sábado, 15 de mayo de 2010

ONU pide respeto a Arizona

Expertos de la Organización de Naciones Unidas (ONU) instaron hoy a las autoridades de Arizona y de Estados Unidos a “garantizar que la ley de inmigración esté en consonancia con las normas internacionales de derechos humanos”.

Los defensores de derechos humanos exhortaron al gobierno de Estados Unidos a no diseñar, ni realizar ningún mecanismo para controlar la migración sin considerar los derechos de las personas a estar libres de discriminación y de tener acceso a su patrimonio cultural.

Indicaron que “todas las medidas deben ser adoptadas para promover la tolerancia máxima y aprecio por la diversidad étnica y cultural en el sistema educativo”.

Así como para “permitir que las personas permanezcan libres de discriminación racial en cualquier forma”.

Los expertos expresaron su “grave preocupación” por la ley SB 1070 promulgada a finales de abril pasado en el estado de Arizona, Estados Unidos, que afecta a inmigrantes, minorías y a grupos indígenas “que potencialmente los podría someter a un trato discriminatorio”.

El grupo lo integran el relator especial de la ONU sobre derechos de los inmigrantes, Jorge Bustamante; y el relator especial de formas contemporáneas de racismo, discriminación racial y xenofobia, Githu Muigai.

Así como el relator especial de la situación de derechos humanos y libertades de los pueblos indígenas, James Anaya; la experta independiente en derechos culturales, Farida Shaheed; el relator especial sobre el derecho a la educación, Vernor Muños Villalobos; y el experto independiente en asuntos de minorías, Gay McDougall.

Para los expertos, la ley Arizona es “un modelo perturbador de la actividad legislativa hostil hacia las minorías étnicas e inmigrantes ha sido establecido con la adopción de una ley antiinmigrantes que quizá permita acciones de la policía en las que se ponga como blanco a individuos la cual toma como base el aspecto étnico”.

Además los expertos independientes subrayaron en un comunicado que “los expertos jurídicos difieren sobre los posibles efectos de las recientes modificaciones a la ley de inmigración que se refieren a las condiciones de detención de presuntos inmigrantes ilegales”.

Manifestaron su preocupación por las “normas vagas y lenguaje peligroso de la ley antiinmigrantes que plantea serias dudas sobre la compatibilidad de la ley con los tratados internacionales de derechos humanos de los que Estados Unidos es parte”.

Los defensores de derechos humanos criticaron el hecho de que la ley de Arizona permite que los agentes del orden determinen el estatus migratorio de una persona basados en una “sospecha razonable” de que están en el país de manera ilegal.

Los expertos en migración, minorías y pueblos indígenas, racismo y derechos culturales y a la educación advirtieron que además esta ley permite arrestar a una persona sin una orden judicial si el oficial tiene alguna razón para creer que la persona es un extranjero ilegal.

“Además convierte en un delito el hecho de que una persona esté ilegalmente en el país, penalizado con seis meses de cárcel y dicta que las personas indocumentadas son culpables de traspasar el territorio estadunidense”, subrayaron.

“Estados tienen la obligación de respetar y garantizar los derechos humanos de toda persona sujeta a su jurisdicción, sin discriminación”, dijeron.

“Las normas internacionales exigen que la detención se utilizará tan sólo como medida excepcional, justificada, estrictamente personal y proporcional en cada caso concreto, y que será sujeta a revisión judicial”.

La ley Arizona “específicamente apunta a los trabajadores que van por el día convirtiendo en un crimen el hecho de que los indocumentados soliciten trabajo y para cualquier persona contratar o tratar de contratar a un inmigrante indocumentado”, lamentaron.

“La ley puede conducir a detener y someter a interrogatorio a las personas principalmente con base en sus características étnicas”, observaron los expertos independiente de la ONU.

“En Arizona, las personas que parecen ser de origen mexicano, latinoamericano, o de origen indígena se encuentran especialmente en riesgo de ser blanco en virtud de la ley”, advirtieron.

Asimismo, los defensores reprobaron el hecho de que es una ley “que suprime programas escolares prohibiendo enseñar la historia y cultura de las minorías”, cuando toda persona tiene derecho a tener acceso a su historia cultural y a su lenguaje.

Más aún, “Los estados tienen la obligación no sólo de erradicar la discriminación racial, sino además tiene la obligación de promover un ambiente económico y político que conduzca al respeto de la diversidad étnica y cultural”, concluyeron los expertos de la ONU

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