domingo, 5 de septiembre de 2010

SCJN enfrentada por caso Radilla

La posibilidad de que los jueces mexicanos acaten la decisión que adoptó la Corte Interamericana, al sentenciar a México por la violación de derechos humanos, se atoró y no mostró avances durante la sesión que realizó hoy la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en donde destacó el intercambio de ironías y reclamos entre los ministros José Ramón Cossío y Sergio Aguirre.

De arranque, al iniciar la revisión de este caso, el ministro José Ramón Cossío Díaz le propuso a sus compañeros del Pleno declarar que la sentencia que emitió la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) contra México en el caso Radilla -el 23 de noviembre de 2009- tiene el carácter de obligatoria y debe ser acatada por los jueces mexicanos.

Pero, de inmediato, el ministro Sergio Aguirre Anguiano presentó una serie de argumentos dirigidos a establecer que la Corte mexicana de inicio, ni siquiera podía pronunciarse sobre este tema porque no habían sido notificados de la sentencia.

Con este argumento evitó que el Pleno entrara al estudio de fondo del planteamiento presentado por el ministro Cossío.

Para tratar de salvar este obstáculo, el presidente de la Corte, Guillermo Ortiz Mayagoitia, recordó que fue él quien promovió una "consulta a trámite" en la que, en esencia, pidió a sus compañeros revisar si los jueces mexicanos están obligados a cumplir las sentencias de la CorteIDH.

Ortiz dijo que partió de la base de que la notificación le llegó al presidente Felipe Calderón, y de que él su carácter de jefe del Estado mexicano, a su vez, ordenó la publicación de la sentencia en el Diario Oficial de la Federación el 9 de febrero de 2010 y en la página electrónica de la Procuraduría General de la República.

En eso coincidió el ministro Cossío, quien les dijo a sus compañeros que si estaban esperando a que venga un notificador de Costa Rica, un actuario de la Corte Interamericana, que llegue y le pida su credencial de elector al ministro Ortiz, para darse por notificados.

Porque, agregó, eso le parecía "verdaderamente simpático, por decir lo menos".

Este último comentario generó que el ministro Aguirre le dijera a Cossío que no le parecían "simpáticas las afirmaciones que hizo el señor Ministro. Me parecen francamente chistosas".

De inmediato el presidente de la Corte, Guillermo Ortiz, les pidió a todos los ministros que evitaran los calificativos dentro de la discusión para mantener el orden. Una situación poco común dentro de los debates del alto tribunal.

Después de un par de horas de discusión, al final, por 8 votos contra 3, la mayoría de ministros llegó a la conclusión de que la Corte mexicana podía darse por notificada de la sentencia.

Y cuando se pensaba que este punto abría la puerta para iniciar la discusión de fondo dirigida a saber si se debe o no acatar la sentencia de la Corte IDH, el ministro Aguirre presentó un nuevo argumento que evitaba, otra vez, entrar al tema de fondo.

Aguirre les dijo que no podían revisar si acataban o no la sentencia, porque ninguna norma mexicana establece cómo deben cumplirse las resoluciones de tribunales internacionales.

Para dar respuesta a este planteamiento el ministro Cossío tomó la palabra, pero en un punto de su intervención fue interrumpido por el ministro Aguirre. Este último hecho molestó a Cossío, quien dijo que no veía por tanta vehemencia en el asunto, pues era la cuarta vez que lo interrumpía Aguirre y le pedía "que dejara de hacerlo".

En este punto, el presidente de la Corte dio por terminada la sesión, convocó a una nueva el jueves próximo para analizar los nuevos planteamientos, pero antes de terminar la sesión Aguirre volvió a hacer uso de la palabra sólo para aclarar que no había interrumpido en ninguna ocasión al ministro Cossío.

De ahí que la discusión continuará hasta el jueves próximo y cuando se sepa si el Poder Judicial acata o no la sentencia de la CorteIDH en la que declaró culpable al Estado mexicano por la desaparición forzada de Rosendo Radilla Pacheco y otras personas, ocurrida el 25 de agosto de 1974 en un retén militar en Atoyac de Álvarez, Guerrero, durante la llamada guerra sucia

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