viernes, 30 de julio de 2010

Peru y la Corte Interamericana de Derechos Humanos

Sectores políticos y militares de Perú atacan a la Corte Interamericana de Derechos Humanos con el fin de "golpear el concepto" de las garantías fundamentales y vincular al tribunal con una "supuesta defensa del terrorismo", dijo a IPS su presidente, el jurista Diego García-Sayán.

Por mandato de la Corte, el gobierno de Perú debió pagar 30.000 dólares por gastos judiciales a la ex guerrillera estadounidense Lori Berenson, a quien la justicia peruana excarceló a fines de mayo, tras haber cumplido 15 años de prisión de una condena de 20 por el delito de "colaboración con el terrorismo".

Poco después, las autoridades confirmaron que la Corte Interamericana había ordenado al Estado pagar reparaciones a otros sentenciados por delitos de terrorismo en el marco de la guerra interna que vivió este país entre 1980 y 2000, pues en sus juicios no se respetaron las garantías del debido proceso.

Se generó así una corriente de opinión contra el tribunal hemisférico a la que contribuyó el primer ministro Javier Velásquez, que reclamó el retiro parcial de Perú de la jurisdicción de la Corte.

Berenson había sido juzgada inicialmente por un tribunal militar anónimo que la condenó a prisión perpetua, y sólo después de un reclamo ante el sistema interamericano su caso pasó a la justicia civil. Las dos décadas de conflicto dejaron unas 70.000 víctimas civiles, según el informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación.

El presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Diego García-Sayán, que se encuentra por estos días en Lima, dijo a IPS que hay una acción visible de descrédito al organismo que encabeza y recordó un episodio similar, durante el gobierno de Alberto Fujimori (1990-2000), que contribuyó al aislamiento internacional de Perú.

IPS: ¿Usted encuentra similitud entre el intento de Fujimori de desconocer fallos de la Corte, en 1999, y la reciente propuesta del primer ministro Velásquez de retirar al país parcialmente de la instancia judicial supranacional?

DIEGO GARCÍA-SAYÁN: Los argumentos se parecen mucho, pero no creo que se trate de un mismo proyecto. En 1999, el propósito del régimen dictatorial era quedar fuera de cualquier control internacional, mientras ahora estamos hablando de un gobierno democrático.

Sin embargo, en la argumentación hay una preocupante coincidencia. Y es más preocupante porque el presidente Alan García, cuando recibió a la Corte en abril de este año, dijo que en el proceso de globalización los derechos humanos eran un componente fundamental, y felicitó a la Corte por ser la institución orgánica más nítida.

IPS: Lo que pretende Velásquez es acatar los fallos de la Corte relacionados al presunto delito de terrorismo, pero según el criterio del gobierno, retirando parcialmente al país de la jurisdicción de la Corte. ¿Es jurídicamente posible esa figura?

DGS: No. El retiro parcial se discutió a propósito del intento autoritario de Fujimori en 1999. La Corte fue concluyente en que es inviable jurídicamente. Por eso el pretendido retiro que expresó el gobierno de entonces nunca fue reconocido.

IPS: Velásquez también se refirió a la eventual reserva del Estado peruano ante resoluciones de la Corte sobre sentenciados por el delito de terrorismo.

DGS: La reserva es algo que el derecho internacional admite, pero al momento en que un Estado se hace parte de un tratado. Y Perú lo hizo en 1981. Han pasado 30 años y ya es un poco tarde para invocar la reserva.

Esta campaña que pretende desacreditar a la Corte está orientada a golpear el concepto de derechos humanos y a vincular a la Corte con la supuesta defensa del terrorismo. Se trata de una campaña injuriosa.

IPS: Se atribuye a la Corte haber emitido numerosos fallos a favor de condenados por terrorismo, obligando a la justicia a reducir sus condenas, exculparlos o pagarles grandes sumas. ¿Es eso cierto?

DGS: Eso no tiene pies ni cabeza. La Corte no ha variado su intensidad de casos sobre Perú. Recientemente no ha dictado una sentencia sobre este país y nunca ha emitido fallos a favor de los terroristas.

Lo que la Corte hace es establecer si hubo o no una violación a los derechos humanos, sin tomar en cuenta la condición jurídica de la víctima. Y no lo hace de motu proprio, sino porque fluye de un proceso donde se presentan pruebas y las partes tienen derecho a argumentar. No hay tal lógica de una instancia a favor de un grupo delincuencial o ideológico alguno.

IPS: Se cuestiona en particular el caso de Berenson, condenada a 20 años de prisión. La Corte dispuso el pago de costas judiciales. El gobierno alega que hay preferencias por los terroristas antes que por las víctimas del terrorismo.

DGS: En el caso de Berenson, la Corte determinó que sí se había producido una violación de derechos. Cuando una persona es juzgada por un tribunal militar sin rostro, como sucedió, sus derechos son vulnerados.

Como en cualquier caso judicial, la parte que paga los gastos de abogado es la que pierde. El caso Berenson llegó a la Corte por resoluciones judiciales autoritarias producidas bajo un régimen no democrático, como sucedió con 90 por ciento de casos que llegaron de Perú.

IPS: Las críticas surgen especialmente de la representación parlamentaria del fujimorismo, con la que el bloque del gobernante Partido Aprista Peruano ha tenido varias coincidencias.

DGS: No podría hacer una interpretación política, pero constato una notoria coincidencia entre los argumentos que se expresaron en 1999 y los que hoy escuchamos. Como resultado de aquella campaña, Perú fue conducido a un tremendo aislamiento internacional. Espero que esta vez no se repita.

IPS: La defensora del Pueblo, Beatriz Merino, acaba de decir que debe darse prioridad al pago de reparaciones a las víctimas de la violencia de la guerra interna. ¿Lo ve como una crítica a la Corte?

DGS: Es una crítica al gobierno, porque hace cinco años se emitió una ley para atender a las víctimas de la violencia y hasta el momento ninguna ha recibido indemnización.

Es de esperar que en el presupuesto de 2011 se incorporen cifras concretas para que comience la reparación individual de 70.000 víctimas registradas. Se trata de una política de Estado que se formuló con mucha anterioridad a las sentencias del ámbito judicial internacional

jueves, 29 de julio de 2010

Brasileños en España, la situacion

A diferencia de otros inmigrantes, llegados a España en busca de un trabajo para mejorar sus condiciones de vida, el brasileño Flávio José Carvalho da Silva, de 39 años, vino a esta ciudad porque se enamoró de una catalana.

Licenciado en sociología y antropología y con una maestría en política en la Universidad Federal de Pernambuco, en el noreste de Brasil, Silva conoció a la que ahora es su esposa durante una de las reuniones en su país del Foro Social Mundial.

Lleva cinco años en esta capital de la comunidad autónoma de Cataluña, en el noreste del país, y desde abril pasó a engrosar las cifras del desempleo, en medio de la segunda ola de la crisis financiera global, que tiene a Europa como protagonista y que en el caso de España ha destruido vorazmente puestos de trabajo.

En este país de 47 millones de habitantes, junio concluyó con casi cuatro millones de personas sin trabajo, un 20 por ciento de la población económicamente activa. El Ministerio del Trabajo e Inmigración detalló que el número total de desempleados subió 11,7 por ciento respecto a junio de 2009.

Pero en el caso de los extranjeros, el incremento fue de 20,4 por ciento.

Silva llegó a trabajar en la vendimia en un pueblecito cercano a Barcelona, pero después obtuvo trabajos más cónsonos con su formación, aunque siempre con contratos temporales.

Laboró en organizaciones vecinales y de inmigrantes y luego en la Asociación para la Cooperación de Internacional de Barcelona, donde ayudó a organizar la base de datos de sus miembros, hasta su despido.

Su seguro de paro está por vencerse y no ve perspectivas, así que él y su mujer han pensado en el retorno con sus dos hijos, reconoció IPS.

Duda que los brasileños estén regresando. Lo que sí está seguro es que muchos connacionales preparan las maletas para venir a España, por el número de consultas que le llegan sobre como instalarse en Barcelona.

Silva cree que en Brasil se mantiene el deseo de emigrar porque su moneda, el real, está estable, lo que permitió ahorrar y asumir el riesgo de probar a vivir en otros países. Y en cuanto a crisis, los brasileños aprendieron a driblar con sus efectos hace tiempo.

En el caso de Barcelona se suma que tiene un clima cálido, con playas, diversión y cultura, como Río de Janeiro, y un ambiente de trabajo, como en Sao Paulo. La ciudad es "como una miniatura Brasil, con brasileños de todas las clases sociales y todo tipo de trabajos", aseguró.

Puede ser que la crisis abra una oportunidad de trabajo para él. "Veo cuantos necesitan apoyo e ideas para proyectos", dijo, y organizar grupos y sobrevivir en las dificultades es parte de su experticia desde cuando vivía en su país.

Silva integra una red que busca organizar a los migrantes brasileños, para exigir mejores servicios en los consulados del país y más asistencia para los residentes en el exterior, y va a postularse como miembro del Consejo de Brasileños en el Mundo, que se pretende crear a fines de año.

"El gobierno brasileño no tiene idea de cómo viven sus ciudadanos en el exterior, ni imagina que hay gente pasando hambre en la cola de Caritas", una organización asistencial católica, argumentó.

NÚMEROS DE LA INMIGRACIÓN

Miguel Pajares, investigador de la Universidad de Barcelona, anticipó a IPS que un estudio sobre inmigración y trabajo, cuyos resultados se darán a conocer en agosto, revela que en 2009 el arribo de inmigrantes se mantuvo similar al del 2008, cuando en octubre estalló en Estados Unidos la crisis financiera global.

Pero sí hubo un gran cambio, según la investigación en que participó Pajares, elaborada por el Observatorio Permanente de la Inmigración (OPI) del Ministerio de Trabajo.

Ahora se está cerca del equilibrio entre los que llegan y los que retornan, precisó.

Durante el auge inmigratorio de los primeros siete años del milenio, llegaron a España anualmente entre 600 y 700.000 extranjeros.

En 2009, según una encuesta del Instituto Nacional de Estadística unos 400.000 inmigrantes abandonaron España. Entre los latinoamericanos, las colonias que más retornan parecen ser las de Colombia, Ecuador y Bolivia, aunque no hay datos confirmados al respecto, dijo Pajares.

Cree que el flujo de inmigrantes a la Unión Europea volverá a ser alto en cuanto se supere la crisis, pero en España el proceso será más tardío, porque su desocupación duplica el promedio del bloque. Además, en el país la destrucción de empleo es muy acelerada y la generación de puestos de trabajo lenta.

BRASIL, UN CASO APARTE

Entre 2008 y 2009 el OPI promovió una investigación bajo el título de "Los inmigrantes brasileños en la estructura socioeconómica española", con dos objetivos: trazar el mapa socio-demográfico sobre ellos y apoyar su inserción.

Uno de los investigadores, Leonardo Cavalcanti, un cientista social especializado en migraciones y profesor en varias universidades, detalló a IPS que los brasileños prefieren tradicionalmente Estados Unidos y Portugal como destinos para emigrar.

Pero entre 2004 y 2008 fueron tardíamente atraídos por la bonanza española y la población brasileña en el país pasó de 40.000 a 120.000 personas. Solo en 2007 el colectivo brasileño se hizo más visible para las autoridades y comenzó a rechazarse su acceso.

La situación hizo crisis en febrero de 2008, cuando en el aeropuerto de Madrid se prohibió el ingreso a un estudiante brasileño de postgrado de física y otros cuatro viajeros, en conexión a Lisboa para participar en un encuentro científico.

La amenaza de Brasil de aplicar reciprocidad de trato a los españoles en sus aeropuertos y las protestas de los medios de comunicación revirtieron estas actuaciones.

Las mujeres representan 60 por ciento del colectivo brasileño, el menos documentado de los inmigrantes y que mayoritariamente llega a esta nación europea para "conseguir un trabajo y una vida mejor", reflejó la investigación.

Todos los inmigrantes enfrentan ahora los recortes del gobierno en servicios sociales y programas de acogida. Pero, aún así, "para muchos es preferible estar en España que retornar a sus países", puntualizó Cavalcanti.

