abogado y desde entonces se ha dedicado a defender numerosas causas relacionadas con los derechos humanos, además de dar clases en la universidad. En 2003 recibió el Premio Nobel de la Paz.

Pero el reconocimiento en el exterior tiene poco eco en su país, algo que Ebadi, autora también del libro "El despertar de Irán", lamentó especialmente.

"He recibido el doctorado honoris causa de 23 universidades de prestigio, pero el Gobierno iraní no pudo soportar que la facultad de donde yo me había graduado organizara un encuentro para que los universitarios pudieran celebrar que me habían dado el premio", dijo.

"Eso sí que es doloroso para mí, que en otros países se me dan los mayores honores, pero en mi propio país no puedo hacer actos así".

En diciembre del año pasado, las autoridades cerraron la oficina en Teherán de la ONG que preside Ebadi, el Centro de la defensa de los derechos humanos, pero la jurista asegura que no se marchará del país a pesar de las trabas.

"No es fácil para mí vivir en Irán, pero toda mi vida y todo lo que hago, todo mi trabajo, está en Irán", señaló. "Mi situación es muy complicada, pero no soy la única que sufre esto".

LAS PROTESTAS VOLVERÁN

Respecto a las elecciones presidenciales del pasado junio, en las que Ahmadineyad resultó reelegido pero que fueron denunciadas por dos candidatos opositores, Ebadi afirmó que "hay muchas pruebas que muestran que no fueron transparentes".

"Lo más importante es la manera en que el Gobierno ha actuado contra las personas que han salido a manifestarse, eso ha sido absolutamente impresionante", afirmó, y añadió que la situación no se ha calmado, aunque ya no haya protestas masivas en las calles de la capital.

"Es un fuego que se ha calmado, pero solo está esperando una oportunidad para volver a salir otra vez", dijo esta abogada que se ha encargado de la defensa de varios de los detenidos y muertos en la represión.

Las madres de los represaliados han creado un movimiento que se reúne cada sábado en un parque de Teherán y entre 7 y 8 de la tarde se concentran en silencio, vestidas de luto, y encienden velas en recuerdo de sus hijos.

"He pedido a las mujeres de los distintos países por donde he viajado que muestren su solidaridad con el comité de las madres de los asesinados en Irán pidiéndoles que se unan", dijo, y explicó que ya se han creado grupos de mujeres en ciudades como Berlín, Roma o Londres.

"Ruego y pido a las mujeres españolas que muestren su solidaridad (...) y hagan lo mismo", concluyó

domingo, 13 de septiembre de 2009

Campaña para proteger a defensores de Derechos Humanos

El evento contó con la presencia de la relatora especial de la ONU para la situación de los defensores de Derechos Humanos, Margaret Sekaggya

La campaña que se lanzó en Bogotá se llama 'Por el Derecho a Defender los Derechos Humanos' y es impulsada por ñas plataformas colombianas de derechos humanos y paz; el programa Somos Defensores, Diálogo Interagencial, DIAL y Podec auspician esta iniciativa, encaminada a proteger a quienes trabajan en el tema de los DD.HH.

En el lanzamiento, los promotores de la propuesta presentaron cifras sobre las agresiones a quienes defienden los derechos fundamentales en el país.

De acuerdo con ellos, entre el 2002 y el 2008 un total de 610 de estas personas fueron agredidas. De esta cifra, el 59 por ciento reportó haber sido víctima de los paramilitares, el 23 por ciento de algún agente del Estado y el 3 por ciento por la guerrilla.

"Dentro del rótulo de Estado colombiano, además de la Fuerza Pública (Ejercito y Policía), otras instituciones aparecen dentro del sistema como presuntos responsables, tales como la Fiscalía General, El Cuerpo Técnico de Investigaciones y el Departamento Administrativo de Seguridad", señaló el reporte divulgado.

