miércoles, 30 de junio de 2010

Ernesto Noé, de 69 años lider de marcha indigena

El indígena Ernesto Noé, de 69 años, dirige por séptima vez a los pueblos de los bosques y llanuras tropicales de Bolivia en una marcha de 1.482 kilómetros desde la ciudad de Trinidad, capital del norteño departamento de Beni, hasta la sede del gobierno.

Los indígenas, que comenzaron su recorrido el 21 de este mes y calculan 60 días de caminata, demandan territorios y autonomía efectiva, y se manifiestan contra la extracción de petróleo con daños ambientales.

Noé fue uno de los líderes de la primera marcha de los pueblos del oriente en 1990, quienes exigían dignidad, el reconocimiento de sus tierras y una asamblea constituyente.

Ese movimiento terminó convirtiéndose en el impulsor de los cambios políticos que vive Bolivia desde la asunción del presidente aymara Evo Morales en 2006.

Con 69 años, el pelo canoso y paso firme, Noé, de la etnia mojeño trinitario, tiene varios méritos.

Fundó y presidió en 1989 la Central de Pueblos Indígenas del Beni (CPIB), conformada por 18 etnias, y ahora es presidente del Comité de Marcha de esta organización que integra a su vez la Confederación de Indígenas del Oriente Boliviano (Cidob).

Su edad también lo hace merecedor del respeto de las culturas amazónicas. A los ancianos se les considera fuente de sabiduría y hoy, como dirigente de la CPIB, es reconocido también por la Cidob, que agrupa a 11 organizaciones regionales del oriente y del Chaco boliviano.

El dirigente encabeza a unas 700 personas que comenzaron la larga caminata a las seis de la mañana del lunes en la ciudad de Trinidad, capital de Beni, un mes después de la suspensión de otra marcha tras una negociación apresurada entre la Cidob y el gobierno.

En esa negociación, el gobierno anunció su disposición a modificar la legislación forestal para evitar una depredación de los bosques, así como la vigilancia estricta del cumplimiento de normas ambientales por parte de las empresas mineras.

La promesa gubernamental de crear un reglamento de consulta a los pueblos indígenas antes de realizar exploraciones petrolíferas, construir carreteras y centrales hidroeléctricas, y autorizar sondeos mineros aplacó el enojo de la Cidob, pero la tensión se avivó cuando los pueblos indígenas pidieron autonomías en sus territorios comunitarios de origen (TCOs).

"Queremos hablar con el gobierno de jefe a jefe porque las negociaciones con los ministros han fracasado", expresó Noé en un diálogo telefónico con IPS desde un punto de la marcha conocido como Casarabe, distante a unos 50 kilómetros de la ciudad de Trinidad.

Un total de 84 territorios comunitarios de origen fueron reconocidos por el gobierno, pero hasta ahora sólo 11 municipios están en proceso de transformarse en gobiernos autónomos indígenas después de que sus habitantes eligieron ese modo de administración en una consulta popular el 6 de diciembre de 2009.

Los 11 municipios deben elaborar sus estatutos y elevarlos en consulta al Tribunal Constitucional, un órgano judicial que entrará en vigencia en 2011. Posteriormente se convocará a referendos para la adopción de las cartas orgánicas indígenas.

Noé recuerda que en 1990, tras una marcha entre Trinidad y La Paz, lograron el reconocimiento de territorios indígenas y hoy piden que esas delimitaciones se transformen en gobiernos autónomos, capaces de administrar sus recursos naturales y elegir a sus autoridades bajo la modalidad de usos y costumbres.

En estas zonas tropicales, el modo de elección popular son los cabildos, asambleas populares que postulan a los habitantes reconocidos por su trabajo y valores morales.

La diferencia existente entre la aplicación de un procedimiento de elaboración de estatutos con participación del Tribunal Constitucional y la propuesta indígena de aprobar las cartas orgánicas en asambleas populares representa el centro del conflicto y ruptura entre la Cidob y el gobierno.

La Asamblea del Pueblo Garaní (APG), integrante de la Cidob, ha optado por conversar con el gobierno y por ello no participa de la marcha.

"Nunca hemos estado cerrados al diálogo, pero no se puede vulnerar la Constitución Política del Estado", expresó a IPS el viceministro de Coordinación con Movimientos Sociales, César Navarro.

Para Navarro, detrás de las movilizaciones están los intereses de "manipulación política" de algunos dirigentes apoyados por la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid, por su sigla en inglés) y citó el caso de la Central de Pueblos Indígenas del Norte de La Paz (CPILAP).

Esa organización, afiliada a la Cidob, recibió financiamiento para elaborar y publicar su plan de desarrollo quinquenal. "Usaid ha estado involucrada en elaborar la visión de una organización y por tanto está penetrando e involucrándose" en ella, afirmó.

"Muchas organizaciones no gubernamentales son correas de implementación de las corrientes de Estados Unidos", aseguró el funcionario. "Usaid no realiza sus planes de manera directa y asigna recursos" a estas entidades por " cerca de 100 millones de dólares", enfatizó.

"Quiero decirle al gobierno que si la marcha estuviera financiada estuviéramos muy cómodos, pero los compañeros fueron de pesca para comer en el campamento donde hay escasez de alimentos", respondió Noé.

"Esta marcha la hallo honesta porque no cuenta con recursos para financiar la alimentación de los marchistas", subrayó el veterano líder.

El 22 de este mes, en la ciudad de Santa Cruz, el presidente izquierdista Evo Morales acusó a los partidos de derecha de impulsar demandas "innegociables", como la cesión de tierras fiscales y parques nacionales a indígenas.

"Es una forma de oponerse a las políticas que desarrollamos y al proceso de cambio", expresó.

La marcha indígena de los pueblos orientales ha recibido el respaldo del Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyo (Conamaq), una antigua aliada de Morales.

Conamaq también demanda el reconocimiento de sus tierras ancestrales para crear gobiernos autónomos que recuperen la antigua organización social y cultural de pueblos de la región occidental de Bolivia.

Esta entidad no descarta adherirse a la marcha de la Cidob, en rechazo al proyecto de Ley Marco de Autonomías propuesto por el gobierno, que establece un número de 10.000 habitantes para conformar un gobierno autónomo, mientras la organización de tierras altas pide que el número sea sólo de 6.000 habitantes

martes, 29 de junio de 2010

Cuba y Vaticano, hablan cada vez mas

El diálogo actual entre la Iglesia Católica y el Estado cubano presenta varios aspectos inéditos en el acontecer de este país de gobierno socialista y debe ser tenido muy en cuenta por la comunidad internacional, consideran expertos.

"Un precedente importante es que actores internos están logrando más que las presiones internacionales", dijo a IPS Arturo López-Levy, académico de origen cubano residente en Estados Unidos.

Para el experto en política latinoamericana y relaciones internacionales de la estadounidense Universidad de Denver, tanto Washington como la Unión Europea (UE) deberían seguir "las señales" y tener "oído abierto" a lo que pueda decir, por ejemplo, el cardenal Jaime Ortega, arzobispo católico de La Habana.

Ortega y el presidente de la Conferencia Episcopal, Dionisio García Ibáñez, sostuvieron el 19 de mayo una reunión de más de cuatro horas con el presidente de Cuba, Raúl Castro, en lo que fue el comienzo de un "proceso de diálogo" que la Iglesia ha dicho que desea mantener más allá de lo contingente.

En esa cita, los jerarcas católicos pidieron un alivio de la situación de los presos y sus familiares. Hasta el momento, un opositor fue excarcelado con licencia extrapenal (provisional) y otros 12 fueron trasladados de prisión para acercarlos a sus domicilios. Todos ellos integran el grupo de 75 disidentes condenados a severas penas en 2003.

En opinión del profesor Jorge Domínguez, de la estadounidense Universidad de Harvard, lo realmente novedoso del diálogo entre la Iglesia Católica y el Estado no radica en los obispos, sino en las autoridades del país.

Domínguez, otro de los intelectuales cubanos residentes en Estados Unidos, y su colega López-Levy viajaron a La Habana, invitados a participar en un foro social católico que se extendió del 16 al 19 de este mes.

Lo nuevo de este proceso es que el gobierno lo hizo público, lo que quiere decir que está dispuesto a seguir utilizando ese canal en un futuro posible, en el cual podría haber una coincidencia de intereses, comentó a IPS Domínguez, experto en política latinoamericana.

A su juicio, darlo a la publicidad es una señal primero que nada al gobernante Partido Comunista de Cuba (PCC) y luego al mundo. Coincidió en que a partir de ahí comenzaron a disminuir las tensiones y presiones externas desatadas a raíz de la muerte del preso Orlando Zapata, tras una huelga de hambre de más de 80 días.

Entre otras señales favorables, la UE acordó el 14 de este mes posponer hasta septiembre próximo su decisión sobre la posición común, que desde 1996 enmarca su relación con Cuba.

El gobierno cubano considera esa política "injerencista" y un obstáculo para la normalización de los vínculos con el bloque.

Siempre he creído que Raúl Castro es un hombre "de gran sentido práctico".y a quien le "gusta resolver problemas", comentó Domínguez, al conjeturar que es en esa línea que el gobernante decidió aceptar las sugerencias de la jerarquía eclesiástica, a favor de medidas humanitarias y del cese de la hostilidad pública contra las Damas de Blanco, el grupo de hijas, esposas o madres de los 75 disidentes arrestados en 2003.

Al respecto, el politólogo y editor de la revista teórica cubana Temas, Rafael Hernández, aclaró a periodistas que la Iglesia está contribuyendo a un diálogo, pero no se trata una mediación entre el gobierno y la oposición. "No existe un propósito de comunicación entre las partes, que se quieran dirigir una a la otra", señaló.

"Creo que lo que está pasando es muy bueno, tiene resultados objetivos y concretos, que la Iglesia lo está haciendo de una manera muy eficaz, pero no está mediando en un conflicto político", subrayó Hernández durante un contacto con la prensa realizado el último día de la semana social católica.

En la misma ocasión, el obispo auxiliar de La Habana, Juan de Dios Hernández, advirtió que el proceso de diálogo "lleva tiempo" y hay que ver no sólo los resultados, sino los ingredientes y el proceso mismo, que no se va a detener. "En cosas como estas es bueno tener paciencia, de lo contrario se corre el riesgo del aborto", indicó.

El gobierno no reconoce a los grupos de la disidencia interna y los considera "peones a sueldo" de la política hostil de Estados Unidos hacia Cuba.

En el contexto de fluidos contactos entre el gobierno y la jerarquía católica, visitó Cuba el secretario del Vaticano para las Relaciones con los Estados, monseñor Dominique Mamberti, quien fue recibido por Raúl Castro este domingo, poco antes de emprender el regreso.

Este año se cumplieron 75 años de relaciones ininterrumpidas entre La Habana y el Vaticano. Según Mamberti, uno de los objetivos de la diplomacia del Papa es "favorecer el diálogo" entre las iglesias locales y las autoridades de distintos países.

Los vínculos de la Iglesia Católica en Cuba con el gobierno vivieron momentos de suma tensión en las primeras décadas del proceso revolucionario iniciado en 1959.

Pero las tensiones comenzaron a ceder hacia los años 80 y hoy se encuentran en un momento de mejoramiento general

lunes, 28 de junio de 2010

Estudio sobre el aborto en America Latina

La mayoría de encuestados en Brasil, Chile, México y Nicaragua están de acuerdo con despenalizar el aborto terapéutico, pero rechazan liberar esa práctica en todas sus formas, según una investigación de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso).

"Hay una opinión compartida en los cuatro países respecto de que el aborto es un problema grave, de salud pública y de equidad", dijo a IPS Claudia Dides, directora del Programa de Género y Equidad de Flacso-Chile, a cargo del estudio.

