jueves, 30 de septiembre de 2010

Mexicano recibe reconocimiento

Un antropólogo y activista que ha trabajado durante años con los pueblos indígenas en una de las regiones más pobres y marginadas de México fue galardonado con un importante premio de derechos humanos.

Abel Barrera Hernández, fundador y director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan en el sureño estado de Guerrero, recibirá el Premio de Derechos Humanos Robert F. Kennedy este año, en reconocimiento de sus esfuerzos para poner fin a los abusos cometidos por militares y policías contra la población local.

Así lo informó el jueves el Centro RFK para la Justicia y los Derechos Humanos.

"Nuestros amigos en el Centro Tlachinollah representan el verdadero coraje en su lucha para exponer y confrontar los actuales abusos en derechos humanos", dijo Claudio Grossman, decano de la Escuela de Leyes de la Universidad Estadounidense en Washington.

"Al ponerse de lado de las comunidades más vulnerables, Abel Barrera Hernández y sus colegas corren muchos riesgos personales, y estamos orgullosos de reconocer su trabajo a través de este prestigioso premio", añadió Grossman, quien también fue miembro de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de 1993 a 2001.

La distinción fue elogiada por varios activistas de derechos humanos, quienes señalaron que el Centro RFK cuenta con una destacada reputación por mantener un apoyo político y material a sus premiados.

El galardón, que será entregado en Washington en noviembre, "representa un escudo que viene de una organización con mucho prestigio para una región demasiado vulnerable, desprotegida, donde los derechos humanos son letra muerta", dijo el propio Barrera a IPS.

"El premio viene a hacer visible lo que las autoridades quieren que siga siendo invisible. No quieren ver la tragedia, la pobreza, el hambre", añadió.

Informes de la Oficina en México de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y organizaciones no gubernamentales han expuesto la crítica situación en la que trabajan los promotores de derechos humanos, marcada por los asesinatos, las agresiones y las intimidaciones.

En Guerrero, más de 100 activistas han sido amenazados. Miembros del Centro y de las organizaciones del Pueblo Indígena Me'phaa y para el Futuro de los Pueblos Mixtecos han recibido medidas cautelares de protección dispuestas por la CIDH.

"Creo que este premio llega en un momento especialmente importante debido al tremendo incremento de las violaciones a los derechos humanos en el contexto de la guerra contra las drogas", dijo Laura Carlsen, directora del Programa de las Américas del Centro de Relaciones Internacionales.

"El año pasado, grupos de derechos humanos reportaron que se sextuplicaron las demandas contra el ejército, y las poblaciones indígenas son las que sufren más. Necesitan más vigilancia de parte de la sociedad civil", añadió.

"El Centro trabaja en una situación muy difícil y peligrosa, en el corazón de una de las comunidades marginadas en el país", dijo Maureen Meyer, especialista en México de la Oficina de Washington sobre América Latina (WOLA, por sus siglas en inglés), que también galardonó el año pasado a la organización fundada por Barrera.

"Cualquier reconocimiento que reciban es sin duda importante tanto para revelar los abusos a los derechos humanos que ocurren en Guerrero como para darles más protección", señaló.

Barrera, quien originalmente estudió para ser sacerdote católico y luego egresó de la Escuela Nacional de Antropología e Historia en la ciudad de México, fundó en 1994 el Centro en su ciudad natal de Tlapa de Comonfort con el fin de promover el desarrollo comunitario y proveer educación en derechos humanos y asistencia legal a los pueblos indígenas naua, me'phaa, mixteco y amuzgo.

La región de La Montaña en Guerrero ha sido por largo tiempo una de las más marginadas en México. La mayoría de sus habitantes, muchos de los cuales no hablan español, viven en condiciones materiales similares a muchos pobladores de Malawi, según un estudio de la Organización de las Naciones Unidas de 2004.

Los recortes en los subsidios agrícolas durante las dos décadas de liberalización económica dificultaron aun más su subsistencia, obligando a muchas familias a emigrar para cultivar amapola (materia prima del opio, la heroína y la morfina), según escribió Todd Miller en un informe el año pasado del centro de estudios Congreso de América del Norte sobre América Latina.

De hecho, la región ha pasado a ser una de las de mayor cultivo de amapola en México. Aunque siempre contó con una importante presencia de las Fuerzas Armadas, la campaña del presidente Felipe Calderón contra el tráfico de drogas incrementó su militarización, y como consecuencia aumentaron los abusos de uniformados contra sus pobladores ante la frecuencia de protestas de campesinos.

"Es un lugar donde la pobreza abismal se encuentra con el tráfico de drogas, y donde el tráfico se encuentra con la militarización, derivando en un patrón sistemático de violencia y abusos", analizó Miller. "Cuando grupos y comunidades se organizan para luchar contra esta pobreza y violencia, también se convierten en objetivos".

De hecho, el personal del Centro, incluyendo al propio Barrera, ha sufrido repetidamente acoso y amenazas de varias fuentes en los últimos 16 años por su trabajo en la protección y promoción de los derechos de la población indígena.

Varias veces fue beneficiado con medidas cautelares de protección de la CIDH que, sin embargo, el gobierno mexicano ignoró.

A lo largo de los años, el Centro desarrolló varias estrategias para realizar su trabajo. Además de proveer representación legal y tratamiento psicológico a las víctimas de abusos, publicó informes anuales y temáticos sobre la situación en Guerrero, creó redes institucionales entre activistas locales y nacionales y organizaciones de derechos humanos internacionales, y trabajó con medios de prensa para crear conciencia sobre las violaciones.

En 2002, el Centro presentó ante la CIDH el caso de Inés Fernández y Valentina Rosendo, dos indígenas que habrían sido violadas por soldados en Guerrero en 2002. La CIDH elevó el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que deberá emitir sentencia.

En 2005, defendió el derecho a educación de los habitantes de dos poblados abandonados por el personal de enseñanza que se vio desbordado por la tarea.

Luego de presentar quejas ante la Secretaría de Educación (ministerio) y llamar la atención de la prensa nacional e internacional, el Centro logró que el gobierno designara a 12 educadores y abriera cuatro salones de clase adicionales en la zona.

El mismo año, la organización de Barrera lanzó una campaña contra las desapariciones forzadas en Guerrero, mientras realizaba numerosas investigaciones que expusieron abusos militares, incluyendo torturas, violaciones de mujeres indígenas, detenciones e interrogatorios arbitrarios, intimidación y confiscaciones de tierras.

También asumió el caso de dos defensores de los derechos humanos de la Organización para el Futuro del Pueblo Mixteco que habían sido arrestados y fueron luego hallados muertos con señales de tortura en febrero de 2009.

Esos casos derivaron en una nueva ronda de amenazas contra el personal del Centro, que recibió nuevas medidas cautelares de protección de la CIDH. "Que florezca la justicia en la montaña, marchita por la impunidad, por la corrupción, la violencia endémica, el olvido secular hacia los pueblos", pidió Barrera

miércoles, 29 de septiembre de 2010

El navegar por internet, sepa como esta

La vida urbana y el acceso a las tecnologías de la información abren a las niñas y adolescentes todo un abanico de posibilidades: mejor educación, acceso a la salud y un montón de ideas y habilidades nuevas. Pero al mismo tiempo implican varios peligros.

Un informe presentado este miércoles por la organización humanitaria Plan International concluye que tanto la vida en las ciudades como el fácil acceso a Internet y a otros servicios de comunicación pueden representar riesgos significativos para las adolescentes.

Se trata del cuarto estudio reporte de la serie "Because I Am Girl: The State of the World’s Girls 2010" ("Porque soy una chica: El estado de las niñas del mundo 2010") y se titula "Digital and Urban Frontiers: Girls in a Changing Landscape" ("Fronteras digitales y urbanas: Las muchachas en un paisaje cambiante").

"La vida urbana y la tecnología son dos terrenos de crecimiento y oportunidades reales, pero esto también significa que las adolescentes y mujeres jóvenes pueden estar en riesgo", dijo a IPS la editora del informe, Sharon Goulds.

Cada mes, las ciudades del mundo en desarrollo aumentan en alrededor cinco millones de personas, con la llegada de inmigrantes de las áreas rurales que aspiran a una vida mejor para ellos y para las familias que dejaron atrás. Se estima que para 2030 unos 1.500 millones de muchachas vivirán en áreas urbanas.

Las jóvenes que se mudan a las ciudades tienen más probabilidades de ir a la escuela. En los países en desarrollo, la asistencia puede ser hasta 37 por ciento superior para adolescentes de entre 15 y 19 años. El acceso a los servicios de salud también es más fácil, lo que reduce las muertes maternas y mejora la comprensión de la salud sexual y reproductiva.

Sin embargo, estos beneficios están acompañados de riesgos significativos: falta de viviendas, sobrepoblación y saneamiento de mala calidad, todo lleva a un aumento de los abusos físicos y sexuales contra las mujeres.

Por supuesto, el acoso sexual no es un fenómeno que se limite a los países en desarrollo. Calles, mercados y subterráneos atestados de gente dan a los hombres la oportunidad perfecta de acosar a las jovencitas con impunidad. En Holanda, 40 por ciento de las mujeres entrevistadas en una encuesta por Internet dijeron no sentirse seguras al caminar solas por la noche en sus propias ciudades.

Los peores peligros los enfrentan las muchachas que viven en algunos de los tugurios más pobres del mundo o en la calle.

Según el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), de los aproximadamente 100 millones de menores de edad que habitan las calles de las ciudades de todo el mundo, alrededor de 30 por ciento son niñas. No soprende que las adolescentes sin hogar sean las más vulnerables a ser forzadas al trabajo sexual, a mendigar o a trabajar gratis para poder escapar de la pobreza.

"Es clave garantizar que las niñas tengan acceso a los muchos beneficios que una ciudad puede ofrecer", dijo Gould.

"En las encuestas realizadas para el informe, los principales puntos en su lista de mejoras eran una mejor iluminación de las calles, un transporte público más seguro y más personal de seguridad", agregó.

Un mayor acceso a las tecnologías de la información y la comunicación puede ser una de las ventajas de vivir en una ciudad. Un buen conocimiento de esas herramientas es esencial para la mayoría de los trabajos, así que la buena capacitación para las muchachas definitivamente mejora sus posibilidades de conseguir un trabajo, sacarlas de la pobreza y darles poder.

