domingo, 31 de octubre de 2010

Presos en el Libano a escena

En medio de colinas desde las cuales se puede apreciar el mar Mediterráneo se encuentra la prisión de alta seguridad libanesa de Roumieh. En sus celdas hay extremistas religiosos, asesinos, mafiosos y convictos por espionaje. Sólo algo parece fuera de lugar: un escenario.

Suele decirse que, detrás de los muros con alambre de púas de esa prisión, los simples ladrones se convierten en formados líderes del bajo mundo.

La cárcel alberga a 4.000 reclusos, aunque fue construida con capacidad para 1.500. Su aspecto es desolador. Pero un original proyecto les está dando a los presos nuevas posibilidades. La actriz Zeina Daccache, fundadora del Centro Libanés de Teatro Terapéutico (Catharsis), comenzó a trabajar el año pasado en Roumieh. Tras colaborar con el distinguido terapeuta teatral Armando Punzo en la prisión italiana de Volterra, quedó convencida del poder de las artes escénicas para cambiar la vida de los reclusos.

Hay iniciativas como esta en muchos países, pero es la primera de la región de Medio Oriente.

"El teatro es un lujo en la situación en que estamos", dijo a IPS, refiriéndose a las dificultades políticas y económicas de Líbano. Nos "permite descubrir y crear otras identidades que son más constructivas que la de ‘delincuente’", explicó.

Tras meses de trámites burocráticos y cientos de audiciones, Daccache conformó un elenco con 45 presos para poner en escena "Twelve Angry Men" (conocida en América Latina como "Doce hombres en punga" y en España como "Doce hombres sin piedad").

La obra, escrita por la estadounidense Reginald Rose en los años 50, cuenta la historia de un jurado de 12 personas que deben decidir si condenar a muerte a un joven de 18 años acusado de matar a su padre. Once creen que es culpable y uno sólo lo considera inocente, aunque lentamente comienza a convencer a los demás.

La elección de la obra, que toca temas como el perdón, la superación personal, el estigma y la esperanza, no fue accidental. "Nadie repara en él, nadie lo escucha, nadie le hace preguntas", señaló Wissam, uno de los presos, en alusión al personaje principal y con quien se siente identificado. "Es muy triste no significar nada", apuntó. Al texto original, Daccache le agregó monólogos, canciones y bailes creados por los presos y que representan sus propias experiencias.

Jibran, a punto de cumplir su condena por violación, teme ser rechazado por la sociedad cuando salga de la cárcel. Legalmente estará libre, pero le espera una "prisión sin paredes", se lamentó con lágrimas en los ojos. La adaptación de la obra se llama "Doce libaneses sin piedad", aunque actúan también nigerianos, sirios, egipcios, palestinos y un bangladeshí, cuyo monólogo se refiere al racismo que padeció fuera y dentro de prisión. "Afuera soy un esclavo y adentro soy un esclavo", subraya. La crítica que recibió tras su estreno en febrero de 2009 fue muy buena. Altos funcionarios del gobierno, del ejército y de seguridad fueron a verla a Roumieh. Después de un año se estrenó "Doce libaneses sin piedad: el documental", que ahora se muestra en distintos festivales internacionales. Obtuvo varios galardones, el primer premio en el Festival Internacional de Documentales de Siria y otros dos importantes en el de Dubai, uno de los Emiratos Árabes Unidos. Daccache explicó que realizó el filme para derribar estereotipos. "Todas las noches cuando llego a casa tengo mensajes de personas sensibilizadas por la película que, por primera vez, ven a los delincuentes como seres humanos", contó. "El documental les permite dar una mirada a Roumieh", añadió. La directora también quiso remarcar la necesidad reformar el sistema carcelario de Líbano, donde no hay programas de rehabilitación, y promover el teatro terapéutico como herramienta indispensable para atender el problema de la reincidencia.

Al principio del documental, Daccache indaga sobre el pasado de los presos. Muchos son renuentes a hablar, pero con el transcurso de las sesiones se van abriendo.

"A veces es más fácil representar nuestros problemas que hablar de ellos", indicó Daccache. "Los presos tienen total libertad en el espacio de usamos para ensayar, pueden expresarse, bailar, gritar, cantar, actuar y echar a volar su imaginación", explicó.

Muchos de ellos agradecen a Daccache por ayudarlos a superar algunas dificultades, a mejorar su comunicación, su capacidad de relacionarse y por colaborar para que se trazaran objetivos.

Uno de ellos tenía tantas ganas de participar que aprendió a leer.

"Antes del proyecto razonaba como un delincuente", dijo Ziyad a IPS. "Ahora no quiero que venga alguien como Zeina y me vea otra vez en prisión. Aprendí tantas cosas que, quizá, si las hubiera sabido de más joven, no habría terminado aquí", añadió.

Otro de los logros de la iniciativa fue que se empezaron a reducir las penas por buen comportamiento. Nunca se había aplicado la ley creada en 2000. Dos meses después de estrenada la obra, que menciona ese asunto, el Ministerio de Justicia comenzó a aplicó la norma.

El éxito fue tal que Daccache repite la iniciativa, pero se niega a revelar el argumento. También tiene previsto repetir la experiencia en otras cárceles. Ella también trabaja con mujeres afectadas por conflictos y personas con adicciones.

"Nunca pensé que fuera a durar", señaló. "Pero no se puede parar, la continuidad es lo que realmente le sirve a los presos", añadió

sábado, 30 de octubre de 2010

Chilenas esterilizadas por tener VIH

Cuando Francisca llegó al hospital de Curicó, en la central región chilena de Maule, para dar a luz a su primer hijo, no imaginó que ése sería el único que tendría.

Cuando se estaba recuperando del parto, entró una enfermera a la sala. "Después de preguntarme cómo me sentía, me dijo que me habían esterilizado y que ya no podría tener más hijos", recuerda en un informe presentado el jueves por el Centro de Derechos Reproductivos, con sede en Nueva York, y la organización no gubernamental chilena Vivo Positivo. Eso ocurrió en 2002. Francisca (nombre ficticio) tenía entonces 20 años y, junto con su esposo, quería tener más hijos.

Pero, según el informe, el cirujano que la atendió la esterilizó durante la cesárea, sin pedirle permiso, por ser VIH positiva.

"Me trataron como si fuera menos que una persona", dijo la mujer. "No fue mi decisión poner fin a mi fertilidad; me la quitaron".

La historia de Francisca no es un hecho aislado, dijo Suzannah Phillips, una de las autoras del informe, que documenta casos de tratos discriminatorios a madres con VIH (virus de inmunodeficiencia humana, causante del sida).

El informe, titulado "Dignity Denied" (Dignidad negada), señala que la esterilizaciones forzadas a mujeres VIH positivas en Chile eran habituales antes de 2000, cuando se revisaron sus leyes sanitarias para incluir el concepto de "consentimiento informado".

Éste consiste en un proceso de comunicación por el cual los pacientes autorizan voluntariamente un tratamiento luego de haber sido asesorados adecuadamente sobre todas las opciones posibles.

Pero la práctica continuó: en un estudio de Vivo Positivo de 2004, 29 por ciento de las participantes --mujeres seropositivas-- dijeron que sus proveedores de servicios de salud las presionaron para esterilizarse, mientras que 12,9 por ciento dijeron haber sido esterilizadas sin mediar su consentimiento.

Vasili Deliyanis, coordinador ejecutivo de Vivo Positivo, dijo a IPS que, por un lado, Chile "es uno de los países que más ha bajado la tasa de nacimientos de bebés seropositivos", gracias a la aplicación de un protocolo sobre transmisión vertical. Pero, por otro, las chilenas con VIH siguen siendo discriminadas en el ámbito de la salud sexual y reproductiva, aseveró.

Para María Eugenia Calvin, de la no gubernamental Fundación Educación Popular en Salud (EPES), las esterilizaciones sin consentimiento son sólo la expresión más grave de un problema más profundo.

En Chile "no hay programas específicos dirigidos a las mujeres que viven con VIH en el ámbito de los derechos sexuales y reproductivos", planteó la asistente social, coautora de varias investigaciones sobre el tema.

Pese a que la normativa de salud en Chile incorpora el enfoque de género y de derechos, y que la atención de las personas viviendo con VIH es buena en el país, "hay limitaciones en el abordaje" de la realidad particular de estas mujeres, enfatizó Calvin.

Ellas no están incluidas, por ejemplo, en las orientaciones del Ministerio de Salud sobre atención humanizada del parto, planteó, lo cual se hace necesario debido a las diversas restricciones que sufren en este proceso, como no poder amamantar al recién nacido.

En el marco de un estudio sobre violencia contra las mujeres y feminización del VIH/sida, publicado en 2009, EPES entrevistó a 102 chilenas viviendo con esta enfermedad.

Algunas de ellas contaron experiencias de esterilizaciones sin consentimiento y de presiones del personal de salud para realizarse el procedimiento, aseguró Calvin.

Calvin también llamó la atención sobre la falta de programas de prevención del VIH/sida orientado a las mujeres, señalando que las campañas nacionales contra esta enfermedad aún se concentran en los hombres que tienen sexo con hombres.

Aunque el informe "Dignity Denied" se centra en Chile, Phillips dijo a IPS que los 27 casos que incluye son representativos de una tendencia mundial que "probablemente surgió en la última década".

