martes, 31 de agosto de 2010

La desilgualdad laboral japonesa

Miharu, de 51 años, hace malabarismos con sus dos empleos de tiempo parcial, como secretaria en un estudio legal y en una compañía de diseño, pero apenas puede ganar los suficiente para vivir en Japón, una de las economías más ricas del planeta.

La situación de su amiga Satoko Kobayashi es por completo diferente. Esta mujer de 46 años, soltera, trabaja como asistente dental, tiene un salario estable y goza de dos primas anuales que le permiten mantener un estilo de vida confortable, con posibilidad de viajar al exterior y pasar tiempo con sus amigas.

Divorciada hace 10 años, Miharu, quien prefirió no divulgar su apellido, considera que su futuro es sombrío.

"Estoy agradecida por tener trabajo a mi edad. Pero lo que llevo a casa apenas cubre mis gastos mensuales. Sueño con abandonar el monótono trajín diario", afirmó.

En promedio, sus ingresos mensuales alcanzan los 1.800 dólares, dos tercios de los cuales van para pagar el alquiler, comprar artículos básicos y comida.

Miharu, con un título en inglés, había abandonado su empleo en una compañía de comercio al casarse y tener un hijo. Años después se separó y quiso volver a trabajar, pero se dio cuenta de cuán difícil era para una mujer de su edad retomar una carrera profesional.

Las historias de Miharu y Kobayashi muestran no sólo cómo la recesión en Japón ha afectado más a las mujeres, sino también cómo ha ampliado la brecha social entre los diferentes grupos de trabajadoras, señaló Toshiaki Tachibanaki, autor de "Más opciones, mayor inequidad", un análisis de la economía desde la perspectiva femenina.

"Tradicionalmente, las mujeres mayores siempre han tenido problemas para encontrar empleos estables luego de renunciar a uno. Pero, con la recesión, la situación ha empeorado", explicó.

"Cuando las compañías reducen costos para afrontar la competencia internacional, las mujeres, que también sufren la discriminación de género tradicional, son las más afectadas", añadió.

Tachibanaki sostuvo que la cultura laboral japonesa, dominada por los hombres, ha reducido la posibilidad de las mujeres para obtener empleo luego de haberse casado o tenido hijos.

Cuando a esta situación se le suma la tasa de desempleo, de 5,3 por ciento –4,9 por ciento entre las mujeres--, se genera un ambiente que obstaculiza las carreras de las profesionales, explicó Tachibanaki.

Su investigación muestra que las mujeres que permanecen dentro de la fuerza laboral por lo general trabajan en forma independiente, con empleos de tiempo completo como Kobayashi. Otras pueden trabajar pocas horas ya que sus esposos ganan buenos salarios.

"Las otras simplemente luchan por sobrevivir", explicó en conferencia de prensa.

Estadísticas confirman esta tendencia. Las mujeres de entre 20 y 64 años constituyen 13,39 por ciento de los trabajadores pobres en Japón, que ganan menos de 11.000 dólares al año.

Además, representaron 62 por ciento de los 610.000 empleados de tiempo parcial en 2009, según el Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar.

Por lo general son contratadas en "call centres" (centros de llamadas), como oficinistas, trabajadoras de la salud o vendedoras.

Se les hace firmar un contrato anual o semestral y reciben paga por hora. A veces tienen un sueldo 30 por ciento inferior al de sus pares hombres.

Habitualmente, sus contratos de empleo no incluyen vacaciones o complementos.

La Unión de Mujeres de Tokio investiga 25 denuncias al mes, de las cuales 80 por ciento son de mujeres de entre 30 y 50 años que perdieron su empleo por una reestructura en sus compañías.

"Las mujeres mayores son las primeras en irse de la compañía", explicó Toyomi Fuji, una de las consejeras de la Unión. "Su trabajo es considerado prescindible por sus jefes hombres".

Una importante queja entre las trabajadoras japonesas es el sistema de empleo temporal. Los contratos por lo general son acordados entre la compañía y la agencia laboral, y no directamente con ellas. Esto por lo general deriva en condiciones de trabajo injustas, dijo Fujii.

Es común que mujeres más jóvenes y atractivas tengan más posibilidades de ser contratadas que las más veteranas, añadió

lunes, 30 de agosto de 2010

Dura es la Ley pero es la Ley

Un programa gubernamental diseñado para detener peligrosos criminales es usado para deportar a personas que reciben multas de tránsito o cometen delitos menores, según grupos defensores de los derechos de los inmigrantes.

Las organizaciones señalaron que 79 por ciento de las personas deportadas a través del programa Comunidades Seguras (S-Comm) no son criminales o fueron detenidas por delitos leves, como violaciones de tráfico o travesuras juveniles.

De las aproximadamente 47.000 personas deportadas a través del programa, desde su entrada en vigor en octubre de 2008 hasta junio de 2010, sólo 20 por ciento fueron formalmente acusadas o condenadas por delitos graves de "nivel uno", como agresión sexual o tráfico de drogas.

Los activistas también señalaron que el programa "sirve como una pantalla de humo para el prejuicio racial, permitiéndole a los oficiales de policía detener a personas basándose en su apariencia y a no ciudadanos sabiendo que serán deportados, aun si son erróneamente arrestados o nunca son condenados".

Las críticas contra el programa proceden fundamentalmente de la Red Organizadora del Día Nacional del Trabajador (NDLON, por sus siglas en inglés), el Centro por los Derechos Constitucionales y la Clínica de Justicia para la Inmigración de la Escuela de Leyes Benjamin N. Cardozo.

Las organizaciones dijeron que documentos oficiales obtenidos gracias a la ley de Libertad de Información "revelan un patrón de deshonestidad" en la agencia de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés), que implementa el S-Comm.

El programa promueve la cooperación entre las autoridades migratorias nacionales y la policía del estado respectivo. Los agentes locales pueden aplicar leyes federales deteniendo a inmigrantes indocumentados que comentan delitos para luego derivarlos a la ICE.

Funcionarios de la ICE declararon su intención de expandir el S-Comm a todas las jurisdicciones del país para 2013. Actualmente funciona en 544 jurisdicciones de 27 estados. El programa administra información de huellas digitales a través de la base de datos de las autoridades migratorias.

Los activistas señalaron que la ICE "ha sido deshonesta con el público y con las agencias del orden público locales sobre la verdadera misión y el impacto del S-Comm".

"Aunque la ICE considera al S-Comm una herramienta eficiente y bien confeccionada contra inmigrantes que constituyen una ‘importante amenaza’, en los hechos funciona como un sistema de redadas", añadieron.

Sunita Patel, abogada del Centro para los Derechos Constitucionales, dijo a IPS: "El mal llamado programa Comunidades Seguras es el nuevo esquema del Departamento de Seguridad Nacional para incluir a los policías locales en la aplicación de las leyes migratorias".

Por su parte, Francis Boyle, profesor de leyes en la Universidad de Illinois, dijo a IPS: "Esto es simplemente un ejercicio de prejuicio racial contra los latinoamericanos".

Los registros obtenidos por las organizaciones no gubernamentales "revelan una peligrosa tendencia", dijo el director ejecutivo de la NDLON, Pablo Alvarado.

"Este programa crea una explosión de medidas como las (implementadas en el sudoccidental estado) de Arizona, y cuyos resultados han demostrado ser desastrosos. Gracias al S-Comm, afrontamos la potencial proliferación del prejuicio racial, de la desconfianza hacia la policía local, del temor y de la xenofobia", alertó.

Según las organizaciones, información preliminar confirma que algunas jurisdicciones, como el condado de Maricopa, en Arizona, tienen tasas anormales de deportaciones de personas sin antecedentes penales a través del S-Comm.

El promedio nacional de deportados sin antecedentes es de 26 por ciento, pero esa cifra también varía ampliamente a lo largo del país. Llega a 54 por ciento en Maricopa, cuyo sheriff, Joe Arpaio, recibe cientos de demandas por abusos a los derechos civiles y es investigado por el propio Departamento de Justicia por realizar redadas indiscriminadas contra inmigrantes.

En una medida que expertos legales califican de inusual, ese Departamento amenazó esta semana con demandar Arpaio si no cooperaba en una investigación sobre su supuesto abuso de poder y acoso a personas de origen latinoamericano.

Todo esto amenaza con exacerbar el enfrentamiento entre la administración del presidente Barack Obama y el gobernador de Arizona, Jan Brewer. Las leyes migratorias de ese estado se han convertido en un tema de contención de cara a las próximas elecciones legislativas de noviembre.

El Departamento de Justicia inició una nueva acción legal contra la ley B-1040 de Arizona, que permite a los agentes de inmigración detener a una persona si consideran tener razones suficientes para creer que reside en el país sin documentos.

Un juez federal concluyó que muchas secciones de la norma no podían aplicarse hasta que una corte de apelaciones se expidiera sobre su legalidad. El gobierno de Obama sostiene que las leyes federales deben ser las únicas sobre el tema

domingo, 29 de agosto de 2010

El periodismo en Mexico

"La amenaza te cambia toda la dinámica de vida", dice Jade Ramírez Cuevas, una periodista que vive hace meses con ese yugo que cada día atenaza a un grupo mayor de profesionales de la comunicación en México.

"Adquieres protocolos de seguridad a los que no estabas acostumbrada, te sabes vulnerable y eso cuesta mucho aceptarlo. Yo al principio cuestioné mucho lo que hacía, la calidad de mi trabajo, y si debía continuar o no", contó a IPS.

Reportera y conductora de Radio Universidad de Guadalajara, en 2009 recibió --junto con Priscila Hernández-- el Premio Internacional de Periodismo Rey de España, por un reportaje sobre discriminación en la aerolínea colombiana Avianca.

Su vida dio un vuelco en abril, cuando se ocupaba de la cobertura a un movimiento comunitario que se opone a la construcción de la presa hidroeléctrica de El Zapotillo, en el centro occidental estado de Jalisco, en el Pacífico mexicano, del que Guadalajara es capital.

El 3 de ese mes, Ramírez y tres activistas de derechos humanos fueron increpados por hombres armados que se presentaron como funcionarios federales, al terminar una asamblea del pueblo en el lugar.

A la agresión directa le siguieron llamadas telefónicas a su casa, de madrugada, en las que nadie respondía; correos electrónicos con amenazas de muerte, y la presencia permanente de vehículos blindados a su alrededor.

Ramírez presentó una denuncia ante la delegación en Jalisco de la Procuraduría General de la República y ante la misma institución del estado. Su caso motivó una alerta de Amnistía Internacional y medidas de protección que todavía tiene.

Hasta ahora, no se ha detenido a los responsables, aunque los hombres armados fueron identificados y la amenaza por correo electrónico dejo rastro para los investigadores.

En los últimos 10 años, 64 periodistas han sido asesinados en México y 12 más están desaparecidos, de acuerdo con el recuento de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, un organismo estatal autónomo.

El discurso oficial atribuye los asesinatos al crimen organizado y a la escalada de violencia que ha generado la estrategia contra el narcotráfico del derechista presidente Felipe Calderón, pero lo cierto es que no hay investigaciones concluyentes que lo demuestren.

Por el contrario, en su último informe, el Centro de Periodismo y Ética Pública (Cepet), organización que se ha dedicado a documentar las agresiones a periodistas, señaló que éstas son, en su mayoría, cometidas por funcionarios de los municipios, los estados y el gobierno central.

Sólo en 2009, Cepet contabilizó 140 hechos de violación a la libertad de expresión que involucraron, al menos, a 19 medios de comunicación y a 183 periodistas, 13 de los cuales fueron asesinados.

En uno de cada tres ataques estuvieron involucrados policías o militares. "El perfil de los agresores presenta una clara tendencia que apunta contra autoridades, sobre todo del ámbito municipal en el interior de la República", señala el informe.

El 7 de agosto, decenas de periodistas marcharon por Ciudad de México para demandar garantías a la profesión y el alto a la impunidad en las agresiones contra el gremio, bajo el lema "los queremos vivos".

Movilizaciones similares ocurrieron en una decena de ciudades, entre ellas Hermosillo, Ciudad Juárez, Monterrey Morelia y Coahuila, azotadas por la violencia del narcotráfico.