Según las cifras reveladas, el Distrito Capital es el lugar en el que más agresiones se han cometido contra los defensores de derechos humanos en los seis años estudiados, con un total de 103 casos. Le siguen Santander, con 100, y Antioquia, con 45.

"Las personas que defienden los derechos humanos y el Estado Social de Derecho en Colombia han sido siempre víctimas de señalamientos sistemáticos, amenazas, violencia sexual, judicializaciones sin fundamento, ataques violentos y asesinatos perpetrados por todos los actores del conflicto", asegura la alianza en el documento con el cual se promueve este proyecto.

Pero, también tocaron el tema de los seguimientos ilegales por parte del DAS, organismo del que dijeron que no sólo intercepta ilegalmente llamadas telefónicas privadas de los defensores, sino que también les hace seguimientos.

Por estos hechos, la alianza planteó cinco puntos que se deberían establecer para mejorar las condiciones de los defensores de derechos humanos en en el país: poner fin a la impunidad en los casos que involucren a este tipo de activistas, al mal uso de la inteligencia estatal, a los señalamientos sistemáticos, a las judicializaciones sin fundamento y que el Gobierno mejore las prácticas de protección a estas personas

sábado, 12 de septiembre de 2009

CIDH felicita avance de derechos humanos en Argentina

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) celebró hoy aquí el 30 aniversario de la misión que el organismo realizó en Argentina para denunciar las violaciones a los derechos humanos de la última dictadura militar.

La presidenta de la CIDH, Luz Patricia Mejía, encabezó los actos que se llevaron a cabo y subrayó la importancia que tuvo el aporte realizado por el organismo en 1979, justo a la mitad del gobierno de facto emanado del golpe militar cometido tres años antes.

"El informe que elaboraron nuestros colegas en 1979 recreó el fenómeno de los desaparecidos y construyó toda una doctrina en materia de derechos humanos que es conocida a nivel mundial", aseguró Mejía ante un grupo de legisladores en el Congreso.

La misión del organismo fue muy compleja y tuvo escasa difusión, porque coincidió con la Copa obtenida en el Mundial Juvenil de Fútbol que lideraba un joven de nombre Diego Armando Maradona.

Además, el gobierno militar había lanzado una intensa campaña bajo el lema "somos derechos y humanos" e ignoró las cinco mil 580 denuncias de desapariciones forzadas de personas que recabó la CIDH y que dio a conocer al resto del mundo.

Al valorar el trabajo realizado en esos años trágicos para Argentina, Mejía se congratuló de que los delitos de lesa humanidad denunciados estén en proceso de sanción penal, gracias a la vigencia de los juicios contra los represores.

En una agitada jornada, la comisionada partió del Congreso hacia la Cancillería para participar en una sesión extraordinaria que la CIDH realizó en esta capital.

Ahí, el ministro de Relaciones Exteriores, Jorge Taiana aseguró que la visita realizada por el organismo hace tres décadas marcó el principio del fin de la impunidad a los secuestros, torturas y desapariciones del gobierno militar contra sus ciudadanos.

"En aquel entonces reinaba la angustia y el terror, y los respetados juristas que llegaron ratificaron los testimonios de que el Estado aplicaba una represión injusta, aberrante, y sistemática", recordó el canciller

viernes, 11 de septiembre de 2009

CIDH realiza sesion extraordinaria

La sesión extraordinaria que realizará en la Argentina la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), quedará inaugurada mañana con un panel que abordará el funcionamiento actual del sistema Interamericano de Derechos Humanos, La visita de la CIDH, por invitación del Gobierno argentino, se realiza al conmemorarse el 30 aniversario del informe que elaboró y que desnudó ante el mundo las gravísimas violaciones a los derechos humanos que ocurrían en el país durante el terrorismo de Estado.

El canciller Jorge Taiana y el Secretario de Derechos Humanos, Eduardo Luis Duhalde, abrirán la sesión en un acto en el Auditorio Manuel Belgrano de la Cancillería, a las 15.30.

