sábado, 12 de junio de 2010

Como la iglesia catolica negocia en Cuba

El historiador Manuel Cuesta Morúa, reconocido como uno de los principales representantes del ala moderada de la oposición en Cuba, piensa que las conversaciones entre el gobierno de Raúl Castro y la jerarquía católica abren un nuevo momento para el país.

Cuesta Morúa, portavoz del socialdemócrata Partido Arco Progresista, conversó con IPS sobre el significado de la gestión que condujo al traslado, el martes 1, de seis reclusos a cárceles de provincias donde residían antes de ser detenidos, con el fin de acercarlos a sus familiares.

Los trasladados son parte de los 75 opositores condenados en 2003 a severas penas bajo cargo de conspirar con Washington con fines subversivos y esta decisión podría ser el primer paso en un proceso que conduzca, además, a la excarcelación de, por lo menos, aquellos que se encuentran enfermos.

La oposición cubana actúa en condiciones de ilegalidad y es vista por el gobierno como pequeños grupos sin base social, mercenarios cuya existencia responde únicamente al apoyo logístico y financiero de Washington.

IPS: Más allá de que las conversaciones entre la Iglesia Católica y el gobierno marcan un diálogo "entre cubanos" para enfrentar un problema que involucra a la oposición política, ¿cómo valora este hecho en la historia reciente de esta isla?

MANUEL CUESTA MORÚA: Esto es un momento nuevo para Cuba. Quizás nosotros, metidos en los acontecimientos, no tengamos la capacidad de ver el bosque en sentido panorámico.

Yo creo que estamos ante un nuevo bosque en el que todos los cubanos, por diferentes vías, están penetrando y redescubriendo.

Una de las cosas fundamentales es cómo aparecen soluciones para viejos conflictos en el gran tema de la tensión Estado-ciudadano. Lo que aflora ahora es un nuevo esquema en un contexto tenso, pero más rico a la hora de imaginar soluciones de cara al futuro.

Cuba entra en ese contexto con una solución clásica que es la Iglesia Católica mediando entre Estado y ciudadano, un papel que muchos creían no podría jugar por varias razones, entre ellas porque el tipo de gobierno y de sociedad no toleraba ningún sujeto distinto al Estado al enfocar los problemas.

Y este nuevo momento va normalizando al país y abre posibilidad de que el Estado corresponda a la complejidad de la sociedad. No digo que todas las consecuencias sean positivas y satisfagan a todos, pero sí se abre una nueva avenida y aparece un mediador en los conflictos.

IPS: ¿Qué sería a su juicio una Cuba normalizada?

MCM: Cuba debe normalizarse en términos internacionales y hacia adentro. Como sociedad ya vamos siendo una colectividad normal –lo que está pasando en el sector de la apertura a la diversidad sexual es una prueba--, pero esa normalización social no ha tenido todavía su reflejo en las estructuras e instituciones del Estado.

Normalización significa que el gobierno no se ponga de espaldas a la realidad, que se ponga de frente para solucionar los grandes problemas. Que el gobierno se adapte a la sociedad y no pretenda que la sociedad se adapte a él. O sea, bajar el nivel de la utopía y ponerse a tono con la sociedad.

Y el gobierno debe aceptar que Cuba es una sociedad plural desde su surgimiento, desde el punto de vista cultural, religioso, filosófico, incluso al enfrentar los problemas cotidianos.

Esa pluralidad tiene un impacto en la vida y aceptarla tiene consecuencias en la organización del Estado, de la sociedad y en la mirada al otro.

IPS: En ese proceso de normalización aparece una sociedad civil reconocida por el gobierno y cuyos temas y demandas coinciden, en muchos casos, con los de la oposición. Hace algunos años usted afirmó a IPS que este proceso podría vaciar de contenido a algunos grupos opositores. ¿Cómo lo ve ahora?

MCM: Creo que muchos de estos proyectos van a la larga, a mediano plazo, a ir desplazando no pocas iniciativas de la oposición. En algunos casos, del lado de los espacios tolerados hay más nivel en lo que se plantea que en la oposición y esta tendencia podría marcar el desarrollo futuro.

Quizás en algunos ámbitos no sea así por otro criterio importante: la conexión con la sociedad. Muchos proyectos aceptados por el gobierno tienen más que ver con las inquietudes, los intereses y las visiones de una elite y, en algunos casos, parecen estar atrapados en los parámetros culturales e ideológicos del poder.

En tanto, no pocas iniciativas opositoras carecen de alcance ciudadano, pero expresan mejor la sensibilidad del ciudadano común. Sin embargo, pueden tener menos consistencia cultural, intelectual, política y, a veces, son vistas como una buena plataforma para salir del país.

IPS: ¿Por qué el rescate del ciudadano está en el centro del proyecto Nuevo País entre cuyos promotores usted se encuentra?

MCM: Soy de los que cree que en Cuba hay un nivel de participación, pero el espacio lo define el Estado, tiene los límites del Estado y, por supuesto, los resultados son los que desea quien está en capacidad de poner el límite. Estamos proponiendo que la gente defina por sí misma, que se autoconvoque, que no sea convocada.

O sea, recuperar al ciudadano como fuente de legitimidad.

Aquí la fuente de legitimidad es la Revolución y el ciudadano tiene que mirar adentro de la Revolución para plantearse una acción o una opinión política. Lo que proponemos es que no haya mediación en ese proceso. No le decimos al ciudadano por donde debe ir, le decimos que tiene derecho a definir por dónde quiere ir.

Más allá del ciudadano, la pregunta sería si el problema de Cuba se resolverá en la medida que se vayan dando respuestas adecuadas a problemas sectoriales o si debe partir de un planteamiento global. Realmente no lo tengo claro

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