La manifestación desbordó todas las expectativas. "Fue el primer acto pleno de una generación emergente (...) desprendida de los clichés y taras de las anteriores", escribió el periodista y conductor de televisión Ciro Gómez Leyva.

Junto con el periodista Ernesto Aroche, del estado de Puebla, Jade Ramírez leyó junto a la emblemática columna del Ángel de la Independencia, en esta capital, cada uno de los nombres de los colegas asesinados y desaparecidos, en un emotivo homenaje gremial.

"Para mí la marcha fue muy importante, me dejó un poco de esperanza. Me da gusto saber que no estoy tan sola", dijo a IPS.

"El hostigamiento te pone en la cuerda floja. Muchos compañeros dejan de socializar contigo y hay amigos que dejan de ser tus amigos. Lo entiendo, tienen miedo, pero te descubres sola y en las instituciones lo único que te dicen es: 'acostúmbrate'", detalló.

El gobierno ha hecho mutis ante la marcha y sus reivindicaciones.

El presidente Calderón no ha recibido a los relatores para la libertad de expresión de la Organización de las Naciones Unidas, Frank La Rue, y de la Organización de Estados Americanos, Catalina Botero, quienes en un hecho sin precedentes iniciaron el día 9 una visita oficial conjunta al país, que concluirá el día 24.

El día 13, en una reunión con diputados del Congreso legislativo, La Rue dijo que deben reconocerse las fallas estructurales del Estado en materia de justicia y derechos humanos. "Un Estado débil no puede garantizar los derechos humanos, México no puede jugar con ficciones y debe fortalecer instituciones reales", dijo el relator.

Días después, comandos presumiblemente del crimen organizado lanzaron granadas a las instalaciones de la cadena de televisión Televisa en las norteñas ciudades de Matamoros y Monterrey

Pero también hubo agresiones a periodistas en el sur del país. El mismo día 13 se reportó la incursión y robo en las oficinas del periódico quincenal Tinta Fresca, en Tuxtla Gutiérrez, capital del sureño estado de Chiapas.

Dos días más tarde, en San Cristóbal de las Casas, desconocidos entraron en el domicilio de Hugo Isaac Robles Guillén, quien lleva 30 años al frente de noticieros radiofónicos en la región de los Altos, en ese estado.

"No se llevaron ni tocaron nada (...) sólo entraron a defecar al estudio", relató el periodista.

Chiapas fue uno de los estados que participaron en la movilización del día 7 y su gobernador, Juan Sabines, pertenece al opositor e izquierdista Partido de la Revolución Democrática.

Isaín Mandujano y Ángeles Mariscal, corresponsales de la revista Proceso y del diario La Jornada en el estado, denunciaron en julio una campaña de hostigamiento del gobierno estadal, a través de medios afines y del Sistema Chiapaneco de Radio y Televisión.

También han circulado correos electrónicos anónimos, con sus rostros, que los acusan de manipular información para "generar una imagen de represión por parte del gobierno del estado contra movimientos sociales".

"Las agresiones van por etapas", dijo a IPS Mandujano, quien fue jurado del Premio Nacional de Periodismo y es coordinador regional de México Infórmate, una iniciativa ciudadana que promueve el uso de las leyes que defienden el acceso a la información.

"Primero es la negación absoluta de información y el cierre de puertas a todos los eventos, luego la campaña de desprestigio y la última es la de las agresiones directas, que es la que queremos evitar. Pero no es tan fácil, porque nos está poniendo en el blanco", declaró

sábado, 28 de agosto de 2010

Familias separadas hasta por el Ramadan

Desde hace siete años, la palestina Majda Abdul Qader Sheikh no tiene permitido visitar la casa de sus padres, ubicada a unos cientos de metros de la suya.

"Intenté obtener un permiso especial para realizar una visita rápida en el mes sagrado musulmán de Ramadán, pero me lo negaron", dijo esta mujer de 38 años.

"No he tenido problemas con las autoridades israelíes, ni soy considerada una amenaza para la seguridad", agregó. Sheikh no intenta abandonar Cisjordania. Ni siquiera viajar a otra ciudad. Lo único que quiere es llegar a otra parte de la aldea palestina de Azzun Atma, donde vive con su esposo y sus siete hijos.

Esta aldea agrícola de 2.000 habitantes se encuentra en el distrito de Qalqiliya, en el noroccidente de Cisjordania. Es una de más de 50 comunidades palestinas, que abarcan a 35.000 personas, atrapadas en la llamada "zona de juntura".

Ésta se extiende entre la Línea Verde --establecida tras la guerra de 1948 y que señala la frontera internacionalmente reconocida entre Israel y Cisjordania-- y el muro que el Estado judío comenzó a construir en 2003 alegando "motivos de seguridad".

La "barrera de separación", que en sus diferentes tramos consta de vallas, zanjas y muros de hormigón, se desvía de la Línea Verde y se interna en territorio palestino.

El Corte Internacional de Justicia de La Haya consideró ilegal a este muro, diseñado para incorporar a muchos de los asentamientos de Israel en Cisjordania, así como a la tierra palestina ilegalmente adquirida.

Según la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de los Asuntos Humanitarios (OCAH), el muro deja casi 10 por ciento del territorio cisjordano del lado israelí.

Solamente el distrito de Qalqiliya perdió 70 por ciento de sus tierras por el muro, y por los 50.000 habitantes de los 14 asentamientos ilegales construidos allí.

Además, dentro de la zona de juntura y cerca de la Línea Verde hay predios que las autoridades israelíes declararon "zonas militares cerradas" o "tierra de nadie". Durante los últimos siete años, los 10.000 palestinos que vivían en ellas tuvieron que solicitar permisos para continuar viviendo en sus propias casas.

Once familias de Azzun Atma están atrapadas allí. Para acceder al resto de la aldea, los residentes tienen que atravesar un portón de seguridad a cargo de soldados israelíes, que está abierto diariamente entre las cinco de la mañana y las 10 de la noche.

Palestinos como Sheikh, que desean visitar a familiares o amigos en las zonas cerradas, tienen que postularse a permisos especiales para visitantes. Muy poco los han conseguido.

Las comunidades atrapadas a ambos lados del muro sufren económicamente. "Apenas 18 por ciento de los 30.000 agricultores que antes estaban empleados en la zona de juntura han recibido permisos de ‘visitantes’", según la OCAH.

Aún menos cultivadores han obtenido permisos para ingresar a las zonas militares cerradas. "Los portones se abren varias veces al día durante media hora, durante periodos específicos, como la cosecha de aceitunas", dijo Nidal Jallaoud, encargado de relaciones públicas de la municipalidad de Qalqiliya.

"Esto significa que los agricultores no pueden atender sus cultivos a lo largo del año. Pero incluso las horas de apertura del portón dependen del estado de ánimo de los soldados israelíes. A veces son groseros y violentos y no los dejan pasar", agregó.

"Los habitantes de la aldea también se esfuerzan por acceder a centros de salud y educación ubicados fuera de la zona de juntura. Azzun Atma tiene una clínica médica básica que está abierta solamente dos horas a la semana", agregó.

"Un agricultor que quedó atrapado bajo su tractor cuando éste se dio vuelta, murió desangrado mientras iba camino al hospital, dado que los aldeanos que lo trasladaban fueron obligados a esperar una hora y 40 minutos en el puesto de control israelí", dijo Abdul Karim Atmawi, secretario del concejo de la aldea de Azzun Atma.

Las embarazadas se van de la aldea semanas antes de la fecha prevista para el parto, a fin de evitar complicaciones causadas por las demoras en el puesto de control, añadió.

Pero Azzun Atma es una de las aldeas más afortunadas. Hace algunos meses, los israelíes decidieron abrir un portón que condujera al lado palestino de Qalqiliya en horas de la noche, citando una mejoría en las condiciones de seguridad.

Pero Majda Abdul Qader Sheikh todavía no puede visitar a su familia en la zona militar cerrada, y los agricultores se esfuerzan por llegar a sus tierras pasando por un solitario puesto de control en el sur de la aldea.

"Tal vez un día yo pueda ver a mi familia al otro lado de la calle y celebrar el Ramadán con ella", dijo

viernes, 27 de agosto de 2010

Contra reforma agraria colombiana

Un número desconocido de empresarios de agroindustrias y de funcionarios públicos de todo nivel, así como paramilitares de ultraderecha, tienen algo en común con campesinos desplazados o asesinados en Colombia: las tierras robadas a los últimos en el conflicto armado.

"Es que ahí había un complot. Uno iba matando a la gente, otros iban atrás comprando, otros iban de tercero, legalizando", describió el ex jefe paramilitar "Pitirri", Jairo Castillo, exilado hace 10 años e importante testigo protegido en los juicios que se siguen en Colombia a los "parapolíticos", dirigentes implicados con la estrategia de esos grupos ilegales.

"Pitirri" es uno de los que preguntan a la justicia por qué sólo se ocupa de los que "iban matando". Por qué no inquiere por quienes se apropiaron de 5,5 millones de hectáreas, según cifras de la Comisión de seguimiento a la política pública sobre desplazamiento forzado, creada por iniciativa de la sociedad civil.

La declaración de "Pitirri" fue presentada este jueves 19 en un debate parlamentario de control político sobre tierras, paramilitarismo y desplazamiento forzado por el legislador izquierdista Iván Cepeda.

Álvaro Uribe, quien gobernó desde 2002 hasta el 7 de este mes, desmovilizó parcialmente el brazo armado del paramilitarismo, para lo cual se expidió un marco legal conocido como Ley de Justicia y Paz.

Con ese nombre, una unidad de la Fiscalía General de la Nación afronta la confesión "completa" de los crímenes de centenares de ex combatientes que así pueden acceder a beneficios penales, tal como lo impuso la Corte Constitucional, y deben pagar con sus bienes la reparación de sus víctimas.

"La Unidad de Justicia y Paz ha hecho una tarea formidable en medio de limitaciones presupuestales y logísticas", señaló en el mismo debate Guillermo Rivera, legislador del hoy oficialista Partido Liberal. Según él, la fiscalía descubrió algo inesperado.

Notó que los paramilitares desmovilizados, que se suponía eran dueños de enormes extensiones con las que iban a reparar a sus víctimas, reportaron propiedades más bien precarias. Hasta ahora han entregado apenas 6.600 hectáreas.

Rivera resumió así el "complot", como lo denomina "Pitirri":

Con el argumento de combatir a guerrillas de izquierda, entre 1994 y 2000 se produjo en este país la más fuerte expansión paramilitar, que dejó decenas de miles de campesinos asesinados y millones de desplazados hacinados en las ciudades.

La seguridad alimentaria de esos desplazados se quedó en la parcela, que luego fue tomada por las mafias paramilitares, ya fuera mediante la compra a precios irrisorios o por ocupación a la fuerza, describió.

Entre 2002 y 2005 el gobierno de Uribe negoció la desmovilización con los

Mientras la opinión pública seguía las incidencias de Ralito, la mayoría de los millones de hectáreas apropiadas fueron puestas a nombre de testaferros o vendidas a empresarios.

El objetivo era evitar que esas propiedades ingresaran a los fondos de reparación de víctimas que prevé la legislación, y evadir así la restitución de bienes, según Rivera.

Entre 2005 y 2006, la Unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía detectó evidencias de testaferrato y de que un número de empresarios se habían apoderado de tierras que originalmente eran de los desplazados.

El círculo, descrito por Rivera, se cierra de manera estremecedora: un cierto número de esos testaferros pasaron a ser beneficiarios del Estado, especialmente a través del Ministerio de Agricultura, que les concedió créditos blandos y subsidios agrícolas bajo el programa Agro Ingreso Seguro, un escándalo de corrupción que estalló en el último tramo del gobierno de Uribe.

Luego, siempre según Rivera, esos beneficiarios financiaron campañas electorales del sector más ligado a Uribe en el oficialismo, por ejemplo la del ex aspirante presidencial Andrés Felipe Arias, ministro de Agricultura del ex mandatario.

Colombia vive un viejo conflicto armado, con guerrillas activas desde 1964.

En el debate parlamentario, Rivera y Cepeda proporcionaron nombres propios de individuos, empresas y supuestas organizaciones de la sociedad civil que harían parte del presunto "complot".