Luego, el primer panel integrado por la presidenta de la CIDH, Luz Patricia Mejía; el vicepresidente Víctor Abramovich; y la titular de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, jueza Cecilia Medina, disertarán sobre "El sistema Interamericano de Derechos Humanos Hoy".

A las 17.45, un segundo panel analizará el impacto internacional de la visita de la CIDH a la Argentina y su evaluación después de 30 años, con la presencia de Tom Farer y Marco Gerardo Monroy Cabra, integrantes de la delegación en 1979.

A las 19.30, el canciller Taiana descubrirá una placa en reconocimiento a la tarea de Comisión y brindará una recepción de honor a sus miembros en el Palacio San Martín.

Durante los tres días que estarán en la Argentina , los integrantes del organismo participarán de distintas actividades, entre las que está incluída la visita al Espacio para la Memoria que funciona en el predio de la ex ESMA.

Allí estuvo la CIDH durante su visita de septiembre de 1979, cuando por invitación de la Junta Militar, fueron a la ESMA por las denuncias sobre que ese era uno de los lugares que funcionaba como centro de detención, exterminio y maternidad clandestina, y que fue reformado para ocultar el verdadero uso que se le daba.

Víctor Basterra, sobreviviente de la ESMA se encontraba secuestrado en el sector "Capucha" y fue trasladado a una isla junto a todos los detenidos para evitar que los miembros de la Comisión comprobaran el horror que ocurría dentro del establecimiento de la Armada.

"No teníamos información, pero una noche nos llevaron a todos los prisioneros en dos tandas, nos subieron a una lancha nos taparon con una lona y fuimos a una isla que llamaron "El silencio"", recordó en diálogo con Télam.

Durante la misión, la Comisión entrevistó a numerosas personalidades, autoridades públicas, miembros de organizaciones de la sociedad civil y grupos de derechos humanos y convocó a través de los pocos medios que publicitaron su visita, a presentar denuncias a quienes consideraban vulnerados sus derechos, que en una semana sumaron 5.580 casos.

El informe preliminar fue presentado al dictador Jorge Rafael Videla el 20 de septiembre de 1979 y el final, donde se condenaba el estado de los derechos humanos y se hacían recomendaciones, fue aprobado en 1980.

De ese informe, la Junta Militar difundió las conclusiones, pero gracias a Emilio Fermín Mignone, quien logró traer al país el texto completo, el material que describía la metodología y las acciones del terrorismo de estado fue distribuído clandestinamente entre 500 organizaciones.

Rodolfo Mattarollo, hoy asesor de la Secretaría de Derechos Humanos y que desde 1976 al fin de la dictadura estuvo exiliado en Francia, trabajó desde París con las Naciones Unidas y hacía llegar las denuncias de los exiliados a la CIDH.

Según Mattarollo, la visita de la Comisión significó "un antes y un después", porque "dio legitimidad a las denuncias internacionales, que ya no eran de grupos, sino del órgano internacional por excelencia en derechos humanos".

El premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, aseguró que durante la visita "el país se dividía entre el drama de un pueblo y el éxito deportivo", en referencia al triunfo del seleccionado juvenil de fútbol en Japón utilizado políticamente por la dictadura.

Destacó la importancia de que "por primera vez una organización internacional enviara a una delegación que desnudaría la situación que atravesaba el país".

"Era una mezcla de sensaciones, entre la esperanza y la necesidad de superar el miedo para ir a declarar", dijo Pérez Esquivel al definir el sentimiento que dominaba entre los familiares.

"Había que hablar, abrir las compuertas cerradas por la represión, el silencio y los miedos", aseguró el titular del Servicio Paz y Justicia

jueves, 10 de septiembre de 2009

Derechos Humanos pide al senado claridad en Colombia

De una audiencia con el presidente Álvaro Uribe defenderá que varios miembros de la Comisión de Derechos Humanos del Senado busquen un acercamiento con el grupo subversivo de las Farc para tratar el tema de la liberación de todos los secuestrados.

El presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, Victor Velásquez Reyes indicó que fueron aprobadas varias proposiciones en la comisión buscando allanar los caminos para impulsar diálogos con la subversión.

En ese sentido explicó que en los próximos días los miembros de la comisión buscarán una audiencia con el Presidente de la República para que los autorice a reunirse con representante del grupo alzado en armas de las Farc a fin de lograr soluciones al conflicto, pero sobre todo para buscar la liberación de los secuestrados.

Velásquez también informó que una de las proposiciones aprobadas contempla la posibilidad de que en las elecciones que buscan renovar el congreso el próximo año se incluya una papeleta para la paz. Este mecanismo saldría de una audiencia pública que organizaría la comisión de DH de la cámara alta.

Esta inquietud surgió a partir de la incautación de las diez pruebas de supervivencia que muestra el trato cruel y degradante que las Farc infligen a las personas que mantienen secuestradas.

miércoles, 9 de septiembre de 2009

Relator de derechos humanos, en Nicaragua

El Relator Especial de Naciones Unidas sobre el Derecho a la Alimentación, Olivier De Schutter, llegó
a Managua para analizar con autoridades locales temas como el acceso a la tierra y el derecho a la alimentación de los grupos vulnerables.

De Schutter se reunirá este martes con el procurador de Derechos Humanos, Omar Cabezas, informó una radioemisora oficial al señalar que el diplomático es un invitado del gobierno del presidente Daniel Ortega y concluirá su visita al país el 13 de septiembre.

El relator conocerá en el terreno los programas sociales Hambre Cero, acceso a la tierra, el derecho a la alimentación de los grupos vulnerables y las medidas aplicadas en las comunidades indígenas de las regiones del caribe nicaraguense.

El proyecto Hambre Cero, que dota de animales domésticos, un bono tecnológico de dos mil dólares y asistencia técnica a familias
campesinas pobres, es el programa insignia del gobierno sandinista.

Unas 75 mil familias serán beneficiadas con ese plan en los cinco años del mandato de Ortega.

De Schutter redactará un informe con las recomendaciones para el país y será presentado al Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas en 2010

martes, 8 de septiembre de 2009

Sin azotes periodista que uso pantalones

Un juez sudanés declaró culpable el lunes a una periodista por violar la ley de decencia pública al vestir pantalones en las calles y le impuso una multa equivalente a 200 dólares, pero se abstuvo de dictarle la temida sentencia de 40 azotes.

Lubna Husein fue una de las 13 mujeres arrestadas el 3 de julio en una redada policial en Jartum.

Diez de las mujeres fueron multadas y las azotaron dos días después, pero Husein y otras dos decidieron ir a juicio.

"No pagaré ni un centavo", dijo la periodista mientras estaba todavía bajo custodia judicial.

Husein dijo el viernes que prefiere pasar tiempo tras las rejas que pagar cualquier multa.

"Yo pasaría un mes en la cárcel. Es una oportunidad para explorar las condiciones de cárcel", comentó.

El caso ha acaparado los titulares de la prensa en Sudán y en varias partes del mundo.

Husein está usándolo para llamar la atención internacional contra las estrictas leyes de moralidad del país, que se basan en una interpretación conservadora del islamismo.

Antes del juicio, la policía detuvo el lunes a unas 40 mujeres que realizaban una protesta fuera de una corte en apoyo a la periodista.

Como empleada de la ONU, Husein podría haber gozado de inmunidad ante el proceso judicial, pero prefirió ser llevada a juicio.

La organización Amnistía Internacional, con sede en Londres, llamó al gobierno sudanés para que retire los cargos contra Husein y derogue la ley de decencia, que conlleva castigos detestables.

Los grupos políticos y de los derechos humanos en Sudán dicen que la ley viola un bosquejo de constitución de 2005, creado después que un acuerdo de paz acabó con dos décadas de guerra entre el norte de Sudán, predominantemente

lunes, 7 de septiembre de 2009

Una mas de la CIA

Un año después de que el gobierno de George W. Bush abandonara sus métodos de interrogación más severos, agentes de la CIA aplicaron técnicas extremas de privación del sueño al mantener a un prisionero despierto por seis días consecutivos a finales de 2007.