Desde el estudio de 2004, madres seropositivas a las que esterilizaron por la fuerza presentaron demandas en República Dominicana, México, Namibia, Sudáfrica y Venezuela. Phillips dijo a IPS que estas prácticas discriminatorias también son comunes en partes de Europa oriental y Asia.

Pero a causa del estigma que rodea al VIH/sida y al temor a represalias, las mujeres suelen ser reticentes a relatar esos maltratos. A consecuencia, "es difícil obtener datos estadísticos para saber realmente cuán generalizado es el fenómeno", dijo Phillips.

"Las esterilizaciones forzadas no sólo son una violación fundamental a los derechos reproductivos de una mujer; tienen pocos beneficios en términos de prevención del VIH", señala en el reporte Yakin Ertürk, ex relatora especial de las Naciones Unidas sobre la Violencia contra la Mujer.

Durante el primer año posterior al nacimiento de su hijo, Francisca no dijo nada sobre su esterilización forzada, señaló Phillips. Sólo cuando Vivo Positivo la contactó en una clínica donde recibía tratamiento antirretroviral empezó a saber más sobre sus derechos reproductivos y finalmente compartió su experiencia.

Phillips explicó a IPS que ella y sus coautores hallaron una "rampante" falta de concientización e información errónea en Chile, aún entre los propios profesionales de la salud, que no cuentan con la formación necesaria para tratar a pacientes seropositivos.

Casos documentados en el informe revelan que algunos médicos y enfermeros incluso estaban mal informados sobre las vías de transmisión del VIH.

En cuanto a Francisca, en 2007 demandó al hospital de Curicó en un tribunal local, con la ayuda de Vivo Positivo. Al verano austral siguiente, la rechazaron sin posibilidad de apelar. Ahora, su caso, presentado contra Chile por el Centro de Derechos Reproductivos y Vivo Positivo, está pendiente ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos

viernes, 29 de octubre de 2010

Estado especial en Tailandia, de todos los dias

El último atentado con bomba contra un edificio de apartamentos en las afueras de la capital de Tailandia, en el que murieron cuatro personas, fortaleció el discurso del gobierno a favor de su Ley de Emergencia, con la que detiene a activistas opositores.

La explosión se produjo la semana pasada, apenas horas después de que la administración del primer ministro Abhisit Vejjajiva extendiera el decreto de emergencia por otros tres meses en Bangkok y tres provincias vecinas. En la mira del gobierno están los líderes del opositor Frente Unido Nacional por la Democracia contra la Dictadura (FUNDD), nombre oficial del movimiento de los llamados "camisetas rojas", a los que acusa de estar detrás de la ola de explosiones.

Ese vínculo "emergió por primera vez con la explosión de la semana pasada", aseguró Panitan Wattanayagorn, portavoz del gobierno, al participar el lunes de un seminario sobre la Ley de Emergencia en la Universidad Chulalongkorn de Bangkok.

"Esas personas están conectadas con los camisetas rojas, y son capaces de detonar bombas", añadió.

"Está claro. La amenaza es clara", añadió Panitan, coincidiendo con las afirmaciones del primer ministro, quien el viernes había alertado que habría más explosiones.

"Es probable que Bangkok permanezca bajo amenaza de atentados con bomba al menos hasta el mes próximo", dijo Abhisit al diario en inglés The Bangkog Post. "Hay más de un grupo de instigadores actuando en este momento", afirmó.

No obstante, analistas y activistas por los derechos humanos opinaron que no era necesario el estado de emergencia para combatir el terrorismo, y expresaron su preocupación por la utilización de la Ley para silenciar a los camisetas rojas.

"No se necesita el decreto de emergencia en las zonas de los camisetas rojas", dijo Rungrawee Chalermsripinyorat, analista de Tailandia para el Grupo Internacional de Crisis, con sede en Bruselas. "El gobierno podría usar leyes regulares para afrontar los disturbios".

"El peligro es que la Ley agrave la actitud de los camisetas rojas, ampliando y profundizando la fuerte división en este reino de Asia sudoriental", explicó a IPS.

"Ya generó un amplio resentimiento contra el Estado, porque las leyes han sido usadas para detener gente, y muchos de los arrestados no fabrican bombas", añadió.

Por su parte, expertos en jurisprudencia alertaron que leyes elaboradas para circunstancias anormales se estaban convirtiendo en la norma. "La excepción se está transformando en la regla en muchos frentes", dijo Vitit Muntarbhorn, profesor de leyes en la Universidad de Chulalongkorn.

"Las leyes de seguridad nacional se están haciendo permanentes", indicó.

La Ley de Emergencia permite a las autoridades arrestar a manifestantes sin necesidad de acusación formal, llevarlos en centros de detención "no oficiales" e incluso imponer censura en medios afines a los camisetas rojas.

Las medidas fueron impuestas el 7 de abril para frenar los disturbios en las calles de Bangkok.

Para entonces, los manifestantes opositores habían llegado a decenas de miles, principalmente de sectores trabajadores del norte y noreste del país.

Las protestas del FUNDD para exigir a Abhisit que disolviera el parlamento y convocara elecciones anticipadas llegaron a un sangriento final el 19 de mayo, luego de choques entre las fuerzas de seguridad y un grupo de hombres armados, vestidos de negro, que disparaban detrás de los camisetas rojas.

Dos sangrientos combates entre soldados y manifestantes, el 1 de abril, dejaron 91 muertos, la mayoría civiles, y cerca de 1.000 heridos.

Para fines de agosto, las cárceles en Bangkok y en otras ciudades del norte y noreste tenían a cerca de 470 presos políticos, algunos de ellos arrestados por supuestamente haber participado de actos de violencia, incluyendo atentar contra edificios de gobierno.

La administración de Abhisit "ha usado sistemáticamente el estado de emergencia para retener a personas sin acusación por hasta 30 días en sitios no oficiales", denunció el grupo Human Rights Watch, con sede en Nueva York.

"La categoría de personas que pueden ser sometidas a cuestionamientos, arrestos y detenciones por parte del Centro para la Resolución de Situaciones de Emergencias (CRES) aparentemente ha sido expandida para abarcar más que a los líderes y miembros del FUNDD, que participaron directamente de las protestas", añadió la organización.

"Cientos de políticos, ex funcionarios de gobierno, empresarios, activistas, académicos y operadores de radios comunitarias han sido citados por el CRES", indicó.

Pero el gobierno niega que los camisetas rojas estén en un limbo legal. "No hay cárceles secretas. Nadie está en una cárcel secreta", aseguró Panitan. "Tenemos a 184 personas detenidas en prisiones normales"

jueves, 28 de octubre de 2010

Sepa lo que son 10 dolares y el cambio que provocan

Para la malauí Tereza Chatsilizika, portadora del virus de inmunodeficiencia humana (VIH), los 10 dólares mensuales que recibe del Estado fueron fundamentales para educar a sus dos hijas discapacitadas y darles de comer.

Chatsilizika perdió en 2000 a su esposo, quien tenía VIH, causante del sida (síndrome de inmunodeficiencia adquirida). A los pocos años descubrió que ella también era portadora del virus. Desde entonces se le hizo difícil cuidar a sus dos hijas, Aida, de 14 años, y Eneless, de 12, quienes no pueden caminar. Se presume que contrajeron poliomielitis.

Por su propia enfermedad, Chatsilizika no pudo trabajar ni mantener a su familia.

"Las niñas no podían ir a la escuela y comíamos poco", señaló Chatsilizika contando su vida antes de recibir la asignación. Su vida cambió en 2006, cuando en su distrito de Mchinji se implementó un programa piloto para transferir efectivo.

Con los 10 dólares mensuales pudo mandar a sus hijas a la escuela e incluso contratar a alguien que empuje las sillas de rueda donadas por el Estado.

"Mis hijas esperan poder trabajar en una oficina y algún día alcanzar un cargo alto", relató Chatsilizika.

Miles de personas se beneficiaron del programa implementado por una organización no gubernamental y el Estado. Pero las demoras en aprobar el proyecto de una política de protección social ponen en riesgo la iniciativa actual y otras similares.

Cincuenta y dos por ciento de los habitantes de Malawi viven con menos de un dólar al día y cuatro millones de niños y niñas son pobres y se encuentran en situación de extrema vulnerabilidad.

Trece por ciento de los 7,3 millones de menores de 18 años perdieron a sus padres o tutores a causa del VIH.

El programa de asistencia económica a las familias pobres afectadas por el VIH/sida comenzó en 2006 gracias a un acuerdo entre Unicef (Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia), la Comisión Nacional de SIDA y el Ministerio de Planificación Económica y de Cooperación para el Desarrollo.

La iniciativa benefició a 16.819 personas de 4.106 hogares de los distritos de Mchinji, la isla de Likoma, Salima y Machinga.

El gobierno y Unicef esperan llegar a 300.000 hogares con 900.000 niños y niñas en los 28 distritos del país para 2015.

La falta de pautas para otorgar la asignación llevó a que hogares que no cumplían los requisitos para recibir la ayuda recibieran el efectivo.

Una evaluación realizada por la Comisión de SIDA descubrió que las autoridades de Salima se equivocaron en la evaluación y entregaban 16 dólares a familias con bastantes buenos salarios. Unos 5.000 huérfanos, entre otras personas pobres, quedaron desprotegidos.