La opinión mayoritaria recogida en el estudio indica que se deben revisar las restrictivas legislaciones sobre aborto, principalmente en los casos en que está en riesgo la salud de la madre, y que esos cambios deben hacerse a través de consultas populares, antes que discutirlo en los parlamentos.

No obstante, 69 por ciento de las y los brasileños consultados se manifestaron en contra de la despenalización total del aborto, al igual que 64,5 por ciento de los chilenos, 61,4 por ciento de los mexicanos y 81,4 por ciento de los nicaragüenses.

Para Dides, la brecha existente entre la percepción del aborto como un problema de salud pública y equidad y la negativa a despenalizarlo en todas sus formas "tiene que ver con una serie de variables".

Entre ellas destacó el poco conocimiento de la población sobre este tema, la ausencia de tratamientos humanizados en centros de salud a mujeres con complicaciones derivadas de abortos inducidos y "la influencia de actores políticos, como la jerarquía de la Iglesia Católica".

Otro nudo crítico es el espacio y el tratamiento que los medios de comunicación dan a esta realidad, explicó.

Los primeros análisis descriptivos del Estudio de Opinión Pública sobre Aborto en Brasil, Chile, México y Nicaragua fueron presentados este martes en Santiago, siguiendo los lanzamientos ya realizados en la capital mexicana y Managua.

Los países elegidos por Flacso ofrecen varias particularidades. En Chile y Nicaragua, el aborto está penalizado sin excepciones desde 1989 y 2006, respectivamente, mientras que en Brasil se aceptan causales como riesgo de vida de la madre y violación.

En México se aprobó la despenalización de la interrupción de la gestación por cualquier motivo sólo en la capital, pero en la mayoría de los estados está prohibida, dijo Dides.

Algunos medios de comunicación católicos de México inclusive se refirieron al trabajo de Flacso como una encuesta "auspiciada por un instituto de investigación con tendencias pro abortistas".

El sondeo constó de más de 1.200 entrevistas cara a cara a hombres y mujeres mayores de 18 años de zonas urbanas y rurales de cada uno de los países para conocer sus "opiniones, actitudes y conocimientos" sobre el aborto.

Un significativo porcentaje de las personas consultadas coincidieron en que la interrupción voluntaria de la gestación "es una decisión de las mujeres" más que de "otros actores que siempre están opinando", subrayó Dides.

En Nicaragua, 30,3 por ciento de los encuestados señalaron que el aborto es un "derecho humano de la mujer" y 32,1 por ciento en Brasil. Este porcentaje subió a 38,7 en el caso de Chile y a 43,5 por ciento en México.

El estudio también mostró que "hay expectativas de que se cambien las legislaciones en los cuatro países. La gente no quiere que sigan como están", aseguró Dides.

En el caso de Chile, 95 por ciento de los entrevistados señalaron que se deberían revisar las leyes sobre el aborto, así como 87,8 de los brasileños, 82,8 por ciento de los mexicanos y 94,2 por ciento de los nicaragüenses.

"Como feminista, el estudio reafirma percepciones que nosotras teníamos del aborto en torno a que las razones involucradas en la interrupción terapéutica están plenamente afianzadas como posibilidad de legalización dentro de la población", dijo a IPS Gloria Maira, integrante de la Articulación Feminista de Chile.

"El estudio nos aporta mucho en términos de las estrategias que como movimiento de mujeres y feministas podemos plantearnos a futuro para lograr la despenalización del aborto en Chile. Habla de la necesidad de tener campañas sostenidas y de debate informado de la población", agregó.

A juicio de la activista, el estudio también demuestra que desde que el dictador Augusto Pinochet (1973-1990), fallecido en 2006, penalizó el aborto terapéutico vigente hasta 1989, las autoridades no han respondido a los intereses de la población.

"Siempre nos han hablado de los costos políticos de apoyar los proyectos de ley (a favor de la interrupción del embarazo) y lo que evidencia el estudio es que esa es una percepción errónea y que lo que ha primado son consideraciones de otro tipo, no las necesidades de las mujeres y las percepciones de la población", enfatizó Maira.

Por su parte, la diputada chilena María Antonieta Saa, dijo a IPS que "en todos los parlamentos latinoamericanos, especialmente en América Central, existen grupos conservadores que están organizados, que son militantes, que quieren llevar atrás todos los avances que han habido en el campo de los derechos reproductivos y sexuales de las mujeres".

Esta legisladora del opositor y centroizquierdista partido Por la Democracia es la presidenta del Grupo Parlamentario Interamericano sobre Población y Desarrollo.

Flacso pretende ir entregando paulatinamente los resultados de la encuesta hasta lanzar, dentro de dos meses, un libro que incluirá el estado del arte de la investigación y la producción científica en los cuatro países sobre el aborto, un análisis comparativo de la legislación, estudios de casos y un análisis de prensa en los últimos 10 años

domingo, 27 de junio de 2010

Muro de odio entre EU y Mexico

La pintada que se lee debajo del Puente Negro, en esta norteña ciudad mexicana, está de hecho en territorio estadounidense: "Sergio, tu muerte será vengada por el pueblo organizado y encabronado".

El mensaje lo dejaron jóvenes congregados en esta línea fronteriza el 12 de junio. Cinco días antes, el lunes 7, en este mismo lugar, un agente de la policía de Estados Unidos disparó contra Sergio Adrián Hernández, un adolescente mexicano de 15 años que le arrojaba piedras, y lo mató.

El asesinato, grabado en un teléfono celular de una persona que cruzaba a pie el contiguo Puente de Santa Fe, ha sido la puntilla para la sociedad juarense, castigada por la violencia sexista y del narcotráfico y por la recesión que golpea su economía de frontera.

"Hay una indignación unánime, no sólo porque era menor de edad, sino por la saña y el exceso de fuerza", dijo a IPS el especialista en temas migratorios Rodolfo Rubio, del Colegio de la Frontera Norte.

La historia de Ciudad Juárez está marcada por su condición de frontera con Estados Unidos. Cuando el territorio de Texas fue anexado por ese país, a mediados del siglo XIX, el centro de la villa quedó dividido por el entonces caudaloso Río Bravo, hoy una línea de agua con una doble cerca del lado estadounidense.

De un lado, Ciudad Juárez, en el estado de Chihuahua. Del otro, El Paso, en Texas.

Hace tres décadas, en el mismo sitio donde están las pintadas que piden justicia para Sergio, los juarenses cruzaban el río varias veces al día en llantas de camiones para ver a sus familiares en El Paso.

Los estudios poblacionales señalan que 75 por ciento de los habitantes de El Paso son mexicanos o de origen mexicano. Para Rubio, el límite Juárez-El Paso es el más poroso de las ciudades fronterizas del norte.

Pero las relaciones entre las dos urbes cambiaron "sustancialmente" a partir de la política de seguridad que adoptó Washington tras los ataques terroristas de septiembre de 2001, aseguró el investigador.

"Se han dividido las relaciones sociales y comerciales", dijo.

César Fuentes, especialista en desarrollo binacional, explicó que un "primer impacto negativo" de esta política fue el aumento de los tiempos de traslado para cruzar la frontera, que hacen que la gente "vaya menos veces (a El Paso) y se quede más tiempo".

Además, la violencia del lado mexicano aportó un inesperado impulso económico a El Paso. Su Cámara de Comercio Hispana (EPHCC, por sus siglas en inglés) reporta que más de 200 empresas mexicanas abrieron sus puertas en esa ciudad en 2009, un alza de 40 por ciento respecto del año anterior.

"Ha crecido el sector de servicios, sobre todo el de restaurantes. Y también el inmobiliario", dijo Fuentes.

Los contrastes son brutales.

Desde 1993, casi 800 mujeres de Juárez fueron víctimas de asesinatos acompañados de torturas y violaciones. Y la ola de violencia derivada de la guerra federal contra los carteles del narcotráfico dejó 5.400 muertos en tres años.

El Paso, con unos 600.000 habitantes, es la segunda ciudad más segura de Estados Unidos, después de Honolulu, capital del estado polinesio de Hawai.

En los primeros seis meses de este año, Juárez sumó más de 1.800 asesinatos, y El Paso uno.

Juárez, con una población de 1,2 millones de personas, vive una profunda pauperización por el cierre de las maquilas, ensambladoras de productos de exportación que se benefician de exenciones fiscales. En dos años, 2008 y 2009, se perdieron 300.000 puestos de trabajo.

Pese a la recesión que empezó en 2008 en Estados Unidos, El Paso mantuvo el crecimiento económico, según la Oficina del Censo de ese país.

Además de la inmigración juarense, otro factor que impulsó su economía es la expansión multimillonaria de Fort Bliss, una base militar asentada a 30 kilómetros, a la que se transfirieron miles de soldados y que sirvió en la última década de sitio de concentración de tropas enviadas a Iraq y Afganistán.

"El fuerte dinamiza la economía local, pero no hay una relación en términos sociales, que es lo que tenía Juárez", explicó Fuentes.

El río casi seco entre las dos urbes hermanas es, cada vez más, una división entre ricos y pobres: quienes tienen poder adquisitivo huyen a El Paso, los que no, se quedan en Juárez o regresan a sus estados de origen.

"Es un éxodo", definió Rubio.

En esa dinámica, fue abatido Sergio Hernández. Su cuerpo quedó tendido junto a un pilar del ferroviario Puente Negro, en territorio mexicano y a menos de 20 metros de donde disparó el agente fronterizo, cuyo nombre se guarda el gobierno estadounidense.

La dureza con los inmigrantes se siente en toda la frontera binacional.

El 31 de mayo, Anastasio Hernández Rojas falleció luego de tres días con muerte cerebral provocada por golpes y descargas eléctricas que le propinaron policías de Estados Unidos en el cruce de San Ysidro, entre la sureña ciudad estadounidense de San Diego y la mexicana Tijuana.

Hernández Rojas, de 42 años, iba a ser deportado a su país, luego de casi tres décadas viviendo en San Diego. Tenía cinco hijos nacidos allí con quien fue su esposa durante 21 años.

La difusión de otro vídeo, que captó sus súplicas de auxilio cuando era castigado, escandalizó a la sociedad mexicana, que demanda al gobierno del conservador Felipe Calderón una posición más enérgica ante Washington.

"Hay un patrón recurrente de violación de las autoridades de Estados Unidos hacia los migrantes, que se ha recrudecido en los últimos años, a partir de septiembre de 2001 y ahora, más claramente, a raíz de la ley de Arizona", dijo Rubio.

La ley SB1070, promulgada el 23 de abril por el estado de Arizona, autoriza a los policías locales a detener a cualquier persona de la que tengan una "sospecha razonable" sobre su estatus migratorio.

La cantidad de mexicanos heridos o asesinados por patrullas fronterizas se multiplica: fueron cinco en 2008, 12 en 2009 y 17 en lo que va de 2010.

El sábado 12, una treintena de jóvenes juarenses pintaron los muros del Puente Negro, cantaron y encendieron velas.

"Unos chavos se brincaron del lado norteamericano (estadounidense), ahí estaba una patrulla y los retaron", contó a IPS la joven Alma, del colectivo de artistas callejeros Zyrko Nómada de Kombate, que estuvo en la manifestación.

"Luego llegaron los federales (mexicanos), se quedaron arriba y dijeron que nos iban a cuidar, que sólo no tiráramos piedras", relató. Hasta ese día la sangre de Sergio manchaba el asfalto

sábado, 26 de junio de 2010

Liberan preso politico cubano

Un tribunal de la capital cubana liberó hoy al médico opositor Darsi Ferrer, quien había sido detenido hace casi un año acusado de "receptación" por adquirir ilegalmente materiales para la construcción.

