miércoles, 21 de julio de 2010

¿Y los desaparecidos? hablemos claro

Cada día, Luz Marina Hache revive a Eduardo Lorne en su hijo de 25 años: duerme igual, es igual de estudioso, se indigna como su padre ante la inequidad. Es el mismo rostro bello de su recuerdo.

Lorne fue desaparecido en noviembre de 1986. Era líder sindical en la estatal Universidad Pedagógica de Colombia y había estado preso por pertenecer al grupo armado nacionalista M-19, que se integró a la vida civil tres años después.

Hache tiene de 55 años y hace 17 que trabaja en la Fiscalía General de la Nación. Ve de cerca el dolor de las víctimas de la larga guerra de Colombia: desaparición forzada de personas, masacres, ejecuciones extrajudiciales, desplazamientos, amenazas. La historia de nunca acabar.

Para ella, ese es el rostro doloroso del recuerdo. "Eso me ratifica en lo que yo creo, que es en lo que creía Eduardo, ‘el Negro’, como yo le decía: que tenemos que construir un país donde todos quepamos, donde se respete el pensamiento del otro y lo que es el otro".

Si de cifras se tratara

El gobierno hablaba en junio de 2009 de 27.000 desaparecidos forzadamente. En diciembre, la Fiscalía anunció más de 49.000.

La estatal Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas fijó esta semana en 46.329 las personas que no han aparecido ni vivas ni muertas.

Esa entidad, creada en 2000 para apoyar la investigación de la desaparición forzada, lleva cuentas de 12.830 víctimas de ese crimen de lesa humanidad. De éstas, 159 aparecieron vivas y 280 muertas, según su coordinador, Andrés Peña, en el foro "Hablemos todos de los desaparecidos".


Se derrumba cuando imagina qué pasaría si aparecen los restos de "el Negro".

Entonces, Hache dejaría de buscar. "La posibilidad de enterrarlo, de saber que hay una tumba con su nombre. Que no es un N.N. (no name, sin identificación), que sus restos no son tratados como si fueran los de un animal, eso me daría mucha tranquilidad. Y me diría a mí misma que mi lucha no ha sido en vano", dice.

"Me daría la capacidad de perdonar. Perdonar a los que le hicieron eso. Perdonar a todos los victimarios…", le daría fuerzas para afrontar a cada supérstite que llega con el dolor reciente y con esa pregunta que no tiene respuesta: "¿Por qué a mí?"

Hache trabaja en la Unidad de Delitos Sexuales de la Fiscalía y es dirigente de la Asociación Nacional de Funcionarios y Empleados de la Rama Jurisdiccional.

Por tanto forma parte de la entidad que instruye los procesos, pero tiene una fuerte crítica a la Fiscalía y a la rama judicial. Solo desde 2008 tienen en cuenta lo que dicen las víctimas.

"Lo atribuyo a las exigencias que las víctimas han hecho en las versiones libres de los paramilitares", opina Hache, respecto de las confesiones voluntarias de los ultraderechistas que se desmovilizaron tras pactar con el gobierno de Álvaro Uribe.

Ya sellada la negociación, la Corte Constitucional les impuso que sólo acepta la "verdad completa", a cambio de penas de entre cinco y ocho años de cárcel por todos sus crímenes.

Las víctimas que presencian esas audiencias tienen derecho a hacer preguntas a los procesados. Esto, según Hache, "ha obligado a que el Estado tenga en cuenta lo que siente y lo que dice la víctima".

"Muchos fiscales e instructores se han sensibilizado frente a esa realidad y han empezado a entender y a respetar el dolor que tiene la víctima", reconoce.

"Sin embargo, también hay que decirlo, hay funcionarios judiciales que le dan casi la razón al victimario cuando éste justifica sus crímenes y el fiscal no hace nada para impedirlo", continúa la mujer, "no puede haber justificación para quitarle la vida a nadie".

La desaparición forzada está relacionada con asuntos vergonzosos como detención arbitraria y tortura.

En la masiva matanza que se propuso el proyecto paramilitar ultraderechista para erradicar todo viso de organización, protesta o descontento social, y que de paso se quedó con las tierras de los desplazados, se trataba también de no reflejar su magnitud.

Las desapariciones se cuentan por decenas de miles, pero ninguna cifra encaja (ver recuadro).

La Convención internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, creada en 2006 bajo la égida de la Organización de las Naciones Unidas, es el primer instrumento internacional que consagra el derecho a la verdad.

Además, tiene "dientes": su Comité de Desapariciones Forzadas dispone de facultades reales para socorrer a las víctimas, buscarlas y apoyar a los afectados.

Bogotá anunció que ratifica la Convención pero sólo parcialmente. Rechaza la competencia del Comité. Dice que con el Sistema Interamericano de Derechos Humanos basta y sobra.

Esto implica que el Comité no puede acoger ningún caso relacionado con Colombia, según el estatuto. Por eso se multiplican en estos meses las voces a favor de que el país ratifique plenamente la Convención.

"Hace falta, realmente, el Comité. Éste daría la fuerza como un instrumento adicional de la lucha contra las desapariciones forzadas", dijo Andrés Peña, de la Comisión Nacional de Búsqueda, esta semana en el foro "Hablemos todos de los desaparecidos", convocado por la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (Asfaddes).

El Comité "es lo que más ayudaría", dijo a IPS Yanette Bautista. Su hermana Nydia Erika fue desaparecida en 1987.

La Fundación Nydia Erika Bautista y Asfaddes, entre otras organizaciones, lanzaron en mayo de 2009 la campaña Víctimas y Derechos, Haz lo Justo, Hasta Encontrarlos, para mostrar la necesidad de la ratificación plena.

En abril se reunió en Bogotá el II Congreso Mundial de Trabajo Psicosocial en procesos de Búsqueda, Exhumación, Verdad y Justicia, con 300 delegados de 23 países de Asia, África, América y Europa.

En su declaración final, el congreso llamó al gobierno colombiano a ratificar la Convención sin omisiones.

Luz Marina Hache cree que difícilmente podrá dar con los autores materiales de la desaparición de "el Negro". Pero, dice, "debe haber un compromiso de la sociedad en general de que nunca más en Colombia va a haber desaparecidos".

Es justamente lo que se pone en duda con el rechazo gubernamental a la jurisdicción del Comité de Desapariciones Forzadas en Colombia

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