Durante su gobierno, el propio Uribe instruyó al bloque oficialista, mayoritario tanto entonces como ahora, para que bloqueara un proyecto de ley de víctimas, que incluía restitución de bienes.

El proyecto, argumentó, resultaba oneroso para el fisco. La Corte Constitucional ordenó en repetidas ocasiones restituir los bienes a los desplazados, estimados entre tres y más de cuatro millones de personas, según fuentes gubernamentales o de la sociedad civil.

Rivera pidió mecanismos expeditos de justicia transicional para devolver los bienes a las víctimas. Para ello, subrayó, es necesario "invertir la carga de la prueba en los litigios sobre tierras".

Según ese principio jurídico, no es el Estado el que tiene que demostrar dolo en una negociación o propiedad de tierras. Son, al contrario, los usufructuantes de la misma quienes deben demostrar la legalidad de su propiedad

jueves, 26 de agosto de 2010

Victimas silenciosas de Cachemira

Los médicos del hospital del distrito de Kupwara, en el septentrional estado indio de Jammu y Cachemira, sabían que Jalida Begum estaba grave y recomendaron a su esposo trasladarla a la maternidad de esta ciudad, donde la atenderían mejor. Pero no contaban con el toque de queda.

Nazir Ahmad se apuró a seguir la recomendación de los profesionales. Pero la ambulancia que llevaba a su esposa no pudo llegar a tiempo por las prohibiciones de circulación que se suceden en la capital de Cachemira en los últimos tres meses.

"Nuestra ambulancia fue detenida por las fuerzas de seguridad varias veces, pese a que mi esposa gritaba de dolor", relató Ahmad.

Su hijo murió. "Los médicos nos dijeron que si hubiéramos llegado a tiempo, el bebé se habría salvado", indicó.

Hubo por lo menos seis casos similares, según fuentes médicas, otra de las consecuencias destructivas que el conflicto de Cachemira tiene en la vida cotidiana de la gente.

"El ciclo interminable de violencia afecta la vida de las mujeres, lo que las lleva a desempeñar un papel más significativo en manifestaciones, un fenómeno que no fue común en los otros episodios de violencia", señaló la psicóloga Malik Roshan Ara.

Los problemas en Cachemira se remontan a 1947, cuando India se independizó del imperio británico y las zonas islámicas formaron parte de Pakistán.

Una resolución de la Organización de las Naciones Unidas dio la posibilidad a Cachemira de unirse a India, a Pakistán o ser independiente.

Pero la población no pudo decidir porque ambos países se disputaron la región.

Alrededor de un tercio del territorio de la actual Cachemira está administrada por Pakistán y el resto por India. Pero el arreglo no fue aceptado por todos. En 1989, jóvenes residentes en la parte india tomaron las armas.

Cachemira ha sido escenario de violentos enfrentamientos entre las autoridades y quienes reclaman la independencia de India, en gran parte de los últimos 30 años. Según cifras oficiales murieron 50.000 personas, pero el conflicto se cobra víctimas como el bebé de Begum y Ahmad.

El actual episodio de violencia estalló en junio tras el asesinato de Tufail Matoo, de 17 años, en junio. Al parecer, el joven quedó atrapado en un fuego cruzado entre la policía y manifestantes.

Las autoridades decretan toque de queda cuando creen que puede haber nuevas protestas. Pero los manifestantes no se inmutan pese a la violenta respuesta de las fuerzas de seguridad.

Nadie imaginaba que volverían los enfrentamientos tras las pacíficas elecciones de noviembre de 2008. Pero ya murieron 50 personas, entre ellas un niño de nueve años, una mujer y decenas de adolescentes.

La situación no es nueva para la población. Las mujeres reviven el miedo de que sus hijos, hermanos, esposos y padres desaparezcan o mueran.

Miles de ellas son "medio viudas", señala la Asociación de Padres de Personas Desaparecidas, porque no saben si sus maridos están muertos o vivos.

"Desde hace 10 años, los 25 de cada mes reclamamos conocer el paradero de nuestros seres queridos", dijo a IPS la presidenta de la Asociación, Parveena Ahangar. "Pero las autoridades no nos dicen nada, si están muertos o vivos", apuntó.

"Pero no perdemos las esperanzas. Seguiremos la lucha", remarcó.

Más de 60 por ciento de las personas que reciben tratamiento psiquiátrico en el valle son mujeres, señaló Mustaq Margoob, psiquiatra de Cachemira. "La mayoría de ellas fueron testigos de abusos, torturas, mutilaciones y asesinatos, y se deprimen", explicó.

"Las fuerzas de seguridad no tienen compasión, ni siquiera con las ambulancias", se lamentó Abdul Rashid, quien trabaja en un hospital. "Nos tratan como animales", añadió con amargura.

La ambulancia de la hermana del propio Rashid fue interceptada por las fuerza del orden.

"Sintió que le subía la presión y tratamos de llevarla al hospital pese al toque de queda", relató. Pero llegaron "demasiado tarde" porque tuvieron que negociar. Su hermana Ameena perdió el bebé.

"Era un varón y hace años que lo esperábamos", contó Ameena sollozando. "Tenemos tres niñas y mi esposo ansiaba tener un niño", añadió.

Mushtaq tampoco se consuela. "Dios me regaló un varón, pero las fuerzas de seguridad me lo quitaron por implementar estrictas normas de seguridad, señaló.

miércoles, 25 de agosto de 2010

Ayuda en Pakistan muestra la desconfianza al mundo

Los pedidos de asistencia a los damnificados por las peores inundaciones sufridas por Pakistán en décadas se suceden por todas las formas y medios de comunicación. Pero es difícil saber con cuál colaborar por la falta de confianza en las instituciones y las organizaciones del país.

"No sé cómo empezar a ayudar a esta gente que perdió casi todo, su hogar, su tierra, sus animales, y algunos, hasta su familia", señaló Ambreen Siddiqui, de 35 años y con dos hijos.

Las solicitudes de ayuda indican cómo y a quién entregar las donaciones, pero Siddiqui no sabe en quién confiar. Pero sí está segura que no contribuirá con el fondo creado por el primer ministro Yusuf Raza Gilani.

Mucha gente en Pakistán piensa lo mismo, lo que refleja la profunda desconfianza y enfado con el gobierno. El sentimiento se vio exacerbado por la visita del presidente Asif Ali Zardari a Francia y Gran Bretaña a principios de este mes, cuando las inundaciones causaron el grueso de la destrucción.

"No escuché ni una vez que la radio detallara el aporte de los ricos. ¿Cómo espera el gobierno que yo colabore así?", preguntó con enfado Salma Ahmad, de 75 años.

"El gobierno no es honesto, eso es lo que escuchamos todo el tiempo en los medios", señaló Azra Ahsan, un obstetra de Karachi. "Ellos no responden, así que debe ser cierto. El mensaje que nos llega es que no les importa", añadió.

"Incluso escuché al canciller decir a los pakistaníes de Estados Unidos que colaboren generosamente", añadió. "Dijo que si no confían en el gobierno que donen a las organizaciones en las que sí creen. Es risible que las autoridades reconozcan eso", comentó.

"La respuesta del gobierno en la primera semana del desastre fue lenta. Le llevó tiempo organizarse", indicó Hassan Askari Rizvi, analista de la septentrional ciudad de Lahore.

En cambio, el ejército fue elogiado por sus operaciones.

"Tiene capacidad organizativa y está entrenado para lidiar con situaciones difíciles como rescatar personas, conducir operaciones humanitarias, construir puentes y restaurar las comunicaciones", explicó.

Las inundaciones mataron a 1.600 personas y afectaron a casi 20 millones más. Un quinto del territorio del país quedó bajo agua.

Además, muchas personas organizaron sus propias donaciones.

Salim Tabani, de 49 años y propietario de una fábrica en Karachi, llevó cuatro camiones con alimentos, reunidos con sus amigos, a los distritos de Khaipur y Kashmore, en la provincia de Sindh.

"Ahora ya sé lo que se necesita y volveré la semana que viene con más donaciones", indicó.

Un grupo de mujeres jóvenes también juntaron ropa en esta ciudad.

Estudiantes de diseño textil juntan camisetas viejas y desteñidas y confeccionan sábanas, colchones y hamacas.

Una galería de arte organizó una "subasta silenciosa" de cuadros de 88 artistas y juntó 140.000 dólares.

Otro grupo de mujeres juntó botellas de plástico para rellenarlas con agua potables.

En Peshawar, en la noroccidental Provincia de Khyber Pakhtunkhwa, Najiullah Kattak, de 32 años, ya juntó 250.000 dólares mediante un grupo que creó el 2 de este mes en la red social Facebook.

"Con unos amigos decidimos juntar fondos y dárselos a una organización", dijo Khattak a IPS por teléfono desde Peshawar.

En el ámbito internacional, la ONU (Organización de las Naciones Unidas) registró un marcado aumento de las donaciones. El foro mundial pidió 460 millones de dólares y ya recibió 227,8 millones.

El desastre es tan grande que ningún gobierno, corrupto o no, puede lidiar solo con él, indicó Khattak. Las organizaciones humanitarias vinculadas con grupos extremistas también están atareadas entregando alimentos calientes y recibiendo contribuciones.

Preocupado por los posibles avances que puedan hacer esas organizaciones, el ministro del Interior, Rehman Malik, declaró que las que estén "proscritas" no pueden visitar las zonas inundadas.

"Las fuerzas negativas pueden querer explotar la situación", declaró esta semana Zardari en conferencia de prensa con el senador estadounidense John Kerry, de visita en el país.

Una de esas organizaciones es la Fundación Falah-e-Insaniyat, vinculada con Jammat-du-Dawa, acusada de perpetrar los atentados de 2008 en la ciudad india de Mumbai.

En los 43 campamentos que tienen en Khyber Pakhtunkhwa, Sindh y Punjab, "sirven dos comidas calientes al día para 45.000 personas", dijo a IPS su presidente, Hafiz Abdul Rauf.

No debería haber problema "mientras la asistencia sea neutral, imparcial e independiente, pues se ajusta con los principios humanitarios", señaló Maurizio Giuliano, de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios.

Pero muchas de las iniciativas no están bien organizadas.

"Cada una hace lo suyo. Nadie confía en nadie. Me preocupa que se apague la pasión de las personas por ayuda", señaló Siddiqui.

"Es Ramadán y la gente está más generosa, pero tenemos que pensar en una estrategia a largo plazo", añadió

martes, 24 de agosto de 2010

Arranca semana de los DDHH en Zapopan

Con una conferencia magistral sobre niños, comenzó la Semana de Derechos Humanos en la Unidad Administrativa de Zapopan. El presidente municipal, Héctor Vielma, habló:

“Desde el inicio de la actual administración, este gobierno ha procurado cumplir con las recomendaciones y observaciones que la Comisión Estatal de Derechos Humanos nos ha hecho llegar, en total, hemos recibido cuatro recomendaciones, que hemos aceptado y acatado de manera responsable y puntual, recomendaciones que han sido emitidas por hechos que han acontecido en pasadas administraciones”.

El presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Felipe de Jesús Álvarez Cibrián, habló sobre los derechos de los niños como un ente vulnerable y criticó la falta de legislación para garantizar los derechos de los menores.

lunes, 23 de agosto de 2010

Laos contra bombas de racimo

Laos se destaca en la campaña mundial de lucha contra el uso de bombas de racimo, tras décadas de estar relegado a la sombra de sus vecinos más poderosos.

Este país de 6,3 millones de habitantes es perfecto porque es más perjudicado por las mortales explosiones desde la intervención militar de Estados Unidos en la región hace casi cuatro décadas.

Vientiane organizará en noviembre el primer encuentro de estados parte de la Convención sobre Bombas de Racimo, que entró en vigor el 1 de este mes. El tratado fue ratificado por 37 países, de los 107 signatarios, que se abrió a la firma en Oslo en diciembre de 2008.

Japón es el único país asiático, además de Laos, en haber ratificado la Convención. Afganistán, Filipinas e Indonesia la firmaron.

"Es un instrumento de naturaleza humanitaria que se propone liberarnos del miedo y de la amenaza de las bombas de racimo", señaló Saleumxay Kommasith, director general del departamento de organizaciones internacionales de la cancillería. "Nuestro papel es contribuir a la lucha contra" el flagelo.

