martes, 5 de octubre de 2010

El problema de las pandillas latinoamericanas

En El Salvador, Honduras y Guatemala no es casualidad que la expresión "de rodillas" rime con "pandillas", sino más bien una realidad social que se evidencia en la violenta evolución y creciente poderío de estos grupos delictivos.

Las "maras", como se les llama a las pandillas en estos tres países que conforman el llamado Triángulo del Norte de América Central, han arreciado en las últimas semanas en sus acciones virulentas, mientras los gobiernos les disparan con leyes.

Las amenazas de muerte de pandilleros de las archienemigas Mara Salvatrucha (MS-13) y Mara 18 (M-18) contra empresarios del transporte público provocaron la paralización parcial del servicio del 7 al 9 de este mes en San Salvador, con 1,5 millones de habitantes.

La medida, que dejó una persona muerta, más de 80 arrestadas y tres vehículos destruidos, obedeció al rechazo de ambos grupos a la ley de Proscripción de Pandillas, que pese a esta presión igual promulgó el 9 de este mes el presidente izquierdista Mauricio Funes.

Entre otros aspectos, la nueva norma castiga hasta con 10 años de cárcel a los miembros de las pandillas, que en sus inicios fueron juveniles, involucradas en actos delictivos.

Pero Jeannette Aguilar, de la Coalición Centroamericana para la Prevención de la Violencia Juvenil, advierte ante IPS que la nueva ley salvadoreña "será inefectiva porque no va al fondo del problema, está más bien respondiendo a las demandas ciudadanas de mayor enfrentamiento al crimen, pero no resuelve el problema".

Además, "esta ley echa en la misma bolsa a cualquiera, tanto al pandillero de 40 años o más como a los de nueve o 10 años", lo cual es un craso error porque no es lo mismo atender" a un hombre experimentado "que a un niño recién iniciado en esa ruta y que tiene más posibilidades de reinserción social".

Es que en los últimos años se ha ampliado el reclutamiento de las pandillas, que antes se hacía sólo con niños y preadolescentes.

Mientras en San Salvador reinaba el caos por la ausencia de transporte colectivo, la noroccidental ciudad hondureña de San Pedro Sula padeció el día 7 un ataque a balazos de pandilleros a una zapatería, que dejó al menos 17 personas muertas.

Según las autoridades hondureñas, la masacre se originó por una disputa de territorio entre las pandillas MS y M-18.

El Triángulo Norte de América Central tiene "la mayor tasa de homicidios del mundo", incluso por encima de México, según el reporte anual difundido el 23 de junio por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito.

El estudio indica que la tasa de asesinatos, muchos de ellos cometidos por las maras, fue entre 2003 y 2008 de 61 por cada 100.000 habitantes en Honduras, de 52 por 100.000 en El Salvador y de 49 por 100.000 en Guatemala, mientras que en México fue de 12 por 100.000.

Al igual que en El Salvador, el parlamento de Honduras aprobó una ley antipandillas, que está en vigor desde 2003, pero que aún no logra detener el fenómeno social, sino más bien ha provocado que las maras busquen alternativas para el crimen.

El sacerdote jesuita Ismael Moreno dijo a IPS que a raíz de la entrada en vigencia de esa norma, la cual "estigmatiza a todo joven o persona tatuada o con vestimenta floja (holgada)", las maras "han sufrido una especie de mutación".

"Ahora están más ligadas al crimen organizado que a actos de delincuencia común", explicó el religioso dedicado al trabajo social en zonas marginales hondureñas.

El ministro de Seguridad de Honduras, Óscar Álvarez, confirmó lo indicado por Moreno. "Se han convertido en la fuerza de trabajo y el ejército de reserva del crimen organizado", afirmó a IPS.

En San Pedro Sula y en la propia Tegucigalpa existen barrios completos controlados por las pandillas, que actúan como "los dueños" del lugar, según los vecinos.

Lourdes Pineda es una joven peluquera de 22 años que vive cerca del barrio Bella Vista, de Tegucigalpa. "Aquí a partir de las siete de la noche no sale un alma, nadie se mueve, porque las maras salen para tomar el control", dice.

"Distribuyen droga y la policía lo sabe. Los mareros que lo conocen a uno no le hacen nada, lo cuidan, si podemos decirlo así, pero no se cruce usted por eso de las siete u ocho de la noche, porque si no la conocen, la cruzan a tiros", relata.

Se estimaba en 1998 que unas 60.000 personas estaban integradas a las pandillas en Honduras, cifra que ahora sería mayor.

La situación en Guatemala no es menos preocupante. Una de las expresiones más violentas de las pandillas en este país es el asesinato casi a diario de conductores de vehículos del transporte urbano de pasajeros, muchas veces por negarse a pagar una extorsión.

Datos de la Policía Nacional Civil indican que hasta julio habían sido asesinados 57 chóferes, 30 ayudantes y 36 pasajeros. El año pasado fueron 146 los transportistas muertos violentamente, según el no gubernamental Grupo de Apoyo Mutuo.

Organizaciones civiles estiman que son unos 20.000 los jóvenes pandilleros guatemaltecos, muchos de ellos provenientes de familias desintegradas.

A tono con las medidas emprendidas por Honduras y El Salvador, el opositor Partido Patriota (PP) presentó la semana pasada en el parlamento guatemalteco un proyecto de ley para castigar a los jóvenes que integran las maras, lo cual generó el rechazo de organizaciones sociales.

Según el diputado Gudy Rivera, del PP, el proyecto "busca prevenir las actividades de grupos ilícitos al penalizar la agrupación para delinquir".

A su vez, el presidente de Guatemala, el socialdemócrata Álvaro Colom, propuso la homologación de leyes antimaras con El Salvador y Honduras para enfrentar el problema en bloque.

Pero Emilio Goubaud, director de la no gubernamental Alianza para la Prevención del Delito, entiende que la propuesta guatemalteca, así como las leyes en El Salvador y Honduras son "medidas represivas que no resuelven el problema".

"Aquí la propuesta de ley no tiene absolutamente ningún sentido social, sino sólo el encarcelamiento, el aumento de penas, y eso es un fracaso rotundo porque no se está atacando la causa del problema, sino el efecto", indicó el experto guatemalteco a IPS.

Goubaud cree que lo jóvenes lo que necesitan es empleo, educación y salud. "Desgraciadamente quien más ha descubierto sus potencialidades ha sido el crimen organizado y se han vuelto una alternativa económica, porque no hay acceso de oportunidades para su desarrollo integral", señaló.

El estudio "Maras y Pandillas en Centroamérica", presentado en de 2008 por el Programa "Hacia una política pública regional en prevención de la violencia juvenil", comprobó que la estrategia de mano dura sólo ha hecho recrudecer la actividad de las pandillas, convertidas ahora en mano de obra del narcotráfico y las mafias y agentes de extorsión contra vecinos y comerciantes.

Para garantizar la seguridad ciudadana, el país debe fortalecer su sistema de investigación y de justicia, algo que no se logra con leyes antimaras señaló a IPS Zoel Franco, del no gubernamental Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales de Guatemala.

El fenómeno de las pandillas se extiende hasta el sur de México, principalmente en el estado de Chiapas, a donde han llegado pandilleros centroamericanos para extorsionar a los inmigrantes y participar en diversos actos delictivos, incluyendo el narcotráfico, según la Comisión Nacional de Derechos Humanos de México

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