viernes, 31 de diciembre de 2010

Convención de la ONU sobre Desapariciones Forzadas y Arbitrarias

La Convención de la ONU sobre Desapariciones Forzadas y Arbitrarias entrará en vigor mañana.

El nuevo instrumento, que cuenta con la ratificación de 21 países, entre ellos diez de América Latina, es el primero en subrayar el derecho de todo individuo a no ser víctima de esa práctica atroz por parte de agentes de gobierno.

Entre los países que lo ratificaron figuran Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Cuba, Ecuador, Honduras, México, Paraguay, España y Uruguay.

Con motivo de su entrada en vigor, la ONU urgió a todos Estados a erradicar este flagelo y llevar a la justicia a los perpetradores.

El Grupo de Trabajo de la ONU sobre Desapariciones Forzadas destacó la importancia de la Convención para la concreción de la justicia, la reparación y el derecho a saber la verdad.

jueves, 30 de diciembre de 2010

Todo sigue igual

Al parecer son pocas las posibilidades de que mejore la situación de los derechos humanos en Belarús tras la reelección del presidente Alexander Lukashenka en comicios controvertidos.

Lukashenka mantendrá su mano dura como se pudo ver en la brutal represión de las protestas que hubo en Minsk, capital de Belarús, tras conocerse los resultados de las elecciones del domingo 19.

"Es poco probable que haya cambios importantes" al respecto, dijo a IPS el director del Centro Viasna de Derecho Humanos, Ales Bialiatski.

"Las actuales autoridades no comprenden el valor de los derechos humanos, tienen una actitud hostil hacia la sociedad civil y no están listos para una colaboración constructiva", añadió.

Lukashenka, llamado el último dictador de Europa, llegó al poder en 1994 y desde entonces se mantiene en el gobierno en elecciones consideradas fraudulentas por activistas de ese país y la comunidad internacional.

Varias organizaciones internacionales han criticado violaciones de derechos humanos y la violenta represión tras el anuncio de los resultados de los comicios. Hubo detenidos y muchas personas golpeadas, incluido uno de los presidenciables que permanece en un hospital en estado crítico.

Fue una reacción típica del gobierno dictatorial, como lo califican varias entidades de la sociedad civil, que le ha valido el aislamiento internacional.

Las autoridades eliminan toda discrepancia, no existe en la práctica la libertad de reunión y los medios de comunicación han sido silenciados. Sólo queda un grupo de publicaciones independientes. Además, circulan rumores de que la policía secreta estuvo detrás del asesinato de periodistas críticos.

Participar en una organización no registrada es delito. Las instituciones critican las graves restricciones que les impiden conseguir fondos y alquilar un local.

"El hecho de que nuestra organización trate de registrarse desde 1997 y se nos haya denegado el permiso por lo menos cuatro veces dice algo sobre la situación del país", dijo Daria Vashkevich, de la Asamblea de Organizaciones Prodemocráticas de Belarús, a IPS.

miércoles, 29 de diciembre de 2010

Por fin, condena a Videla

La emblemática condena a prisión perpetua dictada este miércoles por la justicia Argentina al ex dictador Jorge Rafael Videla marcó el fin de un año signado por la aceleración de los procesos contra jefes y represores de la última dictadura.

"Desde las dos condenas que hubo en 2006 hasta el número inédito de este año, que estará alrededor de 150, para nosotros éste fue el año de los juicios", destacó a IPS Lorena Balardini, del no gubernamental Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).

Esta organización humanitaria especializada en cuestiones jurídicas sigue de cerca los procesos legales sobre los crímenes dictatoriales perpetrados entre 1976 y 1983, pero es también querellante en diversas causas y patrocinante de muchos de los sobrevivientes de los campos de concentración y familiares de detenidos-desparecidos.

Videla fue sentenciado en esta oportunidad por las torturas y el fusilamiento de 31 presos políticos en 1976 en la Unidad Penitenciaria San Martín, de la central provincia de Córdoba. También recibió prisión perpetua por los mismos cargos Luciano Benjamín Menéndez, quien era entonces comandante del III Cuerpo de Ejército, con asiento en ese distrito.

Por unanimidad, el tribunal federal oral que los juzgó consideró que los delitos de imposición de tormentos y homicidios fueron agravados por la condición de perseguidos políticos de las víctimas. Ordenó, además, que Videla sea recluido en una cárcel común.

De este modo, Videla recibe la segunda condena a prisión perpetua. La primera fue en 1985 en el juicio a los jefes de la dictadura, aunque cinco años después el entonces presidente Carlos Menem (1989-1999) lo indultó junto a otros militares y civiles condenados.

Pero estuvo en libertad por poco tiempo. En 1998 volvió a quedar detenido, esta vez en su domicilio, acusado de apropiación de menores, y en 2008, cuando ya había sumado varias causas en su contra, la justicia ordenó su traslado a un penal en Campo de Mayo, un cuartel de Buenos Aires.