También es importante en el marco de la política pacífica de Vientiane, dijo Saleumxay a IPS. "Implementar la Convención es una forma de mantener la paz y la seguridad en la región y en el mundo. Forma parte de los esfuerzos de desarme realizados por la comunidad internacional."

Laos será un sitio de prueba clave para el histórico tratado, que apunta a prohibir el uso, la producción y la transferencia de bombas de racimo, además de destruir los arsenales en los próximos ocho a 10 años y, limpiar en un plazo similar, las zonas contaminadas con submuniciones.

La Convención también insta a la comunidad internacional a ayudar a los sobrevivientes y a las comunidades afectadas.

Camboya y Vietnam, que tienen muchas bombas de racimo, no firmaron la Convención, pero "seguirán con entusiasmo sus avances antes de suscribirlo", señaló Alfredo Lubang, director de la oficina para Asia Pacífico de la organización no gubernamental Nonviolence International.

"Temen no poder cumplir con sus obligaciones después de firmar el tratado", añadió.

"El éxito en Laos dependerá del compromiso de las naciones con recursos para asistir" a los países más pobres, apuntó. "Es un enorme desafío porque hay que limpiar vastas áreas y ayudar a las comunidades perjudicadas", añadió Lubang.

La gigantesca tarea que tienen por delante los países de la región es un legado de la guerra de Vietnam (1964-1975), que se propagó a sus vecinos. Los aviones estadounidenses lanzaron más de dos millones de toneladas de bombas de racimo sobre Laos, una cantidad superior a la que se tiró en el territorio europeo durante la Segunda Guerra Mundial (1939-1945).

El objetivo de los ataques aéreos fue destruir la Ruta Ho Chi Minh, mediante la que se abastecían efectivos de Vietnam del Norte y que pasaba por el este de Laos.

La mayoría de esos explosivos, unos 270 millones, fueron bombas de racimo.

Casi cuadro décadas después, las bombas de racimo fabricadas en Estados Unidos siguen costando un alto precio, según la Autoridad Nacional para la Regulación de Minas y Artillería. Casi 30 por ciento de las submuniciones "no detonaron" y "quedaron casi 80 millones de bombas sin explotar en Laos", reveló.

La cantidad de víctimas civiles es lastimosa. Más de 50.000 personas murieron, o quedaron heridas, por municiones que no explotaron, entre 1968 y 2008, según el órgano regulador. "Cuarenta y uno, de los 46 distritos más pobres de Laos, están contaminados", añadió.

"Laos tiene más experiencia con bombas de racimo que cualquier país del mundo", señaló Stan Barbant, asesor de la ofician en Vientiane del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. "Sabe el daño que causan a la gente y conoce mejor que nadie las consecuencias a largo plazo en las comunidades", añadió.

"La principal debilidad de la ayuda para eliminar las municiones sin explotar es la asistencia a las víctimas", remarcó.

domingo, 22 de agosto de 2010

¡Quien investiga abusos de Cascos Azules?

Mientras la ONU investiga nuevas denuncias de abusos sexuales cometidos por soldados de paz en la República Democrática del Congo (RDC), la mayoría de los países que contribuyen con tropas a esas fuerzas internacionales siguen evadiendo responsabilidades.

"Aunque hubo reducciones estadísticas en el número de denuncias, los abusos sexuales que involucran a soldados de paz son todavía rampantes, a pesar de las declaraciones señalando que han disminuido", confió a IPS un alto funcionario del foro mundial que pidió anonimato.

En la RDC, dos soldados de paz, un indio y otro turco, fueron acusados de cometer abusos sexuales, aunque sus identidades y los casos específicos están protegidos por la política de confidencialidad de la ONU (Organización de las Naciones Unidas).

Según la Unidad Disciplinaria y de Conducta de las Naciones Unidas, de las 45 denuncias de explotación y abuso sexual contra los soldados de paz presentadas en los primeros seis meses de este año, 18 involucraban a menores de edad.

Las acusaciones fueron informadas a los 39 países contribuyentes de tropas. Sin embargo, solamente 13 gobiernos respondieron detallando progresos en investigaciones y en medidas adoptadas, según el diario The New York Times.

Esta cifra está en línea con los números de años previos: en 2009, la ONU envió 82 pedidos de informes sobre las acciones tomadas por las autoridades nacionales en casos de explotación y abuso sexual, y recibió apenas 14 respuestas.

En 2008, el foro mundial remitió 69 pedidos y recogió sólo ocho respuestas, mientras que en 2007 hizo 67 solicitudes y obtuvo 23 respuestas.

"La ONU no puede resolver este tema por sí solo", dijo a IPS Anayansi López, del Departamento de Operaciones de Mantenimiento de Paz. "Necesita el pleno apoyo de todos los estados miembros para garantizar que la tolerancia cero sea una realidad".

Actualmente, hay unos 124.000 soldado de paz desplegados en todo el mundo, indicó.

"Mientras que las denuncias de explotación y abuso sexual han caído de 357 en 2006 a 112 en 2009, un caso ya es demasiado, y la ONU está haciendo todos los esfuerzos en este tema", aseguró. "En 2008 hubo 83 denuncias, contra 127 en 2007".

Sin embargo, según el alto funcionario consultado por IPS, no sólo las denuncias son "una mancha en las operaciones de mantenimiento de paz", sino que "podría haber cientos más que ni siquiera son documentadas debido a que ocurren en lugares alejados".

Las primeras denuncias de abusos cometidos por personal de las fuerzas de paz y humanitarias del foro mundial salieron a la luz en los años 90, en los Balcanes, Camboya y Timor Oriental. Más tarde en África occidental, en 2002, y en la RDC, en 2004.

Los informes oficiales entraron en conocimiento del público en 2004. La misión de la ONU en la RDC fue la primera acusada, seguida por las desplegadas en Haití, Liberia y otros países.

En la RDC, se presentaron aproximadamente 150 denuncias contra las fuerzas de la ONU. Los delitos, la mayoría de los cuales fueron filmados en vídeo, incluían pedofilia, violación y prostitución forzada, según un informe clasificado del foro mundial obtenido por el periódico estadounidense The Washington Post.

No obstante, la reunión de toda esa información y las acciones pertinentes no comenzaron sino hasta 2006, dijo López a IPS. Esto causó una demora de una década para investigar formalmente las denuncias.

En 2007, el diario Los Angeles Times informó que, en Haití, "niñas de 13 años tenían sexo con soldados de paz de la ONU por un dólar".

Unos 114 soldados de paz de Sri Lanka en Haití fueron removidos de sus puestos luego de que salieran a la luz esas acusaciones.

"La ONU considera la reacción de Sri Lanka como un caso ejemplar en que el gobierno nacional ha tomado medidas serias en respuesta a las denuncias de explotación sexual", destacó el embajador de ese país en el foro mundial, Palitha T.B. Kohona.

En julio de 2008, el Departamento de Apoyo de Campo de la ONU lanzó un Sistema de Vigilancia de Mala Conducta, una base de datos mundial y confidencial de las denuncias.

En diciembre de 2007, la Asamblea General adoptó una Resolución sobre Responsabilidad Penal de Oficiales de las Naciones Unidas y Expertos en Misiones.

Sin embargo, una alta fuente del foro mundial dijo a IPS: "Los esfuerzos de Sierra Leona y de Sri Lanka han sido las únicas respuestas serias a las denuncias, conocidas públicamente. La mayoría de los estados miembros carecen de compromisos sinceros para erradicar la explotación y los abusos sexuales"

sábado, 21 de agosto de 2010

María Lourdes Afiuni un dia mas en Venezuela

"Un día más, un día menos", repite María Lourdes Afiuni al saludar o despedirse de sus miles de seguidores en una red de microcontenidos en Internet. Ella es una jueza venezolana presa desde hace ocho meses, por haber decidido que un procesado fuese enjuiciado en libertad.

Diferentes instancias de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), organismos jurídicos y de derechos humanos regionales y mundiales, así como el Parlamento Europeo y otros legislativos demandaron su libertad desde que el 10 de diciembre fue detenida en su tribunal y poco después recluida en un penal donde hay 14 sentenciadas por ella.

El Consejo de Derechos Humanos de la ONU, por ejemplo, calificó de "arbitraria" su reclusión en sus sesiones en junio en Ginebra. También se lamentó de que Afiuni esté encarcelada por haber aplicado una resolución del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria del foro mundial.

La activista Ligia Bolívar dijo a IPS que el caso es emblemático porque el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, "transmitió al Poder Judicial un mensaje muy claro en dos sentidos: el poder de condenar a una persona por cadena de radio y televisión, y que nadie se atreva a conceder el juicio en libertad a una jueza presa por haber hecho lo mismo".

Afiuni y sus Wilsons

María Lourdes Afiuni, famosa entre sus colegas y penalistas por su diligencia y por no tener causas pendientes en los diferentes tribunales donde fue jueza titular desde 2006, sufre varios problemas de salud, por el aislamiento y "un estrés permanente", según sus abogados.

Su mayor relación con el mundo es a través de la red de microcontenidos Twitter. Cuando tiene ánimo y su teléfono móvil no es requisado, según cuenta, se comunica con sus seguidores, que en los últimos tres meses pasaron de 7.000 a cerca de 26.500.

Los llama "mis Wilsons", en referencia a la pelota con que el actor Tom Hanks dialoga en la película "El náufrago".

En su perfil en @mariafiuni se define como "jueza secuestrada" y en las escasas entrevistas que ha concedido dice que "saldré cuando Chávez diga".

La improbable posibilidad de ser liberada de inmediato es que sea elegida diputada en los comicios legislativos del 26 de septiembre, para los cuales fue postulada por un grupo minoritario ajeno a la alianza unitaria opositora.

El 1 de agosto, activistas de derechos humanos y sus familiares encabezaron una caravana por Caracas a favor de su candidatura.


El banquero Eligio Cedeño llevaba dos años y 10 meses en prisión preventiva por cargos de corrupción cuando Afiuni le otorgó la libertad condicional, basada en que el código penal fija un límite de 24 meses para la reclusión sin sentencia. Además, acogió normas de la ONU y una requisitoria del organismo sobre el caso.

Afiuni, de 46 años, fue detenida instantes después de que Cedeño salió de su tribunal y al día siguiente el presidente Chávez la calificó, en una cadena radio-televisiva, de "bandida". Dijo que era "mucho más grave que un juez libere a un bandido que el bandido mismo" y pidió la pena máxima contemplada en Venezuela, que es de 30 años de prisión.

La jueza dictó a Cedeño dos medidas cautelares: la prohibición de salida del país y el retiro del pasaporte, y también la obligación de presentarse cada 15 días ante las autoridades. Pero el procesado huyó días después a Estados Unidos.

Cedeño es acusado de fraude y corrupción por 27 millones de dólares, otorgados por la comisión administradora del controlado mercado de divisas para importar equipos informáticos, que presuntamente no ingresaron al país. Hasta que estalló el escándalo era considerado como muy cercano al gobierno izquierdista de Chávez.

La fiscal general Luisa Ortega ha reiterado desde la detención de la jueza Afiuni, del Tribunal 31 de Control (instrucción), que ésta incurrió en corrupción propia, abuso de autoridad y ayuda a la fuga. También indicó que el primero de los delitos es considerado en la legislación venezolana "de lesa patria".

La relatora especial de la ONU sobre la independencia de jueces y abogados, Gabriela Knaul de Albuquerque, ha denunciado como "inaceptable" e "intimidatoria" la detención.

Bolívar, directora del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello, la organización local que más acompaña el caso, aseguró que con él Venezuela escala un peldaño más en lo que algunos especialistas y activistas califican de "rebeldía" ante los órganos jurídicos internacionales.

Desde antes que Chávez llegase a la Presidencia en 1999, "Venezuela desatendió recomendaciones y decisiones de organismos internacionales y regionales de derechos humanos", recordó Bolívar.

Después "la justicia nacional pasó a tumbar sentencias internacionales, como sucedió cuando el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) dictaminó que era inejecutable un dictamen de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, teóricamente inapelable, que ordenaba la reposición de unos magistrados", explicó.