"Se hizo justicia y está libre", aseguró su esposa Yusnaimy Jorge después de conocer el fallo de un tribunal de La Habana a favor del director del Centro de Salud y Derechos Humanos "Juan Bruno Zayas" de La Habana.

Darsi Ferrer fue detenido el 21 de julio de 2009 y encarcelado en la prisión "Valle Grande", en La Habana, en donde fue interrogado sobre la procedencia de unos materiales para la construcción confiscados en un registro previo de su domicilio.

La fiscalía cubana había pedido tres años de cárcel para Ferrer, de 40 años de edad.

Ferrer se hizo famoso por organizar durante varios años marchas en un céntrico parque de La Habana por el "Día Mundial de los Derechos Humanos", que se celebra el 10 de diciembre.

El 20 de febrero de 2010, Amnistía Internacional adoptó a Darsi Ferrer como el preso de conciencia número 55 en Cuba e instó al gobierno de Cuba a liberarlo de inmediato.

Unas dos docenas de familiares, disidentes y diplomáticos se concentraron a la entrada de la puerta del juzgado habanero para conocer el fallo final. Sólo parientes cercanos tuvieron acceso a la sala de la institución judicial.

Entre los diplomáticos que hicieron presencia destacaban los de la embajada de Gran Bretaña y de la Oficina de Intereses de Estados Unidos en La Habana, quienes no hicieron comentario alguno a la prensa.

La liberación de Ferrer se realiza diez días después que el gobierno de Raúl Castro dejó libre a Ariel Sigler Maya, un opositor de 44 años con graves problemas de salud, a solicitud de la Iglesia Católica de Cuba.

Organizaciones opositoras estiman que por lo menos otros diez presos enfermos, del llamado Grupo de los 75, desde hace siete años por "colaborar con Estados Unidos”, obtendrán en las próximas semanas "licencia extrapenal", que en la práctica es una liberación de facto

viernes, 25 de junio de 2010

Huye de colombia Maria Stella Jara

La jueza colombiana María Stella Jara, que condenó a 30 años de prisión al ex coronel Alfonso Plazas por la desaparición de civiles durante el desalojo del Palacio de Justicia, en 1985, salió del país debido a las amenazas de muerte que recibía.

Fuentes cercanas a la jurista dijeron este martes a periodistas que Jara decidió viajar al exterior, debido a las amenazas que recibió durante el proceso para determinar la responsabilidad del ex oficial del Ejército.

Las intimidaciones se incrementaron desde el pasado 9 de junio, cuando decidió condenar a Plazas a 30 años de prisión, por la desaparición de 11 civiles durante la recuperación del Palacio de Justicia, en noviembre de 1985.

El ex militar era comandante de Caballería cuando la tropa ingresó al inmueble para desalojar a rebeldes del M-19 que tenían como rehenes a magistrados de la Corte Suprema de Justicia local.

En el marco de la operación, ordenada por Plazas, 11 civiles fueron evacuados del edificio con vida y llevados a una guarnición militar, donde los torturaron y luego los asesinaron, según testigos.

El fallo, sin precedentes en la historia de Colombia, se produjo casi 25 años después de ocurrida la toma del Palacio por parte de la ahora desmovilizada guerrilla del M-19 y su desalojo por parte de la tropa oficial, operación que dejó un centenar de muertos

jueves, 24 de junio de 2010

Parlamentaria israeli, en peligro por participar en flota de paz

"Tras haber recibido 50 amenazas de muerte dejé de contar. Le dije a mi secretaria que ya no me informara sobre ellas", dijo Hanin Zoabi, integrante árabe de la Knesset (parlamento israelí), en entrevista con IPS.

"A raíz de esas amenazas me han brindado guardaespaldas personales, tanto dentro como fuera de la Knesset", agregó.

Zoabi, legisladora por el partido político árabe-israelí Balad (acrónimo hebreo de Asamblea Nacional Democrática), estaba a bordo del barco de bandera turca Mavi Marmara, que lideraba la "Flotilla por la libertad", cuando comandos israelíes lo atacaron, en la madrugada del 31 de mayo.

Organizada por el Free Gaza Movement, la flotilla intentaba llevar asistencia humanitaria a la franja palestina, que desde 2007 es objeto de un bloqueo impuesto por Israel. Fue interceptada cuando navegaba en aguas internacionales.

Luego de su arresto, interrogatorio y posterior liberación, Zoabi regresó a una Knesset muy hostil, donde fue sometida a un torrente de abusos verbales, que incluyeron algunos de corte racista y sexista.

Algunos de los comentarios fueron tan degradantes e insultantes que fueron eliminados de los registros de la Knesset.

Varios legisladores intervinieron para impedir que otro atacara a Zoabi.

Zoabi ha sido catalogada como "terrorista" y "traidora", y la mayoría parlamentaria ha exigido que se le retiren sus fueros parlamentarios. El Ministerio del Interior de Israel también reclamó que se le revoque la ciudadanía.

"Si es necesario llevaré el caso a tribunales, para luchar por mantener mis privilegios parlamentarios y mi ciudadanía", dijo Zoabi a IPS.

La legisladora dijo que tanto ella como otros legisladores árabe-israelíes se han vuelto el blanco de una caza de brujas acometida por la mayoría del parlamento unicameral del Estado judío.

Sin embargo, no lamenta haber participado en la flotilla y no dudaría en volver a hacerlo, aseguró.

Zoabi recordó lo ocurrido luego que "hombres rana" israelíes abordaron el Mavi Marmara, matando a nueve personas e hiriendo a decenas.

Los sobrevivientes acusaron a los comandos de disparar a sangre fría. Las autopsias realizadas en Turquía (país del que procedían ocho de los nueve activistas muertos) revelaron que varios de los cadáveres tenían múltiples heridas de bala en sus cabezas.

Zoabi no presenció ninguno de los disparos ni de las golpizas, pero cuestionó las circunstancias que rodearon a las muertes.

"Los soldados israelíes habían tomado el mando del Mavi Marmara a 20 minutos de haberlo abordado", pero una hora y media después "nos dijeron a todos los pasajeros que la situación estaba bajo control y nos ordenaron bajar a todos", relató.

"Me pregunto qué ocurrió en esa hora", agregó Zoabi.

"A mí me trataron con bastante cuidado porque sabían que era integrante de la Knesset. También me mantuvieron apartada de otros pasajeros que fueron golpeados y abusados, porque no querían que yo pudiera dar testimonio de esto", dijo.

En las primeras horas posteriores al ataque, los comandos tampoco permitieron que los pasajeros heridos recibieran tratamiento médico, añadió.

Zoabi acercó un cartel escrito en hebreo a la ventana del lugar donde se encontraban los efectivos israelíes. En él pedía asistencia médica. "También los llamé en inglés y les dije que había pasajeros gravemente heridos que necesitaban atención médica urgente, pero me ignoraron. Los dos murieron luego de 40 minutos", dijo Zoabi a IPS.

Otra activista, Lubna Marsawa, dijo a The Electronic Intifada que "minutos después de iniciado el ataque, los heridos y los muertos que estaban en la cubierta fueron llevados adentro".

"Luego nos retuvieron durante varias horas con cuatro muertos y decenas de heridos, algunos en situación crítica. La sangre fluía de los cuerpos de las víctimas. Queríamos ayudarlas, pero no teníamos equipamiento médico. No había nada que pudiéramos hacer", declaró Marsawa a ese medio que se publica en Internet y cubre el conflicto palestino-israelí desde una perspectiva palestina.

Zoabi también acusó a las autoridades israelíes de inventar cargos contra los pasajeros. "Cuando me interrogaron en el puerto de (la sudoccidental ciudad israelí de) Ashdod me acusaron de atacar a los soldados, o de amenazar sus vidas y de poseer cuchillos. Simplemente me reí en sus caras, era muy ridículo", recordó.

A ella la liberaron rápidamente gracias a su inmunidad parlamentaria, y la policía israelí no buscó acusarla de intento de ataque a los comandos de la armada.

Zoabi duda que la investigación que realizará el propio Israel sobre el ataque a la flotilla sea creíble o legítima.

"Ellos no cuestionarán a ninguno de los comandos involucrados ni permitirán que los sobrevivientes testifiquen. Además, (el primer ministro israelí Benjamín) Netanyahu ya llegó a una conclusión aún antes de que se ponga en marcha la investigación", planteó.

"Él dijo que la investigación demostraría que los comandos actuaron en defensa propia, y que la redada de Israel estuvo en línea con el derecho internacional. ¿Qué clase de investigación legítima es esa?", preguntó Zoabi.

Ahora, la parlamentaria cree que la relación entre la minoría árabe y la mayoría judía de Israel ha llegado a un punto de crisis.

"La situación empezó a deteriorarse tras el estallido de la segunda Intifada (revuelta) palestina en 2000, cuando las fuerzas de seguridad de Israel mataron a tiros a 13 árabes israelíes durante una protesta contra la expropiación de tierras", dijo Zoabi.

A medida que la Knesset, cada vez más derechista, intenta aprobar legislación más draconiana contra sus opositores y quienes califica de "traidores", los árabes israelíes son colocados en una situación insostenible.

"Están forzando a la minoría palestina a elegir entre la lealtad a los valores sionistas o ser etiquetada como ‘terrorista’ o ‘traidora’", sostuvo Zoabi.

Este planteo "no sólo es antidemocrático, sino que también será contraproducente para Israel. No se puede esperar que los árabes israelíes sigan el discurso sionista o se disocien de sus raíces palestinas", opinó

miércoles, 23 de junio de 2010

Migrantes en peligro

El gobierno de Libia entregó a más de 276 prisioneros a las autoridades del vecino Níger, pero entre ellos no había ninguno de las de decenas de nigerinos que esperan su ejecución en cárceles libias.

Según informes de prensa, los liberados el 17 de este mes habían sido sentenciados por delitos menores, como robo, o estaban esperando su juicio.

El 30 de mayo, 18 sentenciados por el delito más grave de asesinato premeditado fueron ejecutados por las autoridades libias, según el periódico local Quryna.

No se dieron más detalles, pero se cree que entre ellos habría varios extranjeros, incluyendo ciudadanos de Chad, Níger y Egipto.

Moustapha Kadi, coordinador del Colectivo de Organizaciones por los Derechos Humanos y la Democracia (CODDHD, por sus siglas en francés), dijo a IPS que tres nigerinos estaban entre los ejecutados: Sani Maidouka, de la región central de Maradi, y Saidou Mohamed y Harouna Dangoda, de la occidental Tahoua.

"Le hemos pedido al emisario libio, profesor Rajab Mita Budabbus, quien se encontraba en Niamey (la capital nigerina) para reunirse con el jefe de Estado, Salou Djibo, que le informara a las autoridades de su país que debían hacer arreglos para repatriar los cadáveres de estos tres, así como para compensar a sus familias", dijo Kadi.

Según CODDHD, nueve nigerinos fueron ejecutados en Libia en 2009, y otros 14 se encuentran en el pasillo de la muerte.

Miles de nigerinos atraviesan el desierto del Sahara cada año hacia Libia, con la esperanza de luego cruzar el mar Mediterráneo hacia Italia. El gobierno libio ha endurecido sus medidas contra los inmigrantes y el tráfico humano, reduciendo notoriamente el número de personas que llegan a tierras libias con la mira puesta en Europa.

El 8 de este mes, Libia ordenó al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) que cerrara sus oficinas en la capital, Trípoli. Acnur tenía registrados a unos 9.000 refugiados en tierras libias, incluyendo a 3.700 solicitantes asilo.

Muchos habían sido interceptados por la Marina italiana cuando se dirigían en bote a Europa, y fueron devueltos a aguas libias. Sin la presencia de Acnur, los inmigrantes son más vulnerables.

