domingo, 2 de mayo de 2010

Corte pedira libertad a indigenas

La ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Olga Sánchez Cordero presentó un proyecto de sentencia en el que propuso liberar a las indígenas queretanas Alberta Alcántara Juan y Teresa González Cornelio, por considerar que durante la averiguación previa y el proceso que se les siguió para sentenciarlas a 21 años de prisión, se registraron irregularidades.

En el documento elaborado por la ministra Sánchez Cordero se concluye que existen elementos suficientes para revocar la sentencia que emitió el juez cuarto de distrito en Querétaro, Rodolfo Pedraza Longh, quien avaló las acusaciones de la Procuraduría General de la República (PGR) y las responsabilizó del secuestro de seis agentes federales.

Por la cantidad y gravedad de las irregularidades detectadas en su caso, se prevé que el proyecto cuente con el voto mayoritario o unánime de sus compañeros de la Primera Sala del alto tribunal.

Debido a la relevancia que ha adquirido este caso a nivel nacional e internacional, los ministros de la Primera Sala de la Corte programaron la discusión del proyecto de la ministra para la sesión del próximo miercoles.

Salvo que algún tema frene o alargue la discusión, se espera que la decisión en torno a este asunto se emita en esta sesión. De lo contrario el caso se pasaría hasta el mes de mayo.

Entre los ministros del alto tribunal, de acuerdo con información recopilada por este diario, existe la percepción de que en este juicio, al igual que ocurrió en el caso de los sentenciados por la masacre de Acteal, en Chiapas, la Procuraduría General de la República incurrió en una serie de irregularidades, como la fabricación de testimonios y el uso de pruebas ilícitas, para acusarlas, incluso, en lo que se refiere al delito de posesión de cocaína que también se le fincó a Alberta Alcántara Juan.

A las irregularidades de la PGR, se asegura, también se sumó la actuación deficiente del juez, quién no garantizó que Teresa y Alberta, como indígenas que son, tuvieran acceso a un debido proceso y a una defensa adecuada.

Alberta y Teresa, junto con Jacinta Francisco Marcial (ya liberada), fueron detenidas en marzo de 2006, después de que fueran acusadas de secuestrar a seis agentes federales durante un operativo que realizaron en el tianguis de Santiago Mexquititlán para decomisar discos piratas y que generó protestas por parte de los comerciantes.

Debido a la presión que se ejerció por distintas organizaciones no gubernamentales, instancias gubernamentales y diversos medios de comunicación, la PGR retiró los cargos en contra de Jacinta Francisco por considerar que en su caso había “una duda razonable” en torno a su participación en el secuestro de los agentes

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