Con el permiso de abogados del gobierno, los funcionarios que interrogaban al prisionero no identificado lo amarraron a las paredes y al piso de una celda para evitar que se durmiera, según funcionarios y documentos emitidos como parte de un reporte interno de la CIA. El gobierno del presidente Barack Obama dio a conocer el informe esta semana.

A pesar de que el nombre del detenido y otros detalles importantes están tachados en los documentos, sólo se sabe de un prisionero que estaba bajo custodia de la CIA en ese momento: Mohammed Rahim al-Afghani, sospechoso de ser miembro de al-Qaida y traductor de Osama bin Laden.

Los documentos indican que aun cuando el gobierno de Bush abandonaba el uso de las técnicas de interrogación más duras, la CIA continuaba empujando el límite de lo que los asesores legales del gobierno consideraban aceptable.

El informe describe cómo en dos oportunidades en 2007 se le permitió a la CIA traspasar los límites impuestos por los abogados, cuyos reglas indicaban que los prisioneros podían ser privados del sueño hasta por cuatro días.

En primer caso ocurrió en agosto del 2007, cuando la Oficina de Asesoramiento Legal dio permiso a los agentes para que mantuvieran despierto por cinco días a un detenido no identificado, confirmó un funcionario del gobierno federal, quien pidió permanecer anónimo pues no está autorizado a hablar sobre los detalles del reporte.

Según los documentos, para mantener al prisionero despierto se le encadenaron las manos por encima del corazón. Le pusieron pañales para que estuviese todo el tiempo amarrado sin ir al baño.

El segundo incidente ocurrió en noviembre del 2007. Una vez más se le pidió permiso a los abogados para mantener a uno de los detenidos despierto por un día más. Los agentes presionaron luego para mantenerlo sin dormir por otras 24 horas, lo que llevó a que estuviese seis días seguidos despierto.

En el reporte no queda claro si se trataba del mismo prisionero. El vocero de la CIA, George Little, no quiso decir de quién se trata

domingo, 6 de septiembre de 2009

Jacinta Francisco Marcial presa de conciencia

Amnistía Internacional México declaró este lunes como "presa de conciencia" a una indígena mexicana encarcelada desde 2006 y condenada a 21 años de prisión acusada de secuestro, informó la organización en un comunicado.

El caso de Jacinta Francisco Marcial, de 46 años, es "una farsa de administración de justicia y un claro ejemplo de la justicia de segunda clase que suelen recibir en México las poblaciones indígenas", sostiene AI en el comunicado.

"Se le negó un juicio justo y está encarcelada debido únicamente a su situación social marginal de mujer indígena, pobre y con limitado acceso a la justicia", añadió.

A la indígena otomí, del céntrico Estado de México, se la acusa del secuestro de seis agentes de la Agencia Federal de Investigaciones de México, quienes aseguran que ella y otros vendedores de los puestos del mercado donde laboraba los tomaron como rehenes en marzo de 2006 durante una operación contra vendedores pirata.

Más de cuatro meses después del incidente, el 3 de agosto de 2006, Jacinta fue detenida.

"Le dijeron que iban a hacerle unas preguntas sobre un árbol cortado, así que hasta que no la llevaron a la prisión no se enteró de que estaba acusada, junto con otras dos mujeres, del secuestro de los agentes", recapituló AI en su texto.

La única prueba que había contra ella era "una fotografía publicada en el periódico local en la que se la veía detrás de los participantes en la protesta".

La indígena en ese momento además "hablaba muy poco español y no entendía lo que ocurría. No se le proporcionó ningún intérprete, y su abogado de oficio no habló nunca con ella para explicarle su derecho de defensa", concluyó AI.