Muchas organizaciones de mujeres también usan tecnologías como Internet, radio y televisión para promover la igualdad de género, exponer la violencia contra las mujeres o educarlas en materia de salud sexual.

A medida que Internet y los otros medios de comunicación se vuelven más accesibles y muchas veces son requisito para encontrar un buen trabajo, es importante que los y las adolescentes adquieran conocimientos para usarlos de modo seguro, enfatiza el reporte.

A través de Internet las adolescentes corren especial riesgo de entrar en contacto con acosadores sexuales o de que las convenzan de conocerlos en persona, y por lo tanto de colocarse en una posición muy peligrosa.

Los potenciales peligros del ciberespacio hacen que algunas familias posterguen el aprendizaje de las niñas en materia de Internet o a la hora de darles un teléfono celular. Y aunque esto pueda protegerlas en parte del acoso sexual, impide que las niñas aprovechen a pleno las tecnologías de la información, lo que les daría una educación completa y les permitiría avanzar en la vida, advierten los expertos.

Es clave hacer consultas a las niñas y mujeres jóvenes sobre los intercambios que mantienen con otras personas por Internet, "no para sobreprotegerlas sino para volverlas conscientes de los riesgos y de cómo protegerse de ellos", dijo Gould.

El acceso a las tecnologías de la información y la comunicación puede permitir a las mujeres tener una mayor participación en la vida de sus comunidades y países, adquirir nuevas habilidades o conocimientos específicos que las ayuden a protegerse, por ejemplo del VIH/sida (síndrome de inmunodeficiencia adquirida).

"Tanto la vida urbana como el acceso a las tecnologías de la información deberían brindar a las niñas mayores oportunidades, siempre y cuando se aborden los riesgos. Pero las barreras de la pobreza, el acceso y las actitudes sobre lo que es adecuado para niñas y varones significa que se requerirá muchas inversiones en ellas, tanto dentro como fuera de las familias, para que se alcance una verdadera igualdad", dijo Gould.

martes, 28 de septiembre de 2010

¿Porque celebrar? dicen los indigenas en Mexico

"No entiendo por qué celebrar (la independencia). En México no habrá libertad hasta que se elimine la represión en contra de los pueblos indígenas", dijo a la indígena Sadhana (Luna, en lengua mazahua).

El gobierno de México lleva a cabo fastuosos festejos por los 200 años del inicio de la guerra independentista contra el imperio español, el 16 de septiembre de 1810. El acto principal, el miércoles 15, incluyó un desfile militar con soldados de varios países, juegos pirotécnicos y luces artificiales.

Pero los indígenas permanecen ajenos a las celebraciones.

Para sus organizaciones, al menos un tercio de los 108 millones de habitantes son originarios. Pero según el gubernamental Consejo Nacional de Población, México es mayoritariamente mestizo, mientras 14 millones pertenecen a alguno de los 62 pueblos nativos que conviven en las 32 entidades federativas del país.

"No hay un acta de nacimiento ni documento oficial que diga que somos indígenas. Los cálculos oficiales se basan en el censo que hace una sola pregunta: si hablas alguna lengua. Y ese es sólo un elemento que define lo indígena", señaló a IPS el dirigente Julio Atenco Vidal, de la Coordinadora Regional de Organizaciones Indígenas de la Sierra de Zongolica, en el sudoriental estado de Veracruz.

"Además, hay muchos que dicen que no son indígenas, porque eso es motivo de atraso", explicó.

Registrada por sus padres con el nombre de Daleth Ignacio Esquivel, la mazahua Sadhana tiene 14 años y participa en un grupo de danzas de origen mexica, que promueve la recuperación del idioma originario entre los jóvenes de San Miguel, un poblado del municipio de Almoloya del Río, en el central estado de México.

En el último censo de población y vivienda, que se realizó en mayo y junio, se agregó la consulta sobre la identificación étnica personal.

Como sea, la proporción de población nativa es hoy mucho menor que en 1810, cuando se inició la guerra de independencia: ocho de cada 10 habitantes eran indígenas. Y en 1910, cuando comenzó la Revolución Mexicana, esa relación era de seis de cada 10.

Lo que no ha cambiado, dijo a IPS el purépecha Abundio Marcos, es la exclusión y la miseria.

"No estamos orgullosos de esos años (de país independiente) porque para nosotros han sido de exclusión", enfatizó el dirigente del colectivo Nación Purépecha.

"Estamos olvidados, a pesar de que seguimos teniendo la mayor parte de las riquezas naturales. La mitad está en territorios indígenas, y por eso el Estado mexicano, con esa idea de democracia en la que nosotros no existimos, no nos incluye", aseguró.

El gobierno reconoce que tres cuartas partes de los nativos son pobres, y que muchas poblaciones pequeñas sufren indigencia. La mortalidad infantil en esas comunidades llega a 60 por ciento, muy superior a la media nacional.

La desnutrición, que afecta a un tercio de la población del país, se concentra también en los niños y niñas indígenas.

"El problema se ha hecho más rural, más indígena y más de los municipios aislados, pequeños y marginales", según el estudio "Regionalización de la situación nutricional en México a través de un índice de riesgo nutricional", elaborado en 2004 por el gubernamental Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán.

El informe muestra que, desde 1967, cuando se hizo el primer mapa nutricional del país, las zonas críticas no han variado.

De todos los grupos sociales, las mujeres originarias tienen las peores condiciones de vida, según la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. Ellas presentan graves problemas de salud, por carencias alimentarias y una alta fecundidad.

Desde niñas son obligadas a ayudar a sus madres, se casan entre los 13 y los 16 años y su jornada de trabajo "normal" puede durar hasta 18 horas diarias.

El analfabetismo en la juventud indígena es cinco veces superior al de la mestiza. Un caso extremo se vive en San Juan Copala, en el sureño estado de Oaxaca, donde una comunidad triqui, que se declaró autónoma en 2007, vive sitiada desde enero por grupos armados ilegales que obstaculizan la llegada de víveres, educadores y medicinas, sin que intervenga ninguna autoridad.

El acoso, que ha causado al menos una decena de muertos desde 2007 y fue denunciado a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, llegó incluso a que una caravana humanitaria internacional fuera emboscada en abril de este año cuando intentaba llegar al poblado.

"Estamos celebrando la constitución de un tipo de estado estratificado y racista, que es el que se fue creando en México, muchas veces con las ideas liberales", explicó a IPS Rodolfo Stavenhagen, investigador del Colegio de México y ex relator especial de las Naciones Unidas sobre la situación de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los indígenas.

"Es un buen momento para reformar el concepto de nación. Hay que dar pasos en la construcción de una ciudadanía indígena y el reconocimiento de espacios indígenas que nunca aparecieron en el entramado institucional", dijo Stavenhagen.

En busca de cristalizar esa idea, unas 117 organizaciones de 15 estados buscan reimpulsar el movimiento indígena, estancado desde que el indígena Ejército Zapatista de Liberación Nacional se levantó en armas en enero de 1994 en el sureño estado de Chiapas, y promovió un proceso de autonomía que terminó bloqueado por el gobierno en 2001.

Ahora, las organizaciones impulsan un modelo de Estado plurinacional, pluricultural y que los incluya "sin mutilación ni regateos".

"No tenemos nada que celebrar", dice una declaración del Movimiento Nacional Indígena, que se reunió en la capital el 15 de este mes, mientras México conmemoraba 200 años de vida republicana.

El movimiento cuestionó "el irracional carácter festivo de la gran celebración nacional", en la que se gastaron más de 200 millones de dólares, "mientras que nuestros pueblos se debaten entre el hambre y la desesperación"

lunes, 27 de septiembre de 2010

En Malawi la locura de las violaciones

Con apenas 13 años, Chantal Kifungo* es madre de una bebé de 10 meses. No fue su elección. Hace casi dos años, fue violada por su padrastro y quedó embarazada.

"Mi madre estaba en el hospital porque tuvo complicaciones con su propio embarazo. Me quedé sola en casa con mi padrastro. Una noche vino y me violó. Traté de gritar pero nadie me escuchó", relató Chantal mientras jugaba nerviosamente con sus manos.

A la mañana siguiente, la niña le contó lo ocurrido a una vecina, pero la mujer no le creyó. Sólo cuando su madre volvió del hospital, varias semanas después, Chantal halló confianza y apoyo emocional. Pero para entonces ya estaba embarazada y su padrastro había desaparecido.

Lo que hizo la situación especialmente difícil es que Chantal y su madre Mathilde*, procedentes de la República Democrática del Congo, viven junto a otras 11.000 personas en Dzaleka, el único y atiborrado campamento para refugiados en Malawi.

Las condiciones aquí son difíciles. La violencia doméstica se ve estimulada por el abuso de alcohol, el estrés y la desesperanza que cunden en el campamento.

"Todos los días tenemos un conflicto", admitió Martín Mphundukwa, director de Dzaleka y funcionario del Departamento Malauí para los Refugiados. "El financiamiento es inadecuado, y por eso la vida es muy difícil para sus habitantes. Muchos recurren a la violencia".

Como las leyes locales prohíben que los refugiados vivan fuera del campamento o busquen empleo, están obligados a permanecer todo el tiempo dentro del complejo de Dzaleka, ubicado a unos 42 kilómetros de Lilongwe, la capital malauí.

El campamento fue un centro de detención para prisioneros políticos durante el gobierno del presidente Hastings Kamuzu Banda (1966-1994). Aquí, los refugiados viven en simples casas de adobe sobre tierra árida. Las raciones de alimento que reciben cada mes apenas les alcanzan para sobrevivir.

Al enterarse de la violación de su hija, Mathilde denunció de inmediato lo ocurrido en la estación de policía del campamento. Semanas después, cuando intentó saber en qué estado se encontraba el caso, los policías quisieron sobornarla. Como no tenía dinero, la denuncia "se perdió" al poco tiempo.

Sólo mucho después Mathilde se enteró de un proyecto sobre violencia de género administrado por la Cruz Roja de Malawi dentro del campamento.