"Se descubrió que había maestros, que no son pobres, recibiendo el beneficio", señaló Blessings Nkhoma, coordinador de desarrollo y planificación del consejo del distrito.

Todavía no se sabe cuándo la Comisión de SIDA levantará la suspensión del programa en el distrito de Salima.

Con medidas apropiadas se puede evitar ese tipo de errores, según donantes.

El gobierno de Malawi debe aprobar un borrador de una política de protección social que incluye pautas para reducir la pobreza y sostener el programa de transferencia de dinero en efectivo porque de lo contrario se puede espantar a los donantes, señaló Tayllor Spadafora, especialista de Unicef en Malawi.

La iniciativa asegura la coordinación estratégica de medidas de protección social con un marco institucional y de financiación común.

"Los colaboradores están dispuestos a apoyar y contribuir económicamente en tanto haya un compromiso del gobierno", apuntó.

La falta de ese instrumento hace difícil lograr un compromiso de las autoridades, señaló Blessings Chinsinga, especialista en desarrollo de la Universidad de Malawi.

El documento fue elaborado a instancias de los donantes, encabezados por el Banco Mundial. Las autoridades deben comenzar a debatir el texto, añadió.

Un estudio realizado por el Banco Mundial en 2007 reveló que el gobierno, con el apoyo de sus donantes, gastó más de 500 millones de dólares entre 2003 y 2006 en iniciativas de asistencia humanitaria

miércoles, 27 de octubre de 2010

Iglesias sin homofobia

El mexicano Alejandro González abandonó el catolicismo para sumarse a las Iglesias de la Comunidad Metropolitana (ICM), dirigidas en especial al colectivo de lesbianas, gays, bisexuales y transgénero (LGBT), en busca de un espacio más abierto y tolerante.

"Me cambié para ser genuino entre lo que predico y lo que vivo. El mensaje de la iglesia no debe ser de señalamiento y condena, sino de aceptación", dijo González a IPS, desde hace siete meses pastor de la Iglesia "Casa de Luz", en la norteña ciudad mexicana de Monterrey, afiliada a la Fraternidad Universal de las ICM.

La primera de las ICM fue fundada en 1968 por Troy Perry en la occidental ciudad estadounidense de Los Ángeles, en respuesta a la homofobia dominante en otras instituciones religiosas.

La denominación es de tradición protestante liberal, y es considerada la primera organización cristiana con especial enfoque en la comunidad homosexual.

Las ICM están presentes en por lo menos 23 países, entre ellos Argentina, Brasil, Chile, Colombia, El Salvador, España, México, Nicaragua, Uruguay y Venezuela.

"Casa de luz" nació en 1998, por el aporte del misionero estadounidense David Pettitt. Tiene también extensiones en la norteña ciudad de Piedras Negras y en la noroccidental de Guadalajara, con un total de 80 miembros.

En los últimos años han surgido en México otras congregaciones cristianas con espacio para la comunidad LGBT, frente a lo que consideran discriminación de las iglesias más tradicionales, especialmente la Católica. Hoy hay por lo menos seis grandes comunidades inclusivas.

"Somos personas a quienes la iglesia cristiana ha lastimado, con impactos sociales que repercuten en el aspecto religioso. Nuestra comunidad surge de la necesidad de crear una iglesia inclusiva", explicó a IPS la pastora Liliana Huerta, una de las cinco personas que dirigen la Comunidad Cristiana de Esperanza (CCE), de tradición pentecostal.

Fundada en 2000, la CCE cuenta hoy con unos 200 fieles, y en noviembre abrirá su segunda sede, en el sur de la capital mexicana. La agrupación tiene también filiales en Argentina, Brasil, España y Portugal.

En México están registradas 7.392 asociaciones religiosas, de las cuales 7.360 son cristianas, y el resto judías, islámicas, budistas, hindúes y otras.

De las cristianas, 4.050 son evangélicas, 3.190 católicas, 89 protestantes, 28 ortodoxas y tres de otras tradiciones, según la Dirección Nacional de Asociaciones Religiosas de la Secretaría (ministerio) de Gobernación.

En los últimos años, la capital mexicana se ha colocado a la vanguardia en la aprobación de legislaciones por los derechos de las minorías sexuales, una de las razones por las cuales han proliferado las iglesias para el colectivo LGBT.

Desde marzo pasado está vigente la reforma del Código Civil citadino, que avala los matrimonios entre personas del mismo sexo. Desde esa fecha se han realizado 433 casamientos: 232 fueron entre parejas de hombres y 201 entre mujeres, según datos del Registro Civil de la ciudad de México.

"Buscamos que no haya marginación o falta de respeto, por eso se abrió un espacio donde se habla de cuestiones religiosas y (se trata de) vincular la espiritualidad con la sexualidad", dijo a IPS el pastor Salvador Barragán, de la Iglesia de la Comunidad Metropolitana "Reconciliación".

Esta congregación fue fundada en 1981 por el estadounidense John P. Doner. La comunidad, en principio vinculada a la Fraternidad Universal de las ICM, se independizó en 2006. Si bien cuenta con una veintena de miembros activos, sus servicios religiosos convocan a unas 70 personas.

Barragán también se alejó de la fe católica hace dos décadas debido a que se sentía marginado por su orientación sexual. Está al frente de "Reconciliación" desde noviembre de 2009, tras el deceso del anterior pastor, Jorge Sosa, un fuerte defensor de los derechos del colectivo LGBT.

En consonancia con el Vaticano, la Iglesia Católica mexicana condena la homosexualidad y las uniones legales entre personas del mismo sexo.

"Siguen manteniendo una estructura de pensamiento para apegar a las personas a una postura que atenta contra los derechos", criticó Barragán.

En febrero pasado, "Casa de Luz" llevó a cabo ceremonias colectivas de bendición a parejas homosexuales en Monterrey, y repetiría esa actividad el año próximo. Desde su fundación, en CCE se han casado dos parejas.

"Ser una iglesia diferente a la iglesia tradicional es parte del activismo que estamos haciendo", resaltó González, quien sustituyó al uruguayo Fernando Frontán.

A pesar del empuje de estas congregaciones, su contacto institucional es limitado. "Nos falta conversar con otros grupos para disminuir la eclesiofobia", dijo Barragán.

Huerta aseguró que otras denominaciones les han solicitado asesoría en estudios sobre homosexualidad a la luz de los textos bíblicos. "Nos falta mucho por recorrer. Tenemos que dar pasos firmes en nuestro crecimiento", opinó

martes, 26 de octubre de 2010

Indigenas peruanas buscan justicia ante esterilizacion

Mujeres campesinas, pobres y quechua hablantes de la provincia peruana de Anta, víctimas del programa de esterilización compulsiva de Alberto Fujimori entre 1996 y 2000, vuelven a buscar la esquiva justicia con una nueva demanda contra los responsables del plan.

El 26 de mayo de 2009, el fiscal a cargo de Derechos Humanos, Jaime Schwartz, archivó un caso contra cuatro ex ministros de Salud del régimen de Fujimori (1990-2000) con el alegato de que las imputaciones habían prescrito, al considerar que los posibles delitos eran contra la vida, el cuerpo y la salud, y de homicidio culposo.

La parte acusadora, en cambio, había pedido juzgar a los acusados por un delito de genocidio y tortura. El Ministerio Público (fiscalía) ratificó le decisión de Schwartz, pese a la queja interpuesta por las víctimas y las organizaciones humanitarias que las asesoran legalmente.

Ahora, la Asociación de Mujeres Afectadas por las Esterilizaciones Forzadas de Anta, una provincia andina del sureño departamento de Cusco, decidió poner nuevo cerco a la impunidad y presentar una nueva demanda, con una estrategia diferente, contra los responsables de la política de planificación familiar del último cuatrienio de Fujimori.

La asociación congrega a un centenar de campesinas que documentaron con sus testimonios lo que se escondió tras el Programa Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar, que impuso a la fuerza y con engaños el ex mandatario mientras lo presentaba como un plan contra la pobreza.

"Recuerdo perfectamente el día que me esterilizaron contra mi voluntad porque lo que me hicieron me hace sufrir hasta el día de hoy", contó a IPS Sabina Huilca. "Ese día fue el 24 de agosto de 1996", dijo intentando parecer neutra.

Ella va a ser una de las víctimas que testificará ante las autoridades para que los autores y ejecutores del programa sean sancionados.

"Después de haber dado a luz a mi cuarta hija, me fui al centro de salud de Izcuchaca donde, luego de recibir la atención del médico, me dijo que ya no tuviera más hijos y que me hiciera el AQV (anticoncepción quirúrgica voluntaria)", detalló.

"Le dije que no. Tonta, me decía, vas a tener más hijos y no podrías criarlos", le insistió, y mientras reposaba en una cama, una enfermera le aplicó una inyección "que no sabía ni me dijeron que era anestesia".

"Cuando desperté tenía los pies y las manos atadas con vendas en la cama. Estaba inmovilizada. Pude ver que me estaban cosiendo los últimos puntos. ¡Qué me han hecho!", grité.

"Ya vamos a terminar, me dijo el médico. Y me puse a llorar. ¡Yo no quiero, yo no quiero!, grité desesperada. Pero el daño ya estaba hecho", narró Huillca, que entonces tenía 28 años y ahora 41.