El especialista cree que es importante investigar cómo se integran en España y el resto de Europa los hijos de inmigrantes nacidos en el continente. "Nadie sabe cómo será el futuro de estos niños, si serán nacionales de segunda clase o tendrán el mismo acceso al trabajo que los hijos de españoles", planteó

miércoles, 28 de julio de 2010

Mujeres de Zambia quieren igualdad

La Organización Nacional de Mujeres de Zambia (ZNWL) lanzó la campaña "50 por ciento de mujeres y hombres por un desarrollo equitativo", para mejorar la participación femenina con vistas a las elecciones generales de 2011.

ZNWL trata de que 50 por ciento de los candidatos presentados por los partidos políticos sean mujeres.

Este país ocupa el antepenúltimo lugar entre los 14 miembros de la Comunidad de Desarrollo de África Austral (SADC) en materia de representación femenina. Catorce de los 150 asientos parlamentarios están ocupados por mujeres, o 22 por ciento.

En lo que respecta a los gobiernos locales, hay sólo siete por ciento de concejalas.

Zambia no pudo cumplir con la Declaración de Género de la SADC, que se propuso lograr que las mujeres ocuparan 30 por ciento de los escaños legislativos para 2005.

Resta por ver si este país podrá cumplir el Protocolo sobre Género y Desarrollo, de la SADC, que apunta a que 50 por ciento de los cargos políticos estén ocupados por mujeres en 2015, dado que no hay leyes que obliguen a los partidos a cumplir la disposición.

Pero Sharon Chileshe, de la ZNWL, se mostró optimista pues recibieron buena respuesta de los 14 partidos políticos, representados en los talleres realizados por la organización.

"Tenemos todas las herramientas necesarias para promover la participación de las mujeres en la política. Pedimos a los partidos que identificaran posibles candidatas y que nos las mandaran para capacitarlas", señaló

La capacitación incluye conocimientos sobre liderazgo para la presidencia, el parlamento y carteras de los gobiernos locales e información para ayudarlas en los procesos de decisión.

El sistema electoral de Zambia obstaculiza la efectiva participación de las mujeres, indica un estudio sobre los comicios generales de 2006, realizado dos años después por Mujeres en la Ley y el Desarrollo en África (Wildaf, por sus siglas en inglés).

Las mujeres deben afrontar tres grandes desafíos como limitados recursos para realizar campañas, estereotipos tradicionales que les impiden proseguir sus estudios y la creencia de que no deberían ocupar cargos públicos, señaló Joyce Macmillan, presidenta de Wildaf.

"De las 438 mujeres capacitadas para participar en las elecciones locales, 97, o 22 por ciento, fueron candidatas de varios partidos políticos y, sólo 57, o 13 por ciento, terminaron siendo elegidas por sus agrupaciones", señaló Macmillan.

"Se necesitan normas constitucionales", añadió.

Hubo sólo 106 mujeres, entre los 709 candidatos al parlamento en 2006. En los comicios locales hubo sólo 387, entre 4.095 aspirantes.

El gobierno debe promover un marco legal y acciones afirmativas para equilibrar el terreno, coincidió Mirriam Munyinda, del Consejo de Coordinación de Organizaciones No Gubernamental.

La participación femenina en las anteriores elecciones generales también fue baja porque tuvieron que competir entre sí.

El Partido Unido para el Desarrollo Nacional respalda la participación femenina siempre y cuando no comprometa su apoyo, declaró el portavoz Charles Kakoma.

"Queremos más candidatas en las próximas elecciones. La designación será muy competitiva y tienen que estar muy capacitadas, deben cumplir los requisitos mínimos en materia de educación, experiencia laboral y en especial, habilidades organizativas para saber cómo movilizar a la gente", añadió.

Al conmemorarse el Día Internacional de la Mujer, en marzo, el vicepresidente, George Kunda, llamó a los partidos políticos a ofrecer más oportunidades para ellas en 2011.

La Conferencia Nacional Constitucional, encargada de redactar una nueva ley fundamental, que puede ser utilizada el año que viene, solicitó propuestas en materia de igualdad de género, señaló Kunda, también ministro de Justicia.

Sin obligaciones legales es difícil imaginar cómo este país logrará que las mujeres ocupen 50 por ciento de los cargos electivos en los próximos comicios, pese a la movilización de la sociedad.

Las plataformas de todos los partidos políticos incluyen su compromiso en materia de equidad de género, pero ninguno pudo alcanzar el 30 por ciento previsto en la Declaración de la SADC

martes, 27 de julio de 2010

Israel sobre periodistas extranjeros

Las fuerzas de seguridad de Israel detienen a activistas y controlan a periodistas que cubren la creciente ola de protestas en Cisjordania.

La Asociación de la Prensa Extranjera (APE) en Israel divulgó un comunicado condenando lo que considera un cambio en el trato de las Fuerzas de Defensa Israelíes (FDI) a los periodistas que informan sobre las numerosas manifestaciones contra la muralla de separación en Cisjordania, los asentamientos ilegales y la expropiación de tierras.

"Apreciaríamos que las autoridades le recordaran a las varias fuerzas involucradas que la cobertura abierta y sin obstáculos de los acontecimientos noticiosos es considerada parte esencial de la democracia", reza el comunicado.

La APE acusó a las FDI de realizar arrestos sumarios a periodistas y camarógrafos, y de haber golpeado en la cara a un "fotógrafo claramente identificado cuando trabajaba para una conocida y acreditada organización de prensa", así como de amenazar con una granada de aturdimiento a otro reportero gráfico.

La asociación divulgó el comunicado luego de un ataque contra tres periodistas que cubrían una marcha cerca de un asentamiento israelí construido ilegalmente sobre tierra que pertenece a la aldea palestina de Beir Ummar, en el sur de Cisjordania.

Semanas atrás, en la aldea de Nabi Salah, al norte de Ramalah, dos activistas israelíes fueron golpeados y arrestados por haber criticado a soldados que dispararon contra a unos niños palestinos que lanzaban piedras.

Uno de los activistas, Yonatan Shapira, de 38 años, fue piloto de la Fuerza Aérea y ahora integra la organización Combatientes por la Paz, que reúne a ex beligerantes israelíes y palestinos. Shapira se granjeó el odio de las autoridades israelíes cuando redactó la denominada "carta del piloto" en 2003, firmada por 27 aviadores militares de Israel.

Los pilotos se negaron a volar sobre territorios palestinos ocupados y a participar de operaciones deliberadas contra civiles, particularmente en Gaza.

Shapira fue interrogado por la agencia interna de inteligencia israelí Shin Bet sobre su participación en protestas contra la ocupación y su apoyo al pro-palestino Movimiento BDS (Boicot, Desinversión y Sanciones), que promueve acciones de protesta pacífica contra Israel.

"Nada de lo que estamos haciendo es ilegal. No tengo miedo, pero no estoy cómodo con que mi país se convierta en un estado fascista", dijo Shapira.

"Las autoridades israelíes están tratando de intimidar a los disidentes políticos. No presentamos ninguna amenaza de seguridad. Pero la línea de separación entre activismo político y seguridad está siendo cada vez más borrosa por las autoridades", dijo Shapira a IPS.

"A veces, cuando vamos a manifestaciones somos detenidos en el camino por las FDI, que parecen tener conocimiento previo de nuestros movimientos", dijo a IPS el activista Shy Halatzi, de 23 años, estudiante de física y astronomía en la Universidad de Tel Aviv y ex soldado.

El gobierno del primer ministro Benjamín Netanyahu está preocupado por el creciente apoyo internacional a una campaña de boicot en su contra. En respuesta, pisotea las libertades civiles.

Cientos de profesores universitarios israelíes firmaron una petición denunciando la amenaza del ministro de Educación, Gideon Saar, de que se castigaría a cualquier académico o institución de apoyara el boicot.

Saar, del derechista Partido Likud, es aliado del movimiento nacionalista Im Tirtzu, que lleva adelante una campaña para que todos los profesionales de la educación demuestren su compromiso con el sionismo.

Neve Gordon, profesor de política en la Universidad Ben Gurion de Beersheva, recibió amenazas de muerte luego de haber escrito un editorial el año pasado en el periódico estadounidense Los Angeles Times explicando por qué apoyaba el boicot a Israel.

Mientras, activistas palestinos que participan de acciones no violentas contra la ocupación siguen siendo arrestados y encarcelados por lo que aseguran son acusaciones falsas y confesiones extraídas bajo coacción.

Las FDI realizan redadas nocturnas en aldeas de Cisjordania donde se llevan a cabo manifestaciones pacíficas regulares.

Wael Al-Faqia de la norteña ciudad cisjordana de Naplusa, fue sentenciado a un año de prisión por "pertenecer a una organización ilegal". Había sido detenido en diciembre pasado junto a otros ocho activistas.

Musa Salama, activista del Comité de Trabajadores de Asistencia Médica, asociado a Al Faqia, fue sentenciado en diciembre pasado por los mismos cargos.

Abdullah Abu Rahme, del Comité Popular contra la Muralla, en la central aldea de Bili’in, continúa detenido desde diciembre.

Entre otras cosas, es acusado de incitar protestas y de "poseer armas". Esta última imputación se debe a que es costumbre de muchos activistas recolectar latas de gases lacrimógenos y cartuchos usados por las fuerzas de Israel para emplearlos como señal de paz.

"Lo que estamos sufriendo nosotros los activistas israelíes es apenas una parte de lo que atraviesan los palestinos. Están sometidos a un trato mucho más duro y brutal que nosotros", dijo Shapira a IPS

lunes, 26 de julio de 2010

Periodistas protestan en Cachemira

Abdul Rehman se asombró cuando, una mañana, no encontró como era habitual los diarios en el césped de su casa, en el septentrional estado indio de Jammu y Cachemira. No los vería ni allí ni en los puestos de venta durante tres días más.

"Para mí, leer los periódicos en la mañana es tan esencial como el desayuno", dijo Rehman. Luego descubrió que los periódicos locales habían suspendido su tirada entre el 8 y el 11 de este mes. Fue la primera vez que ocurrió algo así en 20 años de conflicto en la región de Cachemira, disputada entre India y Pakistán.

Los medios de prensa protestaron de esta forma contra las restricciones que impuso el gobierno estadual al movimiento de reporteros y de personal técnico.

Aunque la situación en Jammu y Cachemira ha mejorado en los últimos dos años y las protestas pacíficas han ido reemplazando a la violencia contra las fuerzas de seguridad indias, la presión sobre la prensa ha continuado, e incluso aumentado.

Los periodistas son observados de cerca tanto por el gobierno estadual como por los opositores a éste.

"Estos frenos a los reporteros en Cachemira no tienen precedentes. Nunca lo habíamos visto antes", dijo Zaffar Mehraj, un veterano periodista.

La situación se agravó tras la última ola de violencia en este estado de mayoría musulmana, reclamado por Pakistán y donde hay más de medio millón de soldados indios.

Una encuesta del instituto británico Chatham House concluyó que entre 75 y 95 por ciento de los cachemiros desean la independencia. La disputa por este territorio motivó tres guerras entre India y Pakistán.

El 11 de junio, las fuerzas de seguridad indias mataron a un adolescente de 17 años cuando se trasladaba desde un centro de estudios hasta su casa en Srinagar. Esto desató una serie de protestas en toda Cachemira, y otras 14 personas murieron –la mayoría también adolescentes—mientras que decenas más resultaron heridas por la represión policial.

Aún está vigente un toque de queda en la mayor parte del estado, mientras el gobierno teme que se produzcan nuevas manifestaciones.

Fue en este contexto que las asociaciones de prensa se reunieron y decidieron sumarse a las protestas suspendiendo la impresión de todos los periódicos locales en inglés y en urdu.

"Tuvimos que detener la publicación de nuestros periódicos por cuatro días consecutivos, dadas las restricciones impuestas al personal de prensa", dijo Bashir Ahmad Bashir, editor de un diario en urdu.

"Nuestros permisos para trabajar durante el toque de queda fueron cancelados. Periodistas y fotógrafos fueron golpeados brutalmente, mientras que se presentaron demandas contra muchos trabajadores de los medios para impedir que informaran sobre la realidad", señaló. Riyaz Masroor, del diario en inglés Rising Kashmir, contó que fue "golpeado brutalmente por policías" luego de identificarse como periodista ante las autoridades que lo detuvieron en la puerta de su casa, a cuatro kilómetros del centro de la ciudad de Lal Chowk.