El proyecto educa a los refugiados sobre sus derechos, crea conciencia sobre la violencia doméstica y ofrece alojamiento seguro, consejería y atención médica a las víctimas, incluyendo exámenes de VIH (virus de inmunodeficiencia humana, causante del sida).

La Cruz Roja también coopera con la policía y con el Departamento de Refugiados para detener a los culpables de los casos de violencia.

Con la asistencia de funcionarios de la Cruz Roja, el caso de Chantal finalmente fue reabierto, aunque se rumorea que su padrastro huyó del país. La niña también recibió atención, exámenes médicos y pruebas de VIH. Entonces se constató que estaba infectada, pero ya era demasiado tarde para medidas de profilaxis post-exposición.

Lamentablemente, el caso de Chantal no está aislado. Cada mes, entre siete y 10 casos de violencia doméstica son denunciados en el campamento, dijo Cecilia Banda, trabajadora social de la Cruz Roja, e incluyen desde esposas golpeadas hasta secuestros y violación de niñas y niños.

"Vemos muchos, muchos casos", confirmó Constable Brian Mzembe, funcionario policial en el campamento. "Pero lo positivo es que las denuncias han aumentado desde que la Cruz Roja comenzó a asistir a las víctimas. Las personas ahora tienen menos miedo de hablar".

Sin embargo, hay pocas sentencias. Sólo un caso ha llegado a la justicia, y dos perpetradores fueron condenados por violación, uno contra un menor.

Las razones del escaso número de condenas son varias, dijo Mzembe. Algunas mujeres retiran sus denuncias por temor, mientras que en otras las investigaciones se detienen debido a que el perpetrador ha huido del campamento. Pero la mayoría de los casos parecen quedar estancados por la ineficiencia burocrática.

"Nuestro principal problema es que los funcionarios policiales de servicio en el campamento rotan todos los meses. Cada vez que tratas de seguir el caso, hablas con alguien diferente. Eso hace difícil seguir el rastro y muchos casos se pierden", explicó Banda.

No obstante, Banda cree que, dentro de esos límites, la policía da lo mejor de sí para reducir el crimen en Dzaleka. Recientemente crearon un equipo de 18 agentes que patrullan el campamento día y noche. Y en cooperación con la Cruz Roja, lanzaron una campaña de prevención y de educación en los hogares sobre seguridad y derechos humanos.

Para Chantal, sin embargo, estos esfuerzos llegaron demasiado tarde. "He perdido la esperanza. Los otros niños se burlan de mí. Ellos dicen que comparto un esposo con mi madre. Los mayores me acusan de robarle el esposo a mi madre. Algunos dicen que mi mamá tendría que matarme a mí y a mi bebé", se lamentó.

La niña no tiene a dónde ir para comenzar una nueva vida. Hasta que sea repatriada o reubicada, no puede abandonar el campamento. Y eso podría tomar años

domingo, 26 de septiembre de 2010

Matan al guerrillero Luis Suárez "Mono Jojoy"

La muerte del comandante guerrillero Luis Suárez, conocido como "Jorge Briceño" y "Mono Jojoy", es un "golpe devastador" para las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), advirtió a IPS el analista en temas militares Ariel Ávila.

Briceño, muerto el miércoles 22 en una operación militar y policial, era miembro del Secretariado del Estado Mayor de las FARC, fundadas en 1964.

Además, comandaba el Bloque Oriental, con jurisdicción en casi 40 por ciento del territorio de este país --de 1,1 millones de kilómetros cuadrados--, en la región suroriental, que comprende la Orinoquia y parte de la Amazonia.

El deceso del insurgente se habría confirmado la víspera entre la hora local 16:00 y las 17:00, aunque fue dado a conocer poco antes de la ocho de la mañana de este jueves.

Briceño cayó en un bombardeo masivo de dos días, durante una operación que comenzó el domingo y en la que actúan entre 700 y 800 efectivos de la fuerza pública. Los combates se mantenían este jueves.

En el ataque se emplearon "bombas inteligentes" de fabricación estadounidense, lanzadas desde aviones Super Tucano adquiridos a Brasil.

El mecanismo de estas bombas permite dar en el blanco con gran precisión, con ayuda de un microprocesador (chip), que envía señales desde tierra, en o cerca del punto a ser bombardeado.

Este chip pudo ser ingresado al campamento del jefe guerrillero mediante una operación de inteligencia de alto calibre que posiblemente contó con delatores o infiltrados.

El operativo tuvo lugar en un valle entre los poblados de La Macarena, La Uribe y Vista Hermosa, en pleno Parque Nacional de la Serranía de La Macarena, en el centro del país y una de las cunas de las FARC.

Fuentes en el terreno relataron que el bombardeo "fue brutal, devastador, quemaron todo". Supuestamente cayeron unas 50 bombas.

"Si usted suma la muerte de (‘Manuel) Marulanda’, de ‘Raúl Reyes’ e ‘Iván Ríos’, los tres no son un golpe tan fuerte como este", indicó Ávila, coordinador del Observatorio del Conflicto Armado de la no gubernamental Corporación Nuevo Arco Iris, en referencia a la seguidilla de pérdidas en la cúpula de las FARC en marzo de 2008

La muerte de Briceño es "un golpe devastador", reiteró Ávila, "en primer lugar porque era muy querido al interior de las FARC, era el mito que reemplazó a Manuel Marulanda" en el imaginario de la tropa de campesinos y colonos de esta guerrilla izquierdista.

Marulanda fue sucedido en la comandancia por "Alfonso Cano", antropólogo bogotano de la estatal Universidad Nacional quien, según Ávila, "es visto como un hombre de ciudad" por la base insurgente.

Briceño nació en 1953 en Boavita, municipio del noreste del país, en el departamento de Boyacá, escenario de una fuerte violencia desatada por el gobierno conservador en la guerra que comenzó en 1946. Y se crió en las FARC, pues su madre, guerrillera, habría sido cocinera del sub-jefe insurgente "Jacobo Arenas", ya fallecido.

Nunca habría ido a una escuela formal, aprendió a leer en la guerrilla y en ella estudió la historia de Colombia y textos marxistas.

De aguda inteligencia, atento conversador, con conocimientos de medicina práctica que aplicaba a sus propias dolencias, se mantenía informado por igual sobre qué ocurría en el mundo o sobre el detalle del funcionamiento de la guerrilla bajo su mando.

"Se convirtió en un mito militar y cultural en las FARC", señaló Ávila sobre el hombre que habría llegado a comandar, en el mejor momento del Bloque Oriental en 1998-1999, a unos 9.000 combatientes.

Tras aguantar el Plan Colombia y el Plan Patriota (operaciones militares de largo aliento financiadas por Estados Unidos), y el Plan Consolidación, una campaña cívico-militar que cuenta además con apoyo de varios países europeos, ese bloque podría tener hoy unos 4.000 guerrilleros repartidos en 32 frentes de guerra, según Ávila.

Mientras el gobierno y algunos analistas aseveraban que este golpe acerca la negociación de paz porque debilita a la guerrilla, Ávila consideró que las FARC no funcionan con ese criterio.

"Habrá que esperar. Unos tres o cuatro meses", dijo el analista, "esto va a traer en poco tiempo algunas desmovilizaciones y puede haber algunas fracturas, puede haber desestructuración", estimó. Pero advirtió: "Las FARC se van a recuperar"

sábado, 25 de septiembre de 2010

Haitianos en peligro (en Mexico)

El terremoto que destruyó en enero buena parte de Haití agravó la exposición de mujeres y niñas de esa nación caribeña a la trata y el tráfico de personas, advierten especialistas y activistas.

"El fenómeno se ha visibilizado mucho más después del terremoto, al incrementar el desplazamiento forzado de personas. Hay gran potencial para la trata y el tráfico de personas", señaló a IPS la británica Bridget Wooding, académica de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso) en la vecina República Dominicana.

Junto a Estados Unidos, Dominicana es el principal destino de los emigrantes haitianos. Allí residen o trabajan entre 200.000 y dos millones de personas de origen o ascendencia haitiana, según distintas investigaciones, entre ellas las desarrolladas por Wooding.

Las mujeres de Haití "están expuestas a la prostitución obligatoria, a la violación, al abandono, a la pornografía y al trabajo doméstico", señaló a IPS la experta haitiana Messadieu Guylande, de la Coalición contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en América Latina y el Caribe (CATWLAC, por sus siglas en inglés).

La situación haitiana es uno de los temas del Segundo Congreso Latinoamericano sobre Trata y Tráfico de Personas, convocado por organizaciones gubernamentales, independientes y académicas de la región, inaugurado el martes 21 y que concluye este viernes 24 en Puebla, 129 kilómetros al sur de la capital mexicana.

El movimiento telúrico de siete grados de intensidad en la escala de Richter que azotó el 12 de enero la capital haitiana y zonas cercanas mató a más de 220.000 personas y ha obligado a decenas de miles a vivir en campamentos provisionales.

Según la Organización Internacional para las Migraciones, la trata de personas es "la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas", recurriendo a diversos medios, "para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra, con fines de explotación".

Entre estos medios figura la amenaza, el uso de la fuerza u otras formas de coacción, el rapto, el fraude, el engaño, el abuso de poder, una situación de vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos o beneficios.

En cambio, el tráfico de personas se circunscribe al negocio de traslado e ingreso ilegal de migrantes.

En América Latina, unas 250.000 personas son víctimas de trata, un delito que deja ganancias por 1.350 millones de dólares para las bandas criminales, según estadísticas de la Secretaría (ministerio) de Seguridad Pública de México, aunque las cifras podrían ser superiores, según organizaciones no gubernamentales dedicadas al tema.

Organizaciones como CATWLAC estiman que más de cinco millones de mujeres en la región han sido atrapadas por esas redes criminales y otros 10 millones se encuentran en peligro de caer en ellas.

Luego del sismo, las fuerzas de la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití, presente desde 2004 y dirigida por el diplomático guatemalteco Edmond Mulet, reforzaron la vigilancia de la frontera con República Dominicana, un límite poroso que consta de muchos pasos ciegos.

Las autoridades dominicanas deportaron a unos 20.000 haitianos por año entre 2003 y 2008, según estadísticas gubernamentales.

Luego del terremoto, el no gubernamental Sanctuary for Families (Santuario para las Familias) de Nueva York recibió a un centenar de haitianas.