"Nada personal", un reporte realizado por la abogada Giulia Tamayo, por encargo de la sección peruana del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer (Cladem), desveló en 1998 lo compulsivo del plan.

La investigación documentó por primera vez la sistemática y progresiva práctica de esterilización que afectaba especialmente a mujeres pobres, indígenas y campesinas.

Las revelaciones provocaron amenazas del gobierno contra Tamayo, que debió abandonar el país y residenciarse en España, de donde ha llegado ahora para asesorar a la asociación de Anta en la nueva demanda.

El propio Estado reconoció que bajo el plan se realizaron 300.000 esterilizaciones, de las cuales la Defensoría del Pueblo documentó con base en denuncias 2.074 casos forzados.

"Las estructuras de poder que protegieron a los autores de los hechos criminales siguen vigentes y en consecuencia eso les garantiza impunidad hasta el día de hoy, lo que implica una continuidad de la vulneración de los derechos de las mujeres afectadas por las esterilizaciones masivas y compulsivas", explicó Tamayo a IPS.

En 2003, el Estado peruano y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) suscribieron un acuerdo amistoso sobre el caso de la campesina Mamérita Mestanza, fallecida en 1998 tras practicarle una esterilización no consentida.

El Estado aceptó su responsabilidad, reconoció los abusos perpetrados en la ejecución del programa de planificación familiar y se comprometió a investigar y sancionar a los responsables, además de de medidas de reparación para la familia de Mestanza.

Pero el Ministerio Público dio largas a la investigación hasta su archivo definitivo en 2009. Eso permitió, por ejemplo, que uno de los acusados, Alejandro Aguinaga, ex ministro de Salud y médico personal de Fujimori, fuese electo como legislador del unicameral Congreso nacional en 2006, y desde julio sea su vicepresidente.

Fujimori cumple actualmente penas de hasta 25 años, por varias condenas por delitos de corrupción y de violaciones a los derechos humanos.

El incumplimiento de la solución amistosa por el Estado "prolonga el dolor de miles de mujeres afectadas, porque los acusados continúan con sus actividades como personas respetables cuando en realidad deben responder ante la justicia", dijo Tamayo, que es también investigadora de la sección española de Amnistía Internacional.

"Esta vez se demandará individualmente a los autores de los hechos por delitos de lesa humanidad y tortura", explicó.

La demanda a cada presunto responsable del plan también será "por crímenes de guerra porque la esterilización compulsiva se impuso en el contexto de la guerra interna (1980-2000), recurriendo a las Fuerzas Armadas para imponer la amenaza y el miedo", dijo la abogada.

La tipificación de crímenes internacionales permitirá que "otro país pueda aplicar justicia, en el caso de que los acusados sigan recibiendo la protección del Estado", dijo la activista humanitaria.

"La CIDH ya ha señalado la responsabilidad internacional por la esterilización forzada", puntualizó Tamayo.

Explicó que la demanda la presentan las víctimas de Anta, porque allí "la esterilización se produjo casa por casa, las autoridades de Salud de la zona fueron obligadas a cumplir con ‘cuotas’ de mujeres intervenidas y las afectadas pertenecían a una misma comunidad indígena".

Eso significa, dijo Tamayo, "que quienes diseñaron este programa definieron su objetivo con abominable precisión".

Una de las primeras en abanderar la lucha contra las esterilizaciones forzadas y por justicia fue la ahora famosa legisladora quechua hablante Hilaria Supa, originaria de Anta y una de cuyas hijas es víctima del programa.

"Desde que me operaron hasta el día de hoy sigo sufriendo por lo que me hicieron a la fuerza", relató Huillca, residente de la comunidad campesina de Huayllaccocha, donde se registraron varios casos similares.

"Dañaron mi condición de mujer. Desde entonces no pude cargar a mis hijos que eran pequeños, tampoco puedo realizar labores de campo, que es de lo que vivimos, y mucho menos estoy en condiciones de cocinar porque me vienen dolores horribles", detalló al contar consecuencias poco conocidas de lo que soportan las víctimas.

"Tengo dificultades para caminar, mi vida es un sufrimiento. Además, en la comunidad me tratan como una disminuida, porque en el pueblo una mujer que no trabaja se ve muy mal", siguió su recuento, ya sin poder ocultar la tristeza en que vive.

"Lo peor de todo que uno de los médicos que me hizo daño para toda la vida sigue trabajando en la misma posta médica (ambulatorio) de Izcuchaca", continuó. "Cada vez que lo veo, me lleno de cólera porque a él no le sucede nada", reconoció

lunes, 25 de octubre de 2010

Los beduinos insometibles

Desde junio, la península del Sinaí, en la frontera con Israel y el territorio palestino de Gaza, ha sido escenario de varios enfrentamientos entre beduinos y las fuerzas de seguridad de Egipto.

Los beduinos son una comunidad nómade que vive en los desiertos de Medio Oriente y África. Se estima que en la península del Sinaí, entre el mar Mediterráneo y el Rojo, viven unos 380.000, pertenecientes a 26 tribus.

"Es una región sensible por su proximidad con la vecina Palestina ocupada", dijo el analista Amr Hashem Rabie, del Centro Al Ahram de Estudios Estratégicos y Políticos. "Es más, hay una crisis de confianza de larga data entre las tribus locales y la policía", apuntó.

A fines de septiembre se registraron "enfrentamientos limitados" entre beduinos y fuerzas de seguridad, tras un intento de expulsarlos de la zona que ocupan en el centro del Sinaí.

Una semana antes, siete beduinos fueron condenados a 35 años de cárcel por agredir en mayo a unos policías y "perturbar el comercio entre Egipto e Israel", según la prensa estatal.

Los líderes beduinos niegan las acusaciones. "Son un invento con fines políticos", sostuvo Mussa al-Delha, portavoz de las tribus del centro de la península.

Poco después del fallo judicial, desconocidos armados dispararon contra el cruce comercial de Al Auja, entre Egipto e Israel, y las operaciones debieron interrumpirse de forma temporal. Luego, vehículos blindados allanaron poblados de la tribu tarabín e impusieron un toque de queda en la zona.

Esa no fue la primera vez que hubo disturbios en la península del Sinaí este año.

La policía lanzó en junio una campaña en el centro de la península para capturar a unos beduinos buscados. Las fuerzas de seguridad desplegaron vehículos armados desde los cuales se dijo que dispararon de forma indiscriminada contra las casas en la zona de Wadi Aamer.

Los beduinos respondieron al mes siguiente atacando un convoy de camiones hacia Gaza y atentando contra un gasoducto vital cercano a la frontera.

Las tensas relaciones, en el mejor de los casos, entre el gobierno y las tribus beduinas del Sinaí se deterioraron en los últimos seis años.

Un triple atentado con bomba en el balneario de Taba en 2004, en el que murieron 34 personas, fue seguido de detenciones masivas.

Al año siguiente murieron 88 personas en otro ataque en el balneario de Sharm el-Sheij y, en 2006, decenas más perdieron la vida en la localidad turística de Dahab. Después volvieron las detenciones masivas de pobladores de la zona, pese a que no había pruebas de su participación en los episodios violentos.

Los disturbios actuales se remontan a la dura respuesta policial tras esos ataques, señaló Jalil Gabr, coordinador del Comité Popular por los Derechos Civiles para el Norte y Centro del Sinaí.

"Desde entonces, la policía trata a los beduinos con desprecio y violencia", apuntó.

"El Estado es totalmente responsable del caos actual en la península", añadió.

Los líderes tribales reclamaron varias veces que se termine la violencia policial contra la población local y que sean liberados los beduinos detenidos sin cargos tras los atentados. Todavía hay unas 4.000 personas presas, según un portavoz de esa comunidad.

Activistas beduinos también reclaman el desarrollo económico de la península, históricamente postergada por el gobierno central, así como más oportunidades de empleo para la población local.

Tras el atentado contra el gasoducto, por el que fluye gas natural hacia Israel, el Ministerio del Interior prometió liberar a numerosos beduinos. A principios de este mes, miembros del partido de gobierno se reunieron con algunos líderes para escuchar sus quejas y negociar una tregua.

"Pero la tregua sólo duró dos semanas debido a las provocaciones de la policía", señaló Gabr. "Muchos funcionarios reconocen que nuestros reclamos son legítimos, pero la policía del Sinaí insiste en someter a los beduinos por la fuerza, un contexto que sólo agrava la tensión", añadió.

Según Gabr, "las amenazas contra intereses estratégicos de Egipto" llevaron al gobierno a hacer ciertas concesiones, como liberar a más de 100 presos.

"Los beduinos aprendieron a explotar las flaquezas del gobierno", indicó Rabie. "Por ejemplo, organizan manifestaciones cerca de la frontera con Israel, bloquean rutas comerciales o amenazan gasoductos, como forma de presionar a las autoridades para que atiendan sus reclamos", explicó.

"Además, a los beduinos no suele gustarles recibir órdenes", remarcó. "Los métodos de la policía suelen ser violentos y crueles", añadió.

Según el acuerdo de Camp David de 1979 entre Egipto e Israel, El Cairo tiene prohibido desplegar una cantidad significativa de policías o soldados en la frontera noroccidental. Este país, además, no quiere tener ninguna escalada diplomática ni política en esa delicada zona

domingo, 24 de octubre de 2010

Indigenas malayos pelean por tierras

Aborígenes de Malasia, conocidos por el nombre genérico de "orang asli", preparan más movilizaciones en protesta por un proyecto de ley que los privaría de sus tierras ancestrales.