Los medios acusan al gobierno de querer privarle al público de información independiente, pero las autoridades lo niegan.

"Tuvimos que cancelar los permisos para impedir que fueran mal usados, pero entregamos unos especiales a personas de la prensa", dijo el portavoz del gobierno estadual, Khurshid Ahmad.

Organizaciones de prensa se quejaron de la escasez de permisos. "No es el editor el que puede hacer un periódico. Hay otras personas, las que trabajan en la redacción, en el diseño, en la impresión y en la distribución, las que hacen posible la publicación. Entregar unos pocos permisos no va a ayudar a la publicación", señaló Zaffar Mehraj, editor del diario Kashmir Monitor.

El 26 de junio, el gobierno estadual ordenó a los canales de televisión por cable locales que redujeran 15 minutos sus noticiarios de la tarde, y prohibió retransmitirlos.

Los dueños de los medios no desobedecieron la orden por temor a ser penalizados. Las autoridades pueden cancelar su licencia para operar, explicó el analista político Sheikh Showkat.

No hay canales de televisión satelital privados ni estaciones de radio privadas en Cachemira.

"Esto deja sólo dos opciones para la gente. O leen los periódicos locales para recibir información objetiva o ven los canales por cable", señaló Showkat.

"La información provista por la radio y la televisión no es considerada confiable por el pueblo de Cachemira, ya que las radiodifusoras estatales sólo dicen lo que le conviene al gobierno", añadió.

Pero las limitaciones al trabajo periodístico han existido en Jammu y Cachemira desde que comenzó la insurgencia en 1989.

"Al menos 10 periodistas han sido asesinados, una decena han sobrevivido a ataques mortales y cientos de redactores han sido golpeados y amenazados varias veces desde el inicio de la insurgencia", dijo el periodista Jahangir Bukhari.

"Los periodistas en Cachemira han trabajado con dificultad la mayor parte del tiempo, e incluso han optado por la autocensura por temor", dijo Bukhari.

Aunque los diarios reanudaron su publicación después de que el gobierno les aseguró que no habría acoso contra los reporteros, la situación sigue siendo tensa. "Esperamos que se nos permita trabajar libremente", dijo Bashir.

* The Asia Media Forum (http://www.theasiamediaforum.org) es un espacio para que los periodistas compartan análisis sobre asuntos relacionados con los medios y su profesión. Es coordinado por IPS Asia-Pacífico

domingo, 25 de julio de 2010

El agua como derecho humano en ONU

La propuesta de reconocer el acceso al agua como un derecho universal básico podría distanciar a las naciones ricas de las pobres en la ONU.

La principal oposición procede de las naciones occidentales, indicó Maude Barlow, activista y fundadora de Blue Planet Project, con sede en Canadá.

"Ese país es el peor. Pero Australia, Estados Unidos y Gran Bretaña también entorpecen el proceso", apuntó.

"Me resisto a ver esto como una cuestión Norte-Sur, pero le empieza a parecer mucho", dijo Barlow a IPS.

Si la Asamblea General, de 192 miembros, adopta la resolución "será una de las cosas más importantes que haya hecho la ONU (Organización de las Naciones Unidas) desde la Declaración Universal de los Derechos Humanos", remarcó.

El borrador de dos páginas, promovido por Bolivia, reconoce "el derecho humano al agua y al saneamiento".

La versión final se presentará al presidente de la Asamblea General, el libio Ali Abdussalam Treki, a fines de este mes, si supera los obstáculos políticos.

"Es algo muy preciado para las naciones en desarrollo", dijo a IPS un diplomático que no quiso dar su nombre.

Es verdad que no hay sustento legal para declarar el acceso al agua y al saneamiento como un derecho universal básico, apuntó. Hay que trabajar sobre cuestiones de definición y alcance, pero ya hay un proceso en Ginebra para trabajar al respecto y la Asamblea General "se adelantó", añadió.

"Son asuntos importantes y debemos lograr un consenso para esta resolución. De no ser así se socavará la importancia que le acordamos", advirtió.

Casi 2.000 millones de personas viven en zonas con escasez y 3.000 millones no tienen agua corriente en un kilómetro a la redonda de sus viviendas, indicó Barlow.

Cuando se redactó la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en 1948, nadie podía prever que llegaría el día en que el acceso al agua sería un problema, señala una carta enviada por Barlow a los representantes de los 192 miembros de la ONU.

"Pero en 2010 no es exagerado decir que la dificultad de acceder al agua potable es una de las peores violaciones a los derechos humanos", indicó Barlow, quien fuera asesora del 63 presidente de la Asamblea General en el periodo 2008-2009, el nicaragüense Miguel d’Escoto.

Canadá frenó los pasos más básicos hacia un reconocimiento internacional del acceso al agua como derecho universal y trabajó tras bambalinas para desbaratar las iniciativas hacia la creación de un instrumento vinculante, señaló la activista.

Los funcionarios canadienses no explican su posición, sólo arguyen que una convención de ese tipo obligaría al país a compartir su recurso con Estados Unidos.

Pero es sólo una excusa y el gobierno de Stephen Harper lo sabe, añadió Barlow.

Una mejor explicación es que una convención de la ONU actuaría como contrapeso de quienes pretenden vender el agua con fines de lucro, sostuvo.

Por su parte, Ann-Mari Karlsson del Instituto Internacional del Agua de Estocolmo (SIWI, por sus siglas en inglés) señaló que la organización coincide "con la posición de expertos independientes de la ONU sobre que el derecho al agua y al saneamiento son parte de un estándar de vida adecuado, derecho ya protegido por el artículo 11 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales".

Es importante que la resolución de la ONU lo aclare bien, indicó Karlsson, "lo que por ahora no hace", añadió.

Además, en este contexto, no puede subestimarse la importancia del saneamiento.

El acceso al agua y la disponibilidad del saneamiento están estrechamente vinculados, indicó Karlsson. Pero en el marco de los Objetivos de Desarrollo de la Naciones Unidas para el Milenio se está más lejos de alcanzar lo primero que lo segundo, añadió.

"Debería reflejarse eso en la resolución", añadió.

"Organizaciones locales e internacionales que luchan por justicia en el acceso al agua reclaman el liderazgo de la ONU para que se reconozca claramente que es un derecho humano, al igual que el saneamiento", indicó Anil Naidoo, también de Blue Planet Project.

Naidoo trabajó con China y los 130 miembros del Grupo de los 77 países en desarrollo para promover el borrador de la resolución.

"A medida que se avanza reclamamos que el texto de la resolución sea contundente y no deje dudas respecto de que el agua y el saneamiento son derechos humanos", añadió.

"No estamos contra la privatización como principio. Nuestra principal preocupación es que el Estado asuma su responsabilidad de regular y supervisar las actividades del sector privado para que todo el mundo tenga agua potable y corriente y saneamiento", dijo a IPS Karlsson, de SIWI.

No es relevante si el servicio lo brinda una empresa pública o privada, pero sí que el agua y el saneamiento sean considerados derechos humanos, remarcó

sábado, 24 de julio de 2010

AI contra 5 naciones en ONU

Los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU son acusados de facilitar el transporte de armas convencionales y bombas de racimo a países donde pueden ser usadas para cometer violaciones a los derechos humanos y crímenes de guerra.

Las acusaciones vienen de la organización Amnistía Internacional, que denunció recientes envíos por parte de compañías de transporte y aerolíneas registradas en China, Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña y Rusia.

Esos envíos "suponen un riesgo sustancial de ser usados para facilitar graves violaciones de los derechos humanos", señaló un nuevo informe de Amnistía divulgado este lunes en Nueva York, en coincidencia con la reanudación de la primera ronda de deliberaciones en la ONU (Organización de las Naciones Unidas) sobre el contenido del Tratado Internacional sobre el Comercio de Armas propuesto.

Brian Wood, director de la campaña Armas bajo Control de esa organización, señaló que los laxos controles sobre los envíos de armas por mar y tierra "no están confinados a jurisdicciones con leyes débiles sobre exportación e importación" de armamentos.

"Para salvar vidas y proteger los derechos humanos, el Tratado sobre el Comercio de Armas que se está negociando en la ONU debe abordar el papel de los transportistas y otros intermediarios en las cadenas de suministro de armas, en lugar de limitarse a especificar cuáles deben ser los procedimientos que deben aplicar los Estados para la concesión de licencias de exportación e importación", establece el informe "Envíos letales: el Tratado sobre el Comercio de Armas y los controles de transporte".

Natalie J. Goldring, del Centro de Estudios de Paz y Seguridad en la Escuela Edmund A. Walsh de Relaciones Exteriores de la Universidad de Georgetown, dijo a IPS que el presidente estadounidense Barack Obama comenzó a revertir el daño de las políticas de su predecesor, George W. Bush (2001-2009), en materia de transferencia de armas.

No obstante, "todavía se necesita hacer mucho", indicó.

Washington asegura tener reglas más severas que otros países para las transferencias de armas. "Aunque esto puede ser verdad en el papel, en la realidad, Estados Unidos transfiere regularmente armas a países que su propio Departamento de Estado (cancillería) incluye en la lista de los que violan los derechos humanos", señaló.

Goldring sostuvo que el nuevo informe de Amnistía destaca la necesidad de establecer nuevos estándares internacionales para las ventas de armas convencionales.

"Muchos de los participantes en las actuales reuniones del comité preparatorio para el tratado sólo honran de palabra la idea", dijo Goldring, en referencia a las negociaciones en marcha en la ONU para el Tratado sobre el Comercio de Armas.

Las conversaciones comenzaron el 12 de este mes, y se espera que concluyan el 23.

El comité preparatorio celebrará tres reuniones entre 2011 y 2012, seguidas ese último año de una gran conferencia donde se negociará el texto final del tratado.

"Pero la prueba real será ver si el borrador establece estándares altos y consistentes que respeten los derechos humanos y el derecho humanitario", opinó Goldring.

Los principales proveedores de armas han sido sistemáticamente acusados de proveer armas a países sin gobiernos democráticos, a regímenes represivos o naciones donde se cometen violaciones a los derechos humanos.

Entre sus clientes se encuentran Arabia Saudita, Colombia, Egipto, Indonesia, Kuwait, la República Democrática del Congo, Ruanda, Túnez, Turquía, Uganda y Yemen.

Algunos de los ejemplos destacados en el estudio de Amnistía incluyen envíos de bombas de racimo por parte de una compañía de transportes alemana en barcos británicos. Las armas fueron enviadas de Corea del Sur a Pakistán entre marzo de 2008 y febrero de 2010 para uso del ejército de ese país de Asia meridional.

"Esos envíos fueron realizados a pesar de que Gran Bretaña y Alemania se han comprometido plenamente a prhibir la transferencia y el uso de armas de racimo", dice el estudio.

El informe de Amnistía también cita el ejemplo de partes de ametralladoras y armamento antiaéreo de Bulgaria enviadas en septiembre de 2008 en vuelos regulares de pasajeros de la aerolínea Air France, desde Sofia al aeropuerto parisino Charles de Gaulle.

El envío fue luego trasladado por vía aérea a Nairobi, con destino a Kigali, Ruanda, según listaba la documentación que lo acompañaba.

"Había un riesgo claro y sustancial de que esos componentes obtenidos por el gobierno ruandés pudieran ser desviados. Ese tipo de armamento se utilizó en los combates librados en la República Democrática del Congo, donde más de 220.000 personas habían sido desplazadas y se cometieron graves violaciones de los derechos humanos. Los gobiernos búlgaro, francés y keniano, que permitieron la exportación y el tránsito del cargamento de armas a través de su territorio, no impidieron la transferencia", según Amnistía.

Goldring declaró a IPS que los representantes de Estados Unidos continúan sosteniendo que es importante llegar por consenso a decisiones sobre el Tratado de Comercio de Armas.

"En teoría suena bien, pero los países necesitan acordar para avanzar. En realidad, esto significa que cualquier otro país puede frenar el progreso, aún cuando todos los demás participantes estén de acuerdo", destacó.