Amnistía Internacional criticó duramente las ejecuciones de mayo, y expresó especial preocupación por la situación de los extranjeros, que podrían ser condenados sin recibir un juicio justo.

"Hay cierto número de casos donde los representantes diplomáticos de los detenidos no fueron notificados. Por lo tanto, no pudieron darles asistencia apropiada", dijo Diana Eltahawy, investigadora de Amnistía Internacional para el Norte de África.

Eltahawy dijo a IPS que algunos extranjeros no lograron contactarse con sus abogados hasta que fueron al juicio, lo que hizo imposible preparar la defensa. Añadió que confesiones extraídas mediante tortura son habitualmente usadas como evidencia en Libia para condenar a individuos en casos de pena capital.

Ciudadanos libios también afrontan juicios injustos, reconoció Eltahawy, pero explicó que los extranjeros están aun en desventaja porque por lo general no saben hablar árabe. "No siempre hay servicios de traducción disponibles. Tuvimos algunos casos en que personas llevadas a la corte no sabían de qué se las acusaba".

Una vez sentenciados, los extranjeros tienen también más probabilidades de ser ejecutados porque no pueden negociar con los familiares de las víctimas. Bajo la ley libia, es posible conmutar la pena capital por cadena perpetua si la familia de la víctima acepta a cambio una compensación monetaria.

"Los extranjeros no cuentan con una red familiar en el país que los ayude y que pueda negociar con los parientes de la víctima. Además, no tienen dinero suficiente como para pagar lo que pueda exigir la familia", dijo Eltahawy a IPS.

Heba Morayes, investigadora de la División de Medio Oriente y África del Norte de la organización Human Rights Watch, hizo énfasis en que, para los no árabes, es difícil realizar ese tipo de arreglos. "Los extranjeros necesitan un intermediario libio para negociar".

El no gubernamental Centro Árabe para la Independencia del Sistema Judicial y la Profesión Legal ayuda a ciudadanos egipcios condenados a muerte en Libia a completar los procesos de reconciliación con las familias de las víctimas.

"Logramos varias veces posponer la aplicación de sentencias y también conmutarlas por cadenas perpetuas. Sin embargo, no hay suficientes recursos financieros para proveer el ‘dinero de sangre’ (compensación a las familias de las víctimas)", dijo a IPS el director del Centro, Nasser Amin, y subrayó que los procedimientos son complicados y largos.

Recientemente, un egipcio fue ejecutado cuando se desarrollaba el proceso de negociación. El gobierno libio se negó a reconocer la autenticidad del perdón firmado por los parientes de la víctima. Amnistía Internacional pidió a las autoridades libias que presentaran estadísticas oficiales sobre las personas que están condenadas a muerte y otras que se encuentran en prisión, pero no recibió respuesta.

"Hay falta de transparencia: se divulgó la cifra de 200 personas en el pabellón de la muerte, pero no se dijo nada sobre sus diferentes nacionalidades", indicó Eltahawy.

Amnistía tampoco pudo determinar la situación en que se encontraban los reclusos. "No hemos visitado las dos cárceles donde estaban recluidos los 18 ejecutados. Pero, según reportes, las condiciones no son tan malas allí como en otros centros de detención", reconoció

martes, 22 de junio de 2010

Los derechos de las trabajadoras domesticas

"Cuando tenía que ir a trabajar se me caían las lágrimas", dice Ephese, una haitiana que desde hace 10 años es empleada doméstica en Estados Unidos.

Ephese partió de su Puerto Príncipe natal con su esposo, en busca de una vida mejor. Pero luego de una década lamenta su decisión de entonces.

Su primer trabajo fue cuidando a niños que vivían en su edificio de apartamentos, en el barrio neoyorquino de Brooklyn. Le pagaban apenas 75 dólares por tres días completos de trabajo.

Luego pasó a asistir a una persona enferma en un apartamento donde hacía un calor abrasador. Su empleador le pedía que hiciera turnos de ocho horas sin descansar.

Actualmente, Ephese se hace cargo de tres niños: dos gemelos de cuatro años con necesidades especiales y otro pequeño de 10 años. No se le permite tomarse tiempo libre, ni siquiera para visitar al médico cuando está enferma.

Hasta hace dos semanas no se consideraba que estas condiciones laborales constituyeran explotación o que fueran ilegales. Y es que hasta entonces no había ninguna ley en ningún estado de Estados Unidos que regulara la situación de las trabajadoras domésticas.

El 1 de este mes, el Senado del estado de Nueva York fue el primero en Estados Unidos en aprobar un proyecto de ley de Derechos de las Trabajadoras Domésticas, con 33 votos a favor y 28 en contra.

El mismo garantiza estándares laborales básicos: pago de horas extra, descanso semanal, vacaciones y días libres por enfermedad. Y también protección contra la discriminación e indemnización por despido.

La Asamblea del mismo estado aprobó una medida similar el año pasado. Una vez que se fusionen ambos textos, el gobernador David Paterson sancionará la ley, según ya anunció.

La actual aprobación es la culminación de años de esfuerzos de los activistas por los derechos de las trabajadoras domésticas.

Luego del primer Foro Social estadounidense, celebrado en junio de 2007, la organización Trabajadoras de Casa Unidas, con sede en Nueva York, se unió a otros 13 sindicatos para formar la Alianza Nacional de Trabajadoras Domésticas.

Actualmente ésta realiza campañas para que se apruebe legislación en los ámbitos estadual, nacional e internacional. También espera que al instituir protecciones en el lugar de trabajo, los abusos y la explotación de las empleadas domésticas finalmente lleguen a su fin.

Tradicionalmente ha sido difícil evaluar el alcance de la explotación a este sector de la fuerza laboral, debido a la naturaleza privada de la actividad. Sin embargo, según los datos más recientes, tomados de un estudio de Trabajadoras de Casa Unidas de 2006 titulado "Home is Where the Work Is" ("El hogar está donde está el trabajo"), alrededor de la mitad de las 500 trabajadoras entrevistadas ganaban salarios bajos, y 26 por ciento cobraban por debajo de la línea de pobreza federal.

Además, 67 por ciento de las consultadas no cobraban horas extra, y solamente una de cada 10 tenía cobertura de salud. Los salarios de 60 por ciento de estas trabajadoras constituyen el principal ingreso de sus familias.

Estas pésimas condiciones afectan desproporcionadamente a mujeres, inmigrantes y representantes de otras razas: 99 por ciento de las personas que trabajan en el servicio doméstico son extranjeras, 95 por ciento son negras o tienen otro color de piel distinto al blanco, y 93 por ciento son mujeres.

Los activistas creen que la explotación del personal doméstico está arraigada en la cultura estadounidense, y que para mejorar las condiciones laborales la industria debe reinventarse en su totalidad.

Ninaj Raoul, directora ejecutiva de la organización no gubernamental Haitian Women for Haitian Refugees (Mujeres haitianas para refugiados haitianos), explicó que "la sociedad ha sido condicionada para pensar que una trabajadora doméstica no es una trabajadora real, y que el trabajo doméstico no es trabajo real".

Esto equivale a una "esclavitud moderna", dijo, que se origina en que los empleadores no ven a su personal doméstico como un ser humano, sino "como un inmigrante que simplemente debería estar feliz de tener un trabajo".

Jill Shenker, principal organizadora de la Alianza Nacional de Trabajadoras Domésticas, añadió que el trabajo doméstico "es subvalorado tanto social como políticamente, y eso tiene un impacto increíble en la vida cotidiana de la gente".

Según ella, uno de los mayores problemas es que quienes emplean a trabajadores domésticos no se ven a sí mismos como empleadores.

Muchos activistas consideran que los parlamentarios también son un gran obstáculo para que se aprueben los derechos del personal doméstico.

Linda Oalican, de la Damayan Migrant Workers Association (Asociación Damayan de Trabajadores Migrantes), que representa a trabajadoras filipinas, explicó que "muchos de los legisladores son hombres que pertenecen al sector de la sociedad conformado por los empleadores, y serán directamente afectados por el proyecto de ley".

Sin embargo, con la aprobación del proyecto en Nueva York, tanto Oalican como Raoul esperan que la marea se esté inclinando a favor de las trabajadoras, no sólo en Estados Unidos sino en todo el mundo.

Este mes, en una conferencia de la Organización Mundial del Trabajo realizada en Ginebra, se adoptó una medida para garantizar los derechos de este sector, consagrando la libertad de asociación y unas decentes condiciones de vida y trabajo, además de la protección al personal doméstico migrante en todo el mundo, entre otros aspectos.

"Viendo todo lo que ocurrió en las últimas semanas, (…) nos sentimos optimistas", dijo Shenker.

Mientras, Ephese busca un nuevo trabajo. Esboza una sonrisa y sueña con tener algún día un empleador que la trate como una integrante más de su familia

domingo, 20 de junio de 2010

CPI no va contra lideres africanos

La primera mujer africana en ganar el premio Nobel de la Paz, Wangari Maathai, participa en la conferencia de revisión del Estatuto de Roma, que creó la Corte Penal Internacional, para demostrar su apoyo a la labor del tribunal.

Wangari Maathai es conocida en el mundo por su permanente lucha por la democracia, los derechos humanos y la conservación ambiental.

La conferencia de la CPI, con sede en La Haya, comenzó el 31 de mayo y terminará este viernes.

Es la única esperanza de que haya justicia en África y en otras partes del mundo, dijo en entrevista con IPS la fundadora del Green Belt Movement (movimiento cinturón verde), dedicado a frenar las consecuencias de la deforestación y la desertificación.

IPS: ¿Por qué participa en esta conferencia de la CPI?

WANGARI MAATHAI: Vine a expresar mi apoyo al tribunal, en especial porque hay quienes sostienen que no es bueno para África y que los gobiernos no deberían apoyarlo porque se ensaña con este continente.

Sé que la mayoría de los africanos apoya a la CPI porque son víctimas de los conflictos. Los que no la apoyan son autoridades responsables de crímenes contra la humanidad.

Además, en los enfrentamientos, las mujeres son usadas y castigadas. Son las que terminan en campamentos de refugiados y que pierden a sus esposos e hijos.

Lo peor es la violación como arma de guerra. Queremos que se penalice el delito y que se castigue a los responsables.

IPS: ¿Por qué se acusa a la CPI de ensañarse con África?

WM: Es una excusa. El mandato de la CPI juzga a personas acusadas de cometer crímenes contra la humanidad y le permite actuar en países donde la justicia no puede hacerlo por distintos motivos.

En Kenia no pudimos manejar la situación. El caso de Sudán terminó en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas por los crímenes en la occidental provincia de Darfur. Uganda, República Democrática del Congo y Sierra Leona recurrieron a la CPI porque no pudieron hacer impartir justicia.

No es que se ensañe con África. Esa percepción es quizá un reflejo de que hay muchos conflictos y una gran violación de derechos humanos y que los gobiernos no pueden manejar la situación.

África debe aprender a manejar sus asuntos con honestidad y justicia. Los verdaderos líderes africanos no deben temer a la CPI.

IPS: ¿Cuál es su opinión sobre la actuación del tribunal en Kenia?

WM: La CPI intervino porque los keniatas no pudimos crear un tribunal que castigará a los culpables. Es verdad que sólo podrá sancionar a unos pocos, los más comprometidos.

Pero otras miles personas que participaron en matanzas, robos y desplazamientos de compatriotas tendrán que ser juzgadas por un tribunal de Kenia. En cierta forma complementamos el trabajo de la CPI y, en otras, colaboramos con ella.

IPS: La CPI ha sido criticada por no ser efectiva y por decepcionar a las víctimas. ¿Cuál es su opinión al respecto?