"Llegan ilegalmente, con documentos falsos o visas vencidas. Les ofrecemos alojamiento, asistencia financiera o asesoría legal", explicó a IPS la directora de Servicios Legales del Santuario, Dorchen Leidholdt.

Este jueves se conmemora el Día Internacional contra la Explotación Sexual y la Trata de Personas, instaurado en 1999 por la Conferencia Mundial de la Coalición contra el Tráfico de Personas.

"Tenemos evidencias de más tráfico y trata de personas, y se manifiestan en más infantes pidiendo en las calles de Santo Domingo, por ejemplo", dijo Wooding, coautora del libro "Needed but not Wanted" (Necesarios, pero no queridos), de 2004, sobre la inmigración haitiana en República Dominicana.

La autora se encontraba en Puerto Príncipe al momento del terremoto.

Antes de la tragedia, unas 500.000 niñas y niños no asistían a la escuela, dijo Guylande.

Desde 2007 no se registra ninguna acción penal bajo la nueva legislación dominicana contra la trata, la Ley 137-03, por lo cual el gobierno de Estados Unidos colocó a esa nación caribeña en un listado de vigilancia especial, por no cumplir "plenamente con los estándares mínimos para la eliminación" de ese delito.

En Haití las cosas no son diferentes. Aunque el gobierno ratificó el Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, que complementa la Convención de Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, en vigor desde el 29 de septiembre de 2003, no lo ha homologado en leyes internas.

"La cadena penal es muy frágil. El Poder Judicial no es autónomo ni fiable. Esta fragilidad de la justicia beneficia a los traficantes", comentó Guylande.

El único caso perseguido en suelo haitiano fue el de 10 misioneros estadounidenses que trataron de sacar del país luego del sismo a 33 infantes, y que fueron absueltos.

jueves, 23 de septiembre de 2010

Recesion abarrota las carceles de EU

La pérdida del trabajo y la vivienda, debido a la prolongada crisis económico-financiera, aparece detrás del aumento de los delitos en Estados Unidos, según un estudio de la población carcelaria realizado por el no gubernamental Justice Policy Institute.

La relación entre pobreza y la cantidad de personas en prisión resulta estrecha en Estados Unidos, según la investigación "Dinero bien gastado: de qué manera las verdaderas inversiones sociales reducen la tasa de encarcelación".

Cada vez son más las personas pobres detenidas y encarceladas, pese a que la cantidad de delitos disminuyeron en todo el país, señala el informe.

"La investigación concluyó que se hace menos énfasis en la protección de los pobres y más en la vigilancia, el control y las detenciones", dijo a IPS la directora ejecutiva de JPI, Tracy Velázquez.

La población carcelaria aumentó y con ella la disparidad racial en el sistema de justicia, se añade en el trabajo divulgado el jueves por el instituto con sede en Washington.

"El hecho es evidente al analizar los patrones de arrestos y las encarcelaciones por delitos vinculados al consumo de droga", señaló Sarah Lyons, una de las autoras del estudio.

Si los servicios sociales no tienen suficientes fondos es más probable que la gente tenga dificultades para subsistir y aumente el riesgo de vincularse con el mundo del delito, añadió Lyons, de la organización National Emerson Hunger.

Los afroestadounidenses, que constituyen 12,2 por ciento de la población, ya representan 44 por ciento de los presos por causas relacionadas con las drogas. Además, el consumo ahora es similar al de 2008.

El énfasis puesto en perseguir a las comunidades negras por delitos de droga desestabiliza a las familias.

La duración de la crisis llevó a muchos estados a recortar los fondos de los servicios sociales, como salud, educación y vivienda, pero no en vigilancia ni en ampliar y mejorar las prisiones.

Hay casi dos millones de presos en Estados Unidos. Además, 16 por ciento de ellos tuvieron problemas con su vivienda, señala el estudio.

"La mayoría de esas personas tienen un mayor riesgo de padecer adicciones y problemas psicológicos, y no suelen tratarse", señaló Nastassia Walsh, de JPI. En los estados con mayor cantidad de egresados de secundaria se cometen menos delitos, apuntó.

La pobreza es uno de los "factores de riesgo" que aumenta las posibilidades de tener problemas de salud mental. Además, muchas personas que quisieran recibir tratamiento no pueden pagarlo, señala el estudio.

"Más de 50 por ciento de las personas que están en la cárcel tienen algún tipo de problema psicológico", precisó Walsh. Aumentar los fondos destinados a la asistencia psicológica y al tratamiento de adicciones puede contribuir a mejorar la seguridad pública y disminuir la incidencia de la justicia penal, apuntó.

Destinar recursos a la capacitación y a la creación de empleo mejora la seguridad pública, señala la investigación. Los jóvenes que trabajan tienen menos probabilidades de cometer delitos.

"Es hora de que los funcionarios se den cuenta de que es mejor invertir para tener comunidades seguras y saludables que en más camas para las cárceles", sostuvo Velázquez. "Las comunidades de bajos ingresos y los afroestadounidenses soportan la peor carga de la recesión, así como de nuestras políticas que llevan a una encarcelación masiva", añadió.

"Si cambiamos nuestras prioridades podemos reducir las consecuencias desproporcionadas de la crisis y marcar una diferencia real, en especial para las familias y los menores", remarcó.

Invertir en vivienda accesible, educación y empleo puede contribuir a cambiar el rumbo de la vida de las personas que no tienen donde vivir, entre ellas jóvenes, niños y niñas, los más perjudicados por esa situación, indica la investigación.

"Se trata de en qué decidimos invertir", sentenció Velázquez. "Hasta que no dejemos de canalizar el dinero de los contribuyentes a las cárceles y las prácticas de vigilancia y control que empujan a una gran cantidad de personas a prisión, muchas de las cuales no suponen un peligro para la seguridad pública, no debería sorprendernos que aumente la taza de encarcelación", añadió.

El Comité de las Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación Racial expresó el año pasado su preocupación por la falta de avances en la materia en la justicia de Estados Unidos y urgió a Washington a tomar medidas prácticas para poner fin a las acciones policiales contra las personas pobres y las minorías.

El organismo identificó numerosos casos que muestran que, en muchas ciudades, la policía tenía actitudes que violaban la Constitución de Estados Unidos y la Convención Internacional para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial.

Los autores de la investigación urgen al gobierno de este país a tomar medidas para cumplir con el tratado internacional de derechos humanos

miércoles, 22 de septiembre de 2010

La inundacion baja y se ven carencias en Pakistan

La retirada de las aguas que inundaron la quinta parte de Pakistán dejó al descubierto una de las miserias ocultas de este país: la situación de las madres, que mueren por decenas de miles cada año.

El personal médico y humanitario se esfuerza por salvar la vida a las mujeres embarazadas en los campamentos de desplazados por las inundaciones, que afectaron el noroeste del país hace más de un mes.

Pero el estado en que encuentran a las mujeres les recuerda la alta mortalidad materna de este país, incluso en épocas normales.

Mueren 320 mujeres por cada 100.000 nacidos vivos en Pakistán, según el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA, por sus siglas en inglés). Además, unas 30.000 embarazadas pierden la vida cada año por causas relacionadas con el embarazo, según la encuesta sobre salud y demografía, realizada entre 2006 y 2007.

Entre las principales causas se destaca el mal estado de salud, muchas mujeres sufren desnutrición y anemia, y la falta de atención profesional en el parto, que suele producirse en lugares sin las condiciones higiénicas adecuadas.

Otro problema son los embarazos consecutivos por falta de planificación familiar. La tasa de natalidad es de más de tres hijos por mujer. Pero en las zonas alejadas asciende a entre 10 y 15.

En uno de los campamentos de desplazados, una mujer quedó encantada de dar a luz un varón porque ya tenía 14 hijas, relató la secretaria general de la Sociedad de Obstetricia y Ginecología de Pakistán, Nighat Shah.

"Le pusieron Sailab, ‘inundación’ en urdu", explicó Shah, por ver en este fenómeno climático un buen augurio.

Pero "antes del año que viene y de que nazca Toofan (tormenta), habrá que realizar algunas intervenciones para salvar la vida de esa madre", ironizó.

De las 18 millones de personas desplazadas, 70 por ciento son mujeres, según datos del UNFPA. Hay casi 500.000 embarazadas y 1.700 partos al día, de los cuales 250 "presentan complicaciones" que requieren intervención médica de emergencia.

Azra Ahsan, del Comité Nacional de Salud Materna, Neonatal e Infantil, recordó haber visto a "muchas embarazadas con anemia grave" en campamentos de la meridional provincia de Sindh, la más afectada por las aguas.

Muchas mujeres tenían 10 hijos. Pero Ahsan no se sorprendió porque trabajó durante muchos años en aldeas alejadas. "Su vida no era mejor antes. Son de otro tiempo, de un planeta diferente", señaló.

Pero la falta de alimentos, el estrés extremo que padecen y la ausencia total de higiene en las zonas afectadas aumentan el riesgo de complicaciones.

"Es fundamental brindar atención calificada", remarcó William Ryan, portavoz de UNFPA para Asia Pacífico.

"El parto siempre puede tener complicaciones, y la mortalidad materna es alta en Pakistán en los mejores tiempos. Pero el trauma que sufren las mujeres desplazadas amplifica enormemente los riesgos", añadió.

El UNFPA envío personal médico especializado a 23 unidades móviles y a 13 clínicas instaladas por el gobierno en las zonas afectadas.

Las mujeres están recibiendo mucha información sobre salud reproductiva gracias a la presencia de este personal, indicó Shah, quien espera que eso contribuya a liberar a las mujeres de lo que ella llama la "trampa mortal" de los embarazos frecuentes.

Sólo 22 por ciento de las pakistaníes casadas utilizan métodos de planificación familiar, indicó Ahsan. La coyuntura actual puede ser una "oportunidad" para ampliar el uso de dispositivos intrauterinos.

Las píldoras anticonceptivas no son una buena solución, según Ahsan. "Pueden olvidarse de tomarlas o hacerlo de forma salteada", explicó.

En cambio Shah se inclina por la ligadura de trompas para quienes tengan más de tres o cuatro hijos. Incluso propuso asesorar a las mujeres que se atienden en los hospitales y recomendarles el procedimiento para cuando la familia esté "completa".