También es de lamentar que los países que participan en las actuales negociaciones del tratado hayan elegido realizar buena parte de su trabajo a puertas cerradas, opinó.

En las últimas sesiones del comité preparatorio se impidió el acceso a delegados de organizaciones no gubernamentales, y se prevé que también sean excluidos de muchas de las reuniones de esta semana.

El embajador argentino Roberto García Moritán, quien preside las negociaciones, anunció el día 14 que las organizaciones de la sociedad civil ya no tendrían permitido estar presentes durante debates cruciales.

En un comunicado difundido la semana pasada, la alianza Armas Bajo Control manifestó su disconformidad al respecto.

Denis Mizne, director de la organización brasileña Sou da Paz, dijo que algunos estados quieren ocultarse tras esas puertas cerradas porque no quieren que la gente vea cuán preparados están para proteger los intereses comerciales a expensas de la población, que es la que soporta la carga de los acuerdos de armas ilícitas

viernes, 23 de julio de 2010

Dinero, financiamiento, etc la respuesta ante retos del Milenio

Reunido por primera vez en Madrid, el Grupo de Impulsores de los Objetivos de Desarrollo de la ONU para el Milenio concluyó que la clave para cumplirlos es conseguir financiación lo antes posible.

Esos Objetivos, definidos en 2000 por la Asamblea General de la ONU (Organización de las Naciones Unidas), incluyen reducir a la mitad la proporción de personas que padecen pobreza y hambre (en relación a 1990), garantizar la educación primaria universal, promover la igualdad de género y reducir la mortalidad infantil y la materna.

Y también combatir el sida (síndrome de inmunodeficiencia adquirida), el paludismo y otras enfermedades, asegurar la sustentabilidad ambiental y fomentar una asociación mundial para el desarrollo, todo esto con 2015 como fecha límite.

La Cumbre Mundial sobre los Objetivos de Desarrollo del Milenio, que tendrá lugar del 20 al 22 de septiembre en Nueva York, deberá centrarse en África, "la gran asignatura pendiente" para lograr las Metas del Milenio.

Así lo expresaron durante el encuentro --que tuvo lugar el viernes y continuó con contactos bilaterales este sábado-- fuentes gubernamentales españolas, quienes señalaron a IPS que en la próxima reunión al menos se deberá llegar a un acuerdo para establecer una nueva herramienta de financiación para el desarrollo.

En esa línea, añadieron, los asuntos relacionados con la asistencia al desarrollo deberán estar presentes en las grandes cumbres internacionales, como la del Grupo de los 20 (G-20), unión del Grupo de los Ocho (G-8) países más poderosos del mundo, (Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña, Italia, Japón y Rusia), las grandes economías emergentes y la Unión Europea (UE) como bloque.

El actor Antonio Banderas, embajador de Buena Voluntad del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), hizo hincapié en la necesidad de desarrollar actividades de todo tipo, incluyendo las artísticas, para concientizar a la sociedad sobre la importancia de las Metas del Milenio.

La ex presidenta de Chile Michelle Bachelet (2006-2010) subrayó que hay que esforzarse para encontrar nuevas fuentes de financiación para ello.

Sin embargo, el punto más polémico de la reunión fue la presencia del presidente de Ruanda, Paul Kagame.

En mayo, cuando el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Ban Ki-moon, creó el Grupo de Impulsores, designó como copresidentes al jefe del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, y a Kagame.

"Es inaceptable que un acusado de genocidio ante un juzgado español, con sólidas pruebas, sea designado para compartir la presidencia de un organismo internacional con el presidente del gobierno español", manifestó a IPS la eurodiputada socialista Francisca Sauquillo, presidenta del Movimiento por la Paz, el Desarme y la Libertad.

El juez Fernando Andreu tiene abierta en la Audiencia Nacional de España una causa contra Kagame por el asesinato de nueve españoles que fueron testigos de masacres en Ruanda. Y está acusado de crímenes de guerra y de lesa humanidad perpetrados por militares que actuaban bajo sus órdenes en 1994, año del conflicto étnico en el que murieron unas 800.000 personas en ese país africano.

Pero pese a haberse abierto esa causa en 2008, el presidente ruandés no fue procesado, gracias a la inmunidad de que goza como jefe de Estado. No obstante, en el auto judicial se aportaron claros indicios de su implicación en esos delitos, señalaron a IPS miembros de la Fiscalía.

Muchas organizaciones no gubernamentales (ONG), entre ellas Amnistía Internacional y Reporteros sin Fronteras, criticaron que se haya recibido a Kagame, destacando que en Ruanda se siguen violando los derechos humanos y que también hay "amenazas, agresiones físicas e incluso asesinatos de periodistas".

También se pronunciaron en esa línea los Comités de Solidaridad con el África Negra y la Red de Entidades para el Desarrollo Solidario.

El último asesinato reportado en Ruanda fue la decapitación, esta semana, del vicepresidente del Partido Democrático Verde, André Kagwa Rwisereka.

Mientras las dos principales fuerzas políticas de España, el gobernante Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y el centroderechista Partido Popular (PP), aceptaron la presencia de Kagame, todos los demás partidos la rechazaron.

Una de las posiciones más impugnadas por las ONG fue la de Ban Ki-moon, quien citó a Ruanda como ejemplo para el resto de los países pobres por sus avances en el cumplimiento de los Objetivos del Milenio.

En la reunión, que se desarrolló en el Hotel Ritz de Madrid, el ministro de Relaciones Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, actuó en representación de Rodríguez Zapatero, quien luego recibió a todos los participantes menos a Kagame en el gubernamental Palacio de La Moncloa.

Allí estuvieron Ban, Bachelet y el actor Banderas, entre otras personalidades como el consejero especial de la ONU sobre mecanismos novedosos de financiación del desarrollo, Philippe Douste Blazy, y el vicepresidente de la Alianza para una Revolución Verde en África, Akin Adesina.

Dos de los miembros del Grupo faltaron a la cita: el bangladesí Muhammad Yunus, creador del microcrédito y premio Nobel de la Paz 2006, y el estadounidense Bill Gates, fundador de la empresa Microsoft y filántropo

jueves, 22 de julio de 2010

Luz María Ramírez Villalpando al estrado por declaraciones misoginas

La directora del Instituto de la Mujer Guanajuatense (Imug), Luz María Ramírez Villalpando, deberá responder ante la Procuraduría de los Derechos Humanos de Guanajuato (PDHG) por sus declaraciones contra las mujeres tatuadas, advirtió el gobernador panista Juan Manuel Oliva Ramírez, quien refirió: yo también tengo hijas que tienen tatuajes.

El Imug es una institución que está para defender los derechos humanos de las mujeres en Guanajuato, y Ramírez Villalpando tiene que aclarar sus expresiones sobre los tatuajes, afirmó el mandatario en entrevista con La Jornada.

“Espero que los derechos de las mujeres se sigan respetando en el estado y el asunto de los tatuajes no tiene que ver con el tema de los valores (…) cuando sea solicitada su presencia en esas instancias de derechos humanos, que ella aclare... precise”, sostuvo el panista.

Agregó que el encargo que le hizo a Ramírez Villalpando desde que asumió la titularidad del Imug es el respeto de los derechos de las mujeres en Guanajuato.

Al preguntarle si la destituirá del Imug, Oliva Ramírez respondió: Esperaré a que las instancias de derechos humanos fijen la posición en su oportunidad.

Acerca de si coincidía con las declaraciones de la funcionaria en el sentido de que las mujeres con tatuajes son un ejemplo de pérdida de valores, el mandatario estatal respondió: Yo también tengo hijas que se ponen su tatuaje, por eso es importante que ella aclare bien qué dijo y cómo lo dijo.

El 12 de julio pasado, en las instalaciones del Partido Acción Nacional (PAN) en León, ante unas 250 personas, Ramírez Villalpando puso de ejemplo de pérdida de valores a las mujeres tatuadas.

Con una presentación en power point, la funcionaria colocó la fotografía de una mujer tatuada con dos preguntas: ¿qué sería del mundo ético y estético si afirmando la subjetividad del gusto, cada uno se atuviera a la propia manera de ver las cosas?, y ¿cómo podría evitarse el caos si no hay pautas de valoración, ni normas de conducta?


El gobernador panista Juan Manuel Oliva Ramírez, y la presidenta del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, Raquel Barajas Monjarás, ayer, tras salir de la sede del Centro de Convenciones en GuanajuatoFoto Carlos García
No hay pautas de valoración o normas de conducta; esta joven (la de la foto), bueno, podrá afirmar que es muy original y que es muy su gusto andar así, pero yo me pregunto, sí no hay un valor que se llama salud y si algunas de estas cosas no le estarán perjudicando en este sentido, formuló la funcionaria.

También se escandalizó por las mujeres que se hacen perforaciones para colocarse objetos y más si van en los genitales ¡caramba! ¿para qué quieres ponerte o lastimarte de esa manera, y ¿a quién se lo vas a presumir?: me cuesta trabajo entender a quién se lo vas a presumir.

La PDHG abrió el expediente 215/10-A por actos de discriminación contra la directora del Imug; sin embargo, la queja deber ser ratificada por las personas que se sientan agredidas, de lo contrario será cerrada en un año.

Incluso, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) inició una reclamación de oficio dirigida al gobierno de Guanajuato por las declaraciones que hizo la funcionaria, al considerar que constituyen un presunto acto de discriminación hacia las mujeres que se tatúan o se hacen perforaciones para colocarse adornos y afirmar que son ejemplo de la pérdida de valores de la sociedad.

Mediante correos electrónicos, mujeres de Guanajuato recaban firmas para ratificar la queja que integró la PDHG contra la titular del Imug.

En el escrito, las mujeres afirman que Ramírez Villalpando atenta contra lo establecido en el artículo primero de la Constitución de México, en el segundo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, entre otras normas.

En los mensajes que circulan en Internet se pide que el formato se imprima y se recaben las firmas que serán entregadas al ombudsman Gustavo Rodríguez Junquera, antes del 21 de julio

miércoles, 21 de julio de 2010

¿Y los desaparecidos? hablemos claro

Cada día, Luz Marina Hache revive a Eduardo Lorne en su hijo de 25 años: duerme igual, es igual de estudioso, se indigna como su padre ante la inequidad. Es el mismo rostro bello de su recuerdo.

Lorne fue desaparecido en noviembre de 1986. Era líder sindical en la estatal Universidad Pedagógica de Colombia y había estado preso por pertenecer al grupo armado nacionalista M-19, que se integró a la vida civil tres años después.

Hache tiene de 55 años y hace 17 que trabaja en la Fiscalía General de la Nación. Ve de cerca el dolor de las víctimas de la larga guerra de Colombia: desaparición forzada de personas, masacres, ejecuciones extrajudiciales, desplazamientos, amenazas. La historia de nunca acabar.

Para ella, ese es el rostro doloroso del recuerdo. "Eso me ratifica en lo que yo creo, que es en lo que creía Eduardo, ‘el Negro’, como yo le decía: que tenemos que construir un país donde todos quepamos, donde se respete el pensamiento del otro y lo que es el otro".

Si de cifras se tratara

El gobierno hablaba en junio de 2009 de 27.000 desaparecidos forzadamente. En diciembre, la Fiscalía anunció más de 49.000.

La estatal Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas fijó esta semana en 46.329 las personas que no han aparecido ni vivas ni muertas.

Esa entidad, creada en 2000 para apoyar la investigación de la desaparición forzada, lleva cuentas de 12.830 víctimas de ese crimen de lesa humanidad. De éstas, 159 aparecieron vivas y 280 muertas, según su coordinador, Andrés Peña, en el foro "Hablemos todos de los desaparecidos".


Se derrumba cuando imagina qué pasaría si aparecen los restos de "el Negro".

Entonces, Hache dejaría de buscar. "La posibilidad de enterrarlo, de saber que hay una tumba con su nombre. Que no es un N.N. (no name, sin identificación), que sus restos no son tratados como si fueran los de un animal, eso me daría mucha tranquilidad. Y me diría a mí misma que mi lucha no ha sido en vano", dice.

