jueves, 4 de febrero de 2010

Chile y los derechos humanos

Familiares de víctimas de la dictadura de Augusto Pinochet calificaron el martes de "impunidad disfrazada" dictámenes de la Corte Suprema que rebajaron condenas a agentes represivos y libertad a tres procesados, lo que parece una constante del tribunal, apartada de la legislación internacional sobre crímenes de lesa humanidad, dijo a la AP Lorena Pizarro.
Pizarro, presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD), declaró que "los violadores a los derechos humanos "no pueden estar sujetos a beneficios porque el delito que cometen, ofende a la humanidad entera. Tampoco puede haber medias prescripciones o rebajas de penas, que disfrazan la impunidad".
Agregó que "lo que ha sucedido con la Sala Penal de la Corte Suprema, aproximadamente desde hace dos años a la fecha, es "una impunidad disfrazada".
La actual oposición derechista es partidaria del pronto termino de los procesos.
Dos días después de la elección como presidente de Chile de Sebastián Piñera el 17 de enero, el presidente del Senado Jovino Novoa --ex presidente de la Unión Demócrata Independiente (UDI) y ex funcionario de la dictadura militar--, declaró que "después de 30 años, mantener procesos abiertos sin un resultado final, no satisface ni el interés de la justicia ni el interés de las víctimas y de alguna forma también perjudica la imagen de las instituciones".
El más reciente dictamen del máximo tribunal en el proceso por el secuestro y desaparición, el 31 de octubre de 1974 del técnico electricista Marcelo Salinas Eytel, rebajó las condenas y otorgó libertades vigiladas.
Un juez y luego la Corte de Apelaciones condenaron a 15 años de presidio al jefe de la policía represiva de Pinochet, Manuel Contreras, y a 10 años a otros 4 agentes en el juicio por la desaparición de Salinas.
Sin embargo, la Corte Suprema rebajó la pena de Contreras a 5 años y a 3 años la de los otros 4 agentes. Además, "por irreprochable conducta anterior" de tres de los procesados, les otorgó el beneficio de la libertad vigilada.
Cifras oficiales indican que durante la dictadura (1973-1990) murieron 3.065 opositores, de los cuales 1.197 son detenidos desaparecidos.
Estadísticas del Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior precisan que hasta agosto de 2009 había 769 militares procesados por violaciones a los derechos humanos, de los cuales 276 están condenados. En el caso de 1.972 desaparecidos o ejecutados no hay un juicio vigente.
Pizarro aseveró a la AP que "en la inmensa mayoría de las condenas dictadas en los últimos dos años por la Sala Penal (de la Corte Suprema) es aplicación de prescripción o media prescripción, lo que se traduce en que ninguno va un día a la cárcel".
Tratados internacionales suscritos por Chile establecen que los delitos de lesa humanidad --como las desapariciones o ejecuciones ilegales-- son inamnistiables e imprescriptibles.
Pizarro expresó el temor de organizaciones de derechos humanos por el gobierno que asumirá el 11 de marzo que encabezará Piñera, apoyado por los partidos derechistas Renovación Nacional y UDI, los mismos que fueron el sustento civil de la dictadura del general Augusto Pinochet.
Pizaro expresó que "hoy vuelve al poder el mismo sector político que amparó y violó los derechos humanos".
"Si en Chile no son escuchadas nuestras demandas de verdad y justicia, de enjuiciar y encarcelar a los violadores a los derechos humanos, vamos a recurrir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos", advirtió Pizarro.

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