WM: Es importante que los africanos entiendan que la CPI no es la panacea y que no solucionará todos nuestros problemas. Es una gran iniciativa y logró crear un puente que no existía, que permite el ingreso de la justicia a un país y detener ciudadanos imputados sin interferencia de los gobiernos.

No hay que imaginar que es fácil. Tenemos que nutrir la esperanza que nos da la CPI porque es lo único que tenemos por ahora. Después de que algunos de los responsables estén detenidos, los próximos que pretendan librar una guerra, lo pensarán dos veces.

IPS: Usted sostiene que la CPI fortalece los sistemas de justicia de las naciones. ¿Tiene pruebas de ello?

WM: Kenia es un muy buen ejemplo. Hay que enmendar algunos aspectos de la CPI para que sea capaz de castigar a los miles de personas que cometieron crímenes después de las elecciones. Eso nos ayuda a mejorar nuestro sistema de justicia.

Al enmendar los Estatutos de Roma se eleva el límite de los que es tolerable, incluso en el ámbito nacional.

IPS: ¿Qué relación existe entre conflicto, mujeres y ambiente?

WM: Cuando los hombres luchan por el poder suelen hacerlo por el control de los recursos. Es muy importante que podamos manejarlos de forma responsable.

Si no lo hacemos habrá menos recursos y mayor posibilidad de conflictos, en especial a medida que crece la población.

Siempre que hay un conflicto, las mujeres son las principales víctimas

sábado, 19 de junio de 2010

Israel solicita sanciones a Iran

Israel aprueba cautamente las nuevas sanciones impuestas por el Consejo de Seguridad de la ONU contra Irán para frenar su programa de enriquecimiento de uranio. Sin embargo, un alto funcionario dijo a IPS: "Dudamos mucho que sean suficientes".

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, describió la resolución adoptada el miércoles en la ONU (Organización de las Naciones Unidas) como un "paso positivo".

El mandatario dijo esperar que esto impulse a la comunidad internacional a adoptar sanciones económicas y diplomáticas más amplias contra el sector energético iraní.

El embajador de Israel en Estados Unidos, Michael Oren, agregó que la resolución "puede servir como plataforma de lanzamiento para sanciones de largo alcance contra Irán por parte de Estados Unidos y naciones de mentalidad similar".

Esas sanciones podrán impedir que Irán importe gasolina, dijo Oren, destacando que ese país "tiene mucho petróleo, pero no mucho petróleo refinado o la capacidad de exportarlo".

Tanto funcionarios como analistas israelíes coinciden en que las últimas medidas contra Irán distan bastante de las "sanciones paralizantes" que promovió a principios de este año la secretaria de Estado (canciller) estadounidense, Hillary Clinton.

Bajo el título "Obama demuestra ser fiel a su palabra", Amos Harel y Avi Issacharoff escribieron en el periódico Haaretz: "Tanto Israel como Estados Unidos se dan cuenta de que las nuevas sanciones no harán que Irán se arrodille. La clave para lograr eso son sanciones complementarias que, a diferencia de las recién aprobadas por la ONU, pueden resultar paralizantes para la economía iraní, y especialmente para la Guardia Revolucionaria de Irán".

La resolución aprobada el miércoles en el Consejo de Seguridad prohíbe a los miembros de la ONU vender armas convencionales a Irán, exige un mayor control de las operaciones bancarias de ese país en el exterior y agrega más empresas e individuos de esa nacionalidad a una "lista negra" del foro mundial.

También autoriza a los países a detener e inspeccionar barcos que les resulten sospechosos de transportar carga vinculada al programa nuclear iraní.

Irán ya ha declarado categóricamente que las sanciones no lo forzarán a cambiar el curso de su carrera atómica.

En Israel preocupa qué es lo próximo que ocurrirá, ya sea que se intensifiquen o no las sanciones.

En la última quincena el Estado judío estuvo en el centro de las miradas internacionales tras haber atacado en aguas internacionales a una flotilla humanitaria que se dirigía a Gaza, matando a nueve activistas, ocho de ellos turcos.

Según Harel e Issacharoff, en su declaración Obama insinuó que la situación en Gaza es "intolerable", pero resolver las diferencias que hay entre Israel y Estados Unidos en torno al ataque a la flotilla requerirá un cambio real en el bloqueo a la franja palestina.

Y también que el Estado judío acceda a que se cree un comité investigador que satisfaga a Washington, agregaron.

Netanyahu bien puede adaptarse a las demandas de Estados Unidos. Sin embargo, eso no disipará la sensación de malestar y aislamiento cada vez mayor dentro de Israel, donde la mayoría de la población considera que los incidentes en alta mar fueron "un acto de autodefensa".

Pero ajustarse a los reclamos de Washington tampoco disimulará las crecientes sospechas en Israel de que Obama puede finalmente no "cumplir con su palabra" en lo que respecta a Irán, e incluso terminar consintiendo que el gobierno de Mahmoud Ahmadineyad apueste a adquirir una capacidad nuclear. Para los israelíes, esto también es una cuestión de autodefensa.

"El mayor peligro para la paz es que los regímenes más peligrosos del mundo usen las armas más peligrosas de todas", dijo Netanyahu luego del debate sobre las sanciones.

Para la comunidad internacional tiene que ser una prioridad continuar previniendo esta amenaza, agregó.

Como por un lado se aprobaron sanciones pero por el otro hay dudas sobre si el gobierno de Obama puede conseguir suficiente apoyo internacional para impedir realmente que Irán fabrique armas nucleares, Israel se encuentra en una suerte de aprieto.

Netanyahu considera que cualquier medida de Estados Unidos contra Irán tiene que adoptarse en un contexto de legitimidad internacional.

Pero, como la mayoría de los israelíes, no admite que la legitimidad del propio Israel es cada vez más cuestionada a consecuencia del ataque a la flotilla, además de por la prolongada ocupación de los territorios palestinos.

Washington observa de cerca los temores existenciales de Israel, sobre un Irán nuclear y sobre su deslegitimación internacional.

"Un Israel confiado, inducido a adoptar políticas de paz que sean de su propio interés, es claramente preferible a un Israel nuclear asediado que se vea a sí mismo como dándole la espalda a la pared", dijo al Servicio Mundial de la cadena británica BBC el experto Anthony Cordesman, del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales, con sede en Washington.

El año pasado, Cordesman presentó un detallado informe titulado "Study on a Possible Israeli Strike on Iran's Nuclear Development Facilities" ("Estudio sobre un posible ataque israelí contra instalaciones de desarrollo nuclear de Irán").

Específicamente en relación a Irán, Israel no tiene problemas en hacer explícita su preocupación por lo que puede ocurrir. En un informe publicado en The New York Times sobre las maniobras diplomáticas previas a la votación del miércoles en la ONU, un funcionario israelí describió los esfuerzos por convencer a China de apoyar con urgencia las sanciones.

El funcionario, integrante de una delegación israelí de alto rango, dijo en una reunión en Beijing: "Los chinos no parecieron demasiado sorprendidos por la evidencia clasificada que les mostramos (sobre la escalada nuclear de Irán). Pero realmente se incorporaron en sus sillas cuando describimos lo que un ataque preventivo le haría a la región y a los suministros petroleros de los que ellos dependen

viernes, 18 de junio de 2010

Alvaro Uribe y Palacio de justicia, encontrados

El presidente de Colombia, Álvaro Uribe, parecía blindado por sus adustos generales cuando salió por televisión para atacar la decisión de una jueza que condenó a un influyente ex alto oficial por crímenes cometidos hace casi 25 años.

Rodeado de la cúpula militar y policial, el presidente arremetió la noche del jueves contra el fallo de condena para el coronel (r) Alfonso Plazas y anunció "una nueva legislación", entre otras metas, para preservar jurídicamente a los militares.

Más temprano expresó que "los derechos humanos no se pueden invocar para cometer abusos contra la fuerza pública".

Al tiempo, militares retirados descalificaron el fallo contra Plazas como "guerra jurídica y guerra política" promovida por "el terrorismo", "nacional e internacional".

Además, exigieron generalizar el fuero militar, suspendido desde 1997 para violaciones a los derechos humanos, casos que son competencia de la justicia ordinaria.

"No veo conveniente que las discusiones sobre los procesos se hagan fuera de los procesos", dijo el Fiscal General de la Nación, Guillermo Mendoza, y llamó a esperar el fallo de segunda instancia.

La víspera, la jueza María Stella Jara condenó a 30 años de prisión a Plazas por secuestro y desaparición forzada de 11 personas que sobrevivieron a la cruenta toma guerrillera del Palacio de Justicia en 1985.

El fallo, considerado histórico, es el primero contra los uniformados que dirigieron la sangrienta recuperación del Palacio. El episodio dejó más de 100 muertos. La Corte Suprema de Justicia quedó entonces desintegrada tras perecer la mitad de sus miembros.

La justicia dio credibilidad plena a testigos que presenciaron o participaron en torturas a personas que salieron vivas de la batalla, pero fueron trasladadas subrepticiamente a instalaciones militares y luego desaparecidas, porque los militares sospecharon de ellas.

Jara comenzó a recibir amenazas de muerte en septiembre, que se acrecentaron al acercarse la fecha de la sentencia.

El mismo jueves se conoció que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que es parte del sistema de la Organización de los Estados Americanos, decretó el 2 de este mes medidas cautelares a favor de la jueza Jara y de su hijo menor.

La Corte Suprema de Justicia terció al atardecer del jueves con un comunicado.

"Con preocupación observa la Corte que las decisiones de jueces y fiscales vienen siendo descalificadas por otras autoridades públicas en lenguaje deplorable con grave peligro para la institucionalidad, para la supervivencia del estado social de derecho y para la vida e integridad de los funcionarios", dice.

La Corte reclamó "enérgicamente de las demás ramas del poder público la sensatez y la defensa del estado de derecho, de la independencia judicial y del sistema jurídico colombiano".

Además pidió a la sociedad "defender sus instituciones" y manifestar "apoyo a sus jueces que son el cimiento de la democracia"; y llamó a la comunidad internacional a rodear a la judicatura colombiana.

Plazas está casado con una hija del entonces ministro de Defensa, Miguel Vega. En 1985 era comandante de la Escuela de Caballería. Fue nombrado por el presidente Uribe al frente de la Dirección Nacional de Estupefacientes, de donde salió en medio de escándalos.

"La autoridades colombianas trataron de enterrar la verdad sobre el Palacio de Justicia a pesar de la abrumadora evidencia de que los miembros de las fuerzas de seguridad orquestaron la desaparición forzada, tortura y ejecución de algunos de los que estaban dentro", dijo en Londres Marcelo Pollack, de la organización no gubernamental Amnistía Internacional.

Pollack atribuyó "en gran parte" los avances en varias investigaciones penales de alto perfil por violación a los derechos humanos a "una intensa presión internacional".

La sentencia contra Plazas era esperada por las familias de los desaparecidos "de manera ansiosa", dijo en rueda de prensa René Guarín, hermano de Cristina Guarín, una de las desaparecidas que había salido viva del Palacio, según lo demuestra un video.

"Representa un reconocimiento a la lucha de todos los que durante 25 años hemos asistido de manera ininterrumpida con fotos a la Plaza de Bolívar (corazón político del país y donde está el Palacio de Justicia) a reclamar verdad, justicia y reparación", añadió Guarín, quien tuvo que exiliarse varios meses el año pasado.

Guarín recordó que en 1998 fue asesinado el abogado Eduardo Umaña Mendoza, que los acompañó los primeros 13 años.

Las familias de los desaparecidos consideraron "irrespetuosas de la rama judicial las palabras que ha expresado el presidente Uribe".