"Me daría la capacidad de perdonar. Perdonar a los que le hicieron eso. Perdonar a todos los victimarios…", le daría fuerzas para afrontar a cada supérstite que llega con el dolor reciente y con esa pregunta que no tiene respuesta: "¿Por qué a mí?"

Hache trabaja en la Unidad de Delitos Sexuales de la Fiscalía y es dirigente de la Asociación Nacional de Funcionarios y Empleados de la Rama Jurisdiccional.

Por tanto forma parte de la entidad que instruye los procesos, pero tiene una fuerte crítica a la Fiscalía y a la rama judicial. Solo desde 2008 tienen en cuenta lo que dicen las víctimas.

"Lo atribuyo a las exigencias que las víctimas han hecho en las versiones libres de los paramilitares", opina Hache, respecto de las confesiones voluntarias de los ultraderechistas que se desmovilizaron tras pactar con el gobierno de Álvaro Uribe.

Ya sellada la negociación, la Corte Constitucional les impuso que sólo acepta la "verdad completa", a cambio de penas de entre cinco y ocho años de cárcel por todos sus crímenes.

Las víctimas que presencian esas audiencias tienen derecho a hacer preguntas a los procesados. Esto, según Hache, "ha obligado a que el Estado tenga en cuenta lo que siente y lo que dice la víctima".

"Muchos fiscales e instructores se han sensibilizado frente a esa realidad y han empezado a entender y a respetar el dolor que tiene la víctima", reconoce.

"Sin embargo, también hay que decirlo, hay funcionarios judiciales que le dan casi la razón al victimario cuando éste justifica sus crímenes y el fiscal no hace nada para impedirlo", continúa la mujer, "no puede haber justificación para quitarle la vida a nadie".

La desaparición forzada está relacionada con asuntos vergonzosos como detención arbitraria y tortura.

En la masiva matanza que se propuso el proyecto paramilitar ultraderechista para erradicar todo viso de organización, protesta o descontento social, y que de paso se quedó con las tierras de los desplazados, se trataba también de no reflejar su magnitud.

Las desapariciones se cuentan por decenas de miles, pero ninguna cifra encaja (ver recuadro).

La Convención internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, creada en 2006 bajo la égida de la Organización de las Naciones Unidas, es el primer instrumento internacional que consagra el derecho a la verdad.

Además, tiene "dientes": su Comité de Desapariciones Forzadas dispone de facultades reales para socorrer a las víctimas, buscarlas y apoyar a los afectados.

Bogotá anunció que ratifica la Convención pero sólo parcialmente. Rechaza la competencia del Comité. Dice que con el Sistema Interamericano de Derechos Humanos basta y sobra.

Esto implica que el Comité no puede acoger ningún caso relacionado con Colombia, según el estatuto. Por eso se multiplican en estos meses las voces a favor de que el país ratifique plenamente la Convención.

"Hace falta, realmente, el Comité. Éste daría la fuerza como un instrumento adicional de la lucha contra las desapariciones forzadas", dijo Andrés Peña, de la Comisión Nacional de Búsqueda, esta semana en el foro "Hablemos todos de los desaparecidos", convocado por la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (Asfaddes).

El Comité "es lo que más ayudaría", dijo a IPS Yanette Bautista. Su hermana Nydia Erika fue desaparecida en 1987.

La Fundación Nydia Erika Bautista y Asfaddes, entre otras organizaciones, lanzaron en mayo de 2009 la campaña Víctimas y Derechos, Haz lo Justo, Hasta Encontrarlos, para mostrar la necesidad de la ratificación plena.

En abril se reunió en Bogotá el II Congreso Mundial de Trabajo Psicosocial en procesos de Búsqueda, Exhumación, Verdad y Justicia, con 300 delegados de 23 países de Asia, África, América y Europa.

En su declaración final, el congreso llamó al gobierno colombiano a ratificar la Convención sin omisiones.

Luz Marina Hache cree que difícilmente podrá dar con los autores materiales de la desaparición de "el Negro". Pero, dice, "debe haber un compromiso de la sociedad en general de que nunca más en Colombia va a haber desaparecidos".

Es justamente lo que se pone en duda con el rechazo gubernamental a la jurisdicción del Comité de Desapariciones Forzadas en Colombia

martes, 20 de julio de 2010

Conflicto etnico dificulta cosas en China

El desarrollo del lejano oeste que pretende Beijing puede complicarse pues las causas del enfrentamiento entre uigures de la provincia de Xinjiang y miembros de la etnia mayortiraria en China, han, no desaparecieron después de un año del episodio que dejó varios muertos y heridos.

El 5 de julio de 2009, un grupo de uigures, pueblo musulmán sunita de habla turca y mayoritario en Xinjiang, se reunió en la Plaza del Pueblo de la capital, Urumqi, en protesta por la inacción del gobierno tras el mortal ataque sufrido por trabajadores de esa etnia en la provincia de Guangdong, unos 4.800 kilómetros al este.

La manifestación pacífica se tornó violenta. Unas 200 personas murieron y 1.600 quedaron heridas, principalmente han, según estadísticas oficiales.

Los hechos siguen generando controversia.

Organizaciones de derechos humanos sostienen que Beijing subestimó la cantidad de uigures asesinados por los han tras los disturbios del 5 de julio. Además, la prensa estatal minimizó la represión policial.

Por su parte, el gobierno central sostiene que fuerzas externas avivaron las llamas de la violencia.

Los dos periódicos en inglés, China Daily y Global Times, recordaron el primer aniversario del enfrentamiento de Xinjiang, pero sin dar detalles de lo ocurrido ni citar fuentes uigures.

Los artículos se concentraron en huérfanos de la etnia han, cuyos padres murieron en el conflicto.

El Diario del Pueblo, órgano del Partido Comunista, publicó el artículo del China Daily. El servicio en inglés de la estatal agencia de noticias Xinhua no mencionó el asunto. Otros artículos periodísticos remarcaron la necesidad de reforzar las medidas de seguridad en Urumqi.

La tensión que llevó a los disturbios de 2009 se mantiene en esa provincia, pero Beijing sigue con sus planes para desarrollar la región oeste del país.

Es una de las prioridades que el gobierno prevé llevar a cabo con migración e inversiones. Beijing anunció que destinará 100.000 millones de dólares a ese fin.

Xinjiang, rica en petróleo, gas y minerales, es una provincia del oeste de particular importancia en los planes del gobierno.

Diecinueve gobiernos provinciales y municipales enviaron asistencia a Xinjiang en los últimos años para crear miles de puestos de trabajo, señaló Ma Dazheng, subdirector del Centro de Investigación de Geografía e Historia de Frontera, de la Academia de Ciencias Sociales de China.

Beijing tiene dos objetivos en esa provincia: lograr el desarrollo y la estabilidad, dijo Ma a IPS. No se puede tener el uno sin el otro. Suele ocurrir que las políticas del gobierno central no se implementan en el ámbito local, lo que demora la apreciación de los resultados, añadió.

"No puedo decir que no habrá más violencia. La situación es estable en Xinjiang", indicó Ma. "Las tensiones subyacentes a los disturbios del año pasado son bien conocidas, pero creo que en el futuro inmediato, hay pocas posibilidades de que" se repita la situación, sostuvo.

Residentes de Urumqi "dijeron haber sido testigos del uso de municiones reales por las fuerzas de seguridad contra los manifestantes uigures el 5 de julio de 2009", señala un comunicado del Proyecto de Derechos Humanos Uigur (UHRP), con sede en Washington.

El UHRP divulgó la semana pasada el estudio "¿Alguien puede escucharnos? Voces de los disturbios de 2009 en Urumqi", con relatos de primera mano. El documento también analiza las causas económicas, sociales y políticas de lo ocurrido y la censura.

El estudio, además, señala que las golpizas propinadas por civiles a uigures en julio y septiembre y las detenciones arbitrarias profundizaron la brecha entre las dos comunidades.

El gobierno chino dispuso "la mayor censura de Internet del mundo", bloqueó las llamadas de teléfono internacionales y los mensajes de texto por celular, señala el documento. Poco se sabe sobre lo ocurrido aquel día y los meses siguientes, según los autores del estudio.

Beijing fomentó el descontento al promover la migración han hacia el oeste, lo que aumentó el desempleo de la población local, sostienen críticos del gobierno.

"La transferencia de gente que altera la composición poblacional de Xinjiang es uno de los aspectos de la política sistemática que amenaza la supervivencia del pueblo uigur", escribió Carl Gershman, presidente de National Endowment for Democracy, en el periódico The Washington Post.

"El idioma uigur fue virtualmente eliminado de la escuela y se prohibieron cientos de libros de historia y de su cultura. La fe musulmana se cuestiona, los clérigos deben someterse a una ‘reeducación patriótica’ y la construcción de mezquitas está rigurosamente controlada", remarcó.

Las autoridades chinas están demoliendo la Ciudad Vieja de Kashgar, en el extremo occidental de Xinjiang, tras lo cual quedarán 200.000 personas y en la calle y 65.000 hogares destruidos, indicó Gershman.

Beijing responsabiliza de la situación a fuerzas externas, en especial la líder uigur Rebiya Kadeer, exiliada en Washington desde 2005 tras ser liberada de prisión. La activista niega toda actividad ilegal vinculada al episodio de 2009.

Las desigualdades económicas exacerbaron las tensiones en Xinjiang el año pasado, señaló Chen Xiushan, director del Instituto de Economía Urbana y Regional en la Universidad de Renmin. Las políticas económicas deben incluir consideraciones culturales, añadió.

"Muchos pueblos del oeste son muy frágiles. Tenemos que tomar medidas políticas y económicas para preservarlas", sostuvo Chen

lunes, 19 de julio de 2010

Presos cubanos llegan a España

Los 11 ex presos cubanos que han arribado hasta ahora a España podrán integrarse a la sociedad local, trabajar y gozar de todos los derechos ciudadanos, dijo Juan Pablo de Laiglesia, secretario de Estado para Iberoamérica.

El grupo es parte de los 52 presos políticos que el gobierno de Raúl Castro decidió el 7 de este mes comenzar a dejar en libertad de modo gradual, tras la mediación de la Iglesia Católica de Cuba y luego del gobierno español.

Se espera que en las próximas semanas otro grupo se sume a los 11 disidentes que ya se encuentran con sus familias en Madrid.

El gobierno español del socialista José Luis Rodríguez Zapatero los acogió en el marco de la protección subsidiaria, lo que incluye el otorgamiento automático de permisos de residencia y de trabajo para todos, explicó De Laiglesia a IPS.

Los ex presos, añadió, no podrán votar en las elecciones municipales porque para ello debe existir un reconocimiento recíproco entre los dos países, cosa que ya se acordó con todos los países latinoamericanos, excepto Cuba, que no se ha pronunciado al respecto.

De Laiglesia destacó que la liberación se produjo en el marco del diálogo de La Habana con la Iglesia Católica de la isla, esfuerzo "muy importante que España acompaña, esperando que a corto plazo se logre la liberación de todos los presos políticos".

España acogerá a todos los liberados que deseen venir a España, apuntó.

La decisión del gobierno de Castro, acotó el secretario de Estado, "nos coloca en una situación nueva de la realidad política y social de Cuba, cuyos efectos veremos en los próximos meses, con todos los que estén genuinamente comprometidos en acompañar los cambios cubanos".

"Hemos comprobado un talante de apertura positivo, que nos permite mirar con optimismo el futuro", dijo.

Sin embargo, los liberados no son tan optimistas e incluso critican al gobierno español.

Uno de ellos, Julio César Gálvez, manifestó este jueves en rueda de prensa que "en España yo no soy dueño de mí mismo, porque mi futuro no depende de mí, sino de los funcionarios que me imponen sus decisiones".

Los 11 disidentes están alojados en un hostal en Vallecas, un distrito humilde de Madrid, cuya tarifa diaria es de 14 euros (18 dólares), cifra que un hotel supera los 50 euros (64 dólares), lo que da una idea de la calidad del local.

Varios de los arribados, entre ellos Omar Moisés Ruiz Hernández, se quejaron del hospedaje, costeado por el Estado español, porque sufren de mucho calor. Los responsables del hostal "nos recomendaron que salgamos de Madrid, porque aquí la vida es demasiado cara", dijo Ruiz.