Los orang asli representan 0,5 por ciento de los 27 millones de habitantes de este país de Asia sudoriental.

A principios de este año, unos 5.000 indígenas protestaron contra el proyecto de ley en Putrajaya, capital administrativa de Malasia.

En vez de suavizar su postura, los defensores de la iniciativa parecen haber redoblado sus esfuerzos para lograr su aprobación.

El público todavía no conoce el texto del proyecto, pese a que está previsto presentarlo al parlamento en diciembre, para que sea aprobado en enero y promulgado en marzo de 2011.

Los indígenas perderán casi 80 por ciento de sus tierras, que se usarán para construir nuevos poblados, proyectos industriales y recreativos, incluidas fábricas y terrenos de golf.

"Hay un apuro nefasto por aprobar la ley", dijo Ragunath Kesavan, presidente del Consejo de Abogados de Malasia, que ayuda a los orang asli y les brinda asesoramiento gratuito.

"No entendemos la necesidad de tanto secreto, a menos que sea para anular las protestas", añadió Kesavan.

"Queremos saber por qué no nos consultaron antes", dijo a IPS la líder indígena, Tijah Yok Chopil. "Si se aprueba nos sacarán las tierras, destruirán nuestra cultura y nuestro patrimonio. Nos obligarán a vivir de pequeñas parcelas de tierra que no son sustentables", apuntó.

"Vivimos en simbiosis con nuestra selva", explicó. "Vivimos de ella y sólo tomamos lo que necesitamos. Con el nuevo plan, sucumbirá bajo la motosierra", añadió.

Los orang asli son los pobladores originales de la península de Malasia, antes de la llegada de los malayos. Son 18 tribus, la mitad de las cuales siguen viviendo en, o cerca de, la selva, y otros son semi-nómades.

Casi 77 por ciento de los orang asli son pobres. Según el gobierno, esa es la razón por la que es necesaria la nueva ley, que permitirá que 30.000 personas tengan un hogar en un territorio de entre 0,8 y 2,02 hectáreas con palmeras aceiteras.

El proyecto permitirá que los indígenas se asienten y se alimenten de sus cultivos.

"Podrán tener una vida moderna, una casa con comodidades, un automóvil y televisión, además de ingresos de la palma aceitera", señaló el ministro de Desarrollo Rural, Shafie Apdal, en entrevista televisiva. "Nuestra política es para integrarlos a la sociedad y que disfruten de los beneficios del desarrollo", añadió.

Pero los orang asli y sus defensores sostienen que es otra medida de agresión del gobierno.

Desde hace unos años, los indígenas, junto con activistas, abogados y académicos, presionan al gobierno en varios frentes para que reconozcan su cultura y su patrimonio.

También reclaman su derecho a tener su propio culto frente a las presiones estatales para que se conviertan al Islam en este país de mayoría musulmana.

Además, quieren manejar su propia vida en vez de que se la "administre" el Departamento de Asuntos de los Orang Asli, creado en 1954.

En la protesta realizada en Putrajaya en marzo, los orang asli entregaron un memorando al primer ministro, Najib Razak, pidiéndole un nuevo acuerdo más justo y que incluya la protección de sus tierras ancestrales, el reconocimiento y la perseverancia de su cultura y su patrimonio.

Los orang asli consideran suyas grandes áreas selváticas que les fueron entregadas por sus ancestros.

Pero para el gobierno son propiedad estatal, abierta a la explotación comercial, de acuerdo a las leyes heredadas de la colonia británica.

El gobierno se sigue negando a reconocer los derechos tradicionales de esa comunidad, pero la justicia falló a favor de los orang asli en varios casos de usurpación de tierras por el Estado.

El Alto Tribunal de Johor Baru falló en septiembre a favor de una comunidad indígena expulsada de sus tierras ancestrales en 2003.

Un tribunal de apelaciones dictó en febrero una sentencia histórica al considerar válida la ley tradicional.

También ordenó al gobierno indemnizar a los orang asli con 11 millones de dólares por daños.

Según algunos observadores, el proyecto de ley apunta a sortear el fallo judicial que da validez al derecho tradicional. Activistas y abogados pretenden que el gobierno lo apoye y lo introduzca en una ley

sábado, 23 de octubre de 2010

La riqueza ayuda al Estado de Derecho

El Estado de derecho es eficaz en Suecia, Holanda y varios otros países ricos, pero está ausente en naciones pobres como Pakistán, Kenia y Liberia, según el nuevo índice del Proyecto de Justicia Mundial (WJP, por sus siglas en inglés).

El índice, que evalúa a 35 países de acuerdo con nueve variables, parece sugerir que las naciones de altos ingresos cuentan con las condiciones necesarias para que funcione el imperio de la ley.

No obstante, el estudio también constató amplias diferencias en el desempeño de categorías específicas dentro y entre países de ingresos diversos.

Argentina, un país de medianos ingresos, tuvo mucho mejor desempeño en una sub-variable clave (acceso a consejería legal) que, por ejemplo, Estados Unidos y Canadá, mientras que México, Colombia e India presentaron mejores resultados que Singapur y otras naciones ricas en transparencia gubernamental, de acuerdo con el estudio de 125 páginas presentado el jueves.

"La situación en los países de medianos ingresos es particularmente interesante", dijo Alejandro Ponce, economista del WJP y quien ayudó a diseñar el nuevo índice, así como otros utilizados por el Banco Mundial.

Esas naciones "tienden a ubicarse bien en algunas áreas, y no tan bien a otras", añadió.

De hecho, India se colocó noveno en la categoría de transparencia gubernamental, pero en el puesto 27 en acceso al sistema de justicia civil. Mientras, Ghana, un país de bajos ingresos, se ubicó en el lugar 12 en la variable de límites efectivos al poder gubernamental.

Sin embargo, quedó en el puesto 26 en el área de orden y seguridad, debido a sus altos índices de criminalidad y de acciones extrajudiciales.

El índice, que aspira a abarcar a 100 países en 2012, fue presentado en medio de una creciente atención a la importancia del imperio de la ley para asegurar la calidad de la gobernanza, necesaria para un desarrollo económico y social exitoso.

"El imperio de la ley es fundamento de oportunidades y de equidad para las comunidades, es necesario para la erradicación de la pobreza, de la violencia, de la corrupción, de las pandemias y de otras amenazas a la sociedad civil", dijo William Neukon, presidente del WJP y ex presidente de la Asociación Estadounidense de Colegios de Abogados.

Esta última organización creó al WJP con ayuda, entre otros, de la Fundación Bill y Melinda Gates en 2006.

Las nueve variables usadas por WJP son: límites al poder gubernamental; ausencia de corrupción; claridad, publicación y estabilidad de las leyes; orden y seguridad; respeto a los derechos fundamentales, incluyendo la ausencia de discriminación; apertura y transparencia del gobierno; imparcialidad y efectividad de las regulaciones gubernamentales; acceso a la justicia civil; y efectividad e imparcialidad del sistema penal.

Todos los países fueron evaluados de acuerdo con su desempeño en esas categorías. El informe también incluyó 49 sub-variables.

El puntaje fue adjudicado de acuerdo con información recolectada en encuestas a 1.000 residentes de grandes ciudades en cada uno de los 35 países estudiados, considerando su experiencia y percepciones. También se utilizaron los resultados de detallados cuestionarios respondidos por un total de 900 expertos legales locales.

La metodología y los resultados fueron revisados en forma independiente por el Centro de Investigación Conjunta de la Comisión Europea, que consideró al índice "conceptualmente coherente".

El estudio no incluyó un ranking general de países, sino solamente uno para cada una de las nueve variables. "Se pierde mucha riqueza del informe colocando un puntaje general, porque un país puede estar muy bien en una categoría y muy mal en otra", explicó Ponce a IPS.

"La fortaleza del índice es que está orientado a la acción: le dice a la gente dónde se necesita mejorar", añadió.

No obstante, el estudio sugiere una correlación entre la riqueza de un país y la fortaleza del Estado de derecho. Suecia, por ejemplo, se ubicó primero en cinco de las nueve variables, mientras que Holanda se colocó segundo o tercero en siete.

Pakistán, por otra parte, se situó en los puestos más bajos: 34 y 35 en cinco de las categorías, y 32 y 33 en tres de las otras cuatro. En "orden y seguridad", referido a la falta de delincuencia y violencia, se ubicó en el puesto 24, más alto que la mayoría de las naciones de América Latina y de África subsahariana estudiadas.

Kenia también tuvo un bajo puntaje. Se colocó en los puestos 33 y 35 en seis de las nueve categorías. Su mejor desempeño fue en justicia penal, donde recibió el lugar 25, delante de la mayoría de las naciones latinoamericanas, Pakistán, Liberia y Nigeria.

Liberia también quedó en el fondo: quedó en los últimos tres puestos en cinco de las nueve variables. Sin embargo, trepó al 16 en la categoría de transparencia gubernamental.

Entre los cinco países africanos estudiados, Sudáfrica generalmente tuvo los más altos puntajes, ocupando los puestos del 10 al 18 en ocho de las nueve variables. En orden y seguridad, sin embargo, cayó al lugar 34, por encima de Liberia

viernes, 22 de octubre de 2010

Servira una investigacion internacional?