"Consideramos que la sentencia al coronel Plazas obra en derecho, no vulnera la integridad de las fuerzas militares, marca un hito en la historia de lucha contra la impunidad y muestra que el país puede estar a la altura de los estándares internacionales de justicia", escribieron al mandatario.

Héctor Jaime Beltrán, padre del desaparecido del mismo nombre, quien tenía 30 años y dejó cuatro hijas, describió el clamor más sentido de las familias: "que nos los entreguen así sean hechos polvo", para darles cristiana sepultura.

Juan Francisco Lanao Anzola tenía un año cuando su madre, la abogada Gloria Anzola, desapareció tras la tragedia. Está de acuerdo con la condena a Plazas Vega, "pero, en fin de cuentas, no nos va a devolver a nuestras víctimas", dijo a IPS. "La sensación es de comienzos de justicia", añadió.

Con los ataques al fallo "estamos viendo que todavía no hay una democracia. Hay particulares que pueden aprovechar sus influencias. Una cadena de amigos, de mando, que no dejan respetar a la justicia", añadió.

"Pensando hacia el futuro, lo importante sería que Colombia deje de tener esa mala fama de que su Estado está manchado de crimen y de victimarios. También hay soldados buenos", subrayó, "pero hay que hacer justicia para que la sociedad progrese".

Para este joven a punto de graduarse como profesional, justicia es "saber la verdad, para pensar en una reconciliación. Si no hay responsables, nunca llegaremos a la verdad"

jueves, 17 de junio de 2010

Suicidios en China por condiciones de trabajo

Ma Xiangqian, un joven de 19 años de la oriental provincia china de Henan, trabajaba 11 horas todos los días de la semana acoplando partes electrónicas para Foxconn Technology, la mayor fabricante de productos de tecnología de la información.

Todos afirman que odiaba su trabajo. En los meses previos a su muerte en enero, Ma trabajó un total de 286 horas, incluyendo 112 extra, unas tres veces más del límite legal permitido. Después de un altercado con un superior, fue enviado a limpiar los baños.

La fábrica y la policía descartaron que su muerte haya sido por suicidio. Su familia denuncia que fue asesinado, aunque las autoridades no tienen evidencias que apunten a esa hipótesis.

Desde que fue encontrado el cadáver de Ma, otros 12 empleados de Foxconn se quitaron la vida o intentaron hacerlo en dos complejos industriales ubicados en la sudoriental localidad de Shenzhen, lo que despertó serias preocupaciones sobre las condiciones de trabajo, no sólo en esas, sino en todas las fábricas que funcionan en China.

"Puedo usar la palabra ‘miserable’ para describir las condiciones de trabajo" en este país, dijo a IPS el activista por los derechos laborales Xiao Qingshan, cuyo sobrino trabajó para Foxconn. "Hay un extraño fenómeno en China, donde las personas que trabajan más duro ganan menos".

En Foxconn, dijo Xiao, a los empleados se les paga mal, son obligados a trabajar 12 horas diarias y rutinariamente sufren agresiones verbales de sus jefes.

Xiao, quien realizó entrevistas a empleados de esa fábrica y a familiares de los que se suicidaron, dijo que a los trabajadores se les obligó pagar una "cuota de ingreso" de más de 3.000 dólares antes de ser contratados.

En una declaración divulgada esta semana, la empresa señaló que las muertes no se debieron a problemas con los salarios sino más bien a asuntos personales exacerbados por motivos financieros. El millonario Terry Guo aseguró a inversionistas que la firma no había violado ninguna ley.

"Si hubiera hecho algo ilegal, ya me habrían encerrado", dijo el martes en la reunión anual de accionistas de la Hon Hai Precision Industry Co., propietaria de Foxconn.

"Invito al mundo a que vengan a mi compañía, a mis fábricas, a investigar completamente", añadió.

La empresa también señaló en su declaración que algunos de los trabajadores pudieron haber tomado la decisión de suicidarse por las "generosas" compensaciones que reciben las familias de los trabajadores que se quitan la vida.

Foxconn aseguró que seguiría las reglas gubernamentales de pagos a las familias.

La compañía tiene contratos con Apple, Sony, Motorola y otras grandes marcas mundiales. El jefe ejecutivo de Apple, Steve Jobs, calificó la semana pasada de "perturbadores" los suicidios, pero añadió que Foxconn no era una "fábrica explotadora".

Mientras, Hewlett-Packard y Dell Inc., las mayores fabricantes de computadoras en Estados Unidos, anunciaron que habían comenzado a examinar las condiciones laborales en Foxconn.

En respuesta a la ola de suicidios, la fábrica anunció que elevaría los salarios 20 por ciento y comenzaría a ofrecer consejería a sus 420.000 empleados. También creó una red de prevención de suicidios en su complejo industrial de Longhua, en la sudoriental provincia de Guangdong.

El activista Xiao señaló que el aumento de salarios es un buen comienzo, pero sostuvo que, antes que nada, los gerentes de Foxconn "deberían tratar a los trabajadores como personas, no animales".

Ji Shao, experta laboral de la Universidad Capital de Economía y Negocios, de Beijing, afirmó que los salarios de los obreros fabriles deberían ser aumentados en todo el país, y sostuvo que el nuevo sueldo mensual aprobado por Foxconn, de 293 dólares, era muy bajo.

"He leído muchos informes sobre el caso Foxconn, y casi todos ellos dicen lo mismo: los empleados allí se sienten como máquinas", señaló, añadiendo que mientras los empleados estén dispuestos a seguir trabajando horas extra para ganar más dinero, las compañías les seguirán pagando el sueldo mínimo fijado por el gobierno.

Las empresas "no quieren dar más, ni siquiera un centavo", agregó.

Pero también indicó que los suicidios son un fenómeno típico de una nueva generación de trabajadores, la mayoría nacidos en los años 80 y 90, que no son incapaces o no están dispuestos a sufrir las mismas dificultades que atravesaron generaciones anteriores.

"Tienen menos hermanos, tienen algo de educación y nunca regresarían a su hogar para hacer trabajo agrícola. Pero, al mismo tiempo, carecen de capacitación suficiente como para encontrar un empleo decente en las grandes ciudades", explicó a IPS.

"Además, debido a la brecha entre ricos y pobres, se sienten injustamente tratados, y por lo tanto son más vulnerables a las acciones extremas", indicó.

Ji señaló que las leyes laborales chinas son habitualmente violadas, y que a los empleados se les ofrece poca protección.

El año pasado, durante un viaje a Dongguan, la ciudad industrial de la provincia de Guangdong, Ji y su equipo descubrieron que 80 por ciento de las compañías violaban las leyes laborales. Muchas se negaban a firmar contratos con los trabajadores a los que les pagaban salarios inferiores al mínimo establecido.

Xiao calificó de "inútiles" las leyes laborales chinas, y dijo que eran sólo una fachada. "Los gobiernos locales las usan para salvaguardar y proteger los negocios, pero a nadie le importa si se garantizan beneficios para los trabajadores", sostuvo

miércoles, 16 de junio de 2010

De nuevo, haitianos desplazados

Miles de víctimas del terremoto de enero en Haití corren el riesgo de ser desplazadas nuevamente, dado que los dueños de terrenos en la capital se impacientan con los campamentos improvisados en sus propiedades.

El sismo del 12 de enero, de siete grados en la escala de Richter, dejó más de 220.000 muertos y más de un millón de personas sin techo. En un campamento ubicado en el sucio estacionamiento del centro de reuniones Palais de L'Art, en el centro de Puerto Príncipe, el temor y la frustración aumentó cuando las semanas se convirtieron en meses y las autoridades no emitieron ni una palabra sobre cuándo habría viviendas sustentables disponibles.

El dueño del centro echó el cerrojo el lunes a un portón de metal, obligando a por lo menos 150 habitantes de las tiendas a trepar un muro parcialmente derrumbado de 1,5 metros de altura para acceder a sus refugios y sus pertenencias.

"Si tuviéramos otro lugar al que ir no estaríamos aquí, sufriendo de esta manera", dijo Reynold Louis-Jean, quien lidera el comité organizador del campamento.

"Tenemos ancianos, personas discapacitadas, que han perdido miembros. Ahora tenemos que cargarlos para que puedan entrar y salir", agregó.

El dueño de la propiedad "está intentando expulsarnos, (y) no podemos aceptar esto", dijo mientras las familias transportaban cubos de agua por encima de la pared. La Cruz Roja dejó de suministrar agua al campamento.

Joseph Saint-Fort, el dueño del club, dice estar reparando el muro derrumbado, impidiendo totalmente el acceso al lugar. Un montón de bloques de concreto aguardan en su patio.

En cartas y reuniones que tuvieron lugar durante dos meses, el gobierno haitiano y funcionarios de organizaciones no gubernamentales dijeron a Saint-Fort que esperara hasta que se puediera hallar tierra para reubicar el campamento.

Pero su paciencia se agotó. Advirtió durante semanas que si nadie le pagaba por usar su tierra o se iba de allí, él cerraría el portón.

"Nadie me propuso nada. Ellos tendrán que obligarme a dejar que esas personas se queden. Tengo contratos con muchas personas desde antes del terremoto. No es que yo sea codicioso, es simplemente que éste es el lugar que yo usaba para ganarme la vida", expresó.

El gobierno haitiano y la Organización de las Naciones Unidas (ONU) acordaron en abril una moratoria temporaria a los desalojos forzados de los campamentos. Dijeron que ningún terrateniente debería expulsar a quienes viven en las tiendas a menos que haya un espacio alternativo que cumpla con los estándares humanitarios mínimos.

"Tomamos la decisión juntos. Pero aplicarla es otra historia", dijo en una entrevista con IPS el ministro del Interior, Paul Antoine Ben-Aimé.

"Hasta ahora no le hemos comunicado nada a la población", agregó.

No está claro si la moratoria todavía está en vigor. Pero eso no parece importar, porque no se hace cumplir nada. "En buena medida estamos en una zona gris, en términos de lo que realmente se aplica y lo que no", dijo Ben Majekodunmi, de la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití (Minustah).

Según él, los cascos azules no pueden implementar una moratoria a los desalojos y que las autoridades haitianas parecen no estar al tanto de la medida. "Éste es un problema enorme que no puede abordarse caso por caso. Tenemos que tener una política" al respecto, dijo Majekodunmi a IPS.

El gobierno haitiano envió en abril una carta a Saint-Fort, el dueño del Palais de L'Art, diciéndole que en el norte de Puerto Príncipe habría tierras disponibles a las que se podría mudar el campamento.

Saint-Fort dice que desde entonces el Ministerio del Interior no lo contactó.

En el campus de una escuela metodista privada ubicada en el barrio residencial de Petionville, 200 familias acampan en las inmediaciones de una cancha de básquetbol. Mujeres que trabajan como vendedoras ambulantes dicen que la entrada al campamento a menudo está cerrada cuando necesitan salir, temprano en la mañana.

La organización humanitaria World Vision distribuyó tiendas de campaña pero "enfrentó problemas" al instalar letrinas y suministrar agua al campameno, según uno de sus voluntarios.

"World Vision está creando un problema al brindarles ayuda", dijo telefónicamente a IPS el pastor Thelesier Elysee.

"Tenemos demasiada gente ocupando el espacio (y) creando inseguridad. Necesitamos que los trasladen" a otra parte, dijo, antes de colgar abruptamente el teléfono. Otros pastores que administran la escuela se negaron a formular declaraciones.

A menudo la capital haitiana es catalogada como "hacinada". Pero el barrio de Tabarre, en el norte de la ciudad, está salpicado de terrenos verdes vacíos que se extienden a lo largo de transitadas carreteras.

En el centro de Puerto Príncipe, el gobierno y la ONU siguen adelante con sus planes para reubicar a miles de desplazados de los campamentos instalados en torno al palacio de Fort National, una de las zonas más dañadas de la ciudad.