Por otro lado, la Comisión Española de Ayuda al Refugiado manifestó su disposición de trasladarlos a Málaga, en el sur de España, en tanto que la Cruz Roja española se comprometió a darles asistencia durante 24 meses.

Ante las quejas porque el hostal está ubicado en un barrio humilde y sólo dispone de habitaciones de tres camas sin baños privados, la Cruz Roja arguyó que el local tiene estructuras dignas de primera acogida y permite reunir allí a un gran número de personas.

Normando Hernández, también criticó el alojamiento y recordó que Zapatero se comprometió a acogerlos y que por ello tendría que proporcionarles "lo que nos merecemos como refugiados".

"Estamos pidiendo las condiciones mínimas necesarias para que yo y mis allegados podamos sentirnos como una familia. No somos criminales", enfatizó.

Otros ex presos prefirieron recordar la situación que vivían en Cuba.

Ricardo González, ex corresponsal de Reporteros Sin Fronteras en La Habana, detenido en 2003, dijo en la misma rueda de prensa que su paso por la cárcel fue terrible, con "estructuras inhumanas, hacinamiento, goteras de desagües, celdas donde los presos defecan en un hueco, en el mismo lugar donde duermen".

Aseguró haber estado tres meses con la luz encendida en su celda las 24 horas del día como una forma adicional de castigo y tortura.

Los disidentes se siguen considerando sin libertad. José Luis García Paneque, subrayó que la condena de ellos no fue anulada, ya que el gobierno cubano no les entregó ningún documento que certifique su libertad.

"Si regresamos a Cuba podrían detenernos otra vez", arguyó.

Aunque marcó un punto positivo: "las autoridades españolas nos informaron que tenemos la posibilidad de acceder a la condición de refugiados internacionales", lo que significaría recibir apoyo económico y gozar de derechos civiles.

Además criticaron con dureza al canciller español Miguel Ángel Moratinos por haber planteado a la Unión Europea que abandone la llamada "Posición común", una declaración política por el cual el bloque se comprometió a luchar porque se reconozcan y respeten los derechos humanos en la isla caribeña.

Para Ricardo González, se debe tener presente que hay decenas de presos políticos que siguen entre rejas reclamando que se aúnen más fuerzas para liberarlos. O ¿los quieren tener como tarjetas de cambio, como rehenes", preguntó.

A través de un comunicado leído en la conferencia de prensa, señalaron que después de siete años de "injusto cautiverio" lograron la libertad gracias "al martirio de Orlando Zapata Tamayo", muerto en febrero tras una huelga de hambre, a igual acción de más de cuatro meses de Guillermo Fariñas y a la insistencia inquebrantable de las Damas de Blanco, como de las llama al grupo de familiares de los presos

domingo, 18 de julio de 2010

Salud al borde de un colapso

El sistema de salud de Corea del Norte se encuentra en una situación crítica y requiere ayuda, advirtió este jueves la organización humanitaria Amnistía Internacional.

En el informe "The Crumbling State of Health Care in North Korea" ("El desmoronamiento de la atención a la salud en Corea del Norte"), divulgado en Nueva York, el grupo señaló que la situación es tan grave en ese país asiático que se realizan amputaciones y otras cirugías importantes sin anestesia.

Las clínicas y hospitales norcoreanos están "arruinados y operan con frecuentes cortes de energía y sin calefacción". Aunque la asistencia médica gratuita está garantizada para todos, los médicos no reciben su salario y tienen que cobrarles a los pacientes, que a veces pagan hasta con cigarrillos o ropa.

Se supone que las medicinas son entregadas en forma gratuita en los hospitales, pero Amnistía señala que los norcoreanos aceptan por "conocimiento común" que son vendidas en el mercado negro por personas sin capacitación que aconsejan sobre su uso a la población.

Entre los medicamentos más vendidos se destaca el "jeong tong pyeon", un analgésico altamente adictivo derivado del opio.

Mientras, representantes de la misión diplomática norcoreana en la Organización de las Naciones Unidas negaron las afirmaciones de Amnistía.

"Cada ciudadano en Corea del Norte tiene derecho a plena atención médica gratuita", dijo a IPS un funcionario de la delegación.

"El sistema de atención médica universal de Corea del Norte es de servicio completo gratis, sin cargo por los medicamentos, vacunación, exámenes médicos, cirugías, etcétera. El gobierno les paga adecuadamente a todos los médicos", agregó.

Corea del Norte es parte de la Convención Internacional sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que obliga a los miembros a proteger los derechos de la población a "los mayores estándares alcanzables de salud", como señala el informe de Amnistía.

La información provista por la organización se basa en el testimonio de 40 norcoreanos que abandonaron el país entre 2004 y 2009, algunos de los cuales vivían cerca de la frontera o tenían familiares en países vecinos.

Varios hicieron mención a la propaganda práctica de mezclar "alimentos silvestres", como cortezas de árbol y malezas, con granos para poder "hacer que la comida dure más". Esta costumbre ha tenido un impacto negativo en la salud, y se incrementó 20 por ciento en 2008, según el Programa Mundial de Alimentos (PMA) y la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO).

El gobierno de Corea el Norte no ha aceptado ayuda humanitaria de Estados Unidos desde marzo de 2009, según el informe, debido a las "tensas relaciones", y pidió al PMA que enfocara su asistencia en 65 condados y siete provincias, cuando antes la dirigía a 131 condados y ocho provincias, según explica la propia agencia de la ONU en su sitio web.

"Las operaciones cambiaron de objetivo debido a la sostenida situación de bajos recursos", dijo a IPS la portavoz del PMA para Corea del Norte, Lena Savelli.

"Se priorizaron las existencias de alimentos disponibles para distribuir productos fortificados a los grupos más vulnerables", entre ellos mujeres y niños, agregó.

Mientras, datos publicados por el PMA muestran que 33 por ciento de la población está desnutrida.

"Con la dimensión actual de las operaciones y los recursos disponibles, el PMA sólo puede abordar parte de la brecha alimentaria que enfrenta el país. En lo que va de 2010, el PMA ha distribuido unas 40.000 toneladas de alimentos a los norcoreanos hambrientos, y hay en planes otras 44.250 toneladas hasta fin de año, en caso de que los donantes aporten suficientes fondos", explicó Savelli.

Savelli dijo que la falta de financiamiento por parte de donantes sigue siendo un importante desafío. Éste "frecuentemente nos obliga a recortar las actividades, eliminar a ciertos grupos de beneficiarios de las listas de distribución, limitar la asistencia alimentaria a raciones parciales de productos fortificados y cancelar proyectos en el marco del desarrollo comunitario".

La directora general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Margaret Chan, visitó el país en abril y dijo que se había alcanzado importantes logros en la cobertura de la inmunización y en la salud materna e infantil.

Sin embargo, el informe señala que las condiciones siguen siendo difíciles. El ex director general de la OMS Gro Harlem Brundtland dijo a la prensa en 2001 que el sistema de salud de Corea del Norte estaba cerca del colapso, y que se necesitaba equipamiento, medicinas, electricidad y dinero para impedir una crisis sanitaria más importante.

Actualmente, según Savelli, un tercio de los niños menores de cinco años padecen atrofias y un cuarto de las mujeres embarazadas están desnutridas. Entre los 2,5 millones de personas que el PMA toma por objetivo, 80 por ciento son descritas como "grupos vulnerables", a los que se brinda apoyo nutricional.

"El PMA apoya a 11 fábricas locales que producen alimentos en el país. Para garantizar que la asistencia llegue a las mujeres y los niños que la necesitan, los alimentos se distribuyen a través de instituciones como orfanatos, jardines de infantes, guarderías, escuelas primarias y hospitales", señaló Savelli.

En el informe, Amnistía urge "al gobierno norcoreano a garantizar que el Estado cumpla sus obligaciones nacionales e internacionales de respetar" y proteger el derecho a la salud.

También alienta a Corea del Norte a "cooperar estrechamente con la ONU en el abordaje de la inseguridad alimentaria, la salud y otros asuntos relacionados en el país".

El reporte llama a la comunidad internacional a "asegurar la provisión de asistencia humanitaria en Corea del Norte en base a la necesidad, y no está sujeta a condiciones políticas".

"El gobierno da la bienvenida a la cooperación internacional en el área de la salud", dijo a IPS el funcionario.

sábado, 17 de julio de 2010

Violencia y Futbol

Bruno, portero del club de fútbol brasileño Flamengo, era un modelo para los hinchas. Buen jugador, famoso, "exitoso" entre las mujeres y millonario. Ahora, detenido bajo sospecha de asesinar a una ex amante, se convirtió también en referencia de la violencia contra la mujer.

El nombre del futbolista defensor de la portería de uno de los equipos más populares de Brasil se trasladó desde las páginas deportivas a las policiales.

Bruno Fernandes das Dores de Souza, nacido en 1984 y conocido profesionalmente como Bruno, es uno de los ídolos de los millones de hinchas de ese club carioca, actual campeón nacional, a quien se le atribuye gran parte de ese triunfo. Entre sus marcas figura la de "no sufrir goles" durante 73 juegos del campeonato y en cinco seguidos.

Pero ahora la policía cree que este jugador fue el que dio la orden del asesinato de una ex amante suya, la modelo Eliza Samudio, desaparecida hace un mes, luego de ser vista por última vez en una casa del futbolista, actualmente casado con Dayane Rodriguez.

De esa relación extraconyugal, Samudio reveló que habría nacido un hijo, actualmente de cuatro meses, y de quien el jugador no asumió su paternidad.

El caso comenzó el año pasado cuando la modelo denunció en una comisaría especializada en atención a la mujer que Bruno, con la ayuda de dos amigos, la secuestró, agredió y obligó a tomar una sustancia abortiva.

Pero la bomba estalló esta semana cuando la justicia decretó la prisión preventiva del portero y de un supuesto cómplice, acusados de secuestrar a Samudio, estrangularla y arrojar sus restos a perros feroces para ocultar el cadáver, según un testigo.

El futbolista ya tenía antecedentes de denuncias de violencia contra mujeres en fiestas organizadas en su casa, que él definió como "orgías", donde dice haber conocido a la mujer.

Una vez, para defender a su colega, Adriano Leite Ribeiro, el ex atacante de Flamengo conocido como Adriano, dejó picando otra pelota en la cancha. "¿Quien no ha terminado en cachetadas contra su mujer alguna vez?", justificó.

"Esto complica nuestro trabajo porque Bruno es una figura pública, muy admirada y puede tener impactos negativos, sobre todo entre los jóvenes", se lamentó en entrevista con IPS Fabio Verani, de la organización no gubernamental Promundo, que trabaja contra la violencia de género desde la mirada masculina.

En cambio, la "torcida" (hinchada) está dividida. Para algunas brasileñas, como la empleada doméstica Djane Freitas, el caso demuestra "que la violencia contra la mujer está cada vez peor", ya que "alguien prefiere matar a asumir la paternidad de su hijo".

Otra empleada doméstica, Sirlene da Silva, justificó de alguna manera el supuesto crimen del portero. A su juicio, los dos están equivocados, pero Eliza lo está "más", porque "ninguna mujer debería conseguirse hombres sólo porque son famosos, para sacarles dinero, y además quedar embarazada para asegurarlos".

Esta situación, según Sirlene, es la "que después causa toda esa confusión".

Es por eso que Verani considera que el caso debería aprovecharse positivamente. Por ejemplo, con la movilización de otras personalidades masculinas o de los mismos equipos de fútbol. Ellos deberían "usar su espacio público" para pronunciarse contra la violencia de género. Hasta ahora, Flamengo anunció la suspensión del contrato del arquero.

Beatriz Galli, consultora de derechos humanos de la no gubernamental IPAS Brasil, opinó que la situación debe hacer reflexionar a los clubes de fútbol sobre sus jugadores y a tener en cuenta no sólo cuestiones deportivas sino también psicológicas a la hora de contratarlos.

La consultora de IPAS, organización internacional que trabaja desde diversos ángulos el tema de la salud reproductiva de la mujer, dijo a IPS que los clubes deberían orientar a sus jugadores sobre conductas éticas y morales en asuntos como la violencia de género.