Una de las intervenciones clave del Comité Nacional de Salud Materna, Neonatal e Infantil es la distribución del medicamento misoprostol a mujeres que tienen entre ocho y nueve meses de gestación para reducir el riesgo de que sufran hemorragias después del parto.

"Es la principal causa directa de mortalidad materna" en este país, explicó Ahsan.

Las mujeres que corren más riesgo de hemorragias son las tienen desnutrición y anemia y tuvieron múltiples partos, como la mayoría de las que están en los campamentos, explicó la ginecóloga Shershah Syed.

"Le decimos a las mujeres y a las comadronas que usen misoprostol justo después del parto", precisó Ahsan.

"Es fácil, no es necesario inyectar nada para detener la hemorragia ni contar con la presencia de ningún profesional porque se suministra por vía oral. Es una salvación dado que los partos son al aire libre", añadió

Aquellos que ni muertos pueden descansar

Hay muertos que no descansan. Es el caso del escritor cubano Reinaldo Arenas, militante gay fallecido a causa del sida en 1990 en Estados Unidos, que vuelve a su país natal de la mano de quien podría ser el único gran amigo que conservó en la isla, el investigador Tomás Fernández Robaina.

"Ahí está el Reinaldo que yo conocí", comentó a IPS Fernández Robaina, quien rememoró al autor de "Antes que anochezca" (1992) en "Misa para un ángel", una novela-testimonio que saldrá a la luz el viernes 17 en la sede de la Unión Nacional de Escritores y Artistas de Cuba.

Eran muy jóvenes y recién llegados a La Habana de la misma provincia del oriente cubano cuando coinciden como trabajadores en la Biblioteca Nacional de Cuba "José Martí" e inician una amistad que resistió todo tipo de contradicciones, desacuerdos y silencios y, de alguna manera, sobrevivió incluso a la muerte.

"Fui tras la huella de Reinaldo hasta Nueva York y con lo que encontré podía hacer un libro de 500 páginas, pero no tenía sentido. Como Reinaldo habló tan mal de todos nosotros (sus amigos y conocidos en Cuba), la gente pensaba que yo iba a hacer lo mismo", comentó Fernández Robaina.

"Misa para un ángel", de la gubernamental Ediciones Unión, mezcla ficción y realidad. En el texto confluye una ceremonia para llamar al espíritu de Arenas, testimonios que revelan secretos de su vida y la mirada con luces y sombras del autor sobre un hombre, según él, convertido en "mito".

Con una posición radicalmente opuesta a la Revolución Cubana, asumida públicamente en Estados Unidos tras su partida al exilio en 1980, Arenas se colocó en medio del diferendo político de medio siglo entre los gobiernos de ambos países y su nombre ha sido usado desde las posiciones más extremistas.

Sin embargo, Fernández Robaina pretendió lograr un equilibrio sobre alguien que considera "un hermano", desde "lo más personal y literario". La novela-testimonio, "sin dejar de decir cosas que a mí me parecen importantes, da mi visión de Reinaldo Arenas. Va a la esencia y no los detalles", enfatizó.

Sobre los riesgos de unir hechos de ficción con la biografía del escritor nacido en la zona rural de la provincia de Holguín, unos 740 kilómetros al este de La Habana, el investigador consideró que no deberá ser "controversial" pues se trata de un estilo ya impuesto y que le permite determinadas libertades como escritor.

Cuando de literatura cubana se trata, "habrá que hablar de antes y después de Arenas", defendió Fernández Robaina, como lo hiciera por primera vez en 1963 tras leer el original de "Celestino antes del alba" (1967), el único libro del fallecido escritor publicado en Cuba.

"Era una cosa muy fresca, poética, asequible… y, por supuesto, en esa novela no hay una militancia homosexual a tambor batiente", dijo sobre el actual ícono de la cultura gay, que alcanzó su madurez intelectual a fines de los años 60, época de la homofobia institucionalizada en esta isla caribeña.

"Hay un Reinaldo Arenas en La Habana y otro Reinaldo Arenas en Estados Unidos", aseguró el escritor, que intentó develar al escritor emigrado.

La total apertura homo de Arenas en su literatura y hacia la sociedad acaeció justo con su llegada a tierras estadounidenses.

"Reinaldo no era amanerado. Tenía el estilo de un lord inglés y toda una serie de cosas que no hacían ver fácilmente si era homosexual", detalló. "Esa lucha, tal y como él la hace posteriormente, en Cuba nunca la hizo. En aquel momento no había un movimiento gay fuerte" en la isla, recordó.

Para el investigador de la Biblioteca Nacional, la obra de Arenas abiertamente homo pudo ser una limitante en Cuba "en un momento determinado, porque hay personas que aman la literatura pero (…) por prejuicios no le gustan los homosexuales, y por tanto, la literatura homosexual".

No obstante, su autobiografía "Antes que anochezca" cobró popularidad entre el público de la isla, aunque no estuviera publicada por editoriales nacionales. En corto tiempo, "yo conté siete personas leyendo el libro por la calle, en barrios y ediciones diferentes", recordó asombrado Fernández Robaina.

A pesar de que su literatura es "única", el rescate y difusión de su obra en el ámbito cubano se obstaculiza por diversas razones, que no sólo dependen de la voluntad de las autoridades. "Cuando él muere, deja una cláusula de que sus libros no se pueden editar en Cuba mientras exista el sistema socialista", reveló.

Para Fernández Robaina, obras como "El mundo alucinante" (1968), "Celestino antes del alba", "El palacio de las blanquísimas mofetas" (1975) y sus relatos de "Viaje a La Habana" (1990) podrían editarse en la isla sin problema, pero la voluntad final de Arenas lo impide legalmente.

"Reinaldo Arenas va a ser estudiado en el futuro como una especie rara, no solamente por su estilo, sino por sus contenidos e imaginación", previó el escritor, quien espera consultar parte de los manuscritos de Arenas, a disposición del público a partir de 2011 en la Universidad de Princetown, de la ciudad estadounidense de New Jersey.

En cuanto a "Misa para un ángel", comentó que hasta ahora la crítica de quienes lo han leído "ha sido muy fuerte, porque yo no utilizo el mismo lenguaje de Reinaldo", dueño de un carácter sin tregua hacia las personas que le rodeaban y exponente del realismo sucio. Pero no falta el humor en un libro que calificó de "divertimento".

Tomás Fernández Robaina, activista por la no discriminación racial, ha trabajado el género del testimonio y la investigación sociológica siempre con un tratamiento atractivo como "Recuerdos secretos de dos mujeres públicas: testimonio literario" (1984) y "Hablen paleros y santeros"

martes, 21 de septiembre de 2010

ONGs por la defensa de los emigrantes en Mexico

Organizaciones no gubernamentales impulsan transformaciones de fondo en el sistema de migraciones de México aprovechando la crisis provocada por la masacre de extranjeros indocumentados en Tamaulipas.

"La posición de las autoridades migratorias no muestra una real perspectiva de derechos humanos y no responde a la realidad que vive el país en esta materia", dijo a IPS Diana Martínez, sub-coordinadora de defensoría de la no gubernamental Sin Fronteras, dedicada a la asesoría legal de inmigrantes irregulares y a la promoción de sus derechos.

El asesinato de 72 inmigrantes en la localidad de San Fernando, en el nororiental estado de Tamaulipas, cuyos cuerpos fueron hallados el 24 de agosto, desató la peor crisis migratoria conocida en este país.

La matanza, a la cual sobrevivieron al menos un ecuatoriano, un hondureño y un salvadoreño, llevó finalmente a la renuncia de Cecilia Romero al cargo de comisionada del Instituto Nacional de Migración (INM).

Romero, ex senadora del gobernante Partido Acción Nacional, se había aferrado al puesto que asumió el 6 de diciembre de 2006, pero la olla a presión en que se ha convertido el fenómeno migratorio hizo insostenible su permanencia al frente de esa repartición dependiente de la Secretaría (ministerio) de Gobernación.

Al igual que sus predecesores, Romero poco pudo hacer para disminuir la corrupción que afecta al INM, relacionada con el tráfico de personas indocumentadas en ruta hacia Estados Unidos, y para combatir los abusos que éstos sufren a manos de agentes migratorios, policías y bandas criminales, según múltiples denuncias.

La decisión tomada el martes 14 fue el fusible que el gobierno de Felipe Calderón hizo saltar para apaciguar el disgusto de los presidentes Álvaro Colom, de Guatemala, Mauricio Funes, de El Salvador, y Porfirio Lobo, de Honduras, quienes en la última semana llegaron a México en busca de explicaciones y acciones en resguardo de sus connacionales a su paso por este país.

Al menos 31 cuerpos han sido identificados en medio de una tarea que resulta sumamente difícil, entre los cuales hay 12 salvadoreños, cuatro guatemaltecos y un brasileño.

"La salida de Romero es una victoria para los defensores de los inmigrantes", destacó ante IPS Rubén Figueroa, protector de los indocumentados en la localidad de Huimanguillo, en el sudoriental estado de Tabasco.

Anualmente, unos 500.000 latinoamericanos atraviesan México en dirección a Estados Unidos, según cifras de expertos y organizaciones no gubernamentales.

A su paso, se topan con detenciones arbitrarias, extorsiones, robos, violaciones y secuestros, especialmente a manos de Los Zetas, una agrupación criminal que domina el secuestro de inmigrantes irregulares.

"El Estado mexicano tiene que diseñar una verdadera política de Estado en materia migratoria integral, que no se agote en una gestión de flujos de personas sino que tenga como centro los derechos humanos", planteó Martínez.

El Senado ya aprobó reformas a la Ley General de Población, de 1974, para que los inmigrantes, independientemente de su estatus legal, puedan presentar denuncias por abusos en su contra y acceder a la justicia.

El ingreso al país sin los documentos requeridos y el suministro de ayuda a los inmigrantes indocumentados ya no son delitos en este país.

En estos momentos, el gobierno preparara una iniciativa de Ley de Migración, que sustituiría a la Ley General de Población.

