lunes, 19 de abril de 2010

CDHDF revisa caso en el DF

La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) dio entrada a una queja presentada por vecinos de la delegación Magdalena Contreras, mediante la cual se denuncia una serie de abusos por parte del Gobierno de la ciudad, en torno al proyecto de la Supervía Poniente.

En el documento se señala que el ombudsman capitalino encontró elementos para investigar el caso, donde presuntamente se violaron los derechos humanos de los colonos de dicha demarcación.

De acuerdo con los opositores a la obra, desde el pasado mes de agosto, los vecinos de la zona afectada por el proyecto vial de cuota que alista la administración local, enviaron una carta al jefe de gobierno Marcelo Ebrard, manifestándole su rechazo a la Supervía.

Lo anterior, con base en el decreto publicado el 22 de julio del 2009 en la Gaceta Oficial, en el que ya se hablaba de una “vialidad confinada” que cruzaría las barrancas del poniente y ante la que declararon “su rotundo rechazo”.

Ante la nula respuesta del GDF, fue que enviaron otra carta a la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, la cual comenzó la investigación, pidiéndole al secretario de Gobierno, José Ángel Ávila Pérez, implementar las acciones legales para abrir un espacio informativo a los demandantes.

Ahí se solicitó de manera específica que la respuesta a los vecinos goce de claridad, así como escuchar y tomar en consideración los planteamientos de los afectados a fin de atender sus preocupaciones.

En ese sentido, Alma Rosa García, líder vecinal, explicó que la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal también pidió que se implementaran las acciones legales necesarias para reducir al máximo las posibles afectaciones sociales, urbanas, ambientales y de cualquier otra índole en caso de que se aprobara la obra.

“Pero al GDF no le importa pasar por encima de la Comisión de Derechos Humanos y de los vecinos”, añadió.

Por otra parte, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal ya hizo peticiones similares a los titulares de las secretarías de Medio Ambiente, Transportes y Vialidad, así como de Desarrollo Urbano y Vivienda, según documentos mostrados por la quejosa

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