En México la población indígena asciende a unos 10 millones de personas

sábado, 5 de septiembre de 2009

Calos Slim y los derechos humanos

El multimillonario mexicano Carlos Slim se unió el lunes a académicos y defensores de los derechos humanos con el fin de exigir un renovado compromiso nacional para una prensa libre y el fin de los ataques a periodistas.

Al declarar la libertad de expresión como un derecho humano fundamental, el grupo de 21 líderes firmó un Compromiso de Libertad de Expresión, una propuesta detallada en nueve páginas para que México proporcione al público acceso a la información, transparencia en las actividades de gobierno y el derecho a reportar las noticias de manera segura.

El abogado y periodista Benjamín Fernández, quien trabajó con un grupo de 60 personas de toda Latinoamérica para escribir la declaración, dijo que espera que líderes sociales y empresariales en otros países también la firmen.

Slim, quien tiene grandes participaciones en medios en México y además cuenta con una importante inversión en la empresa New York Times Co., dijo a una multitud de aproximadamente 200 personas reunidas en el Museo Nacional de Antropología que el internet y los avances en las telecomunicaciones han abierto avenidas irreversibles para la libertad de expresión. El resultado, señaló, es que México está gozando ahora "un alto nivel de libertad de expresión".

Pero Jorge Carpizo, un profesor de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, dijo que las muertes de 50 periodistas aquí en los últimos 10 años han ocasionado "altos niveles de auto censura".

En una muestra de énfasis sobre el problema, la Comisión Nacional de Derechos Humanos condenó el lunes los arrestos de cuatro periodistas mexicanos quienes, dijo la organización, fueron vendados de los ojos, esposados y golpeados el 7 de agosto después de que autoridades federales los detuvieron durante un operativo militar.

Los reporteros, acusados de trabajar con un cártel de drogas, fueron liberados 16 horas después. El documento firmado el lunes es un proyecto de la Fundación para la Libertad de Expresión, la cual fue fundada en octubre del 2008

viernes, 4 de septiembre de 2009

Guinea rumbo a elecciones

La junta en el poder de Guinea desde diciembre "aceptó" este lunes la celebración de comicios presidenciales el 31 de enero 2010 y legislativas el 26 de marzo, durante una ceremonia oficial en Conakry.

El comité formado por partidos políticos, sindicatos, sociedad civil y las autoridades militares acordaron celebrar elecciones a comienzos de 2010, constató un periodista de la AFP.

Los militares tomaron el poder en Conakry, sin derramamiento de sangre, el 23 de diciembre, poco después del anuncio de la muerte del general Lansana Conté. Desde entonces el capitán Musa Dadis Camara dirige el país al frente del Consejo Nacional para la Democracia y el Desarrollo (CNDD

miércoles, 2 de septiembre de 2009

Hablan sobre la CDHDF

Los organismos públicos de defensa de los derechos humanos deben ser "instrumentos de gobernabilidad", es decir, instancias autónomas que, además de atender la defensa y promoción de las garantías individuales, sean instituciones que garanticen un equilibrio entre los poderes públicos que se encuentren en pugna, aseguró Gerardo Sauri, candidato a presidir la Comisión de Derechos Humanos del DF (CDHDF).

El director de la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim) aseguró: "en el caso de mi plataforma, ésta es una de las cosas importantes. Por supuesto que no se trata de que la comisión sea el eje de la negociación, sino que sea garante de que la forma en que se resuelvan los conflictos derivados del ejercicio del poder público se hará sin importar el origen partidista".

Refirió que ésta es una de las razones por las que propone mantener el actual modelo de gestión de la CDHDF, pues otras comisiones estatales "son más bien aparatos de relaciones públicas de los gobiernos locales", que lo único que hacen es "ocultar" los problemas de la ciudadanía.