"Tenemos el caso de un ídolo de multitudes, del club más popular de Brasil, de un gran atleta, de éxito en la profesión, de todo lo que es considerado un ejemplo, involucrado en un caso de violencia contra la mujer como éste", enfatizó.

A su juicio, no se puede permitir que una figura pública defienda las "cachetadas" contra una mujer como algo normal en una relación, "como si no existiese la ley María de Penha", en referencia a una norma vigente desde 2006, que combate la violencia doméstica y contra la mujer con penas entre tres meses y tres años para los agresores.

Según Galli, se trata de "un caso muy ilustrativo de Brasil", que muestra, entre otras realidades, la de una "sociedad patriarcal y machista" y "la de una mujer desvalorizada como un verdadero objeto sexual".

"Es como un flagrante de cómo son las relaciones de género en Brasil", planteó. Como representante de una organización que lucha por el aborto legal y seguro, Paula Viana, del no gubernamental feminista Grupo Curumim, cree que el caso genera otra reflexión: el derecho a querer o no querer interrumpir un embarazo.

"No queremos una legislación que obligue a la mujer a abortar o a no abortar", subrayó Viana, para quien el caso "muestra la vulnerabilidad de la mujer frente al poder machista y patriarcal". El caso habla de una sociedad que "no deja a sus mujeres expresar el derecho de su propio cuerpo", indicó.

Esta semana, la Secretaría Especial de Políticas para Mujeres divulgó un nuevo boletín sobre la Central de Atención a la Mujer, que atiende telefónicamente denuncias de género.

El número de denuncias entre enero y mayo, que llegó a 271.719, aumentó 95,5 por ciento respecto del mismo período del año pasado.

De ese total, hubo 29.515 sobre agresiones físicas, 13.464 psicológicas, 6.438 "morales", 887 patrimoniales, 1.060 sexuales, 42 situaciones de tráfico y 207 casos de privación de libertad.

La secretaria atribuyó ese aumento a una campaña nacional contra la violencia y la Ley María da Penha

viernes, 16 de julio de 2010

Casi sentencian a mando del Jemer Rojo

El jefe de torturadores de una célebre prisión del Jemer Rojo en Camboya finalmente sabrá qué precio tendrá que pagar por la precisión matemática con la que torturó y mató a casi 14.000 personas, entre ellas bebés.

El fallo que se emita el 26 de este mes, en el primer juicio internacional a un líder sobreviviente del Jemer Rojo, será un momento histórico para esta nación de Asia sudoriental, 31 años después del derrocamiento del régimen genocida liderado por Pol Pot.

El juicio a Kaing Khek Eav, más conocido como Duch, se inició el 30 de marzo de 2009 en las Cámaras Extraordinarias de los Tribunales de Camboya, un cuerpo integrado por jueces nacionales y extranjeros y patrocinado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Duch, ex profesor de matemáticas, fue el director y jefe de carceleros de Tuol Sleng o S-21, una escuela secundaria de Phnom Penh que se convirtió en la mayor prisión y centro de torturas del Jemer Rojo.

Duch es el primero de cinco acusados del régimen ultramaoísta del Jemer Rojo. También es el más joven.

El acusado enfrenta cargos por crímenes contra la humanidad, crímenes de guerra, asesinatos y torturas. El proceso judicial puede condenar a 45 años de prisión a este hombre de 67 años.

En Tuol Sleng, Duch y otros interrogaban y torturaban a civiles --entre ellos niños-- considerados enemigos del Jemer Rojo.

Apenas 11 personas salieron con vida de las entre 12.380 y 14.000 que se estima estuvieron prisioneras en esa cárcel, una de las casi 200 que el Jemer Rojo mantuvo en todo el país durante su régimen, que se extendió entre abril de 1975 y enero de 1979.

Durante este periodo, cerca de 1,7 millones de personas, o casi la cuarta parte de la población del país en ese momento, fueron ejecutadas o fallecieron debido a trabajos forzados o de inanición, mientras el tirano Pol Pot promovía una utopía agraria.

Entre quienes sobrevivieron a los "campos de la muerte" de Camboya está Vann Nath, para quien el juicio a Duch es una cuestión personal. Él fue uno de los 11 prisioneros de Tuol Sleng que salieron con vida.

Duch fue "el carnicero de Tuol Sleng", escribió Vann Nath en un libro sobre el terrible periodo que pasó en esa cárcel.

Fue su talento como pintor lo que lo mantuvo vivo. Le ordenaron con regularidad que realizara retratos de un hombre al que casi no conocía, pero cuyas fotografías en blanco y negro le mostraban: Pol Pot.

Esta orden de Duch le dejaba poco espacio para el error a la hora de hacer los dibujos iniciales, en blanco y negro, y los posteriores, en color.

"Si mi salud me lo permite, iré al tribunal para oír el veredicto. Espero que el fallo sea justo", dijo Vann Nath, de 63 años, en una entrevista telefónica desde Phnom Penh, donde se recupera de una cirugía en su brazo izquierdo.

Otros camboyanos, como Youk Chhang, esperan un veredicto más drástico. Consideran que una sentencia prolongada, que haga que Duch pase el resto de su vida en una prisión donde "lo alimentarán diariamente" y "no hará nada más", puede "no satisfacer a todo el pueblo, que siguió su juicio y se enteró de todo el horror que tuvo lugar", dijo Youk a IPS.

"Deberían hacerle leer las confesiones de lo que les hizo a las víctimas en Tuol Sleng cada día que esté en prisión, como un recordatorio de sus acciones", opinó Youk, director del Centro de Documentación de Camboya, con sede en la capital.

Este Centro ha registrado los testimonios de casi un millón de víctimas, e identificado la existencia de 20.000 fosas comunes. "Algunas personas quieren que sentencien a Duch a cadena perpetua", agregó.

Luego de Duch, habrá otros poderosos líderes sobrevivientes del Jemer Rojo en la mira del tribunal. Entre ellos, Nuon Chea, mano derecha de Pol Pot, Khieu Samphan, presidente del país durante el régimen del Jemer Rojo, y también el ministro de Relaciones Exteriores de esa época, Ieng Sary.

El tribunal también busca cumplir el objetivo más amplio de ayudar a los camboyanos a cerrar un doloroso capítulo de su historia. Las transmisiones nacionales del juicio aportan una narrativa sancionada judicialmente sobre un periodo oscuro que hasta ahora no había estado sometido a un escrutinio oficial.

Fue exitosa la medida adoptada por el tribunal de informarle al público cómo se iba desarrollando el juicio a Duch, dijo Rupert Abbot, abogado del Centro Camboyano para los Derechos Humanos.

"El proceso ha hecho que la gente comprenda qué ocurrió y por qué", agregó.

Lo más preocupante es cuánto apoyo dará al tribunal el gobierno del primer ministro Hun Sen, quien fue un miembro de bajo rango del Jemer Rojo.

"El juicio a Duch fue fácil, porque él estuvo dispuesto a admitir lo que hizo y porque se trataba sólo de S-21. Pero en los próximos casos, la escena del crimen será el país entero", dijo Abbot en una entrevista desde Phnom Penh

jueves, 15 de julio de 2010

CNN y los Derechos Humanos

La imparcialidad de la cadena estadounidense de noticias CNN es duramente cuestionada luego del despido de Octavia Nasr, editora en jefe para Medio Oriente, por haber expresado tristeza tras la muerte de un polémico clérigo libanés.

Estoy "triste por enterarme del fallecimiento de Sayyed Mohammed Hussein Fadlallah... Uno de los gigantes del Hezbolá que yo respetaba mucho", escribió la periodista en su muro de la red social por Internet Twitter, con más de 7.000 seguidores.

Fadlallah era una figura que inspiraba a muchos musulmanes chiitas libaneses y un temprano simpatizante del movimiento Hezbolá (Partido de Dios).

El religioso, quien inicialmente apoyaba los ataques suicidas como forma de resistencia contra la ocupación israelí de Líbano y Palestina, posteriormente fustigó al Hezbolá por sus estrechos vínculos con Irán, así como al "régimen clerical" que el ayatolá Jomeini impuso en Teherán en 1979.

Sin embargo, críticos de Fadlallah señalan que era un incondicional opositor a Washington y aseguran que estuvo vinculado a atentados que mataron a más de 260 estadounidenses.

Otros sostienen que el apoyo que el clérigo dio a los derechos de las mujeres y su oposición a la llamada circuncisión femenina o los "asesinatos de honor" son evidencia de que mantenía una posición moderada.

Luego de que la organización judía Liga Antidifamación y varios medios y blogs de derecha comentaran con malestar las expresiones de Nasr, la periodista hizo otra publicación en Twitter el martes 6, en la que intentó aclarar su comentario y subrayó su admiración por la defensa que hacía Fadlallah de los derechos de las mujeres.

Fadlallah "diseminó numerosas ‘fatwas’ apoyando operaciones terroristas y era abierto partidario del terrorismo contra objetivos israelíes", rezaba una declaración de la Liga ese mismo martes.

La "fatwa" es el pronunciamiento de un experto en ley islámica sobre una cuestión específica.

"Es claramente una incorrección para un periodista/editor de CNN expresar un punto de vista tan sesgado como hizo la señora Nasr en su Twitter", añadió la Liga.

"¿Cómo celebró la jefa editora de CNN para asuntos de Medio Oriente, Octavia Nasr, el 4 de julio (Día de la Independencia de Estados Unidos)? Lamentando la muerte de Sayyed Mohammad Hussein Fadlallah, del Hezbolá", escribió Daniel Halper en el conservador Weekly Standard.

Pero otros periodistas, académicos y activistas expresaron su preocupación por la rapidez con que CNN despidió a Nasr y por la emergencia de un doble discurso cuando se trata de informar sobre Medio Oriente.

"La cadena, que tuvo al ex funcionario de AIPC (siglas en inglés del Comité Estadounidense-Israelí de Asuntos Públicos) Wolf Blitzer como su principal presentador de noticias en los últimos 15 años, justificó sus acciones diciendo que la ‘credibilidad’ de Nasr se había ‘comprometido’", escribió con ironía Glenn Greenwald, de la revista Salon.

Para el periodista, Nasr fue despedida por haber ofendido a la "derecha neoconservadora" al expresar su pesar por el fallecimiento de una "figura profundamente compleja, con algunas quejas legítimas, algunos odios afianzados, ciertos puntos de vista desagradables y una sustancial capacidad para lo bueno".

Con él coincidió Peter Hart, director de activismo en la organización de vigilancia a los medios Imparcialidad y Precisión en la Cobertura (FAIR, por sus siglas en inglés).

"Si había algún indicio de que (Nasr) realizaba un periodismo cuestionable durante todos estos años, tendría que haber salido a la luz antes, pero no ocurrió. Por tanto, es una decisión desconectada de cualquier política. El problema real es que dijo algo que ofendió a personas muy poderosas, y ése fue su error", dijo a IPS.

Nasr trabajó 20 años para CNN y rara vez apareció al aire, excepto para ser consultada como analista de Medio Oriente. No tiene ningún antecedente de parcialidad pro-israelí o pro-palestina y, según Greenwald, "armonizaba a la perfección con el trabajo de los medios corporativos estadounidenses".

"Octavia Nasr fue despedida por la cosa más inteligente que haya dicho jamás", sostuvo por su parte el periodista Nir Rosen, del Centro sobre Derecho y Seguridad de la Universidad de Nueva York, en su perfil de Twitter.

"Infinidad de periodistas y políticos estadounidenses han mostrado respeto, y en algunos casos aduladora admiración, por varias figuras mundiales con manos mucho más sangrientas que las del ayatolá Fadlallah –como (el líder comunista chino) Mao Zedong, (el primer ministro israelí) Ariel Sharon, el sha (emperador) de Irán o incluso (el líder norcoreano) Kim il Sung--, pero no les ha costado sus empleos", escribió Stephen Walt, profesor de relaciones internacionales en la Universidad de Harvard.

Muchos se preguntan por qué Nasr, ya conocida como una periodista controversial sobre asuntos de Medio Oriente, fue despedida tan rápido por un comentario hecho a la ligera en Twitter.

Según observadores, la cadena estaba siendo presionada para despedirla debido a su inclinación a cuestionar el discurso de algunos medios de prensa de derecha y grupos pro-israelíes que presentaban a Fadlallah como un terrorista.

