martes, 8 de junio de 2010

Brasil y su imagen

El juicio seguido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra el Estado brasileño por los crímenes de la dictadura militar (1964-1985), y la negativa del país a juzgarlos internamente, destiñen la imagen de esta nación que aspira a convertirse en un nuevo referente mundial.

"¿De qué forma puede presentarse Brasil como un líder internacional si no es capaz de juzgar a quienes violaron los derechos humanos de sus ciudadanos en nombre del Estado?", planteó a IPS Beatriz Affonso, abogada del no gubernamental Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil).

Affonso representa a los familiares de las víctimas de la dictadura que presentaron en 1995 una demanda ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con sede en Washington y adscrita a la Organización de los Estados Americanos.

El caso Gomes Lund, conocido como Guerrilla de Araguaia, fue remitido a la Corte, con sede en San José de Costa Rica, en marzo de 2009.

En las audiencias públicas, realizadas el 20 y 21 de mayo en San José, se acusó a las Fuerzas Armadas de Brasil de detención arbitraria, tortura y desaparición forzada de 70 personas, entre miembros del Partido Comunista y campesinos, en el marco del operativo "Guerrilla de Araguaia", ocurrido entre 1972 y 1975 en el nortino estado de Pará.

En el proceso "mostramos" que "Brasil no cumple las leyes internacionales", dijo Affonso, para quien el país "debe acatar un fallo desfavorable de la Corte" para no equipararse "al gobierno de Alberto Fujimori (1990-2000)", quien "se negó cumplir una resolución condenatoria del tribunal" cuando era presidente de Perú.

Las partes tienen hasta el 21 de junio para presentar sus alegatos por escrito, tras lo cual la Corte emitirá una sentencia en un plazo no establecido.

A título personal, Wadih Damous, presidente de la Orden de los Abogados de Brasil en Río de Janeiro, señaló a IPS que "debe prevalecer la decisión de la Corte" porque el país "adhirió a ella en 1998 como miembro de la Organización de los Estados Americanos" con el compromiso de "respetar sus resoluciones".

Desde que Luiz Inácio Lula da Silva asumió su primer mandato en 2003, Brasil insiste en ocupar un asiento permanente en el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

En este marco, el país ha jugado un rol protagónico en diversos conflictos internacionales. Las audiencias del juicio en Costa Rica tuvieron lugar menos de una semana después de que Brasil firmara con Turquía e Irán un acuerdo sobre canje de material nuclear.

También decidió asilar en su embajada en Honduras al presidente de ése país, Manuel Zelaya, cuando éste intentó en septiembre retomar su cargo del que había sido desalojado por la fuerza el 28 de junio.

Para William Gonçalves, profesor de relaciones internacionales de la Universidad del Estado de Río de Janeiro, "ese proceso en la Corte Interamericana" no debe ser un obstáculo "para la proyección internacional" de Brasil porque "sobre todos los países pesan acusaciones de violaciones de los derechos humanos".

"China siempre está en la mira de la ONU por ese tema y el presidente de Estados Unidos (Barack Obama) prometió desactivar la prisión en Guantánamo y aún no lo ha cumplido", ejemplificó a IPS.

Según Daniel Aarão Reis, profesor de historia contemporánea de la Universidad Federal Fluminense, "todos los países que integran permanentemente el Consejo de Seguridad tienen un pasado muy cercano a la tortura".

"Pueden utilizar un posible fallo en la Corte Interamericana porque la política diplomática brasileña se muestra como un alternativa al eje Estados Unidos-Unión Europea como árbitro en conflictos internacionales", planteó a IPS.

A juicio de Aarão, "la diplomacia de Brasil siempre manifestó orgullo de su tradición de respetar acuerdos y decisiones de tribunales internacionales", "pero hay que ver qué postura tendrá en este caso porque la política del Estado brasileño sobre crímenes durante la dictadura es de no juzgar a sus responsables".

La Corte Interamericana también analiza en la misma causa la interpretación política de la Ley de Amnistía, promulgada en 1979 por el gobierno dictatorial, que sirvió, según la visión de los militares y de la clase política de la época, para iniciar el proceso de redemocratización del país.

Los sucesivos gobiernos democráticos a partir de 1985 mantuvieron la posición de que esa medida sirvió "como reconciliación" de la partes enfrentadas durante los 21 años de dictadura.

Brasil envió a las audiencias a 20 representantes para defender su postura de no investigar los crímenes cometidos por agentes del Estado entre 1964 y1985.

"La Ley de Amnistía es de hecho la principal traba legal para colocar en el banquillos a los acusados de violar los derechos humanos", declaró a IPS Elizabeth Silvera e Silva, dirigente del Grupo Tortura Nunca Más y testigo en las audiencias de mayo por la desaparición de su hermano en Araguaia.

El 29 de abril, el Supremo Tribunal Federal (STF), la máxima instancia judicial de Brasil, ratificó la Ley de Amnistía como garante de reconciliación. "El STF debería haber hecho un revisión jurídica, no política", opinó Affanso porque "la Constitución de 1988 garantiza que no prescriben los crímenes de lesa humanidad".

Para Damous, quien representó en San José a la Orden de Abogados de Brasil como entidad invitada a declarar, "si la Corte Interamericana entiende que el Estado es responsable por los crímenes, la Ley de Amnistía pierde validez".

"Un fallo contrario sobre este tema deja mal parado al Estado brasileño frente a la opinión pública internacional", completó la abogada de Cejil.

"El Supremo Tribunal Federal ya dañó la imagen internacional de Brasil porque al ratificar la Ley de Amnistía avaló de forma implícita que en Brasil se acepta la tortura", puntualizó Aarão. A través de su departamento de comunicación, la cancillería de Brasil informó "que no se pronunciará sobre el tema hasta que la Corte Interamericana no emita un fallo definitivo"

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