Ante un escenario de crisis económica y aumento de la violencia que se vive en todo el país, "es muy fácil que se incremente el malestar social", por lo que la sociedad no debe renunciar a contar con un organismo "que permita canalizar institucionalmente los procesos de acompañamiento y defensa de las víctimas", pues de lo contrario se "cancela la posibilidad de construir un entorno" que evite el desbordamiento social

Entrevistado en las oficinas de la Redim, Sauri advirtió que entre los mandatos que tienen estos organismos garantes de los derechos fundamentales está incidir en el diseño de las políticas públicas, pues con ello se puede evitar que se repitan los agravios ejercidos desde el poder público. Al igual que otros candidatos, Sauri resaltó la importancia de la aplicación del Programa de Derechos Humanos, proceso en el cual él participó de forma directa.

Una de las obligaciones de estos organismos es estimular el derecho de la población a contar con los servicios básicos, por lo que en caso de acceder a la presidencia de la CDHDF generará "un tejido social protector" a sectores determinados.

Para ejemplificar lo anterior, Sauri se refirió al tema del agua: "ése es un debate que ya está. Y sabemos que es un problema que impacta de manera desigual, pues no es lo mismo el impacto de los recortes de agua en la delegación Benito Juárez que en poblaciones en condiciones de precariedad, como en el caso de Iztapalapa".

En torno al proceso de selección del nuevo presidente de la CDHDF se pronunció por que sea transparente, en el cual los legisladores den a conocer los criterios que los lleven a nombrar al próximo ombudsman. Descartó que desde la propia comisión se promueva a un candidato: "En cambio no sabemos si desde la comisión nacional se esté patrocinando a alguien, y no lo sabemos porque la CNDH no es un organismo transparente, a diferencia de la CDHDF."

martes, 1 de septiembre de 2009

Existen pruebas de abusos y violaciones cometidas por el ejército

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos en México (CNDH) indicó hoy que sí hay pruebas de abusos y violaciones cometidas por el ejército de este país en su lucha contra el crimen organizado.

El presidente de ese órgano, José Luís Soberanes, explicó que ninguna de las recomendaciones hechas en ese sentido en 10 años fueron rebatidas con mejores evidencias que las obtenidas por los visitadores y peritos del organismo a su cargo.

Tras rendir su décimo informe al frente de la CNDH, Soberanes se refirió a las declaraciones del presidente Felipe Calderón, antes de comenzar la cumbre de Guadalajara de Jefes de Estados de América del Norte.

El gobernante exhortó entonces a que quienes denuncian violaciones a las garantías fundamentales por elementos de seguridad, entre ellos el Ejército, presenten pruebas de casos que no hayan sido castigados.

Por ello, aseguró tener acreditados todos los casos de violaciones de las fuerzas armadas. Ahí están los expedientes y las recomendaciones para quien los quiera leer y consultar, agregó en declaraciones dadas a conocer por el periódico La Jornada.

El funcionario hizo un llamado para que las medidas excepcionales, (en las cuales el Ejército realiza labores de seguridad pública frente a la presencia del crimen organizado) no se conviertan en la normalidad.

La lucha contra la inseguridad, la delincuencia organizada y el narcotráfico, flagelos de la sociedad mexicana contemporánea, exigen acciones claras y precisas con la ley en la mano, pero de la misma forma deben castigarse los excesos de las autoridades, indicó.

En cuanto al fuero militar y la posibilidad de que soldados que cometan excesos y crímenes contra la población sean juzgados en tribunales civiles, el titular consideró que debe discutirse en el Congreso, porque es una decisión de carácter legislativo.

La víspera, la Suprema Corte de Justicia de la Nación rechazó definitivamente la posibilidad de juzgar a militares en tribunales civiles, por supuestas violaciones a los derechos humanos.

Esta decisión fue votada por seis en contra y cinco a favor y cierra el debate de hace varias semanas sobre esa situación.

Pero en opinión de Soberanes se debe tomar una decisión mucho más profunda, no puede ser la misma autoridad que vulnera los derechos humanos la que juzgue esos actos, tienen que ser organismos independientes, acotó