El comentario "fue suficiente para desatar una airada indignación en varios centros de la esfera neoconservadora en blogs y en Twitter, que salieron en contra Nasr por negarse a reducir a Fadlallah a un simple terrorista anti-israelí y anti-estadounidense", escribió en su blog Matt Duss, investigador de seguridad nacional en el Centro para el Progreso Estadounidense

miércoles, 14 de julio de 2010

Indigenas oaxaqueños atentos a las elecciones

La autónoma comunidad indígena triqui de San Juan Copala, en el sureño estado mexicano de Oaxaca, está a la expectativa de la postura que asuma el flamante gobierno estadual electo.

Esa comunidad, habitada por 786 personas y que se declaró autónoma en 2007, padece desde enero un bloqueo de paramilitares pertenecientes a la Unión de Bienestar Social para la Región Triqui (Ubisort), una organización ilegal acusada de tener vínculos con el actual gobierno del estado, encabezado por Ulises Ruiz, del histórico Partido Revolucionario Institucional (PRI).

"La primera señal que el gobierno elegido el domingo debe enviar es el rompimiento del bloqueo y el desarme de Ubisort", planteó a IPS Jorge Albino, miembro de la comisión de derechos humanos de San Juan Copala, ubicada a unos 600 kilómetros al sur de la capital mexicana.

"El nuevo gobierno no va a ser una solución para la región triqui, pero puede ser una puerta abierta en beneficio del municipio", añadió.

El candidato Gabino Cué, de la coalición de izquierda y derecha formada por los partidos Acción Nacional (PAN), de la Revolución Democrática, del Trabajo y Convergencia, lidera las votaciones locales, en detrimento de Eviel Pérez, abanderado del PRI, según los resultados preliminares.

El domingo, unos 30 millones de ciudadanos acudieron a las urnas para renovar los gobiernos estaduales y municipales, así como los congresos legislativos locales de 14 estados de México, en los comicios más importantes antes de la cita presidencial de 2012. En 12 de ellos se eligieron nuevos gobernadores.

El PRI, que gobernó este país sin interrupciones durante siete décadas hasta 2000, se impuso en nueve estados, pero perdió el norteño y emblemático estado de Sinaloa y, por vez primera en ocho décadas, fue vencido en los sureños Puebla y Oaxaca, en una señal de alerta de que no tiene asegurada la victoria en 2012, como se presuponía.

"Se vino un voto de castigo en Puebla y Oaxaca, por los dos gobernadores que están saliendo. Vienen nuevos aires, Cué va a tener mayores herramientas para dar paz a la comunidad oaxaqueña, va a poder lidiar mejor con las diferentes fuerzas políticas", señaló a IPS Arturo Argente, académico del privado Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey.

Ruiz y su correligionario Mario Marín, de Puebla, han estado involucrados en sendos escándalos de corrupción y abuso de poder, aunque que éstos no derivaron en condenas penales.

San Juan Copala ha sido escenario este año de varios incidentes violentos. En abril, paramilitares atacaron un convoy humanitario con víveres y medicamentos para los pobladores, misión que intentó quebrar el cerco impuesto.

La emboscada de Ubisort dejó muertos a Beatriz Cariño, directora del no gubernamental Centro de Apoyo Comunitario Trabajando Unidos, y al finlandés Jyri Jaakkola, un observador de derechos humanos, y varias personas heridas. En esa caravana viajaban activistas de derechos humanos y observadores de Alemania, Bélgica, Finlandia e Italia.

Luego, en mayo, fueron ejecutados Timoteo Alejandro Ramírez y su esposa Cleriberta Castro. Ramírez fue uno de los precursores de la autonomía de San Juan Copala y máximo dirigente del Movimiento de Unificación y Lucha Triqui Independiente (Multi), una de las organizaciones defensoras de esa iniciativa.

En junio, otro convoy, integrado por diputados, activistas y periodistas, que también transportaba bienes básicos, trató de entrar en la comunidad, pero se abstuvo de intentarlo debido a las amenazas de los paramilitares de un nuevo ataque.

Este domingo no se instalaron casillas para votar en San Juan Copala.

Cué, quien perdió en las elecciones a gobernador de Oaxaca en 2004, asumirá en diciembre de ser declarado ganador por la autoridad electoral, arrastrando un legado de conflictos violentos, corrupción y pobreza, pues se trata de uno de los estados con mayor grado de marginación en México.

"Vamos a esperar su agenda de trabajo. Pero queremos que investigue los asesinatos en San Juan Copala y que el estado no meta las manos en la comunidad", apuntó Albino.

Para evaluar la situación de derechos humanos, las eurodiputadas Satu Hassi, ex ministra del Medio Ambiente de Finlandia, y Ska Keller, ex presidenta de la Federación de los Jóvenes Verdes Europeos, se encuentran en Oaxaca y, luego de su gira, entregarán un informe al Parlamento Europeo y al gobierno mexicano.

En los últimos años, Oaxaca ha vivido otros conflictos, como el ocurrido entre mayo y octubre de 2006, cuando el magisterio del estado, afiliado a la Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), tomaron las principales calles de la ciudad en rechazo a la gestión del gobernador Ruiz.

El magisterio y la APPO, que agrupa a unas 300 organizaciones locales, acusaron a Ruiz, imagen del ala más conservadora del PRI, de corrupto y autoritario.

El conflicto acabó con la intervención de docenas de policías federales enviados por el entonces presidente Vicente Fox (2000-2006), afiliado al PAN, al igual que el actual mandatario Felipe Calderón.

La acción policíaca dejó más de 20 muertos, la gran mayoría atribuidos a la represión oficial, unos 370 heridos y aproximadamente 350 detenidos, sin que haya procesos penales contra los responsables. Las manifestaciones resurgieron a mediados de 2007, pero se debilitaron rápidamente.

"Tenemos una sociedad muy lastimada, con muchos rencores y que busca un cambio. Hay que ver el ambiente que dejan los gobernadores salientes. El mexicano está manifestando que está recuperando la memoria y que quiere ver otros políticos a la cabeza", analizó Argente.

El virtual triunfo de Cué es la confirmación de la estrategia de alianzas emprendida entre el conservador PAN y los partidos de izquierda, repetida en otros cuatro territorios y que derivaron también en triunfos en Sinaloa y Puebla.

El esquema podría repetirse en los comicios en el estado de México, aledaño a la capital mexicana, de 2011

martes, 13 de julio de 2010

Afganos refigiados regresan a su patria

Se prevé que 130.000 refugiados afganos en Pakistán regresarán este año a su tierra natal, duplicando la cifra de 2009. Pero no es solamente la nostalgia lo que explica este fenómeno. También está la discriminación.

Muchos de los refugiados dicen que los pakistaníes --tanto los funcionarios como los ciudadanos comunes-- han dejado en claro que no son bienvenidos, y cada vez les hacen la vida más difícil.

"El gobierno hace todo para acosar a los refugiados afganos", dijo Dost Mohammad, un reconocido líder de afganos que vivía en el campamento de refugiados de Shamshalo, en Peshawar, cerca de la frontera pakistaní con Afganistán.

"Somos personas pobres y la comunidad internacional no debería" abandonarnos, agregó.

Jamila Bibi, de 44 años, teme que sus hijos mueran de inanición. Según ella, pronto tendrá que ganarse la vida mendigando.

Antes "trabajé como empleada doméstica. Pero ahora las comunidades locales son reticentes a ofrecer trabajo a mujeres afganas", destacó.

En 1979, la invasión soviética a Afganistán desató una emigración de más de cinco millones de afganos hacia Pakistán, que se resistía a recibirlos. Hasta hace tres años, había 24 campamentos que alojaban a esos refugiados, pero el gobierno pakistaní los clausuró cuando la comunidad internacional le retiró su apoyo.

Datos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) revelan que desde 2002 más de 3,5 millones de refugiados afganos en Pakistán han vuelto a su país. Se espera que este año otros 130.000 sigan sus pasos, bajo el programa de repatriación voluntaria impulsado por el foro mundial. Esa cifra duplicaría a la registrada el año pasado.

No es ningún secreto que a Pakistán, que no firmó la Convención de las Naciones Unidas sobre el Estatuto de los Refugiados, de 1951, no le entusiasma ser el anfitrión de los refugiados durante demasiado tiempo.

Sin embargo, el país tiene un acuerdo tripartito con Afganistán y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) para permitir que refugiados afganos registrados como tales permanezcan en el país hasta diciembre de 2012.

La Autoridad Nacional de Bases de Datos y Registros de Pakistán, que cuenta con asistencia financiera y técnica de Acnur, pudo registrar a unos dos millones de refugiados afganos en 2007.

Según la ONU, Pakistán todavía tiene 1,3 millones de refugiados afganos registrados. La mayoría de ellos viven en Khyber Pakhtunkhwa, que antes se llamaba Provincia de la Frontera Noroccidental, pero también los hay en centros urbanos del país.

Un portavoz de Acnur en Peshawar dijo que los refugiados ya fueron informados sobre la extensión de su permanencia legal en Pakistán, siempre y cuando posean tarjetas de registro.

"No vamos a obligarlos" a volver a su país, declaró a IPS Najamuddin Khan, ministro federal para las regiones fronterizas.

El ministro de Información de Khyber Pakhtunkhwa, Mian Iftikhar Hussain, señaló que no es verdad que los afganos estén siendo maltratados. "Hemos estado sufriendo debido a la presencia de afganos, pero no tomaríamos ninguna medida contra quienes poseen documentos válidos para permanecer aquí", dijo.

Con la palabra "sufriendo", Hussein se refería aparente y parcialmente a la percepción popular de que los refugiados afganos han ocupado muchos puestos de trabajo que correspondían a los ciudadanos del lugar, porque aceptan salarios más bajos.

Sin embargo, Hussain también dijo: "No permitiremos que los delincuentes se queden aquí".

"Tenemos estadísticas que muestran que 45 por ciento de los delitos son cometidos por afganos", enfatizó el oficial de policía Mohammad Rafiq.

"Ellos comenten delitos y se escapan a Afganistán, donde no pueden ser rastreados", agregó.

Los delitos presuntamente cometidos por refugiados afganos en Pakistán van desde robos hasta asesinatos.

Sin embargo, muchos refugiados sienten que son castigados aunque no hayan incurrido en ninguna falta.

Dicen que desde que se cerraron los campamentos de refugiados en 2007, la policía los acosa constantemente en relación a sus documentos. La mayoría de los refugiados se han visto obligados a vivir en chozas improvisadas y a aceptar cualquier trabajo para poder comer.

Rehmat Shat, por ejemplo, dijo que los 55 dólares que cobra mensualmente como guardia nocturno en la casa de una familia no le alcanzan para mantener a la suya.

"Mis dos hijos venden verduras para complementar mis ingresos", explicó.

Las tres hijas de Mirza Mohammad --Samia, de 10 años, Rabia, de ocho, y Jaweria, de seis-- la acompañan cada vez que recorre el vecindario, al amanecer, para recoger la basura.

"Algunas personas nos dan dinero en efectivo y el pan y el hielo que les quedaron. Pero otras no", dijo la descalza Rabia.

Pero, pese a las dificultades de la vida de los refugiados en Pakistán, muchos afganos dicen que, si pueden, prefieren quedarse en este país.

"No podemos irnos debido al caos, la falta de empleo, la mala calidad de la educación y de los centros de salud en nuestro país", dijo Shah.

El taxista Jalawan Khan, de 35 años, agregó: "El gobierno debería compadecerse de nosotros. Vinimos aquí escapando de sucesivos años de guerra, hambruna y sequía".

Sin embargo, algunos miembros de la familia de Khan han vuelto a Afganistán. De hecho, él envía parte de sus ingresos a su madre, que ahora vive en su natal provincia afgana de Khost.

No obstante, para Khan es cada vez más difícil brindar por lo menos dos comidas diarias a su esposa e hijos. "Mi padre tenía un muy buen negocio (de alfombras) en el campamento de Kacha Garhi. Pero ahora la situación es extremadamente mala", dijo Khan.

"De todos modos yo me quedo, porque quiero educar a mi hijo aquí, en Peshawar", explicó