Tres grandes organizaciones de derechos humanos se negaron a comparecer ante la Comisión de Reconciliación y Lecciones Aprendidas de Sri Lanka arguyendo que ésta no cumplía con los estándares en la materia y exigieron una investigación internacional.

Cuando el canciller de Sri Lanka, Gamini Lakshman Peiris, estuvo en la sede de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en Nueva York, en septiembre, invitó a tres de ellas a comparecer ante la Comisión que investiga violaciones de derechos humanos durante la guerra civil de casi dos décadas.

"Pedimos a organizaciones como Amnistía Internacional, Human Rights Watch (HRW) y el Grupo Internacional de Crisis que vayan a Sri Lanka y compartan la información que tienen", dijo Peiris a IPS.

"No callamos a nadie. Y no tenemos que barrer nada bajo la alfombra", apuntó.

Las tres entidades acusaron a las fuerzas armadas de Sri Lanka y a los insurgentes Tigres para la Liberación de la Patria Tamil (LTTE) de crímenes de guerra y otras violaciones de derechos humanos, en especial en la última etapa del conflicto que terminó en 2009 con la derrota de los rebeldes.

Pero las organizaciones declinaron la invitación del canciller. En cambio, el jueves reclamaron una "investigación internacional sobre crímenes de guerras y otras violaciones durante la guerra civil".

La subdirectora del capítulo de Asia-Pacífico de Amnistía, Madhu Malhotra, dijo que su organización aplaudía la oportunidad de comparecer ante una "comisión de investigación creíble".

"Creemos que las investigaciones internas efectivas son fundamentales para la protección de los derechos humanos. Pero la Comisión no cumple con los requisitos necesarios", añadió.

Fue un error cuestionar la credibilidad de la Comisión antes de que publicara sus conclusiones, señaló Peiris ante la Sociedad Asiática de Nueva York.

Los mismos periódicos que acusan a su país de crímenes de guerra hicieron denuncias mucho más graves contra otros estados, señaló el canciller, quien se negó a dar nombres, aunque fue una referencia implícita a Estados Unidos.

¿Por qué no se los cuestiona de la misma forma y con igual intensidad?, preguntó.

"No se absorben los problemas de otros con un espíritu condescendiente asumiendo que no pueden manejar sus asuntos y que hay que hacerlo por ellos", remarcó.

Es contrario a la carta de la ONU.

"Hay que permitir que los países resuelvan sus propios problemas", arguyó Peiris, ex becario de la Universidad de Oxford.

"Si alguien realiza acusaciones con la mayor vaguedad que se pueda concebir, se niega a ser bien específico y esa es la base para desatar un proceso de esta magnitud, las consecuencias serán extremadamente peligrosas, no sólo para la pequeña Sri Lanka, sino para el resto del mundo", declaró.

Al ser consultado por la protección de los testigos que aportan pruebas, Peiris señaló que no hay objeciones al respecto. Pero señaló que hay una disposición que prevé presentar documentos con confianza.

Las tres organizaciones anunciaron el jueves en una declaración conjunta que no comparecerán ante la comisión porque "no cumple con los estándares internacionales de independencia e imparcialidad".

Al igual que su antecesor. también creado por el gobierno en 2009, la Comisión existe en un contexto de fallas de las autoridades para asignar responsabilidad y los continuos abusos de derechos humanos, añade la declaración.

El mandato, la composición, los procedimientos y el clima de derechos humanos en que funciona la Comisión conspiran contra las posibilidades de que el resultado sea totalmente satisfactorio para las víctimas de violaciones de derechos humanos y sus familias, dijo Malhotra, de Amnistía.

La organización, con sede Londres, está especialmente preocupada por la falta de disposiciones para proteger testigos y el hecho de que ex funcionarios, que defendieron públicamente al gobierno de Sri Lanka de acusaciones de crímenes de guerra, trabajen en la Comisión.

Mientras, un Grupo de Investigación de la ONU, actualmente en sesión, asesorará al secretario general, Ban Ki-moon, sobre los pasos a dar para investigar las acusaciones de posguerra en Sri Lanka.

Peiris dijo a IPS que confía en que el secretario general no tiene previsto pedirle al Grupo de Investigación que indague las acusaciones de crímenes de guerra.

El Grupo de tres miembros, que tiene cuatro meses de plazo para entregar un informe a Ban, no tiene potestades para investigar las acusaciones, añadió.

También se mostró confiado de que ni la Asamblea General ni el Consejo de Seguridad ni el de Derechos Humanos autorizarán tales acciones contra Sri Lanka

jueves, 21 de octubre de 2010

Como deportar un discapacitado

Un ciudadano estadounidense discapacitado y de origen puertorriqueño demandó al gobierno de Barack Obama por deportarlo a México y obligarlo a vivir durante cuatro meses en calles, refugios y prisiones de ése y otros países.

Sus defensores dicen que su caso, aunque extremo, es apenas uno de los muchos causados por el disfuncional sistema de inmigraciones del país.

La demanda se presentó el día 13 en nombre del ciudadano estadounidense Mark Lyttle. Lo hicieron la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) y sus filiales de los estados de Georgia (sudoriental) y Carolina del Norte (oriental), en tribunales federales de los mismos.

"El caso de Mark es una tragedia que sirve para subrayar las profundas injusticias sistémicas que continúan plagando el sistema de detenciones y deportaciones de nuestro gobierno", dijo a Azadeh Shahshahani, directora del Proyecto sobre Seguridad Nacional y Derechos de los Inmigrantes en la ACLU de Georgia.

"Mark es apenas una de miles de personas en este país que han sido victimizadas" por culpa de un sistema de detenciones y deportaciones que no respeta "la clase de determinaciones individualizadas que son la esencia del debido proceso", agregó.

Según un informe de la ACLU y Human Rights Watch (HRW) presentado en julio, las personas con discapacidades mentales --incluidos ciudadanos estadounidenses-- corren un riesgo aún mayor de ser deportadas erróneamente por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés), porque los tribunales no garantizan audiencias justas a aquellos que no pueden representarse a sí mismos.

"Pocas áreas del derecho estadounidense son tan complicadas como las deportaciones, y de todos modos cada día hay personas con discapacidades mentales que deben comparecer en tribunales sin abogados o sin ninguna salvaguarda que vuelva justas las audiencias", dijo Sarah Mehta, de la ACLU y HRW. "Algunos padecen discapacidades tan severas que no saben sus propios nombres o qué es un juez", agregó.

Las organizaciones urgieron al Congreso a aprobar una legislación que exija la designación de abogados para los discapacitados mentales en tribunales dedicados a temas inmigratorios.

Su informe de 98 páginas, "Deportation by Default: Mental Disability, Unfair Hearings, and Indefinite Detention in the U.S. Immigration System" ("Deportación por defecto: Discapacidad mental, audiencias injustas y detención indefinida en el sistema inmigratorio de Estados Unidos"), sostiene que los inmigrantes con discapacidades mentales a menudo son detenidos sin justificación durante años, a veces sin límites legales.

El estudio documenta numerosos casos en que se impidió que discapacitados mentales apelaran su deportación por no poder representarse a sí mismos.

Algunas de las personas entrevistadas para el informe no sabían sus propios nombres, deliraban, no tenían noción del tiempo o no sabían que la deportación significaba ser expulsados de Estados Unidos.

De los 57.000 inmigrantes detenidos que fueron deportados en 2008, 15 por ciento padecía alguna discapacidad mental.

En el marco de las actuales leyes y prácticas inmigratorias, los inmigrantes detenidos no tienen derecho a abogados designados por los tribunales ni a otras salvaguardas, como evaluaciones de su capacidad para recibir una audiencia justa, señalaron HRW y ACLU.

Según la investigación, las personas con discapacidades mentales no sólo son arrestadas y deportadas sin contar con ninguna garantía, sino que también se las detiene como medida de rutina mientras transcurren sus audiencias.

La ACLU señaló que Mark Lyttle se enfrentó por primera vez con las autoridades inmigratorias cuando estaba por ser liberado de una cárcel en Carolina del Norte, donde cumplía una condena breve por tocarle el trasero a una empleada de un albergue para enfermos psiquiátricos.

"Pese a tener amplias evidencias de que Lyttle era ciudadano estadounidense --lo que incluía su número de seguridad social, los nombres de sus padres, su declaración jurada de que había nacido en Estados Unidos y una revisión de antecedentes penales--, los funcionarios del Departamento de Correccionales de Carolina del Norte lo remitieron al ICE como inmigrante indocumentado cuyo país natal era México", dijo la ACLU.

Lyttle nunca había estado en México, no compartía ningún rasgo cultural de ese país, no hablaba español y no dijo ser mexicano.

El estado de Carolina del Norte tiene un acuerdo con el ICE mediante el cual los funcionarios deben reportar a todos los individuos encarcelados que ellos crean nacieron en otros países.

El ICE comenzó a investigar a Lyttle y lo envió al Centro de Detenciones Stewart en Lumpkin, Georgia, donde pasó seis semanas.

Aunque el ICE conocía la extensa y documentada historia clínica de Lyttle y observó que el hombre no comprendía la investigación de su situación inmigratoria, no le ofreció asistencia legal y lo deportó de todos modos.