"Ahora se da un paso más: quien ejecuta una decisión de organismos internacionales de aplicación de justicia, va preso", aseguró. Eso explica, consideró, "la lluvia de pronunciamientos internacionales desde el 16 de diciembre a favor de Afiuni".

La presidenta del TSJ, María Estela Morales, ha señalado que "nuestra jurisdicción no será entregada a ningún poder extranjero" y ha calificado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de ser "uno de esos organismos internacionales que se disfraza de protector de derechos fundamentales para sus propios intereses".

También ha manifestado varias veces que "la división de poderes debilita al Estado" y ha propuesto corregir algunas partes de la Constitución de 1999, que en este punto "se contradicen con el régimen" impulsado por Chávez.

Morales y la defensora del Pueblo, Gabriela Ramírez, han rechazado los señalamientos de organizaciones humanitarias, como Amnistía Internacional y Human Rights Watch, de que Afiuni corre peligro y soporta un trato discriminatorio en el Instituto de Orientación Femenina, un penal a las afueras de Caracas.

A fines de mayo culminó la instrucción del caso con la decisión de abrirle juicio. El tribunal acogió la tesis de la fiscalía, según la cual se reconoce que no hay indicios de enriquecimiento o promesa de pago, pero sí de que Afiuni obtuvo otros beneficios ilícitos.

Las solicitudes de sobreseimiento, libertad condicional, arresto domiciliario o reclusión donde no deba permanecer confinada por los intentos de agresión en su contra, fueron rechazadas por el juez del caso, Ali Paredes. "No es temporada de medidas cautelares", arguyó, según denunció Theresly Malavé, abogada de Afiuni.

Este viernes, los defensores de Afiuni presentaron ante el TSJ la recusación del juez Paredes, después que éste anunció el inicio del juicio para el día 10 y rechazó la demanda de que sea un tribunal con escabinos (ciudadanos elegidos por sorteo) el que siga la causa.

Alegaron "parcialidad manifiesta" de Paredes. Entre los argumentos, presentaron documentos, supuestamente extraídos de la página digital del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela, en el que el juez en encendidas comunicaciones dice: "daré la vida por la revolución y nunca traicionaré a mi comandante Chávez".

El jurista Alberto Arteaga, uno de los articuladores del moderno Código Orgánico Procesal Penal de 1998, consideró que el caso "es un golpe desolador al sistema garantista, basado en la presunción de inocencia e inhibidor de dilaciones indebidas".

Según el académico, a Afiuni se le atropellaron variados derechos, comenzando por la detención, que solo hubiese procedido si hubiese sido hallada recibiendo un soborno.

"Fue esposada y detenida en su propio tribunal, por realizar un acto de su jurisdicción, y se llega al absurdo de imputarle corrupción sin beneficio económico", dijo a IPS.

En Venezuela no existe la corrupción "inmaterial", afirmó. El código establece para el peculado multas "sobre el beneficio obtenido", así que debe ser económico, puntualizó.

Afiuni permanece aislada en una celda de seis metros cuadrados en una zona especial del centro de reclusión y no puede participar en sus actividades, como medida de protección, porque más de una vez alguna presa ingresó a su habitáculo con un arma artesanal.

El caso Afiuni se inserta en una situación grave de la justicia penal en Venezuela, según la no gubernamental Red de Apoyo por Justicia y Paz. El 30 de julio emitió un informe donde resalta que en el país hay 807 jueces penales, de los que 482 no son titulares, lo que les crea inseguridad y entorpece su aplicación de justicia.

Cada juez penal debe procesar anualmente, en promedio, 316 causas, casi una diaria, en un país con una de las tasas latinoamericanas más bajas de jueces penales: 2,84 por 100.000 habitantes

viernes, 20 de agosto de 2010

Paises en Africa no quieren derogar pena capital

Los movimientos contra la pena de muerte ganan fuerza en África del Norte, pero los regímenes autoritarios se muestran renuentes a abolir el máximo castigo.

"Gobernantes que podrían (abolir la pena de muerte) no lo harán fácilmente", dijo Nasser Amin, director del Centro Árabe para la Independencia del Sistema Judicial y de la Profesión Legal, con sede en Egipto. La pena capital está vigente en todos los países de África del Norte. Libia y Egipto la aplican como castigo para decenas de delitos, desde asesinato hasta traición. Las ejecuciones son realizadas habitualmente en la horca o por fusilamiento.

Argelia, Marruecos y Túnez adoptaron moratorias sobre las ejecuciones, aunque los tribunales continúan dictando penas capitales por varios delitos y cientos de prisioneros esperan en el pasillo de la muerte.

Las campañas abolicionistas han concentrado sus esfuerzos en convencer a los regímenes autoritarios y a los líderes religiosos de la ineficacia y las contradicciones de la pena capital.

Los activistas presionan a los gobiernos para que adopten la resolución 62/149 de la Organización de las Naciones Unidas, que llama a una moratoria de las ejecuciones como paso previo a borrar para siempre a ese castigo de los códigos penales. Argelia fue el único país de África del Norte que votó a favor de esa resolución.

La ausencia de democracia en la región puede ser vista como un obstáculo o como una oportunidad, sostuvo Amin.

"No estamos hablando sobre democracias aquí. Para lograr cualquier cambio en esta región tenemos que convencer al jefe de Estado. Si está de acuerdo, el parlamento lo estará", afirmó.

Pero los dictadores tienen sus razones para mantener el máximo castigo. Uno de los argumentos más citados es que es necesario para frenar los crecientes índices de criminalidad.

Pero Hafez Abou Seada, presidente de la Organización Egipcia para los Derechos Humanos, no está de acuerdo con ese pensamiento. Para él, la pena de muerte es un ineficaz disuasivo del delito, mientras que su aplicación arriesga el derramamiento de sangre inocente.

"Por mucho tiempo usamos la pena de muerte contra los traficantes de drogas, y sin embargo las drogas siguen estando disponibles hoy, y a un precio muy bajo", dijo a IPS.

"Los legisladores intentaron enviar un fuerte mensaje con la pena de muerte, pero después de eso, ¿qué ocurrió? Nada", añadió.

Según Abu Seada, los regímenes árabes promueven la idea equivocada de que la pena de muerte está inspirada en el Islam. En Egipto, por ejemplo, el gran mufti, autoridad religiosa designada por el Estado, es consultado antes de que se lleve a cabo cada ejecución, y rara vez contradice los fallos judiciales.

Los regímenes "interpretan la shariá (ley islámica) según su conveniencia", sostuvo.

La shariá establece la pena capital para cuatro delitos: asesinato premeditado, adulterio, apostasía (negación de la fe) y bandidaje. Pero impone una serie de requisitos para su aplicación y ofrece castigos alternativos, como el exilio y la compensación.

Incluso en el caso del asesinato premeditado, el Corán provee la opción de que la familia de la víctima acepte un resarcimiento económico en vez de ejecutar al homicida.

"Los gobiernos no pueden decir realmente que la pena de muerte es tomada de la shariá", dijo el director regional de la organización Reforma Carcelaria Internacional, Taghreed Jaber.

"Hay delitos como el adulterio y la apostasía que son castigados con la muerte en la ley islámica, pero no son parte de las legislaciones nacionales, mientras que otros (como el incendio provocado) no están en la shariá, y sin embargo sí en las legislaciones nacionales", añadió.

"En Marruecos, por ejemplo, hay 365 delitos que se castigan con la muerte, mucho más de lo que establece la shariá", indicó.

Si la pena capital no es una efectiva solución y no está inspirada en el Islam, ¿por qué los líderes de África del Norte son tan renuentes a eliminarla del código penal?

"Es un efectivo instrumento para infundir temor y reprimir", explicó Amin. "Puede ser usada para intimidar o eliminar oponentes políticos".

Las legislaciones no hacen una clara distinción entre terrorismo y activismo político, lo que le da a las autoridades amplia discreción para detener y ejecutar disidentes. Los delitos capitales son habitualmente juzgados en tribunales especiales, por lo general sin derecho a apelación

jueves, 19 de agosto de 2010

Keiko Fujimori debe aclarar cosas de tiempos de su padre

La legisladora Keiko Fujimori deberá demostrar ante la Fiscalía de la Nación de Perú que desconocía el origen ilícito de los fondos que habría usado su padre, el entonces presidente Alberto Fujimori, para financiar sus estudios universitarios entre 1993 y 1997 en Estados Unidos.

Según el mandato de investigación formulado por la fiscal de la Nación, Gladys Echaíz, documento al que tuvo acceso IPS, el ex mandatario peruano entre 1990 y 2000 habría sacado de las arcas públicas dinero para pagar las carreras universitarias de sus cuatro hijos en Estados Unidos, Keiko, Hiro, Sachi y Kenyi.

La actual legisladora estudió administración de empresas en la Universidad de Boston.

La resolución de Echaíz fue dada a conocer por la propia candidata a la presidencia el miércoles en el Congreso legislativo. Se trata de un "complot político para dañar el firme avance del 'fujimorismo' hacia la presidencia de la República", acusó. Según encuestas recientes, Keiko lidera las preferencias electorales de cara a los comicios presidenciales de abril de 2011.

La legisladora también denunció que el caso había sido desestimado y archivado por la Fiscalía de la Nación.

El primer ministro Javier Velásquez se sumó a las críticas contra la Fiscalía. "Me parece un exceso que después de 10 años se reabra la investigación", dijo Velásquez, declaraciones que fueron calificadas de "interferencia política" por Echaíz.

Asimismo, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Javier Villa, cuyo hijo trabajó en el estudio del abogado defensor de Alberto Fujimori, señaló el jueves que el inicio de la investigación es parte "de una campaña de desprestigio".

"(Velásquez) ha llamado inoportuna, excesiva (la investigación) sin saber que los hijos (del ex presidente Alberto Fujimori) eran mayores de edad (cuando recibieron el dinero de su padre)", señaló este viernes Echaíz a la emisora Radioprogramas del Perú. "Habrá que ver si sabían o no cómo estaban siendo educados. Por eso se ha abierto investigación", apuntó.

Respecto de los dichos de la legisladora, Echaíz preguntó: "¿cuál es el temor (de Keiko)?".

También aclaró que nada impide que un candidato sea investigado en plena campaña: "Si se quiere que en una etapa electoral los órganos de justicia no trabajen o no investiguen políticos, que se modifique la Constitución y las leyes. Y que se diga que hay un grupo de ciudadanos que tiene privilegios o un tipo de garantía especial no acorde con un sistema de derecho". A Keiko y sus hermanos se les atribuye haber actuado como cómplices del delito de enriquecimiento ilícito que habría cometido su padre.

Fuentes de la Fiscalía informaron a IPS que el caso no había sido desestimado y archivado, como sostiene la legisladora. "Por el contrario, recién la fiscal ha mandado a investigar de dónde sacó el dinero Fujimori para cubrir los gastos universitarios de sus hijos, lo que nunca antes se había hecho".

La candidata presidencial "fujimorista" argumenta que el delito de enriquecimiento ilícito fue desestimado por la Corte Suprema de Justicia de Chile cuando concedió la extradición del ex mandatario en 2007 para ser juzgado en Perú.

Fujimori fue condenado a 25 años de prisión como autor mediato del asesinato de 25 personas, crímenes perpetrados en noviembre de 1991 y julio de 1992 por un comando especial del Servicio de Inteligencia del Ejército (SIE), que ejecutaba órdenes del asesor presidencial Vladimiro Montesinos.

También afronta una sentencia de seis años de cárcel por haber autorizado espionaje telefónico, sobornado a legisladores de la oposición y comprado la línea editorial de medios de comunicación para que apoyaran su reelección.

"Lo cierto es que el Congreso acusó constitucionalmente a (Alberto) Fujimori por enriquecimiento ilícito y la Fiscalía de la Nación procedió a acusarlo por dicho delito. Es más, el juicio contra Fujimori está pendiente de resolución", dijeron las fuentes.

Echaíz sostiene que está acreditado que Alberto Fujimori cometió el delito de enriquecimiento ilícito porque un peritaje contable detectó un desbalance patrimonial.