La iniciativa propone crear un sistema de protección de los derechos de los inmigrantes, tipificar adecuadamente el delito de tráfico de indocumentados y sancionar a las personas que empleen a estos ciudadanos en situación irregular, a semejanza del marco legal existente en Estados Unidos.

Además, estipularía la estadía legal por razones humanitarias de las víctimas o testigos de algún delito y la distribución de competencias de responsabilidades migratorias entre las instancias relacionadas con esa temática.

Organizaciones de defensa de los inmigrantes instaron al gobierno mexicano a autorizar la visita oficial del abogado chileno Felipe González, relator especial de trabajadores migratorios y miembros de sus familias, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, adscrita a la Organización de los Estados Americanos.

En su informe de marzo de 2009, el relator especial sobre los derechos humanos de los migrantes de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el mexicano Jorge Bustamante, recomendó reformas legislativas para evitar la impunidad de los abusos cometidos contra estos ciudadanos.

Además, sugirió que el gobierno de México informe anualmente el número de detenciones y condenas contra los autores de estos delitos. Bustamante visitó el país en marzo de 2008.

El tema de la matanza ha llegado al Consejo de Derechos Humanos de la ONU, que desarrolla su 15 periodo de sesiones entre el 13 de este mes y el 1 de octubre en Ginebra. Las organizaciones esperan que este cuerpo emita un pronunciamiento en sus conclusiones.

"Si México emprende una reforma migratoria puede dar el ejemplo ante lo que ocurre en Estados Unidos", planteó a IPS Fernando García, director ejecutivo de la Red Fronteriza para los Derechos Humanos, surgida en 1998 para promover la defensa de las comunidades asentadas en la zona fronteriza entre México y su vecino del norte.

Los más de 12 millones de hispanos que residen sin documentos en Estados Unidos, la mitad de los cuales es de origen mexicano, están a la expectativa de una reforma migratoria que legalice su estadía en ese país, pero cada año esa esperanza se diluye.

"Es el momento para hacer cambios de fondo y que los derechos de los inmigrantes sean respetados" en México, concluyó Figueroa

Que chiste, el presidente de Sri Lanka no tiene oposicion

Si el presidente de Sri Lanka, Mahinda Rajapaksa, se vio fortalecido tras la aprobación este mes de una enmienda constitucional, fue gracias a los partidos opositores.

Al menos esa es la conclusión de observadores políticos, según los cuales la ausencia de una fuerte oposición facilitó la aprobación de la enmienda que le permitirá a Rajapaksa presentarse para un tercer periodo de gobierno consecutivo.

El levantamiento de los límites a la reelección presidencial fue incluso apoyado por algunos representantes del principal grupo opositor, el Partido Nacional Unido (UNP).

"Durante la última aprobación de la enmienda constitucional vimos que la oposición ni siquiera tenía poder para desafiar al gobierno", señaló Soosaipillai Keethaponkalan, jefe del Departamento de Política de la Universidad de Colombo.

"De hecho hemos pasado a un informal sistema unipartidista", opinó.

El UNP boicoteó el debate y la votación del proyecto el 8 de este mes en la Asamblea Nacional, pero algunos de sus integrantes ignoraron la medida.

La ratificación de la decimoctava enmienda de la Constitución por un sólida mayoría de 144 votos en 225 anuló el límite máximo de dos periodos consecutivos a la reelección presidencial en este país de Asia meridional.

Ahora, Rajapaksa puede postularse libremente para un tercer periodo, e incluso un cuarto si lo desea.

Entre los votos a favor de la enmienda hubo al menos una veintena de la oposición. El Congreso Musulmán de Sri Lanka, que ocupa ocho asientos legislativos e integra una coalición con el UNP, apoyó la iniciativa del Poder Ejecutivo. Al menos otros siete miembros del UNP y de otros partidos opositores también respaldaron la enmienda.

"El líder del UNP (Ranil Wickremasinghe) está esperando que el presidente se encuentre en problemas. Cree que el poder le va caer del cielo", escribió en una columna el fin de semana el analista Terrence Purrasinghe de la Universidad de Sri Jayawardenapura, en Colombo.

"Hay un gran vacío (de oposición) aquí. Se necesita un movimiento político maduro para llenarlo, y esto es más evidente que nunca", añadió.

Pero Keethaponkalan auguró muchos años para Rajapaksa. "A menos que se estanque la economía, no creo que su popularidad caiga".

Jehan Perera, del Consejo Nacional de Paz, alertó que la ausencia de una fuerte oposición es una receta para el desastre. "Se pueden tomar decisiones poco sensatas cuando no hay controles ni equilibrios", señaló.

No obstante, opinó que la oposición todavía puede revitalizarse. "Sri Lanka es una sociedad plural y no hay nada que impida la creación de una fuerte fuerza opositora en una futura instancia electoral".

Pero primero Wickremasinghe debe superar un desafío interno. Veinticinco legisladores del UNP han amenazado con volverse independientes si el líder del partido no adopta reformas que les den una mayor voz a los miembros más jóvenes de esa fuerza política.

La polémica enmienda fue adoptada menos de cinco años después de la primera victoria de Rajapaksa en las urnas y apenas meses después de su resonante triunfo en la votación presidencial de enero.

A este presidente ampliamente popular se le acredita haber liderado al gobierno en la victoria de mayo de 2009 contra los separatistas Tigres por la Liberación de la Patria Tamil después de casi 30 años de guerra interna.

La enmienda también abolió el Consejo Constitucional, un organismo asesor independiente, y le da al jefe de Estado el poder de designar integrantes de comisiones clave, levantando así importantes barreras al ya fuerte Poder Ejecutivo.

"Estamos convencidos de que los cambios incluidos en el proyecto de ley son totalmente inconsistentes con los valores liberales y constitucionalistas, y afectan negativamente la soberanía de la población y los principios republicanos", señaló el independiente Centro para Políticas Alternativas (CPA) en una declaración.

Partidarios de la enmienda sostienen que, contrariamente a la idea de que erosiona los controles al Poder Ejecutivo, los fortalece, ya que obliga al jefe de Estado a dar cuentas a la Asamblea Nacional cada tres meses.

"La responsabilidad ante el parlamento se hará aun más fuerte", dijo el ministro de Desarrollo Económico, Basil Rajapaksa, en el debate sobre la enmienda.

Sin embargo, la Constitución establece que la Asamblea Nacional no puede invalidar ninguna decisión tomada por el mandatario sin una mayoría de dos tercios.

"Un presidente con dos periodos y que se presenta para otro tendrá que convencer al pueblo de que merece ser candidato entre los demás candidatos", dijo por su parte al parlamento el ministro de Plantaciones, Mahinda Samarasinghe.

"La gente tendrá una más amplia gama de opciones a la hora de escoger quién debe liderar el país. El pueblo, en última instancia, elegirá a su preferido. Ese es el meollo y la sustancia de la democracia", añadió.

El gobierno fue acusado de imponer el proyecto sin permitir una consulta pública. Pero la Corte Suprema, en un fallo emitido el día previo a la votación, aclaró que se necesitaba sólo una mayoría de dos tercios en la asamblea legislativa para su aprobación, sin la necesidad de convocar un referendo

lunes, 20 de septiembre de 2010

EU no sabe que hacer, ¿seguridad o justicia?

Expertos legales consideran inusual la manera como un tribunal federal de Estados Unidos rechazó por seis votos contra cinco la demanda presentada por cinco hombres que denuncian haber sido torturados bajo el programa de "entregas extraordinarias" de prisioneros de la CIA.

El hecho se apartó de la práctica tradicional al sugerir otras varias maneras de que las víctimas obtengan justicia.

Algunos ven esto como una señal de hasta qué punto el Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito, con sede en la occidental ciudad de San Francisco, "quedó angustiado por el trato" que dicen haber recibido los demandantes, según Mike Doyle, periodista experto en temas legales que trabaja en McClatchy Newspapers.

En su blog, "Suits and Sentences" ("Demandas y sentencias"), Doyle agrega que otro aspecto destacable de esta decisión fue que los cinco denunciantes decidieran "publicar un apéndice de 58 páginas, detallando las evidencias públicamente disponibles".

Los cinco sospechosos de terrorismo fueron arrestados tras los atentados del 11 de septiembre de 2001, que dejaron 3.000 muertos en Nueva York y Washington.

La demanda fue objeto de litigios ante varios tribunales federales durante años. Tras el rechazo del miércoles, ahora el caso avanza hacia la Corte Suprema. Han pasado más de 50 años desde que el máximo órgano judicial federal emitió por última vez un dictamen importante sobre el privilegio de los secretos de Estado.

El texto acusa a la firma Jeppesen DataPlan, Inc., subsidiaria de Boeing, de participar en el "programa de entregas extraordinarias" de prisioneros del gobierno de George W. Bush (2001-2009). Bajo el mismo fueron secuestrados sospechosos de terrorismo en un país y entregados a los servicios de inteligencia en otro, donde fueron encarcelados, abusados y torturados.

La demanda denuncia que Jeppesen "participó a sabiendas en estas entregas brindando servicios cruciales de planificación de vuelos y apoyo logístico a los aviones y tripulaciones utilizadas por la CIA (Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos) para hacer desaparecer por la fuerza a estos cinco hombres en torturas, detenciones e interrogatorios".

Según informes citados por la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés), "Jeppesen tenía un conocimiento real de las consecuencias de sus actividades. Un ex empleado de Jeppesen informó a la revista The New Yorker que, en una reunión corporativa interna, un alto funcionario de Jeppesen declaró: ‘Nosotros hacemos todos los vuelos de las entregas extraordinarias; usted sabe, los vuelos de las torturas. Enfrentémoslo: algunos de estos vuelos terminan de esa manera".

El gobierno de Bush intervino en el caso, reafirmando el privilegio de los "secretos de Estado" en un intento por lograr que la demanda fuera rechazada y por impedir que las evidencias --entre ellas algunas que ya eran de dominio público-- llegaran a tribunales.

En abril de 2009, un panel de tres jueces del Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito, de alcance federal, dictaminó que el gobierno debía invocar el privilegio de los secretos de Estado con respecto a evidencias específicas, no a una demanda entera.

El gobierno de Barack Obama, siguiendo exactamente el mismo razonamiento legal que su predecesor, apeló ese veredicto, y en diciembre la apelación fue atendida por un panel integrado por los 11 jueces del Noveno Circuito. El resultado fue la decisión del miércoles.