Según un documento interno, la Cruz Roja canadiense estuvo "por comenzar a construir refugios transitorios", pero a último momento tuvo que suspender el proyecto en Fort National.

Los refugios transitorios son casas diminutas que ofrecen más estabilidad y protección de las condiciones meteorológicas extremas que las tiendas y las lonas.

Los expertos pronostican una temporada de huracanes muy activa, que oficialmente empezó la semana pasada.

En el Palais de L'Art, las familias de desplazados ya tienen que hacer frente a las fuertes lluvias de la tarde, que se filtran por arriba y por debajo de las tiendas, sumándose a la presión del dueño del lugar para que se vayan.

"Necesitamos que nos den otro lugar, pero no hay ninguna parte a donde podamos ir", dijo a IPS Michel Odinor parado, con el torso desnudo, bajo un típico aguacero vespertino

martes, 15 de junio de 2010

Iran bajo protesta recibe a enviado de ONU

"El hecho de que el gobierno iraní no permita ingresar al país a observadores humanitarios de la ONU demuestra que tiene algo que ocultar", dijo a IPS el portavoz de la Campaña Internacional por los Derechos Humanos en Irán, Hadi Ghaemi.

El gobierno iraní rechazó el jueves las acusaciones de haber violado los derechos humanos y la libertad de expresión y de reunión en una sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU (Organización de las Naciones Unidas) en Ginebra. El mismo día rechazó un pedido de la oposición para realizar una protesta pacífica.

Ebrahim Mehrati, quien estuvo detenido durante la ofensiva posterior a los comicios del 12 de junio del año pasado en Irán, fue abusado y violado por un policía.

"Mis amigos y yo, que fuimos prisioneros en la República Islámica y estuvimos presentes en la sesión de ayer o miramos su transmisión en vivo por Internet, sentimos mucho dolor, tristeza y malestar ante este inhumano encubrimiento de la verdad", dijo Mehrati a IPS este viernes.

Diez organizaciones no gubernamentales, siete de ellas críticas y tres favorables al gobierno de Irán, también presentaron sus versiones.

"El desempeño de la delegación iraní y la descripción de la situación en el país ante el Consejo de Derechos Humanos el jueves sirvió para engañar a la comunidad internacional sobre la realidad" que se vive allí, dijo a IPS el director ejecutivo del Democracy Coalition Project, Dokhi Fassihian. Su organización fue una de las que participaron en el Consejo.

Aunque Teherán insiste en que sigue vigente la invitación a que los relatores especiales de la ONU (Organización de las Naciones Unidas) para los derechos humanos lo visiten, ninguno de ellos ha tenido acceso a ese país desde 2005.

"Nos gustaría que los iraníes realmente cumplieran con una acción concreta su compromiso de permitir que relatores especiales, así como la oficina del Alto Comisionado (de la ONU) ingresen a Irán y realicen investigaciones completas sobre la situación de los derechos humanos", dijo a IPS Eileen Chamberlain Donahoe, representante de Estados Unidos en el Consejo.

En declaraciones oficiales, la delegación iraní dijo que recibirá a esas visitas "a su debido tiempo", sin especificar cuándo.

En la evaluación periódica del Consejo, Estados Unidos, Gran Bretaña y Noruega criticaron explícitamente a Irán, mientras que vecinos o socios estratégicos como China, Kuwait, Pakistán, Venezuela y Cuba defendieron los antecedentes de Teherán en materia de derechos humanos.

Respondiendo a las acusaciones de torturas, particularmente luego de la ofensiva posterior a las elecciones del año pasado, la delegación iraní afirmó que "el Islam está en contra de todas las formas de tortura y la Constitución de Irán la prohíbe en los términos más fuertes".

"Sólo se emiten sentencias de muerte para los delitos más serios y ninguno de los instrumentos internacionales las rechazan totalmente, y los países pueden elegir usar la pena capital", señaló, tras las acusaciones de que disidentes políticos habían sido ejecutados luego de juicios que carecieron de las garantías del debido proceso.

Como en sesiones previas del Consejo, los miembros de la delegación iraní se quejaron de que las críticas estaban motivadas políticamente.

"Muchas de las críticas sobre derechos humanos dirigidas a Irán son hechas y fabricadas por los enemigos de Irán", dijo a IPS Fatemeh Alia, parlamentaria conservadora e integrante de la delegación.

"Si hay algún caso, informennos y realizaremos el seguimiento" pertinente, agregó.

El representante de Irán en el Consejo, Javad Larijani, dijo que Irán es una de las democracias más fuertes de la región. Su declaración provocó las risas entre algunos miembros de la audiencia.

En medio de su discurso, uno de los presentes gritó: "Señor Larijani, usted está mintiendo". La policía lo escoltó hasta afuera del recinto.

La delegación también dijo que en Irán están "garantizados" los derechos de reunión y de libre expresión.

"El intento de Javad Larijani de eludir el debate sobre la seria crisis de los derechos humanos en Iran, y particularmente su argumento de que allí no se tortura a nadie, se contradice con muchos testimonios de víctimas", dijo a IPS el portavoz de la Campaña Internacional por los Derechos Humanos en Irán, Hadi Ghaemi.

"Solamente en los últimos días, otros varios defensores de los derechos humanos fueron detenidos, entre ellos Narges Mohammadi, cercana a (la ganadora del premio Nobel de la Paz 2003) Shirin Ebadi", destacó.

"Además, las confesiones forzadas, tomadas bajo coacción, continúan siendo transmitidas diariamente en la televisión iraní", señaló

lunes, 14 de junio de 2010

Latinoamerica por la paz en Medio oriente

Líderes latinoamericanos de diversos ámbitos están reunidos desde hoy en Jerusalén en una conferencia internacional para tratar temas sobre política, seguridad y sociedad de Israel, y expresarle su apoyo ante la presión internacional.

El encuentro, de unos 30 líderes de 11 países latinoamericanos, se denomina Conferencia Internacional de Jerusalén y es auspiciado por una organización brasileña no gubernamental denominada AmIsrael, integrada por individuos de distintas etnias, credos e inclinaciones políticas.

El denominador común de todos ellos es “la identificación con la necesidad de promover la paz” y “apoyar al Estado de Israel”, dice un comunicado de la organización, en el que se destaca que es la mayor reunión de líderes políticos latinoamericanos en Israel.

Entre los numerosos participantes perfilados por la organización aparecen los mexicanos Manuel Andrade Díaz, gobernador de Tabasco, y los parlamentarios Caritina Saenz, Carlos Giménez Macías y Hugo Vadillo Zurita, secretario técnico de la Confederación Parlamentaria de las Américas.

También aparecen el ex presidente ecuatoriano Rodrigo Borja Cevallos (1988-1992), así como los parlamentarios panameños Dalia Bernal, Leopoldo Archibold y Rogelio Baruco.

Otros participantes son el senador uruguayo Julio César Lara Gilene, el presidente de la Corte Suprema de Guatemala, Erick Alfonso Alvarez Mancilla y otros muchos de Colombia, Paraguay, Puerto Rico, Brasil y Argentina.

La conferencia, que durará hasta el jueves, se inició con un panel sobre el futuro de Jerusalén y una trayectoria histórica por Tierra Santa en la que participó el ex ministro de Turismo de Israel y actual diputado Beni Eilon.

También hubo un panel mediático sobre Ética periodística que tuvo como principal protagonista al escritor argentino Marcos Aguinis.

La nota dominante de la conferencia es la situación crítica en la que se encuentra Israel en la escena internacional con motivo del ataque a la Flotilla Libertad y las presiones de gobiernos de todo el mundo para que retire el bloqueo a la Franja de Gaza e investigue el ataque.

También se trata el asunto de Irán y la influencia de ése régimen en varios países latinoamericanos que estrecharon sus relaciones con un país que Israel considera su peor amenaza.

Los actos públicos comenzaron ayer con una visita al Parlamento de Israel y un coctel de gala con el ministro israelí para las zonas en desarrollo, Ajub Kara.

La jornada de este miércoles la dedicarán los participantes al tema del terrorimso, con conferencias sobre “la lucha contra el terrorismo”, “el Medio Oriente entre la guerra y la paz” y “el secuestro como arma terrorista”.

Tales conferencias contarán con la participación del padre del soldado Gilad Shalit, secuestrado por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) desde 2006, y la viuda de un soldado israelí secuestrado ese mismo año por Hezbolá (Partido de Dios), organización libanesa prosiria.

El jueves se hablará de los derechos humanos y de las consecuencias del Informe Goldstone sobre la operación militar israelí Plomo Fundido el año pasado, en la que murieron unos mil 350 palestinos y por los que Israel fue acusado de crímenes de guerra, al igual que Hamás por sus bombardeos contra civiles israelíes.

Las sesiones cerrarán con sendos debates sobre “Democracia y totalitarismo”, que tendrá como principal panelista al ex presidente ecuatoriano Borja Cevallos y sobre la aportación que la religión puede hacer a la paz en Medio Oriente.

El brasileño William Soto, director internacional y fundador de AmIsrael, expresó su satisfacción por “el creciente apoyo regional y mundial” a una conferencia que se celebra sobre la base de “un espíritu de cooperación y valores comunes”

domingo, 13 de junio de 2010

El caucaso y sus problemas

El representante de la Unión Europea (UE) en la decimoprimera ronda de discusiones sobre el conflicto de Osetia del Sur entre Rusia y Georgia, Pierre Morel, dijo hoy aquí que la situación en la región “sigue siendo difícil y peligrosa”.

Afirmó que debido a los trágicos acontecimientos en Gali, las discusiones realizadas este martes en Ginebra son tensas, aunque éstas representan un papel clave en la estabilización de la región.

Morel señaló que las partes reconocieron “la necesidad de evitar mayor desestabilización en la zona y el incremento de las tensiones en el Cáucaso”.

A principios de este mes dos personas murieron y dos resultaron heridas en el distrito de Gali en la región independentista georgiana de Abjasia, cuyo gobierno responsabilizó a tropas georgianas de los hechos.

Morel anunció en rueda de prensa que, dada la situación, los participantes acordaron que el Mecanismo de Prevención y Solución de Incidentes se reunirá en Gali la próxima semana para examinar la situación en el terreno.

Asimismo, Morel señaló que los participantes esperan el resultado de una investigación realizada por el Consejo de Europa sobre desapariciones de presos y civiles en la zona del conflicto.

Por su parte el viceministro de Asuntos Exteriores de la Federación Rusa, Grigory Karasin, dijo a la prensa que las muertes en Gali son “un síntoma extremadamente alarmante” y agregó que en la zona de conflicto “no todo está arreglado”.

Karasin calificó de “inhumana y cínica” la postura de las autoridades georgianas, pues consideró que han sembrado el miedo entre los habitantes de la zona, lo que es “muy peligroso”.

Finalmente el viceministro de Exteriores de Georgia, Giorgi Bokeria, dijo que la “turbulencia” fue lo que caracterizó las discusiones de este martes.

En un encuentro con la prensa, Bokeria calificó de “poco constructiva” la actitud de algunos miembros de la delegación rusa, lo que resulta “extremadamente lamentable”.

Denunció que en la línea fronteriza continúan los actos de violencia y llamó a que sean respetados los acuerdos firmados, en los que tanto Rusia y Georgia se comprometieron a evitar el uso de la fuerza. La próxima ronda de discusiones en Ginebra tendrá lugar el 27 de julio próximo

sábado, 12 de junio de 2010

Como la iglesia catolica negocia en Cuba

El historiador Manuel Cuesta Morúa, reconocido como uno de los principales representantes del ala moderada de la oposición en Cuba, piensa que las conversaciones entre el gobierno de Raúl Castro y la jerarquía católica abren un nuevo momento para el país.