Una copia del reporte de los peritos, a la que tuvo acceso IPS, indica que durante sus 10 años de gobierno Fujimori no cobró el sueldo mensual que le correspondía por ejercer el cargo, lo que sumó un total de 80.000 dólares. Pese a ello, pudo pagar los estudios de sus hijos, que costaron cerca de 354.000 dólares, según la proyección de los expertos judiciales, sin haber declarado otro tipo de ingresos.

Una de las evidencias contra Keiko Fujimori es una declaración testimonial prestada por ella el 17 de septiembre del 2001. Interrogada por una comisión investigadora parlamentaria, afirmó que su padre le entregaba el dinero en efectivo en el Palacio de Gobierno, según una copia de la transcripción de sus respuestas que consiguió IPS.

Incluso Vladimiro Montesinos declaró ante la propia Echaíz el 19 de julio del 2001 que el ex mandatario se agenció de fondos del Servicio de Inteligencia Nacional (SIN) para pagar los estudios de sus cuatro hijos en Estados Unidos.

Pero para la familia del ex presidente la acusación es una maniobra más para desacreditarlos.

"Al ordenar la apertura de una investigación fiscal contra Keiko, la fiscal de la Nación ha tomado una decisión absolutamente antijurídica. Se trata de un abuso más de la justicia peruana a la que ya nos tiene acostumbrada. Alberto Fujimori ya demostró que pagó los estudios con la venta de inmueble", dijo a IPS Santiago Fujimori, congresista y hermano del ex mandatario.

"Es una aberración jurídica", enfatizó.

La Fiscalía de la Nación señala que los 669.000 dólares que obtuvo Fujimori en 1998 por la venta de un inmueble de su propiedad no se destinó al pago de los estudios de sus hijos.

El vocero de la bancada nacionalista en el Congreso, Daniel Abugattás, saludó la decisión de la Fiscalía de la Nación de investigar a Keiko, pero dijo que las autoridades judiciales deben estar alertas ante las presiones del gobierno que ha manifestado su simpatía por la candidata.

"Hay que estar vigilantes porque el primer ministro Javier Velásquez, en lugar de respaldar el mandato de la fiscal de la Nación, la cuestiona por investigar a Keiko Fujimori", dijo Abugattás a IPS. "Con ese acto, el gobierno demuestra que no está en contra de la impunidad sino a favor de la corrupción", concluyó

miércoles, 18 de agosto de 2010

Indigenas piden libertad en uso de su tierra

La iniciativa REDD constituye "la última oportunidad para salvar la selva tropical", según gobiernos, organismos internacionales y algunos sectores de la sociedad civil participantes en las negociaciones hacia un nuevo régimen de reducción de gases invernadero. Pero líderes indígenas no piensan lo mismo.

Representantes de los pueblos originarios, habitantes de esa selva tropical urgentemente necesitada de salvación, entienden que el programa REDD es uno más de los múltiples mecanismos superfluos que gobiernos centrales y sus aliados han concebido para erosionar su legítima propiedad sobre territorios y recursos naturales.

Este antagonismo fue nuevamente palpable en la tercera ronda de negociaciones preparatorias para la 16 Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP 16), que se realizará en noviembre y diciembre en la sudoriental ciudad mexicana de Cancún.

Del plan de Reducción de Emisiones de Carbono Causadas por la Deforestación y la Degradación de los Bosques (REDD, por sus siglas en inglés), "nosotros no sabemos nada", dijo la directora de la Alianza de los Pueblos Indígenas del Archipiélago de Indonesia, Mina Setra, en la reunión preparatoria de una semana que finalizó este viernes en Bonn.

"Lo que sí sabemos, y lo hemos demostrado a través de milenios, es cómo vivir en armonía con la naturaleza, cómo resistir y dominar el cambio climático", acotó.

Setra expresó su temor de que en el marco de REDD el manejo de selvas y bosques sea delegado a instituciones que no respeten los derechos de los pueblos indígenas que los habitan.

"Para nosotros, los territorios no son sólo recursos", dijo Setra. "Para nosotros, los territorios son madre, sangre, alma y vida".

Numerosos testimonios presentados durante la conferencia de los pueblos indígenas en Bonn subrayaron estos temores. Joan Carling, secretaria general del Pacto de los Pueblos Indígenas de Asia, se refirió al proyecto piloto de administración de territorios en Vietnam, que, en su opinión, ignoró los derechos de sus habitantes.

"Aunque el proyecto específicamente mencionó que los habitantes de esos territorios tenían el derecho de expresar su consentimiento previo, libre y basado en información, en la práctica los pueblos indígenas nunca tuvieron la oportunidad de hacerlo" dijo Carling a IPS.

El consentimiento previo, libre e informado es un derecho colectivo recogido por la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de 2008, y supone que los nativos dispongan de información previa a la expresión de su consentimiento, para poder debatir libremente ventajas e inconvenientes de un tema que los afecte y que necesite su aprobación o rechazo.

En el proyecto piloto de Vietnam, el único procedimiento aplicado fue un referendo donde los habitantes solo tenían derecho a responder una pregunta, explicó Carling. Esta era: "¿quieren que sus territorios sean protegidos bajo REDD o no?", dijo. La mayoría respondieron "sí".

"Pero los pueblos indígenas nunca fueron informados sobre lo que quiere decir su derecho al consentimiento previo, informado y libre, ni fueron capacitados para discutir las ventajas y los riesgos del proyecto", añadió.

Carling exigió que, en el marco de REDD, los pueblos indígenas sean capacitados para analizar los proyectos de administración de sus territorios, que les permita también aportar soluciones a los problemas ambientales asociados al uso de los recursos naturales.

Aparte del derecho de los pueblos indígenas al consentimiento previo, libre, e informado, otros temas recurrentes en la conferencia sobre REDD fueron la propiedad sobre los territorios que constituyen su hábitat, y el uso físico y religioso de los mismos.

Stanley Kimaren Ole Riamit, investigador sobre pueblos indígenas en Kenia, presentó el caso de un distrito de la provincia del Valle Rift, en el sur del país, habitado mayoritariamente por pastores Masai, con un alto nivel de analfabetismo.

La región es "una las más ricas en especies, tanto en flora como en fauna, en agua, y en bosques prácticamente intocados" de Kenia, dijo Kimaren Ole Riamit.

Al mismo tiempo, el distrito posee "numerosos sitios sagrados y de alto valor sociocultural" para los habitantes, apuntó.

Este valor sociocultural se refleja en el papel que la naturaleza juega en la vida de los Masai. "La naturaleza es fuente y almacén de conocimiento indígena, al mismo tiempo que catedral espiritual del pueblo, y fuente de paz, particularmente durante la época seca", señaló el investigador.

Todos estos aspectos estarían en peligro si los Masai perdieran su autonomía y su legítimo control sobre el distrito, afirmó.

En cuanto a la propiedad, el indígena misquito nicaragüense, Dennis Mairena, dijo que la autonomía de los pueblos originarios, reconocida en la constitución de este país centroamericano, garantiza su legítima administración y uso de los territorios que habitan. Esta autonomía podría ser ejemplo a seguir en otros países.

"En el marco de esa autonomía, los misquitos han obtenido títulos de propiedad sobre 15 de los 21 territorios que habitan, y que constituyen 35 por ciento del país," dijo Mairena a IPS.

Pero la crítica a REDD también se centra en su mero proceso administrativo, especialmente a la asociación liderada por Brasil, Japón y Papúa Nueva Guinea.

"Hasta hoy, esta asociación solo ha producido desilusiones", dijo David Turnbull, miembro de la Climate Action Network, una federación de organizaciones ambientales no gubernamentales presente en las negociaciones de Bonn.

Turnbull se quejó que la dirección conjunta de la asociación "mantiene una política secreta, de puertas cerradas, y de exclusión de actores de la sociedad civil que disponen de conocimientos y experiencia esenciales para el progreso" del programa

martes, 17 de agosto de 2010

Marchan periodistas en Mexico

Trabajadores de los medios de comunicación mexicanos manifestarán este sábado en la avenida del Paseo de la Reforma, en la capital del país, en reclamo de garantías para su labor y el derecho a la información ante la desaparición y asesinato de varios periodistas.

Marchas simultáneas se realizarán también una decena de urbes, como Hermosillo, Monterrey, Ciudad Juárez y Morelia, azotadas por la violencia y el crimen organizado.

José Antonio García Apac, editor de Ecos de la Cuenca, fue visto por última vez el 20 de noviembre de 2006 en un lugar conocido como La Ruana, en el sudoccidental estado de Michoacán. Sus hijos recibieron una última llamada desde su teléfono móvil, cuando escucharon que alguien le ordenó que se bajara de su camioneta.

Ni el periodista ni el vehículo fueron aún localizados. Desde aquella fecha, dos personas relacionadas con García Apac han sido asesinadas.

Tampoco hay rastros de María Esther Aguilar Casimbre, la reportera de Cambio de Michoacán desparecida desde el 11 de noviembre de 2009. Había publicado un artículo sobre un caso de abuso de autoridad que implicaba al director de Policía y Tránsito del municipio de Zamora, el teniente Jorge Arturo Cambroni Torres, quien poco después fue destituido de sus funciones.

El mismo destino trágico de los reporteros michoacanos había corrido el 2 de abril de 2005 Alfredo Jiménez Mota, del diario El Imparcial, del norteño estado de Sonora. El 18 de enero de ese año había publicado un reportaje que revelaba los vínculos de tres integrantes del narcotraficante Cartel de Sinaloa con la organización mafiosa sonorense Los Números.

En un país donde el gremio periodístico nunca ha estado cohesionado y cuya relación con el poder ha fracturado su vínculo con la sociedad, la respuesta a una convocatoria que surgió en las redes sociales ha sorprendido a analistas y líderes de opinión.

"Desde las infanterías, las que más expuestas están a todo, ha venido creciendo en los últimos días un movimiento para unirse y enfrentar la violencia del narcotráfico en contra de periodistas", escribió el reportero Raymundo Riva Palacio.

En su columna Estrictamente Personal, este periodista puso en duda una respuesta positiva de parte de los dueños de los medios, que el jueves fueron convocados a una reunión con el presidente de México, Felipe Calderón, para analizar el tema.

México es considerado uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo. Las organizaciones de derechos humanos y de libertad de expresión contabilizan 64 profesionales asesinados y 12 desaparecidos en la última década.

Sólo en 2010, al menos seis medios de comunicación regionales han sido blanco de balas, granadas y amenazas de bomba. Las agresiones ya duplican la cantidad de todo 2009.

En cambio, la Fiscalía Federal para Delitos contra Periodistas, creada en 2006, sólo ha ejercido acción penal en tres de los 88 casos atendidos.

"En esta instancia, el impartir justicia para los periodistas pasa por comprobar primero que lo son y luego demostrar que no mienten y si su salud mental es adecuada", dice un documento elaborado por el comité organizador de la manifestación, integrado por periodistas de distintos medios nacionales.

La rebelión empezó como una etiqueta en la red social por Internet Twitter (#losqueremosvivos) el 28 de julio, cuando la comunidad informativa estaba impactada por el secuestro de cuatro periodistas, tres de ellos de medios de regionales y otro enviado desde la capital del país, en Gómez Palacio, un municipio del norteño estado de Durango, en la zona conocida como la Comarca Lagunera.

Los reporteros cubrían un motín en una cárcel de Gómez Palacio, donde días antes había sido detenida su directora, Margarita Rojas Rodríguez, tras conocerse, mediante un video montado en YouTube por la banda criminal contraria, que permitía a los reclusos salir por las noches para perpetrar venganzas contra grupos rivales del narcotráfico.

La condición de sus captores para liberarlos era que los dos medios de comunicación nacionales involucrados –Grupo Multimedios y Televisa-- transmitieran tres videos de narcoblog en sus noticieros locales.

El canal de televisión de mayor audiencia de la poderosa cadena Televisa puso en negro su pantalla el jueves 29 durante la hora en que se transmite el programa Punto de Partida, donde trabajaba uno de los periodistas secuestrados.

La "crisis de La Laguna", como definió el conductor de Milenio Televisión, Ciro Gómez Leyva, dio forma a la peor pesadilla de muchos comunicadores: la zona de silencio en que se han convertido algunas regiones del país escaló por primera vez a la cadena nacional.

