viernes, 30 de julio de 2010

Peru y la Corte Interamericana de Derechos Humanos

Sectores políticos y militares de Perú atacan a la Corte Interamericana de Derechos Humanos con el fin de "golpear el concepto" de las garantías fundamentales y vincular al tribunal con una "supuesta defensa del terrorismo", dijo a IPS su presidente, el jurista Diego García-Sayán.

Por mandato de la Corte, el gobierno de Perú debió pagar 30.000 dólares por gastos judiciales a la ex guerrillera estadounidense Lori Berenson, a quien la justicia peruana excarceló a fines de mayo, tras haber cumplido 15 años de prisión de una condena de 20 por el delito de "colaboración con el terrorismo".

Poco después, las autoridades confirmaron que la Corte Interamericana había ordenado al Estado pagar reparaciones a otros sentenciados por delitos de terrorismo en el marco de la guerra interna que vivió este país entre 1980 y 2000, pues en sus juicios no se respetaron las garantías del debido proceso.

Se generó así una corriente de opinión contra el tribunal hemisférico a la que contribuyó el primer ministro Javier Velásquez, que reclamó el retiro parcial de Perú de la jurisdicción de la Corte.

Berenson había sido juzgada inicialmente por un tribunal militar anónimo que la condenó a prisión perpetua, y sólo después de un reclamo ante el sistema interamericano su caso pasó a la justicia civil. Las dos décadas de conflicto dejaron unas 70.000 víctimas civiles, según el informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación.

El presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Diego García-Sayán, que se encuentra por estos días en Lima, dijo a IPS que hay una acción visible de descrédito al organismo que encabeza y recordó un episodio similar, durante el gobierno de Alberto Fujimori (1990-2000), que contribuyó al aislamiento internacional de Perú.

IPS: ¿Usted encuentra similitud entre el intento de Fujimori de desconocer fallos de la Corte, en 1999, y la reciente propuesta del primer ministro Velásquez de retirar al país parcialmente de la instancia judicial supranacional?

DIEGO GARCÍA-SAYÁN: Los argumentos se parecen mucho, pero no creo que se trate de un mismo proyecto. En 1999, el propósito del régimen dictatorial era quedar fuera de cualquier control internacional, mientras ahora estamos hablando de un gobierno democrático.

Sin embargo, en la argumentación hay una preocupante coincidencia. Y es más preocupante porque el presidente Alan García, cuando recibió a la Corte en abril de este año, dijo que en el proceso de globalización los derechos humanos eran un componente fundamental, y felicitó a la Corte por ser la institución orgánica más nítida.

IPS: Lo que pretende Velásquez es acatar los fallos de la Corte relacionados al presunto delito de terrorismo, pero según el criterio del gobierno, retirando parcialmente al país de la jurisdicción de la Corte. ¿Es jurídicamente posible esa figura?

DGS: No. El retiro parcial se discutió a propósito del intento autoritario de Fujimori en 1999. La Corte fue concluyente en que es inviable jurídicamente. Por eso el pretendido retiro que expresó el gobierno de entonces nunca fue reconocido.

IPS: Velásquez también se refirió a la eventual reserva del Estado peruano ante resoluciones de la Corte sobre sentenciados por el delito de terrorismo.

DGS: La reserva es algo que el derecho internacional admite, pero al momento en que un Estado se hace parte de un tratado. Y Perú lo hizo en 1981. Han pasado 30 años y ya es un poco tarde para invocar la reserva.

Esta campaña que pretende desacreditar a la Corte está orientada a golpear el concepto de derechos humanos y a vincular a la Corte con la supuesta defensa del terrorismo. Se trata de una campaña injuriosa.

IPS: Se atribuye a la Corte haber emitido numerosos fallos a favor de condenados por terrorismo, obligando a la justicia a reducir sus condenas, exculparlos o pagarles grandes sumas. ¿Es eso cierto?

DGS: Eso no tiene pies ni cabeza. La Corte no ha variado su intensidad de casos sobre Perú. Recientemente no ha dictado una sentencia sobre este país y nunca ha emitido fallos a favor de los terroristas.

Lo que la Corte hace es establecer si hubo o no una violación a los derechos humanos, sin tomar en cuenta la condición jurídica de la víctima. Y no lo hace de motu proprio, sino porque fluye de un proceso donde se presentan pruebas y las partes tienen derecho a argumentar. No hay tal lógica de una instancia a favor de un grupo delincuencial o ideológico alguno.

IPS: Se cuestiona en particular el caso de Berenson, condenada a 20 años de prisión. La Corte dispuso el pago de costas judiciales. El gobierno alega que hay preferencias por los terroristas antes que por las víctimas del terrorismo.

DGS: En el caso de Berenson, la Corte determinó que sí se había producido una violación de derechos. Cuando una persona es juzgada por un tribunal militar sin rostro, como sucedió, sus derechos son vulnerados.

Como en cualquier caso judicial, la parte que paga los gastos de abogado es la que pierde. El caso Berenson llegó a la Corte por resoluciones judiciales autoritarias producidas bajo un régimen no democrático, como sucedió con 90 por ciento de casos que llegaron de Perú.

IPS: Las críticas surgen especialmente de la representación parlamentaria del fujimorismo, con la que el bloque del gobernante Partido Aprista Peruano ha tenido varias coincidencias.

DGS: No podría hacer una interpretación política, pero constato una notoria coincidencia entre los argumentos que se expresaron en 1999 y los que hoy escuchamos. Como resultado de aquella campaña, Perú fue conducido a un tremendo aislamiento internacional. Espero que esta vez no se repita.

IPS: La defensora del Pueblo, Beatriz Merino, acaba de decir que debe darse prioridad al pago de reparaciones a las víctimas de la violencia de la guerra interna. ¿Lo ve como una crítica a la Corte?

DGS: Es una crítica al gobierno, porque hace cinco años se emitió una ley para atender a las víctimas de la violencia y hasta el momento ninguna ha recibido indemnización.

Es de esperar que en el presupuesto de 2011 se incorporen cifras concretas para que comience la reparación individual de 70.000 víctimas registradas. Se trata de una política de Estado que se formuló con mucha anterioridad a las sentencias del ámbito judicial internacional

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