La ACLU considera que ese dictamen impide que se haga responsable al programa ilegal e intenta que la Corte Suprema vuelva a evaluarlo.

La decisión de la mayoría, redactada por el juez Raymond Fisher, declara: "Esta demanda requiere que abordemos el difícil equilibrio que la doctrina de los secretos de Estado (impone) entre los principios fundamentales de nuestra libertad --incluídas la justicia, la transparencia, la responsabilidad-- y la seguridad nacional. Aunque como jueces nos esforzamos por honrar todos estos principios, hay veces en que circunstancias excepcionales crean un conflicto irreconciliable entre ellos".

Sin embargo, Fisher continuó: "Que el Poder Judicial pueda haber respetado el reclamo de privilegios del Ejecutivo en interés de la seguridad nacional no impide que el gobierno honre los principios fundamentales de la justicia".

La resolución también sugirió que el Congreso debería investigar las denuncias de torturas, recordó a los demandantes que el órgano legislativo tiene la potestad de aprobar proyectos de ley particulares que ayuden a individuos y observó que también puede aprobar legislación reparatoria.

Ben Wizner, abogado de la ACLU que expuso el caso ante el Tribunal de Apelaciones, dijo que la organización estaba decepcionada con el fallo.

"El mundo está mirando de cerca para ver si las víctimas de torturas tienen alguna posibilidad de reparación en tribunales estadounidenses. Si la respuesta es ‘no’, y se permite que esta decisión se mantenga, entonces los jueces y fiscales extranjeros casi seguramente reforzarán sus propias investigaciones penales sobre prácticas ilegales de Estados Unidos", dijo a IPS.

"Hasta la fecha, ni una sola víctima del programa de torturas del gobierno de Bush" fue llevado a la justicia, señaló.

"Eso convierte a éste en un día triste, no sólo para los sobrevivientes de torturas, que buscan justicia en este caso, sino para todos los estadounidenses a quienes les importa el imperio de la ley y la reputación de nuestra nación en el mundo. Si esta decisión se mantiene, Estados Unidos habrá cerrado sus tribunales a las víctimas de torturas, mientras brinda una completa inmunidad a sus torturadores", agregó.

Otrora poco utilizada, la doctrina de los secretos de Estado se convirtió en una táctica favorita del gobierno de Bush para impedir que sus casos de seguridad nacional llegaran a tribunales.

Cuando Obama era senador, y luego como candidato a presidente, fue muy crítico sobre este tema. Ahora, muchos creen que las acciones de su gobierno buscan reafirmar una mayor autoridad del Poder Ejecutivo

Peru y la lentitud de sus juicios

Los juicios a uniformados en Perú por violaciones a los derechos humanos, en particular por casos de matanzas de pobladores civiles, "avanzan muy lentamente", lo cual genera "la percepción de un clima de impunidad", dijo el representante de la ONU, Martín Scheinin, al término de su misión en el país.

Sheinin, relator especial de la ONU (Organización de las Naciones Unidas) para la promoción y protección de los derechos humanos en la lucha contra el terrorismo, señaló a IPS su especial preocupación por el decreto-ley 1097, emitido el 1 de este mes por el presidente Alan García, que puede favorecer a acusados de crímenes contra la humanidad en la lucha antiguerrillera de 1980 a 2000.

La publicación del decreto, que toma carácter de ley por una potestad especial otorgada por el parlamento a García, "refuerza" ese clima de impunidad, porque "parecería someter a prescripción los procesos penales contra perpetradores de delitos de lesa humanidad cometidos antes del 9 de noviembre de 2003, puntualizó.

Es que la flamante norma contiene dos aspectos que han levantado polémica.

Uno es el mandato de archivar los procesos judiciales contra uniformados acusados de violaciones a los derechos humanos si es que se ha superado el periodo máximo de 36 meses, que corresponde a la etapa de presentación de pruebas. El otro asunto criticado es que reconoce la imprescriptibilidad de los delitos de este tipo sólo a partir del 9 de noviembre de 2003.

"He recogido la opinión de miembros del Poder Judicial y del Ministerio Público en el sentido de que dicha ley es inconstitucional y no debería ser aplicada porque habría sido diseñada para favorecer a ciertas personas involucradas en casos que están en giro", dijo Sheinin a IPS.

"Aunque el ministro de Defensa, Rafael Rey, me aseguró que el propósito de la ley no era favorecer a acusados de crímenes", añadió.

"Lo que me preocupa es que el Decreto Legislativo 1097 puede dar lugar a un clima de impunidad en un país que ha demostrado al mundo que es capaz de enjuiciar a acusados de delitos de lesa humanidad según los estándares internacionales, como ocurrió con el jefe de (la guerrilla de) Sendero Luminoso, Abimael Guzmán, y el ex presidente Alberto Fujimori (1990-2000)", expresó.

El relator de ONU entiende que "hay cierta tendencia de algunas autoridades hacia la impunidad, a ocultar bajo la alfombra hechos sancionables con la ley".

En la actualidad están en marcha dos procesos judiciales relacionados al grupo Colina, el escuadrón de la muerte integrado por agentes del Servicio de Inteligencia del Ejército (SIE) que estuvo activo entre 1991 y 1992.

El primero es por la matanza el 3 de noviembre de 1991 de 15 pobladores de la vecindad limeña de Barrios Altos y la del 2 de mayo de 1992 de nueve campesinos de El Santa, una localidad en la costa norte del país, y también por el secuestro y desaparición ese último año del periodista Pedro Yauri.

El segundo es a Vladimiro Montesinos, el asesor del entonces presidente Fujimori, el jefe del ejército de la época, a Nicolás Hermoza, y a los cabecillas del escuadrón de la muerte, los mayores hoy en retiro Santiago Martin Rivas y Carlos Pichilingüe, por la masacre en 1992 de nueve estudiantes y un profesor en la Universidad La Cantuta.

Por estas masacres fue condenado el año pasado Fujimori a 25 años de prisión.

Los acusados por los crímenes de Barrios Altos y La Cantuta pidieron la prescripción de los delitos por los cuales son enjuiciados, ya que la ley 1097 señala que la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad "surte efectos y rige para Perú a partir del 9 de noviembre 2003", según la interpretación que hace su defensa de un fallo del Tribunal Constitucional.

El pedido fue presentado ante la Primera Sala Penal Especial de Lima, presidida por la jueza Inés Villa Bonilla.

Sin embargo, Magdiel González, ex integrante del Tribunal Constitucional, manifestó que el Poder Ejecutivo ha interpretado incorrectamente el mencionado fallo con el propósito de otorgar un beneficio indebido a los uniformados acusados de las masacres.

"El Tribunal Constitucional jamás ha dicho que a partir del 2003 recién rige la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad", aseguró González a IPS.

"Lo único que ha señalado es que la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad entra en vigencia el 9 de noviembre de 2003, y eso no es lo mismo", explicó.

"No lo es porque la propia Convención indica que son imprescriptibles los delitos de lesa humanidad cualquiera sea la fecha en que se hayan cometido", puntualizó.

Según la abogada de las víctimas de la masacre de La Cantuta, Gloria Cano, de la no gubernamental Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh), la norma emitida por el Ejecutivo se parece mucho a la Ley de Amnistía que promulgó Fujimori en 1995 para excarcelar a militares y policías condenados y enjuiciados por violaciones a los derechos humanos.

"Ambas leyes tienen el mismo propósito de beneficiar ilegalmente a quienes vistiendo el uniforme militar asesinaron a civiles inocentes y desarmados", dijo.

Para Cano, "llama la atención que la ley se haya publicado justo cuando el juicio contra Vladimiro Montesinos, ex jefes militares y los ex agentes del SIE ha ingresado a la etapa final". Esa ley 1097 tiene nombre propio", afirmó.

Pero Rey arguyó en conferencia de prensa que el Decreto Legislativo 1097 se basa "en consideraciones de orden del derecho internacional y nacional" y refirió que su sentido es terminar con supuestos abusos judiciales contra personal militar "que luchó abnegadamente contra el terrorismo".

El ministro negó que fueran a ser beneficiados con la ley los ex agentes del SIE procesados por las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta y reiteró que el espíritu de la norma es proteger "a los militares y policías en actividad y en retiro que son perseguidos e investigados durante años y no tienen sentencia".

Por su parte, el ex primer ministro (2006-2008) y congresista oficialista Jorge Del Castillo admitió ante IPS que la norma era perfectible, aunque entendía que su objetivo es contribuir con aquellos militares y policías que combatieron a la guerrilla que alegan inocencia y, sin embargo, afrontan juicios que tardan varios años.

"No es una ley para beneficiar a los integrantes de los escuadrones de la muerte", expresó Del Castillo. "Me voy a preocupar para que no favorezca a acusados de delitos de lesa humanidad", se comprometió, tras indicar que la norma es revisable para evitar ello"

domingo, 19 de septiembre de 2010

Mas muros rumbo a EU

Viajar sin documentos a Estados Unidos desde América Latina supone una verdadera odisea, eludiendo delincuentes comunes, leyes contra las migraciones y narcotraficantes. Pero ahora, además, parece que también habrá que sortear un nuevo muro: esta vez entre Guatemala y México.

El intendente de aduanas de la guatemalteca Superintendencia de Administración Tributaria, Raúl Díaz, afirmó que, para impedir el paso de balseros con contrabando, el sureño estado mexicano de Chiapas pretende construir un muro en la costa del fronterizo río Suchiate, similar al ya avanzado en la frontera sur de Estados Unidos.

"Podría también evitar el libre paso de inmigrantes ilegales", admitió el funcionario.

El río Suchiate es utilizado para ingresar productos mexicanos al mercado guatemalteco sin pagar impuestos, pero, a su vez, es atravesado por miles de centroamericanos y sudamericanos con destino a Estados Unidos en busca de oportunidades y sin la documentación requerida.

Unas 500.000 emigrantes cruzan cada año el territorio mexicano sin permiso, según la Comisión Nacional de los Derechos Humanos de México (CNDH).

La intención de construir el muro fronterizo ha provocado una ola de rechazo en sectores sociales y gubernamentales por considerarlo una medida "sin sentido", la cual "no evitará" que las personas crucen la frontera "sin papeles" para llegar al Norte.