"Llegamos al punto que nadie quería, pero que al mismo tiempo estaba anunciado", dijo a IPS Elia Baltazar, responsable del Programa de Libertad de Expresión del no gubernamental Centro de Periodismo y Ética Pública (Cepet) y cabeza de la red "Periodistas de a Pie".

Los reporteros fueron liberados en una operación policíaca que ha causado suspicacias y que el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés) definió como una "inusual y rápida respuesta por parte de las autoridades de un país donde más de 90 por ciento de los crímenes contra la prensa no se resuelven".

Pero lejos de calmar los ánimos sobresaltados, el movimiento se ha ido encauzando y ahora demanda la dignificación del periodismo mexicano.

"En verdad quisiera estar con ustedes, pero aunque no asista transmite por favor mi apoyo y confianza en que este movimiento es necesario para que se valore la labor del periodismo", escribió Héctor Gordea, uno de los que habían sido secuestrados, en una emotiva carta a los organizadores en la que lamenta que las garantías que da el gobierno son prácticamente nulas.

"Cuando estuve secuestrado pensé en mi familia y me preguntaba si realmente valía la pena arriesgar la vida por cumplir con mi deber en esta maravillosa profesión. La respuesta fue simple: 'sí vale la pena'".

La marcha se realizará dos días antes de que lleguen a México los relatores sobre libertad de expresión Catalina Botero, de la Organización de los Estados Americanos, y Frank La Rue, de la Organización de las Naciones Unidas, quienes estarán de visita tres semanas

lunes, 16 de agosto de 2010

Atencion con Cachemira

Los vehículos blindados y los soldados que se ven desde julio en la Cachemira india no hacen más que agravar la situación de violencia, que este lunes se cobró más víctimas.

Es un mal presagio para la atribulada provincia de mayoría musulmana de Jammu y Cahemira, luego de un periodo de relativa calma tras las elecciones de diciembre de 2008. India y el vecino Pakistán se enfrentaron tres veces por la provincia fronteriza.

La situación que se vive en Cachemira, en especial en su capital, Srinagar, es una vuelta a la violencia de fines de los años 80 y principios de los 90, que dejó más de 50.000 personas muertas, la mayoría civiles.

El 7 de julio, el ejército indio no luchó contra los rebeldes de antaño, sino con jóvenes enfadados y con piedras, quienes crecieron en los difíciles años de la insurgencia que comenzó en 1989.

Los separatistas de Cachemira quieren escindirse de India, de mayoría hindú, y formar un estado independiente. Los insurgentes respaldados por Pakistán pretenden unirse a ese país musulmán.

Por lo menos 27 personas murieron en las últimas siete semanas, la cifra más alta desde las protestas de 2008, cuando jóvenes enfadados lanzaron piedras contra las fuerzas de seguridad.

Varios factores relacionados a décadas de violencia en Cachemira llevaron al actual estallido, coinciden numerosos analistas, como la mala gobernanza en materia de derechos humanos, la política de seguridad de Nueva Delhi, el descontento de los jóvenes y las dificultades económicas, además de la existencia de grupos armados.

"El ejército estuvo aquí en los años 90, cuando la gente portaba armas. Veinte años después, lo mandan otra vez para reprimir personas con piedras", señaló Mehbooba Mufti, presidenta del opositor Partido Popular Democrático, de Jammu y Cachemira.

"Tienen que reconocer que hay un error de gobernanza y que la gente tiene derecho a estar enfadada", sostuvo. "Se demoniza todo al recurrir al ejército, se distancian de los ciudadanos. No ayuda a nadie", remarcó.

"En el marco de una mala gestión de la situación política, se decreta un toque de queda", arguyó Sajjad Lone, presidente de la Conferencia del Pueblo, quien pasó de estar a favor de la escisión a participar en el proceso electoral.

Según el ministro jefe de Cachemira, Omar Abdullah, era necesaria la presencia del ejército. "Se pensó mucho", declaró en televisión. "Los ánimos estaban caldeados. No funcionó ninguna negociación política", apuntó.

El gobierno provincial se perdió la oportunidad contener las protestas sin agravar las tensiones, señaló el periodistas Ahmed Ali Fayyaz. Después de todo, "la situación de los derechos humanos, a la que se adjudica la violencia se diluyó", añadió.

La propagación del descontento obedece a la inestabilidad que genera inseguridad en muchos jóvenes respecto del futuro, señaló Amitabh Mattoo, especialista en Cachemira y profesor de política internacional de la Universidad Jawaharlal Nehru, de Nueva Delhi.

Ochenta por ciento de la población de Jammu y Cachemira se preocupa mucho por el desempleo, concluyó una encuesta divulgada en mayo por Robert Bradnock, del grupo de estudio Chatham House, con sede en Londres.

El gobierno indio sospecha que Pakistán, que controla la otra parte de la antigua Cachemira, alienta los disturbios en la provincia india tras su incorporación a este país en 1947.

Islamabad, por su parte, sostiene que sólo brinda apoyo moral a quienes aspiran a independizarse de India.

"Nueva Delhi puede llegarle a la población de Cachemira", sostuvo Mattoo en un debate televisado. "Pero debe tener imaginación y creatividad para comenzar un nuevo capítulo", añadió.

La última expresión de malestar estuvo avivada por sentimientos contenidos respecto de violaciones de derechos humanos no procesadas, señaló B. Raman, director del Instituto de Estudios Tropicales y ex responsable de la agencia de inteligencia de India.

"Pakistán sólo aprovecha para fomentar el malestar" en la Cachemira india, añadió.

Otra encuesta realizada por Chatham House concluyó que 44 por ciento de los consultados en la Cachemira pakistaní están a favor de la independencia, comparados con 43 por ciento entrevistados en la parte india

domingo, 15 de agosto de 2010

Rabinos ortodoxos ejercen su poder

Jerusalén es una ciudad santa, pero maldecida por esa misma condición. La zona de la explanada de las Mezquitas, para los musulmanes, o el Monte del Templo, para los judíos, muestra las diferencias entre, y dentro, de cada religión.

El muro occidental, último resto del antiguo Templo judío, se volvió un símbolo de unidad cuando en 1967, Israel se arrogó el control de la Ciudad Vieja, tras la guerra árabe-israelí.

El Monte del Templo deja al descubierto las diferencias entre los propios judíos israelíes y expone las diferencias entre Israel y organizaciones judías liberales de Estados Unidos.

El muro fue escenario, en julio, de un enfrentamiento entre la policía, judíos ortodoxos y una organización de judías israelíes y estadounidenses por un lugar para practicar su religión.

En el judaísmo ortodoxo, las mujeres no tienen un espacio para orar.

El incidente comenzó cuando integrantes de Mujeres del Muro trataron de orar allí con la Torá, libro sagrado del Judaísmo, y la policía detuvo a la presidenta de la organización, Anat Hoffman.

"No hicimos nada malo", gritaba, mientras la policía la arrastraba a una camioneta de la fuerza. "Nos ajustamos al dictamen del Tribunal Supremo. No hay motivos para que me lleven presa", continuó.

Presionado por rabinos ortodoxos, el alto tribunal de Israel prohibió a las mujeres, en 2003, leer la Torá en la plaza del muro occidental.

Pero para evitar las continuas protestas, el tribunal dictaminó que podían reunirse en un sitio alejado. La parte conocida como arco de Robinson, que no está a la vista de los fieles ortodoxos.

Las mujeres libran una lucha política "fanática", protestó el rabino responsable del muro, Shmuel Rabinowitz.

"Personas de todas las confesiones y de distintos tipos de corrientes judías son bienvenidos. Pero deben respetar las costumbres de quienes suelen vienen a rezar y comportarse como corresponde", indicó.

"Sólo cantábamos y rezábamos con la Torá rumbo al arco de Robinson para terminar nuestro servicio", apuntó Hoffman.

No es la primera vez que la detienen a ella y a otras integrantes de la organización. En enero, la interrogaron, le tomaron huellas dactilares y la amenazaron con acusarla de cometer un delito grave.

"No se permiten mujeres aquí", reza un cartel a la entrada de la sección reservada a los hombres. Ellas pueden escuchar, pero no asistir a los varones. Una barrera a la altura de la cabeza se los impide.

Se trata de una batalla de género entre judíos. Los ortodoxos instan a las mujeres que cuestionan la predominancia masculina en la religión a respetar su lugar.

"Hoy, las mujeres no pueden cargar la Torá", se lamentó Hoffman. "Mañana no podremos mirarlo, luego tampoco acercarnos al muro. Cuando quieras acordar, Jerusalén estará segregada. Hacia eso vamos", añadió.

"Este es un lugar de unidad, no de discordia ni polarización. No nos olvidemos que hace 2.000 años el Templo de Jerusalén fue destruido por conflictos y odios internos", replicó el rabino Rabinowitz.

"Nuestros enemigos se esfuerzan por deslegitimar al estado judío, y el mensaje de las autoridades es deslegitimar el liberalismo dentro del judaísmo", se lamentó Hoffman.

La batalla de las Mujeres del Muro refleja la forma en que los judíos ortodoxos rechazan el desafío que suponen las organizaciones reformistas.

Las prácticas liberales de Hoffman, líder del movimiento judío reformista en Israel nunca se arraigaron en este país.

Las ceremonias son realizadas por judíos ortodoxos, pese a que la mayoría de los israelíes llevan una vida casi laica y recurren a rabino en ocasiones importantes como nacimiento, matrimonio, divorcio y muerte.

El incidente en el muro occidental coincide con el malestar de los judíos estadounidenses por un proyecto de ley presentado al parlamento israelí (Knesset) que otorgará a los rabinos ortodoxos la potestad de controlar todas las conversiones al Judaísmo en Israel.

A último minuto se pudo evitar un diferendo más, el último en la cada vez más tensa relación entre los judíos estadounidenses e Israel. Ambas partes acordaron tomarse seis meses para hacer una "reevaluación" de la situación.

El primer ministro israelí Benjamín Netanyahu evitó la crisis al declarar que el proyecto de ley "podía dividir a los judíos".

Además encargó buscar un acuerdo a Natan Sharansky, presidente de la Agencia Judía, responsable de tender puentes entre la diáspora en el extranjero e Israel.

"Los judíos deben unirse cuando la legitimidad de Israel está bajo fuego", señaló Sharansky, un dicho que suele emplearse cuando este país está en problemas.

Pero Netanyahu reconoce que el "problema" excede las diferencias religiosas dentro del Judaísmo y que el verdadero desafío es manejar el creciente malestar de los judíos estadounidenses con las políticas de su gobierno, cuando realmente necesita su apoyo

sábado, 14 de agosto de 2010

Disminuyen recursos para minas antipersonas en Camboya

La disminución de la asistencia internacional otorgada a Camboya para erradicar las minas antipersonal atenta contra el objetivo nacional de no tener más víctimas por esa causa en 2012.

El último mortal recordatorio del atribulado pasado de Camboya ocurrió el 1 de mayo, cuando agricultores desprevenidos hicieron estallar una mina antitanque, que llevaba años enterrada, en Pailin. La provincia fue bastión del Jemer Rojo, que en los años 70 gobernó con mano dura este país.

"Un grupo de campesinos regresaba de su jornada laboral", señaló Cameron Imber, responsable de programa de la organización británica The Halo Trust, leyendo la noticia. "El vehículo iba por un sendero en medio del campo. Cinco murieron y nueve quedaron heridos."

Fue el peor accidente de ese tipo en la provincia en, al menos, los últimos dos años.

El hecho muestra el trabajo que resta por hacer en esta nación de Asia sudoriental, de 14,8 millones de habitantes y con la mayor cantidad de minas antipersonal, para disminuir accidentes con restos de armas enterradas desde hace tiempo.

Es muy difícil erradicar las minas antipersonal en uno de los países más pobres de la región. Camboya necesita asistencia financiera de la comunidad internacional, según funcionarios. La ayuda menguó el año pasado.

"Tuvimos problemas con las finanzas este año", confirmó Leng Sochea, subsecretario general de la Autoridad de Asistencia a Víctimas y Acción contra las Minas.

Los donantes entregaron 30 millones de dólares al año en los últimos tres para erradicar las minas. "Por ahora, seguro, sólo tenemos 23 millones de dólares", añadió.