La ACLU sostiene que a Lyttle lo dejaron solo y sin un centavo en México, incapaz de comunicarse en español. Las autoridades mexicanas lo enviaron a Honduras, donde lo encarcelaron y algunos guardias lo amenazaron con dispararle.

Los funcionarios hondureños lo enviaron entonces a Guatemala y, finalmente, llegó a la Embajada de Estados Unidos en ese país.

En el plazo de un día, los funcionarios de esa sede diplomática contactaron a uno de los tres hermanos de Lyttle en la base militar donde estaba apostado. Luego de esto, a Lyttle le extendieron un pasaporte estadounidense.

Su hermano le giró dinero y pronto Lyttle abordó un avión hacia Atlanta. A su llegada, los funcionarios de la frontera, viendo su historial de investigaciones del ICE, lo retuvieron e interrogaron durante varias horas antes de dejarlo ir.

Durante los cuatro meses que duró su odisea, Lyttle no pudo tomar sus medicamentos, necesarios para tratar su enfermedad mental, por lo que experimentó ciclos de actividad maniaca y depresión.

Ahora vive en Griffin, Georgia, donde está medicado y en recuperación.

Las demandas reclaman una indemnización por daños y perjuicios por haber violado el derecho constitucional de Lyttle a las garantías del debido proceso.

El gobierno de Obama anunció que en el último año deportó a más de 392.000 inmigrantes indocumentados, una cifra récord.

miércoles, 20 de octubre de 2010

Operacion ABOLIR, adios a la pena de muerte

Para acabar con el "espanto", 10 personalidades mundiales, abanderadas por el presidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, se unieron en una Comisión Internacional contra la Pena de Muerte, con la meta inmediata de lograr una moratoria universal efectiva en 2015.

La Comisión quedó constituida este jueves 7 en Madrid bajo la presidencia del ex director general de la Unesco, Federico Mayor Zaragoza, en el marco de la celebración del Día Mundial contra la Pena de Muerte, este domingo 10 de octubre.

Mayor Zaragoza, quien ya preside la Fundación para una Cultura de Paz, aseguró que "hay que lograr la erradicación total de esta pena inhumana", que, según recordó, aún se mantiene en el orden jurídico de 58 países, mientras 139 ya la han abolido en su legislación o en la práctica.

La nueva Comisión convirtió "de facto" la abolición de la pena de muerte en un noveno Objetivo de Desarrollo del Milenio, que se suma a los ocho que la comunidad internacional estableció hace 10 años para cumplirse justamente en 2015, el principal de ellos la erradicación del hambre y la reducción de la pobreza.

En el acto de lanzamiento de la Comisión, realizado en el Palacio de la Moncloa, sede del gobierno español, Rodríguez Zapatero dijo que "la pena de muerte no es una pena, es un espanto", que al desaparecer convertirá a la humanidad en más digna.

La abolición, subrayó el gobernante socialista, es la premisa para que se pueda hablar de universalización de los derechos humanos.

Además de Rodríguez Zapatero y Mayor Zaragoza, la Comisión --paritaria en materia de género-- está conformada por el ex primer ministro italiano Giuliano Amato y por el gobernador del estado estadounidense de Nuevo México, Bill Richardson, quien en 2009 convirtió a su estado en uno de los 15 de su país en abolir ese castigo extremo.

También participan la ex presidenta de Suiza, Ruth Dreifuss, la ex primera ministra de Haití, Michèle Duvivier Pierre-Louis, el ex canciller argelino Mohammed Bedjaoui, el ex ministro de Justicia francés Robert Badinter y la canadiense y ex alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Louise Arbour.

A ellos se unen el jurista argentino especializado en derechos humanos Rodolfo Mattarollo, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de Pakistán, Asma Jahangir, y la filosofa turca Ioanna Kuçuradi.

El presidente de la Comisión y ex director general de la Unesco (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura) explicó que sus integrantes actuarán como un grupo de trabajo que pretende ser un complemento de la lucha que llevan a cabo la sociedad civil organizada y la propia Naciones Unidas.

El objetivo más inmediato es "promover el establecimiento de una moratoria en el uso e imposición de la pena de muerte en todas las regiones del mundo" que se haga efectiva en 2015, según la declaración constitutiva la Comisión, que tendrá carácter independiente.

Para ello contarán desde el inicio con el respaldo de los gobiernos de Argelia, Argentina, España, Filipinas, Francia, Italia, Kazajstán, México, Mongolia, Portugal, República Dominicana, Sudáfrica, Suiza y Turquía. Los 14 Estados suscribieron la Declaración Constitutiva de la Comisión Internacional contra la Pena de Muerte como fundadores.

La declaración establece que este castigo viola el derecho a la vida y el derecho a no ser sometido a penas crueles, inhumanas o degradantes, ambos reconocidos por la Declaración Universal de Derechos Humanos.

Es la negación más extrema de los derechos humanos, asegura.

Mayor Zaragoza dijo que entre los otros objetivos hay que destacar "el fin de las ejecuciones en los casos donde la legislación internacional prohíbe o restringe de manera explícita su aplicación", algo que también se destaca en la declaración constitutiva.

El también presidente del Consejo Directivo de la agencia internacional de noticias Inter Press Service (IPS), precisó que no ha sido casual que la Comisión haya elegido 2015 para lograr la primera gran meta, porque sus 10 miembros creen que sería también una gran conquista para la humanidad.

"Vamos a interceder para evitar más ejecuciones de aquí en adelante", dijo, para subrayar que se quiere que el nuevo mecanismo sea "práctico y de objetivos concretos".

La obtención "sin dilación" de la moratoria sería el paso previo para avanzar hacia la erradicación de la pena capital en todas las regiones del mundo.

La organización Amnistía Internacional supo de al menos 714 ejecuciones durante 2009, la mayoría en Arabia Saudita, Estados Unidos, Iraq e Irán. La cifra no incluye las miles de penas de muerte que habrían sido aplicadas en China. En total, el año pasado, unas 2.000 personas fueron condenas a muerte en 56 países.

Un elemento de gran preocupación para los comisionados es la restitución de la pena capital en algunos países, como sucedió en Guatemala.

Actualmente, 19 personas esperan ser ejecutadas en ese país por inyección letal, y el presidente Álvaro Colom anunció que vetaría una ley aprobada el martes 5 y que otorga al presidente la facultad de indultar a los condenados, con el fin de restablecer la aplicación de la pena de muerte, que es legal en ese país, pero está suspendida de facto desde 2000.

De hecho, el presidente español pidió a los comisionados que se interesen de inmediato por la situación de Guatemala.

Rodríguez Zapatero destacó que los integrantes de la Comisión son "auténticos maestros en la defensa de los derechos humanos", que reúnen mucha experiencia y sabiduría

martes, 19 de octubre de 2010

Desapariciones forzadas no prescriben en la Ley

El argentino Agustín Cetrángolo no descansa en su pretensión de poner frente a la justicia a los responsables de la desaparición forzosa de su padre, apresado en 1978 por la dictadura de su país y prisionero al menos en dos campos de concentración de Buenos Aires.

"Queremos justicia y que sea sostenida en el tiempo", dijo a IPS este activista de Hijos e Hijas por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio (H.I.J.O.S.), cuyo padre, Sergio Cetrángolo, es uno de los 30.000 desaparecidos por la represión dictatorial de 1976 a 1983 en Argentina, según los datos de organizaciones de derechos humanos.

"No esperábamos que se avanzara tanto contra la desaparición forzada de personas en Argentina" en esta década, reconoció. "Los poderes del Estado están haciendo su trabajo y hay una condena social al terrorismo de Estado", destacó.

Es que los juicios se reactivaron en masa desde 2003, cuando tras la llegada al gobierno del centroizquierdista Néstor Kirchner (2003-2007) el parlamento anuló las dos leyes aprobadas en los años 80 para alejar de los tribunales a los uniformados acusados de violaciones a los derechos humanos. Luego, en 2005, la Corte Suprema de Justicia, las declaró inconstitucional.

Junto a otros activistas argentinos, mexicanos, guatemaltecos, colombianos, peruanos, chilenos y uruguayos, Cetrángolo asiste al encuentro internacional de H.I.J.O.S, la agrupación surgida en Argentina en 1994, que arrancó el miércoles en la capital mexicana y finalizará este viernes con el objetivo de impulsar el tema en el plano continental.

América Latina ha marchado a diferentes velocidades en la lucha contra la desaparición forzada. Mientras países como Argentina y, con más contratiempos Uruguay y Chile, se han colocado a la vanguardia con legislaciones y condenas a responsables, otros como México y Colombia se hallan en el último vagón.

"El Estado no sólo está obligado a investigar todos los casos y tiene una responsabilidad, sino también tiene que llevar ante la justicia a los responsables", señaló a IPS Héctor Cerezo, integrante del no gubernamental Comité Cerezo, de México.

En agosto, este Comité formado en 2001 a raíz de la detención y posterior condena de Héctor y de sus hermanos Alejandro y Antonio Cerezo, se unió a otras organizaciones de derechos humanos para lanzar la Campaña Nacional contra la Desaparición Forzada y divulgaron un manual al respecto, para orientar a los familiares sobre cómo actuar en un caso de esa naturaleza.