"Vemos con mucha preocupación la iniciativa del gobierno mexicano, porque los emigrantes están en una situación de altísima vulnerabilidad, como lo demostró la matanza de Tamaulipas, donde murieron cinco guatemaltecos", dijo a IPS Erick Maldonado, secretario ejecutivo de la Consejo Nacional de Atención al Migrante de Guatemala.

La crueldad a la que usualmente son sometidos miles de indocumentados quedó al desnudo el 23 de agosto, cuando 72 emigrantes procedentes, además de Guatemala, de El Salvador, Honduras, Ecuador y Brasil fueron brutalmente asesinados en la localidad de San Fernando, en el oriental estado de Tamaulipas, supuestamente a manos de la mafia criminal Los Zetas.

Además, un total de 9.758 secuestros de inmigrantes fueron denunciados en México entre septiembre de 2008 y febrero de 2009, según la CNDH.

La idea de amurallar la frontera guatemalteca con México "va a empeorar la situación de la población emigrante, porque nuestros connacionales tienen necesidades y siempre logran pasar en nuevos puntos ciegos que carecen de controles migratorios y de seguridad, lo cual implica mayores riesgos", señaló Maldonado.

La vulnerabilidad de la población latinoamericana, principalmente de América Central, que emigra "sin papeles" a Estados Unidos ha permanecido a flote en los últimos meses no sólo por el recrudecimiento de la violencia plasmada en la matanza de Tamaulipas, sino también por las medidas legales en su contra.

Tal es el caso de la ley SB1070, promulgada el 23 de abril por el sudoccidental estado estadounidense de Arizona, la cual autoriza a la policía a capturar a cualquier persona de la que tengan una "sospecha razonable" sobre su estatus migratorio.

A esta serie de barreras a la inmigración se ha sumado la construcción del muro en la frontera de México y Guatemala.

Sin embargo, las autoridades de Guatemala no han recibido hasta ahora ninguna comunicación del gobierno mexicano al respecto.

No obstante, Maldonado expresó el lunes su preocupación por esta medida al delegado mexicano de migración en el país, Alejandro Martínez.

El rechazo al proyecto llegó incluso a Casa Presidencial. "Los muros nos los saltamos y no son la solución a los problemas", dijo escuetamente sobre el asunto el vicepresidente de Guatemala, Rafael Espada.

La intención del estado de Chiapas trajo a colación la polémica construcción del muro perimetral de 1.126 kilómetros que bordea el río Bravo que realiza Estados Unidos en su frontera con México para contener la llegada de indocumentados.

"El aumento terrible del costo de polleros (traficantes de personas) y la corrupción de las autoridades es el fruto de los muros que Estados Unidos pretende construir y ha construido en la frontera. Este caso lo podemos trasladar en esta situación y los resultados serán los mismos", dijo a IPS el sacerdote Francisco Pellizari, de la Casa del Migrante.

Según el religioso, los muros son un "error histórico" de varios países en el mundo que no han ayudado a resolver las migraciones.

"Se supone que es para detener la migración pero eso no ha dado resultado y sí ha provocado un derrame económico y el desvío del flujo migratorio por caminos más inhóspitos que provocan miles de muertes", señaló.

Erick Zúñiga, alcalde del occidental municipio de Ayutla, más conocido como Tecún Umán, fronterizo con México, dijo a IPS que el estado de Chiapas ya comenzó con la construcción de la barrera, la cual "parece un muro para evitar que el río Suchiate se desborde".

En todo caso, "ningún muro impedirá las migraciones. Eso no impedirá que las personas pasen al otro lado porque la gente va en busca de oportunidades de empleo y un futuro para su familia", explicó

Conozca el caso Berrios

Once militares chilenos y tres uruguayos fueron condenados este viernes en primera instancia por los delitos de asociación ilícita, secuestro y posterior homicidio en Uruguay del químico Eugenio Berríos, ex agente de la dictadura de Augusto Pinochet.

"Es sin duda un fallo histórico porque de una u otra manera viene a cerrar un capítulo de la transición democrática chilena", dijo a IPS el periodista Jorge Molina Sanhueza, autor del libro "Crimen Imperfecto. Historia del químico DINA Eugenio Berríos y la muerte de Eduardo Frei Montalva", publicado en 2002.

"En el caso Berríos de alguna u otra manera confluye todo el accionar de una época. Es como si nosotros quisiéramos hablar por antonomasia de todo el poder en las sombras de la dictadura militar", señaló.

"Constituye todo eso: robos de identidades, pagos clandestinos, homicidios, encubrimientos, redes de protección", agregó.

Berríos fue un químico que trabajó en la fabricación de armas letales, como el gas sarín, a las órdenes de la hoy desaparecida DINA (Dirección de Inteligencia Nacional), el primer cuerpo represivo de la dictadura de Pinochet (1973-1990).

El fallo de primera instancia del juez Alejandro Madrid confirmó que Berríos fue secuestrado y asesinado por militares en servicio activo de Chile y de Uruguay, en lo que se considera uno de los últimos episodios del Plan Cóndor, la coordinación represiva de las dictaduras del Cono Sur de América en las décadas del 70 y 80, organizado con el aval de Estados Unidos.

Lo particular del asesinato de Berríos es que se perpetró cuando ya Uruguay y Chile habían recuperado la democracia y Pinochet, fallecido en 2006, ostentaba el cargo de comandante en jefe del ejército.

El dictamen de Madrid indica que los militares "se apartaron de las funciones propias de sus cargos, formando una organización paralela a la estructura regular".

Disponiendo de recursos económicos, sostiene el fallo, los uniformados chilenos establecieron "vínculos con militares extranjeros a los que invitan a participar en esta organización delictiva, quienes en algunos casos actúan directamente, y, en otros, colaboran en la perpetración de delitos".

La pena más alta, de 10 años y un día como autor del secuestro con homicidio de Berríos, la recibió el oficial retirado del ejército chileno Arturo Silva Valdés. Por asociación ilícita, en tanto, fue condenado a tres años y un día.

Jaime Torres, Manuel Provis, Raúl Lillo y el general retirado Hernán Ramírez, entonces jefe de la Dirección de Inteligencia del Ejército de Chile (DINE), fueron sentenciados a cinco años y un día por secuestro, y a tres años y un día por asociación ilícita, excepto Lillo quien obtuvo 100 días por este último delito.

También fueron condenados por secuestro Eugenio Covarrubias, Pablo Rodríguez, Marcelo Sandoval y Nelson Román, quienes recibieron tres años y un día de pena. Por asociación ilícita el primero recibió 541 días y los tres restantes 60 días.

Como cómplice de secuestro fue sentenciado a tres años y un día Manuel Pérez, con el beneficio de la libertad vigilada. El ex fiscal militar Fernando Torres Silva recibió una pena de tres años y un día por asociación ilícita.

Los militares uruguayos extraditados en 2006, el coronel retirado Tomás Casella y el teniente coronel Eduardo Radaelli, fueron condenados a cinco años y un día como autores de secuestro, sin beneficios. El primero recibió, además, tres años y un día por asociación ilícita y el segundo 61 días por ese mismo delito.

El juez Madrid condenó a coronel Wellington Sarli, también uruguayo, a tres años y un día por su responsabilidad en el secuestro de Berríos y a 60 días por asociación ilícita, con el beneficio de la libertad vigilada.

Todas las condenas se suman. Sin embargo, ya la defensa de los militares uruguayos dijo que esta sentencia será apelada ante un tribunal de segunda instancia.

Otras cinco personas fueron absueltas por el juez Madrid, quien debió recibir protección policial en julio de 2009 durante las audiencias públicas del caso, tras sufrir extraños llamados telefónicos y que desconocidos vigilaran su casa.

En 1991, un año después de la recuperación de la democracia en Chile, el científico Berríos fue sacado clandestinamente del país hacia Argentina y luego retenido en Uruguay, donde estuvo custodiado por militares de ese país y chilenos. El objetivo de la operación de inteligencia militar fue evitar que Berríos declarara en el juicio por el caso de Orlando Letelier, el ex canciller del derrocado presidente Salvador Allende (1970-1973) asesinado en un atentado con explosivos en 1976 en Washington.

La última vez que se vio con vida a Berríos fue el 15 de noviembre de 1992, cuando acudió a una comisaría del balneario de Parque del Plata, cercano a Montevideo, a denunciar que había sido secuestrado. De ahí fue retirado por Casella y Radaelli.

El cadáver de Berríos, con impactos de bala en la cabeza, fue encontrado en 1995 en la playa El Pinar, vecina de Parque del Plata.

El homicidio de Berríos también está relacionado con la muerte del ex presidente chileno Eduardo Frei Montalva (1964-1970), quien falleció en 1982 por una extraña septicemia después de una operación rutinaria, caso que también es investigado por el juez Madrid.

El fallo tendrá impacto en el caso Frei "en la medida en que las Cortes (de Apelaciones y Suprema, en segunda y última instancia) confirmen el accionar del juez" Madrid, indicó Molina Sanhueza, quien hoy trabaja en el diario electrónico El Mostrador.

"Gracias a Berríos, el ministro Madrid descubrió el Laboratorio de Guerra Bacteriológico (del ejército), donde se preparaban los venenos que se supone fueron a parar a Frei, se encontró la autopsia de Frei, se pudo conocer el caso de los miristas (integrantes del izquierdista Movimiento de Izquierda Revolucionaria, MIR) envenenados en la cárcel pública en 1981", recordó.

"Es algo positivo que se haya condenado a los procesados, toda vez que es la única forma de reparar el mal causado no solamente a los familiares, a quienes represento, sino que también a la sociedad chilena", dijo por su parte a la radio Cooperativa el abogado de los parientes de Berríos, Thomas Ehrenfeld.

Pese al tiempo que ha pasado, saludamos el fallo porque indica que la justicia chilena no está aplicando la prescripción en casos de violaciones a los derechos humanos, comentó a IPS Leonardo Aravena, abogado de la no gubernamental organización humanitaria Amnistía Internacional, capítulo chileno.

Los condenados también fueron sentenciados a pagar millonarias indemnizaciones a los querellantes.