viernes, 27 de agosto de 2010

Contra reforma agraria colombiana

Un número desconocido de empresarios de agroindustrias y de funcionarios públicos de todo nivel, así como paramilitares de ultraderecha, tienen algo en común con campesinos desplazados o asesinados en Colombia: las tierras robadas a los últimos en el conflicto armado.

"Es que ahí había un complot. Uno iba matando a la gente, otros iban atrás comprando, otros iban de tercero, legalizando", describió el ex jefe paramilitar "Pitirri", Jairo Castillo, exilado hace 10 años e importante testigo protegido en los juicios que se siguen en Colombia a los "parapolíticos", dirigentes implicados con la estrategia de esos grupos ilegales.

"Pitirri" es uno de los que preguntan a la justicia por qué sólo se ocupa de los que "iban matando". Por qué no inquiere por quienes se apropiaron de 5,5 millones de hectáreas, según cifras de la Comisión de seguimiento a la política pública sobre desplazamiento forzado, creada por iniciativa de la sociedad civil.

La declaración de "Pitirri" fue presentada este jueves 19 en un debate parlamentario de control político sobre tierras, paramilitarismo y desplazamiento forzado por el legislador izquierdista Iván Cepeda.

Álvaro Uribe, quien gobernó desde 2002 hasta el 7 de este mes, desmovilizó parcialmente el brazo armado del paramilitarismo, para lo cual se expidió un marco legal conocido como Ley de Justicia y Paz.

Con ese nombre, una unidad de la Fiscalía General de la Nación afronta la confesión "completa" de los crímenes de centenares de ex combatientes que así pueden acceder a beneficios penales, tal como lo impuso la Corte Constitucional, y deben pagar con sus bienes la reparación de sus víctimas.

"La Unidad de Justicia y Paz ha hecho una tarea formidable en medio de limitaciones presupuestales y logísticas", señaló en el mismo debate Guillermo Rivera, legislador del hoy oficialista Partido Liberal. Según él, la fiscalía descubrió algo inesperado.

Notó que los paramilitares desmovilizados, que se suponía eran dueños de enormes extensiones con las que iban a reparar a sus víctimas, reportaron propiedades más bien precarias. Hasta ahora han entregado apenas 6.600 hectáreas.

Rivera resumió así el "complot", como lo denomina "Pitirri":

Con el argumento de combatir a guerrillas de izquierda, entre 1994 y 2000 se produjo en este país la más fuerte expansión paramilitar, que dejó decenas de miles de campesinos asesinados y millones de desplazados hacinados en las ciudades.

La seguridad alimentaria de esos desplazados se quedó en la parcela, que luego fue tomada por las mafias paramilitares, ya fuera mediante la compra a precios irrisorios o por ocupación a la fuerza, describió.

Entre 2002 y 2005 el gobierno de Uribe negoció la desmovilización con los

Mientras la opinión pública seguía las incidencias de Ralito, la mayoría de los millones de hectáreas apropiadas fueron puestas a nombre de testaferros o vendidas a empresarios.

El objetivo era evitar que esas propiedades ingresaran a los fondos de reparación de víctimas que prevé la legislación, y evadir así la restitución de bienes, según Rivera.

Entre 2005 y 2006, la Unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía detectó evidencias de testaferrato y de que un número de empresarios se habían apoderado de tierras que originalmente eran de los desplazados.

El círculo, descrito por Rivera, se cierra de manera estremecedora: un cierto número de esos testaferros pasaron a ser beneficiarios del Estado, especialmente a través del Ministerio de Agricultura, que les concedió créditos blandos y subsidios agrícolas bajo el programa Agro Ingreso Seguro, un escándalo de corrupción que estalló en el último tramo del gobierno de Uribe.

Luego, siempre según Rivera, esos beneficiarios financiaron campañas electorales del sector más ligado a Uribe en el oficialismo, por ejemplo la del ex aspirante presidencial Andrés Felipe Arias, ministro de Agricultura del ex mandatario.

Colombia vive un viejo conflicto armado, con guerrillas activas desde 1964.

En el debate parlamentario, Rivera y Cepeda proporcionaron nombres propios de individuos, empresas y supuestas organizaciones de la sociedad civil que harían parte del presunto "complot".

Durante su gobierno, el propio Uribe instruyó al bloque oficialista, mayoritario tanto entonces como ahora, para que bloqueara un proyecto de ley de víctimas, que incluía restitución de bienes.

El proyecto, argumentó, resultaba oneroso para el fisco. La Corte Constitucional ordenó en repetidas ocasiones restituir los bienes a los desplazados, estimados entre tres y más de cuatro millones de personas, según fuentes gubernamentales o de la sociedad civil.

Rivera pidió mecanismos expeditos de justicia transicional para devolver los bienes a las víctimas. Para ello, subrayó, es necesario "invertir la carga de la prueba en los litigios sobre tierras".

Según ese principio jurídico, no es el Estado el que tiene que demostrar dolo en una negociación o propiedad de tierras. Son, al contrario, los usufructuantes de la misma quienes deben demostrar la legalidad de su propiedad

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