miércoles, 5 de mayo de 2010

4 años de atenco

La falta de compromiso gubernamental con los derechos humanos en México es una constante que va más allá de los partidos que detentan el poder. Los acontecimientos de Atenco, del 3 y 4 de mayo de 2006, exhiben de manera diáfana los rasgos de un Estado incapaz de erradicar la impunidad y el autoritarismo.
Llegamos al cuarto aniversario de los hechos con un saldo desfavorable. Pese a la insistencia con que se proclama nuestra condición democrática, desde el poder se privilegia una concepción cuyas consecuencias son negativas: se considera que las acciones colectivas y la exigencia de derechos amenazan el statu quo. La expresión de las demandas colectivas no es vista como parte del esfuerzo por superar el rezago social y la falta de vigencia de los derechos, sino como amenaza a la legalidad.
Atenco es una muestra de la selectividad del sistema de justicia. Concebido éste como instrumento al servicio de quienes gobiernan, por un lado actúa de forma expedita para castigar a quienes defienden derechos y, por otro, deja impunes a los responsables de los abusos y violaciones a los derechos humanos cometidos contra quienes se manifiestan u organizan.
El sistema de justicia ha sido ineficiente para castigar a los responsables de las violaciones de derechos humanos cometidas en los operativos de mayo de 2006. Entre las cifras de las violaciones durante la intervención gubernamental debe resaltarse que 26 de 47 mujeres detenidas denunciaron violencia sexual, física y psicológica por parte de los policías que las custodiaban mientras eran trasladadas a un penal del Estado de México. A la fecha, sólo se ha procesado a inferiores de los cuerpos policiales; posteriormente han sido absueltos. Al mismo tiempo, quienes ordenaron y avalaron el operativo policial continúan impunes.
En México ninguna instancia ha cumplido su deber de facilitar el acceso a la justicia para las mujeres denunciantes de tortura sexual. Con total falta de juicio, la Fevimtra, dependiente de la PGR (cuyo titular de ese momento estaba implicado en los hechos de Atenco) declinó en julio de 2009 su competencia en favor de la PGJ del Estado de México. Desde entonces ninguna diligencia se ha realizado y las investigaciones están paralizadas. La situación era fácilmente previsible, pues se trata de una instancia sujeta a los designios del Ejecutivo estatal.
Las señales del desdén gubernamental han alcanzado extremos graves al llegar ante instancias internacionales: el gobierno mexicano ha obstaculizado la actuación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a la cual acudieron las mujeres denunciantes de tortura sexual en abril de 2008. Se demanda al Estado a que cumpla sus obligaciones derivadas de la ratificación de los instrumentos interamericanos de derechos humanos.
En contraste, mientras los responsables de las violaciones a los derechos humanos están libres con la anuencia de las instancias gubernamentales que debían evitar estas conductas, quienes fueron detenidos en los mismos hechos han enfrentado un proceso irregular. A pesar de no tener pruebas y de las faltas en el proceso, 12 personas siguen injustamente privadas de su libertad, acusadas de un secuestro que no configuró.
La figura empleada está tipificada en el Código Penal del Estado de México y su fin no es otro que castigar a quienes se organizan para protestar, disentir o exigir sus derechos: el secuestro equiparado. Varios de ellos son transeúntes o vecinos detenidos en medio de la confusión ocasionada por la intervención de los cuerpos represivos.
Entre estos casos ha sido notorio el de Ignacio del Valle, dirigente del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra. Su sentencia muestra claramente la aplicación discrecional del sistema penal contra quienes se asumen como ciudadanos con derechos

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