Más de 3.000 personas han sido desaparecidas desde 2006 en México, según agrupaciones humanitarias. El caso más reciente, que data del 14 de septiembre, es el de Víctor Ayala, dirigente del Frente Libre Hermenegildo Galeana, en el sureño estado de Guerrero.

En la llamada "guerra sucia" contra las guerrillas izquierdistas, militantes y dirigentes sociales en los años 60 y 70 desaparecieron 532 personas, según la estatal aunque autónoma Comisión Nacional de Derechos Humanos. Ante ello, han fracasado las denuncias penales en contra de los presidentes y altos funcionarios de la época.

En Guatemala suman 45.000 personas los desaparecidos tras ser secuestrados o arrestados por agentes del Estado durante la guerra civil transcurrida entre 1960 y 1996.

En Colombia, H.I.J.O.S. tiene un registro de 47.000 desapariciones forzosas en más de cuatro décadas de enfrentamiento armado interno. El primer caso documentado fue el de la bacterióloga Omaira Montoya, una militante de izquierda que fue detenida en 1977.

En los siete años de dictadura en Argentina fueron desaparecidas 30.000 personas, según contabilizan las organizaciones defensoras de los derechos humanos, mientras que los oficiales registran con documentación casi 15.000.

H.I.J.O.S. afirma que el primer caso argentino de este tipo se remonta a 1962 y se trata de Felipe Vallese, un obrero metalúrgico y dirigente de la entonces proscrita Juventud Peronista, mientras que el último es el del albañil Jorge Julio López, desaparecido en 2006 poco después de haber declarado como testigo en un juicio contra represores que lo mantuvieron detenido ilegalmente en los años de la dictadura.

En Chile indican que son 2.115 los desaparecidos durante la dictadura de 1973 a 1990. El primer caso documentado es el del dirigente sindical Gastón de Jesús Cortés poco después del golpe de Estado perpetrado por el general Augusto Pinochet (1915-2006).

Los registros recogidos por la organización de derechos humanos marcan que son 172 los uruguayos detenidos-desparecidos por agentes de la dictadura de ese país (1973-1985), la mayoría de ellos apresados en Argentina en el marco del Plan Cóndor, que coordinó la represión del Cono Sur de América con anuencia de Estados Unidos.

Sin embargo se aclara que pueden ser más las personas en esa situación, puesto que siguen las investigaciones sobre traslado de prisioneros en vuelos sobre el Río de la Plata.

El primer expediente documentado de un desaparecido en Uruguay fue el del estudiante de medicina Adán Abel Ayala y fue en 1971, aún en democracia, a manos de fuerzas represivas del autoritario gobierno de entonces de Jorge Pacheco Areco.

"La tipificación es arbitraria, porque la desaparición forzada se le atribuye a un particular y no a un agente del Estado. Si es un servidor público, no existe agravante", criticó la abogada Yessica Hoyos, de H.I.J.O.S-Colombia, fundada hace cuatro años, y presente en el encuentro, que incluye la exhibición de películas y documentales sobre el tema.

La justicia colombiana condenó en junio al coronel retirado Alfonso Plazas a 30 años de cárcel por la desaparición en 1985 de 11 trabajadores de la cafetería del Palacio de Justicia, en Bogotá, que fue atacado por militares para recuperarlo de manos del guerrillero Movimiento 19 de Abril, que lo había copado. Tras la operación, que dejó 55 muertos, nada más se supo del grupo de empleados que habían sobrevivido.

Los activistas esperan que con la entrada en vigor en 2011 de la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, aprobada en 2006, empuje la lucha contra ese delito. Mientras países como Argentina, Chile y Uruguay ya la ratificaron, otros como Guatemala y Colombia aún no lo hacen.

Al entrar en vigor ese instrumento internacional, los Estados parte deberán entregar un informe anual respecto de la desaparición forzada de personas, con datos duros y acciones legislativas y judiciales para enfrentarla.

El Senado de Argentina aprobó en septiembre la reforma al Código Penal para tipificar como delito específico la desaparición forzada y en las próximas semanas se pronunciará la Cámara de Diputados.

"Argentina ha encontrado su propio camino para enjuiciar (a los violadores de derechos humanos), pero es importante por lo simbólico condenar a los autores por desaparición forzada", explicó Cetrángolo.

Por una sentencia contraria de noviembre de la Corte Interamericana de Derechos Humanos por el caso de la desaparición del dirigente comunitario Rosendo Radilla en 1974, México está obligado a aprobar una ley contra ese hecho y a investigar a fondo los casos denunciados.

"El Estado no acepta denuncias por desaparición forzada y sólo las tramita como secuestro", resaltó Cerezo, quien estuvo encarcelado entre 2001 y 2009 por el ataque a tres agencias bancarias en la capital mexicana.

Desde 2007 se hallan desaparecidos los guerrilleros del Ejército Popular Revolucionario Gabriel Cruz y Edmundo Reyes y 38 trabajadores de la firma estatal Petróleos Mexicanos, sin que hasta ahora haya indicios de su paradero.

"En Colombia la historia ha sido la negación de la desaparición. Por eso queremos que el parlamento ratifique la Convención y que apruebe la ley de Víctimas", precisó Hoyos, hija del sindicalista Jorge Darío Hoyos, asesinado en 2001.

El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, entregó el 27 de septiembre al parlamento el proyecto de ley de Víctimas, para resarcir a los afectados por la violencia ejecutada por la guerrilla, los paramilitares y agentes estatales

lunes, 18 de octubre de 2010

Cuando la muerte llega temprano en Gaza - In Memoria Rachel Corrie,

La muerte en 2003 de la joven pacifista Rachel Corrie, aplastada por una máquina escavadora israelí, fue motivo en su momento de una amplia cobertura periodística mundial, manifestaciones, debates, dos obras de teatro y varias canciones.

Años después, sin embargo, todavía no están claras las circunstancias de su fallecimiento. El documental "Rachel", de Simone Bitton, que será exhibido a partir de este viernes en el Foro de Antología del Cine de Nueva York, examina las versiones contradictorias de la tragedia.

Corrie, una estudiante estadounidense, tenía 23 años cuando decidió viajar a Rafah, en Gaza, para trabajar con el Movimiento Internacional de Solidaridad (ISM).

Activistas palestinos e israelíes crearon el ISM en 2001 para protestar contra las condiciones en los territorios palestinos mediante acciones directas no violentas. Corrie intentó actuar como escudo humano frente a un hogar palestino cuando murió aplastada por la maquinaria israelí.

La versión de los activistas indica que las máquinas escavadoras estaban destruyendo casas, mientras que la israelí señala que estas sólo limpiaban escombros cerca de la frontera con Egipto cuando Corrie y otros manifestantes se acercaron.

Las investigaciones militares israelíes concluyeron que se trató de un accidente, pero algunos testigos afirman que fue un asesinato. Imágenes de filmaciones militares, que Bitton obtuvo para "Rachel", no captan a los manifestantes ni a las máquinas escavadoras en el momento clave.

Luego de ser declarada muerta, el cuerpo de Corrie fue llevado a Tel Aviv para una autopsia. Sus padres pidieron la presencia de un funcionario de Estados Unidos, pero la embajada de ese país se negó y nunca explicó por qué.

A pesar de la polémica, Bitton no expresa opinión en el documental sobre si la muerte fue accidental o no.

"Creo que no es tan importante", dijo en una entrevista luego del pre-estreno del documental el jueves en la sede de la Organización de las Naciones Unidas.

No hay duda de que los manifestantes estaban allí desde hacía horas, y de que los conductores de las máquinas escavadoras lo sabían.

La documentalista dijo que el objetivo del filme es mostrar la indiferencia del ejército israelí hacia la vida de las personas en Gaza.

"Rachel" no ahonda en la vida de Corrie ni en sus motivaciones, sino que se concentra en su muerte. Bitton quiere mostrar el simple y trágico hecho de una mujer joven que muere, sin entrar en las complejidades del conflicto en la región.

"Hay todo un sistema que torna oscuras las cosas obvias de Medio Oriente, y más polémicas de lo que deberían ser", sostuvo.

Bitton hace énfasis en la juventud de los que participaron en las manifestaciones. A los entrevistados siempre les pregunta la edad y cuántos años tenían cuando llegaron a Gaza. En general eran personas de alrededor de 20 años.

La documentalista claramente simpatiza con los activistas. En el filme incluye una larga entrevista a un anarquista israelí, así como una canción de rap compuesta por un compañero de Corrie.

Bitton ha realizado varios filmes sobre Israel y Palestina. La cineasta nació en Marruecos, tiene ciudadanía israelí y francesa y se identifica como marroquí judía árabe.

Su condición de israelí, afirmó, le da autoridad para examinar las políticas de su país. Su multinacionalidad quizás también le ha llevado a interesarse por Corrie, a quien un amigo la definió como "ciudadana estadounidense con sangre palestina".

Muchos activistas como Corrie creían que tener pasaporte de Estados Unidos les servía para proteger a los palestinos. "Nadie pensaba que el ejército mataría a uno de ellos", dijo Bitton.

Su muerte no detuvo a activistas internacionales, que siguen llegando a Gaza. Incluso, parece haber inspirado más acciones.

Lo que cambió es que los activistas ya no se paran delante de las máquinas escavadoras. "Ahora saben que no se detendrán", dijo Bitton a IPS