Cuesta Morúa, portavoz del socialdemócrata Partido Arco Progresista, conversó con IPS sobre el significado de la gestión que condujo al traslado, el martes 1, de seis reclusos a cárceles de provincias donde residían antes de ser detenidos, con el fin de acercarlos a sus familiares.

Los trasladados son parte de los 75 opositores condenados en 2003 a severas penas bajo cargo de conspirar con Washington con fines subversivos y esta decisión podría ser el primer paso en un proceso que conduzca, además, a la excarcelación de, por lo menos, aquellos que se encuentran enfermos.

La oposición cubana actúa en condiciones de ilegalidad y es vista por el gobierno como pequeños grupos sin base social, mercenarios cuya existencia responde únicamente al apoyo logístico y financiero de Washington.

IPS: Más allá de que las conversaciones entre la Iglesia Católica y el gobierno marcan un diálogo "entre cubanos" para enfrentar un problema que involucra a la oposición política, ¿cómo valora este hecho en la historia reciente de esta isla?

MANUEL CUESTA MORÚA: Esto es un momento nuevo para Cuba. Quizás nosotros, metidos en los acontecimientos, no tengamos la capacidad de ver el bosque en sentido panorámico.

Yo creo que estamos ante un nuevo bosque en el que todos los cubanos, por diferentes vías, están penetrando y redescubriendo.

Una de las cosas fundamentales es cómo aparecen soluciones para viejos conflictos en el gran tema de la tensión Estado-ciudadano. Lo que aflora ahora es un nuevo esquema en un contexto tenso, pero más rico a la hora de imaginar soluciones de cara al futuro.

Cuba entra en ese contexto con una solución clásica que es la Iglesia Católica mediando entre Estado y ciudadano, un papel que muchos creían no podría jugar por varias razones, entre ellas porque el tipo de gobierno y de sociedad no toleraba ningún sujeto distinto al Estado al enfocar los problemas.

Y este nuevo momento va normalizando al país y abre posibilidad de que el Estado corresponda a la complejidad de la sociedad. No digo que todas las consecuencias sean positivas y satisfagan a todos, pero sí se abre una nueva avenida y aparece un mediador en los conflictos.

IPS: ¿Qué sería a su juicio una Cuba normalizada?

MCM: Cuba debe normalizarse en términos internacionales y hacia adentro. Como sociedad ya vamos siendo una colectividad normal –lo que está pasando en el sector de la apertura a la diversidad sexual es una prueba--, pero esa normalización social no ha tenido todavía su reflejo en las estructuras e instituciones del Estado.

Normalización significa que el gobierno no se ponga de espaldas a la realidad, que se ponga de frente para solucionar los grandes problemas. Que el gobierno se adapte a la sociedad y no pretenda que la sociedad se adapte a él. O sea, bajar el nivel de la utopía y ponerse a tono con la sociedad.

Y el gobierno debe aceptar que Cuba es una sociedad plural desde su surgimiento, desde el punto de vista cultural, religioso, filosófico, incluso al enfrentar los problemas cotidianos.

Esa pluralidad tiene un impacto en la vida y aceptarla tiene consecuencias en la organización del Estado, de la sociedad y en la mirada al otro.

IPS: En ese proceso de normalización aparece una sociedad civil reconocida por el gobierno y cuyos temas y demandas coinciden, en muchos casos, con los de la oposición. Hace algunos años usted afirmó a IPS que este proceso podría vaciar de contenido a algunos grupos opositores. ¿Cómo lo ve ahora?

MCM: Creo que muchos de estos proyectos van a la larga, a mediano plazo, a ir desplazando no pocas iniciativas de la oposición. En algunos casos, del lado de los espacios tolerados hay más nivel en lo que se plantea que en la oposición y esta tendencia podría marcar el desarrollo futuro.

Quizás en algunos ámbitos no sea así por otro criterio importante: la conexión con la sociedad. Muchos proyectos aceptados por el gobierno tienen más que ver con las inquietudes, los intereses y las visiones de una elite y, en algunos casos, parecen estar atrapados en los parámetros culturales e ideológicos del poder.

En tanto, no pocas iniciativas opositoras carecen de alcance ciudadano, pero expresan mejor la sensibilidad del ciudadano común. Sin embargo, pueden tener menos consistencia cultural, intelectual, política y, a veces, son vistas como una buena plataforma para salir del país.

IPS: ¿Por qué el rescate del ciudadano está en el centro del proyecto Nuevo País entre cuyos promotores usted se encuentra?

MCM: Soy de los que cree que en Cuba hay un nivel de participación, pero el espacio lo define el Estado, tiene los límites del Estado y, por supuesto, los resultados son los que desea quien está en capacidad de poner el límite. Estamos proponiendo que la gente defina por sí misma, que se autoconvoque, que no sea convocada.

O sea, recuperar al ciudadano como fuente de legitimidad.

Aquí la fuente de legitimidad es la Revolución y el ciudadano tiene que mirar adentro de la Revolución para plantearse una acción o una opinión política. Lo que proponemos es que no haya mediación en ese proceso. No le decimos al ciudadano por donde debe ir, le decimos que tiene derecho a definir por dónde quiere ir.

Más allá del ciudadano, la pregunta sería si el problema de Cuba se resolverá en la medida que se vayan dando respuestas adecuadas a problemas sectoriales o si debe partir de un planteamiento global. Realmente no lo tengo claro

viernes, 11 de junio de 2010

Algo ocurre en Venezuela

Decenas de miles de toneladas de alimentos esenciales se pudrieron el último año dentro de contenedores pertenecientes al gobierno de Venezuela, que importa dos de cada tres cucharadas consumidas por sus 27 millones de habitantes.

"Uno puede pensar que es descuido, negligencia. Si fuera así, debe haber una sanción, pero pudiera también ser corrupción", señaló el jueves presidente Hugo Chávez.

Unas 35.000 toneladas de carne vacuna, de cerdo y de pollo, leche y derivados, aceite vegetal, harinas, azúcar, confituras y sal estaban en 1.200 contenedores abandonados en Puerto Cabello, 150 kilómetros al noroeste de Caracas.

Una cantidad semejante se encontró en otros 1.100 furgones depositados hace meses en un área de las llanuras centrales.

El ministro de Alimentación, Félix Osorio, advirtió este viernes que no toda esa comida está necesariamente perdida y algunas cargas pueden recuperarse para consumo humano o animal, mientras medios privados calculan las pérdidas en más de 70.000 toneladas.

"Es una lástima que se pierda comida por la irresponsabilidad de quién sabe cuáles funcionarios, cuando hay tanta gente con hambre o yendo de mercado en mercado a ver si compra todo lo que necesita", deploró ante IPS Aminta Sánchez, una enfermera que vive con sus hijas y un yerno en el populoso oeste de Caracas.

Según cifras oficiales, en Venezuela al menos seis por ciento de la población padece desnutrición, un porcentaje similar al que el gobierno reconoce en pobreza extrema.

Los alimentos dañados fueron importados por la Productora y Distribuidora Venezolana de Alimentos (Pdval), creada en 2008 como filial del gigante estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa), para aprovechar la musculatura de la corporación energética.

Luis Pulido, presidente de Pdval en 2009, fue detenido el martes e imputado de boicot y corrupción al iniciar la Fiscalía una investigación sobre el caso.

Chávez absolvió rápidamente al ministro de Energía y presidente de Pdvsa, Rafael Ramírez, y le ordenó "pasar al contraataque contra la oligarquía", responsable, a su juicio, de manipular el caso, pese a que el volumen de alimentos perdidos "es menos de uno por ciento del caudal de alimentos que ahora sí llega al pueblo", dijo.

Osorio precisó que en siete años el sistema gubernamental, que comprende Pdval y otras redes, ha dispuesto 10,6 millones de toneladas de alimentos, de las cuales casi siete millones han sido productos importados.

El Estado y el sector privado de Venezuela importan al año unos 8.000 millones de dólares en alimentos, entre los que se destacan leche, mantequilla y quesos, carne vacuna y de pollo, aceites, harinas, azúcar, maíz y frijoles, así como productos que durante las últimas décadas del siglo XX se exportaban, como el café, hoy proveniente de Nicaragua.

Los principales proveedores son Estados Unidos, Brasil, Argentina, Chile, Ecuador, Bolivia y, hasta el año pasado, Colombia.

"Otros países consumen carne o whisky porque los producen. Nosotros los consumimos porque tenemos petróleo, que nos da dinero para gastarlo en experimentos", comentó a IPS Natalia Sánchez, directora del Centro de Estudios Sociológicos y Antropológicos de la Universidad del Zulia, en el occidente.

El gobierno, que pregona la búsqueda de la seguridad alimentaria, en los últimos tres años ha intervenido numerosas fincas de todo tamaño, empresas agroindustriales de capital nacional y extranjero, cerrado o multado desde cadenas de supermercados hasta modestas carnicerías, para apuntalar la disposición de alimentos baratos.

También ha prodigado financiamiento a cooperativas y establecimientos rurales de trabajo colectivo bajo dirección del Estado, erigidos sobre antiguas propiedades privadas. En algunos rubros, como la soja, la producción se ha expandido, pero en otros se ha reducido o se mantiene lejos de las metas anunciadas al comenzar cada año los ciclos de siembra.

La inflación anualizada en alimentos es de 41 por ciento, según el Banco Central de Venezuela, y aunque el gubernamental Instituto Nacional de Estadísticas indica que un salario mínimo, ubicado en unos 250 dólares mensuales, cubre la canasta normativa alimentaria, para ello se necesita al menos el doble, según organizaciones que trabajan para sindicatos.

Además, varios meses cada año escasean en los expendios los víveres cárnicos y lácteos, los aceites, harinas, granos o azúcar, que, sin embargo, pueden conseguirse en callejeros puestos informales de venta, aunque a más del doble de su valor nominal.

En parte, las dificultades de aprovisionamiento se relacionan con la ruptura de lazos comerciales con la vecina Colombia, a causa de disputas políticas y diplomáticas, que proveía abundante carne, lácteos y patatas.

El gobierno ha concentrado sus esfuerzos en llegar a los sectores populares a través de 19.000 puntos de venta en todo el país, para lo cual, recordó Osorio, emplea a 31.000 personas y dispone de capacidad para almacenar 600.000 toneladas, en seco y en frío.

Además, tiene 61 silos, 34 plantas empaquetadoras y una flota de 3.800 vehículos.

"Lo que ha ocurrido es una muestra de ineficiencia. El manejo de contenedores en un puerto, por ejemplo, es una operación compleja, que requiere experiencia, pericia y gerencia no desarrolladas por los entes oficiales que lo intervinieron el año pasado", dijo a IPS un empresario de Puerto Cabello, estado de Carabobo, que requirió el anonimato.

El gobernador de Carabobo, el opositor Henrique Salas Feo, sostuvo que "mafias enquistadas en el gobierno tienen un negocio redondo, que comienza con adquirir divisas a tasas preferenciales para comprar alimentos que luego no llegan al pueblo, pero pagan decenas de dólares cada día por cada contenedor estacionado" en el puerto.

El grupo Anticorrupción Interpelación Popular Organizada, seguidor de Chávez, ha denunciado desde 2008 a través de Internet "corrupción y tráfico de influencias en Pdval".

A pesar del traspié que supone la putrefacción de los productos, el gobierno mantiene su ofensiva contra productores u operadores privados en el ramo de alimentos.

Chávez ha amenazado reiteradamente con estatizar Empresas Polar, el mayor grupo privado de Venezuela y principal productor de cerveza, harina de maíz (base de la arepa o pan nacional), además de otros granos, grasas y bebidas varias