La falta de fondos puede afectar la capacidad de Camboya de cumplir sus obligaciones internacionales en materia de erradicación de minas.

"Si nuestros socios mantienen su promesa y nos dan fondos, quizá podamos cumplir con nuestras obligaciones", señaló Leng. "Necesitamos que asuman su responsabilidad", añadió.

Hubo 4.000 víctimas en 1996, n la etapa de reconstrucción del país. La cifra disminuye desde entonces. En 2008, 244 murieron o sufrieron heridas tras el estallido de submuniciones enterradas, tras tres décadas de conflicto.

El recorte de fondos también perjudicó a la organización, señaló Imber. De los siete millones de dólares que recibía hace dos años, pasó a cuatro en 2010, lo que obligó a The Halo Trust a disminuir sus operaciones.

La situación se debe al "cansancio de los donantes" porque Camboya sale de su objetivo.

Casi la mitad de las aldeas del país tenía minas antipersonal, según una encuesta realizada en 2002. El miedo hace que los campesinos no aprovechen tierras cultivables, fundamentales para su subsistencia.

Erradicar las minas antipersonal es un asunto tan importante para Camboya que es uno de sus Objetivos de Desarrollo de las Naciones Unidas para el Milenio.

Las metas apuntan a reducir a la mitad la proporción de personas que viven en la indigencia y padecen hambre, lograr la educación primaria universal, promover la igualdad de género, reducir la mortalidad infantil en dos tercios y la materna en tres cuartos, entre 1990 y 2015.

También luchar contra la expansión del virus de inmunodeficiencia humana (VIH), causante del sida (síndrome de inmunodeficiencia adquirida), el paludismo y otras enfermedades, asegurar la sustentabilidad ambiental y generar una sociedad global para el desarrollo entre el Norte y el Sur.

Las autoridades camboyanas reconocen que será imposible alcanzar la meta de no más víctimas por minas antipersonal en 2012. "Era un objetivo demasiado ambicioso", señaló Leng.

El gobierno también revisó su compromiso en el marco del Tratado de Ottawa, de 1997, que prohíbe el uso de minas antipersonal y obliga los estados signatarios a limpiar las zonas afectas. La fecha límite de Camboya venció en 2009, pero consiguió una prórroga de 10 años.

"Nuestra experiencia de los últimos dos años indica que es un plazo más factible", señaló Leng.

El trabajo también hizo que Camboya se abstuviera de firmar la Convención sobre Bombas de Racimo, que entró en vigor el 1 de agosto.

Hay entre 1,3 millones y 7,8 millones de submuniciones sin explotar en Camboya, según distintas estimaciones, que datan del bombardeo de Estados Unidos de 1969 a 1973, en el marco de la guerra de Vietnam.

Camboya fue criticada por no firmar la Convención, pese a ser uno de sus defensores.

Pero las autoridades arguyen que, primero, deben investigar cómo afectará al ejército, qué superficie se puede limpiar realmente y cuánto tiempo y dinero insumirá la labor.

"Si firmamos, quedamos con las manos atadas", indicó Leng

viernes, 13 de agosto de 2010

¿Egipto e Israel contra Palestina?

La circulación se mantiene muy restringida en Rafah, casi dos meses después de que Egipto anunció la reapertura de la frontera con el territorio palestino de Gaza.

"Sólo pasan personas y algunos suministros médicos", dijo a IPS el periodista Hatem el-Buluk, residente de Al Arish, 40 kilómetros al oeste de Rafah. "El resto, alimentos y materiales de construcción, debe ingresar por los cruces controlados por Israel".

El puesto de control de Rafah es el único fuera de la órbita israelí.

El presidente de Egipto, Hosni Mubarak, informó el 1 de junio que habilitaría la circulación de suministros humanitarios de forma "indefinida".

El sorpresivo anuncio siguió al violento abordaje de las fuerzas israelíes de uno de los barcos de la flotilla humanitaria que pretendía llegar a la costa de Gaza. La operación del 31 de mayo terminó con nueve activistas turcos muertos.

Egipto se niega a abrir la frontera hasta que el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), que controla Gaza desde 2007, firme un acuerdo de "reconciliación" con su opositor, partido laico Fatah.

El partido del presidente de la Autoridad Nacional Palestina (ANP), Mahmoud Abbas, cuenta con respaldo de Estados Unidos.

Unos 37.000 gazatíes ingresaron o salieron del territorio palestino después del 1 de junio, según fuentes oficiales. La mayoría son estudiantes, pacientes y trabajadores extranjeros.

La marina israelí obligó a un barco libio con 2.000 toneladas de suministros humanitarios con destino a Gaza a atracar en Al Arish a mediados de este mes. La carga se trasladó al cruce de Rafah. Setecientas toneladas de implementos médicos pudieron ingresar al territorio palestino.

El resto, la mayoría productos alimenticios, debieron enviarse al cruce de Kerem Abu Salem, en la frontera entre este país e Israel.

Hubo varios intentos en junio de enviar suministros humanitarios a Gaza, por lo general promovidos por organizaciones o partidos egipcios de oposición, como la Hermandad Musulmana. El resultado fue el mismo. Los implementos médicos pasaron por Rafah, pero el resto debió enviarse por Kerem Abu Salem o por Al Auja, 10 y 50 kilómetros al sur de esa ciudad de la península del Sinaí.

"Hicimos todo lo posible por pasar toda la carga por Rafah, pero las autoridades fueron inflexibles", dijo a IPS el parlamentario Hamdi Hassan, de la Hermandad Musulmana, quien acompaño uno de los convoyes hasta la frontera.

"Las personas y los implementos médicos pudieron pasar, pero el resto debió ir hasta Al Auja", apuntó.

Desde que cerró el cruce en 2007, después de que Hamás se arrogara por la fuerza el control de Gaza, tras ganar las elecciones legislativas de 2006, Egipto insiste en que sólo reabrirá Rafah bajo los términos del acuerdo entre Israel, la ANP y la Unión Europea (UE), de 2005.

El pacto, del que Egipto no es signatario, prevé que la ANP controle el lado gazatí de Rafah y que observadores de la UE controle el tránsito.

"Las autoridades egipcias esgrimen el acuerdo de 2005 para no reabrir Rafah", señaló Al Buluk. "Pero el hecho de que ahora haya reabierto el cruce, al menos de forma parcial, prueba que puede hacerlo cada vez que quiera, con voluntad política", apuntó.

"El cruce de Rafah es una gran terminal que puede albergar todo tipo de productos y personas", añadió.

El jefe de redacción del opositor Al Dustour, Ibrahim Eissa, acusó al gobierno egipcio de poner en práctica las políticas israelíes en la frontera y de impedir el ingreso a Gaza de alimentos y materiales de construcción, que tanto necesitan los palestinos.

La infraestructura gazatí sufrió un duro golpe tras la Operación Plomo Fundido, lanzada por Israel contra Gaza, de fines de 2008 a principios de 2009.

"Cuando Israel decide impedir el pasaje de cemento y acero, Egipto pone en práctica la decisión", indicó Eissa, "Y cuando el estado judío, a raíz de la creciente presión internacional, deja pasar parte de los materiales, este país hace lo propio", añadió.

"Estados Unidos e Israel se las ingeniaron para limitar el papel de Egipto en la región para que la operativa en el cruce de Rafah sirva a sus intereses", se lamentó.

"El Cairo urge públicamente a Israel a levantar el sitio sobre la franja de Gaza, en tanto mantiene su frontera cerrada" a productos y equipos que necesita la población palestina, criticó Eissa.

El Cairo puede abrir Rafah de forma incondicional "cuando quiera", señaló Hassan, de la Hermandad Musulmana.

"El gobierno egipcio debe respetar la opinión pública árabe y reabrir la frontera al cruce de personas y mercancías, en vez de seguir las disposiciones israelíes", sostuvo.

Israel clausuró los seis cruces fronterizos con la franja de Gaza tras la victoria de Hamás en las elecciones legislativas de 2006. Egipto, por su parte, cerró el suyo al año siguiente, lo que dejó totalmente aislados a los 1,5 millones de palestinos.

jueves, 12 de agosto de 2010

Zimbabwe sin dinero para salud materna / infantil

Mientras los jefes de Estado y de gobierno de la Unión Africana, reunidos en Kampala, discuten sobre cuestiones de salud materna e infantil, Zimbabwe tiene dificultades para llevar a la práctica sus políticas en la materia por el elevado costo de las consultas médicas.

Es obligatorio que embarazadas, mujeres que acaban de parir y niños recién nacidos reciban asistencia gratuita. Pero el declive económico de la pasada década obligó a los centros de salud a buscar ingresos propios para cubrir los gastos.

Las mujeres se quejan de que no las atienden porque no tienen dinero para pagar el costo de la consulta.

Thandeka Mbwew, de 25 años, hasta tiene dudas de tener otro hijo.

Mbwew no tenía dinero para pagar los gastos médicos ni la ambulancia que la llevaría al hospital. Hace un mes que tuvo a su bebé y todavía no pudo juntar el dinero y saldar la deuda.

"Ha sido duro tener a este bebé", observó consternada.

Costos excesivos

Para tener un parto asistido en clínicas y hospitales estatales, las embarazadas deben pagar 50 dólares, un tercio del salario mensual de un funcionario estatal de rango bajo.

El personal hospitalario suele decir a las madres que no se pueden retirar hasta que no salden la deuda. Muchas de ellas optaron por sacar a sus hijos de forma clandestina.

Una madre llevó a esconder al recién nacido en una chaqueta y se escabulló.

Otras veces no les dan los documentos necesarios para tramitar el certificado de nacimiento.

"Nuestros hijos no pueden ser ciudadanos hasta que no paguemos. Es injusto", se lamentó Mbewe. Además, su hijo tampoco puede recibir asistencia médica.

"Las enfermeras se negaron a realizar a mi hijo la visita quincenal obligatoria", indicó Mbewe a IPS.

Cumplimiento de los ODM en peligro

La mortalidad infantil disminuyó de 65 fallecidos cada 1.000 nacidos vivos a 60 entre 1999 y 2006, muy por debajo del objetivo de 22, según un estudio realizado en 2009sobre el progreso del cuarto de los ocho Objetivos de Desarrollo de las Naciones Unidas para el Milenio, reducir la mortalidad infantil en dos tercios y la materna en tres cuartos, entre 1990 y 2015.

Las otras metas apuntan a reducir a la mitad la proporción de personas que viven en la indigencia y padecen hambre, lograr la educación primaria universal, promover la igualdad de género, en el mismo periodo.

También luchar contra la expansión del virus de inmunodeficiencia humana (VIH), causante del sida (síndrome de inmunodeficiencia adquirida), el paludismo y otras enfermedades, asegurar la sustentabilidad ambiental y generar una sociedad global para el desarrollo entre el Norte y el Sur.

La situación empeorará si se insiste en que las mujeres salden sus deudas antes de otorgar a niños y niñas la atención médica necesaria, advirtieron trabajadores de la salud.

Las parteras presionan al gobierno para que directamente elimine el costo total de la atención materna.

"Muchas madres nos culpan por no atender a sus hijos", señaló Ntandokayise Ndebele, quien trabaja en la clínica en uno de los suburbios más densos de esta ciudad zimbabuense. "Pero cumplimos órdenes. Muchas de ellas desaparecieron después de recibir tratamiento".

Auge de medicina alternativa

El costo de los servicios en la salud pública estimuló la proliferación de la medicina tradicional.

"Cuando no la atienden en los centros médicos, las madres buscan ancianas que dicen conocer hierbas que pueden curar a los niños. Pero no siempre funciona y se corren riesgos innecesarios", señaló la enfermera especializada Hilda Noko.

El mercado de remedios a base de hierbas es visible en la terminal de autobús Renkini y en el suburbio de Makokoba.

El severo recorte de gastos sociales por los programas de ajuste estructural de fines de los años 90 perjudicó seriamente al sistema de salud pública de Zimbabwe. Además, tampoco logró recuperar la economía.

Algunos gobiernos africanos buscan formas de eliminar el costo de la atención médica, con respaldo de los donantes. Desde este año, en Sierra Leona no se cobra la atención a embarazadas ni a menores de cinco años