domingo, 10 de octubre de 2010

Mexico y la Corte IDH

El Gobierno de México anunció hoy que ejecutará la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) que lo condena a investigar y reparar de forma efectiva los casos de las indígenas Inés Fernández y Valentina Rosendo, violadas por militares mexicanos hace ocho años.

A través de un comunicado de la Secretaría de Gobernación, el Estado mexicano reconoció "su responsabilidad por la dilación en el esclarecimiento de la verdad de los hechos y su responsabilidad por la falta de atención médica oportuna y especializada al momento de la presentación de la denuncia penal".

Además, hizo pública su intención de llevar a cabo "todas las acciones necesarias para ejecutar esta sentencia de la Corte", con sede en San José (Costa Rica).

En la decisión, hecha pública hace tres días, la Corte establece, entre otros puntos, la "investigación eficaz" -con participación de las víctimas- de los hechos y la reparación económica de los daños materiales ocasionados en la vivienda de ambas durante las agresiones.

Además, se exige la imposición de una sanción disciplinaria a las autoridades judiciales y médicas "que actuaron con negligencia" en el momento en que todo sucedió.

Para la Corte IDH, es un hecho probado que las víctimas fueron discriminadas durante la investigación por su condición de indígenas.

En 2002, ambas mujeres, de la etnia Me"Phaa, fueron agredidas sexualmente por los soldados que las interrogaban en el estado de Guerrero, al sur del país. Valentina Rosendo era entonces menor de edad y ninguna de ellas hablaba español.

Hoy, Valentina Rosendo, que aprendió el idioma cuando empezó "a buscar justicia hace ocho años", explicó a Efe que la decisión de la Corte le empuja a pensar que puede "lograr justicia y ser escuchada en otros países".

"El Gobierno tiene que cumplir si todavía le queda un poco de dignidad", señaló la indígena, quien deseó que su caso y el de Inés Fernández sean juzgados por lo civil.

Tras la denuncia de las dos mujeres en 2002, los titulares del Ministerio Público encargados de sus procesos se declararon incompetentes y los remitieron a tribunales militares. Hasta hoy, ningún responsable ha sido sancionado ni encarcelado.

Por su parte, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan indicó hoy que "la Corte IDH le ha dado la razón" a ambas, "estableciendo como un hecho incontrovertible" que fueron violadas.

"A mí ahora me toca decir que el Gobierno es un mentiroso, como decían de nosotras entonces, cuando nos acusaban de que sólo queríamos el dinero", reflexionó Valentina Rosendo.

La organización Tlachinollan enfatizó también el hecho de que la sentencia de la CorteIDH remarque la obligación de garantizar la seguridad de ambas mujeres, algo que no se cumplió durante la investigación de las violaciones.

Valentina aseguró a Efe que sus familiares aún desconocen la naturaleza de la decisión de la Corte, ya que no se ha puesto en contacto con ellos porque le da miedo que se sepa dónde se encuentran ella y su hija.

Respecto a Rosendo y a su hija, la CorteIDH también ha exigido al Gobierno mexicano que se les conceda una beca para estudios "hasta el nivel escolar que deseen".

En México, con una población de 107 millones, hay unos 12 millones de indígenas, muchos en condiciones de marginación y pobreza

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