El ex hombre fuerte de la dictadura, que encabezó el golpe de Estado que derrocó el gobierno constitucional de María Estela Martínez de Perón (1973-1976), dijo en su alegato que, con este juicio, "la Constitución Nacional guarda luto por la república desaparecida".

"No fue una guerra sucia sino una guerra justa en la que salvamos al país de los ‘jóvenes idealistas’ que quisieron imponer una cultura ajena a nuestro tradicional estilo de vida, occidental y cristiano", justificó.

Menéndez en cambio, quien también gozó del indulto, volvió a ser juzgado y desde 2008 lleva ya cinco condenas a reclusión perpetua.

Antes de escuchar su sentencia, Menéndez también justificó su actuación. "Los argentinos sufrimos el asalto de los subversivos marxistas que por orden y cuenta de la Unión Soviética y de Cuba se proponían someter a nuestro país", dijo.

Según su argumento, las personas que fueron víctimas de la dictadura pretendían que los argentinos "dejáramos de ser libres para pensar, expresarnos o poseer bienes (…) y todo sería manejado por un Estado totalitario".

Con Videla sentado cerca suyo y asintiendo con la cabeza, Menéndez, de 83 años, se jactó de que el régimen que integró hizo en poco tiempo lo que a Colombia le está llevando 60 años, en alusión al conflicto armado interno de ese país. Agregó que Argentina es "el primer país de la historia y del mundo que juzga a sus soldados victoriosos".

En este mismo juicio, que culminó este miércoles en medio del júbilo y la emoción de un numeroso público ubicado dentro y fuera del recinto del tribunal, fueron también condenados a prisión perpetua 14 uniformados más, y a penas de entre seis y 14 años de cárcel a otros siete, entre ellos una mujer policía, mientras que fueron absueltos por no contar con pruebas suficientes siete acusados

martes, 28 de diciembre de 2010

Organizacion celular a prisioneros

Los reclusos del estado de Georgia, en el sudeste de Estados Unidos, organizaron una huelga de varios días en al menos 11 prisiones conectándose con celulares prepagos, y el resultado es para algunos la mayor protesta de presos en la historia de este país.

Durante una semana, muchos presos se negaron a salir de sus celdas y algunos aún continúan con la medida. Otros reclusos continúan negándose a presentarse en sus puestos de labores habituales mientras no se les pague un salario.

Elaine Brown, una ex dirigente del Partido Pantera Negra, cree que la huelga fue un gran éxito. Los propios presos fijaron la fecha y se valieron de ella para hacerla pública, dijo Brown, quien tiene un amigo al que llama "hijo" recluido en una de las cárceles de Georgia.

"El 9 de diciembre corrí la voz. Ahora todo el mundo está participando, hemos creado una coalición. La cuestión no era la huelga, sino los reclamos que están todavía sobre la mesa", dijo Brown.

Los presos piden mejoras en la atención médica y la alimentación, más oportunidades de educación, que se les pague por el trabajo que hacen en las prisiones, contacto más estrecho con las familias, que se reduzca la superpoblación carcelaria y más opciones de ejercicio físico.

"Probablemente fue lo más grande que se haya visto en este país en materia de alzamiento de grupos oprimidos en una forma unificada, estratégica e inteligente", agregó.

Brown se unió a activistas como Bruce Dixon, de Black Agenda Report –un sitio negro e izquierdista de noticias y blogs—, para crear la Concerned Coalition to Protect Prisoners' Rights (Coalición Dedicada a proteger los Derechos de los Presos).

La coalición incluye también a grupos como el Partido Verde de Georgia, la Nación del Islam y la Asociación Nacional para el Avance de la Gente de Color (NAACP por sus siglas en inglés).

Desde el inicio de la protesta, la coalición celebra conferencias telefónicas para organizar el apoyo a los reclamos de los presos desde afuera de los penales. Una delegación con tales fines incluye a un representante del no gubernamental Southern Center for Human Rights y a otro del capítulo de Georgia de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles.

Activistas del estado han organizado una respuesta de grupos de base. Un equipo de ellos y de observadores de organizaciones no gubernamentales visitó el lunes 20 la prisión estatal de Macon, situada en el centro de Georgia, para entrevistar a los presos, observar las condiciones en que se encuentran e investigar sus reclamos y denuncias de represalias.

"El equipo entró a la prisión, la Macon fue la primera, para interrogar al personal y verificar las quejas de los reclusos", dijo Dixon.

"Fue muy importante que pudiéramos ingresar y hablar con los presos. El Departamento de Correccionales de Georgia aceptó procesar un documento con las demandas, empezar a observar las condiciones de reclusión y verificar la veracidad de las denuncias de represalias", dijo Dixon.

El Departamento de Correccionales afirmó que se había decretado el confinamiento de los presos en cuatro penales, Hays, Macon, Telfair y Smith.

Sin embargo, los reclusos insistieron en conversaciones telefónicas con periodistas y activistas que no estaban confinados, que cada mañana se abrían las puertas de las celdas y que ellos las cerraban y se negaban a salir.

La huelga fue coordinada en al menos 11 penales del estado. Otras prisiones mencionadas en varios reportes son Augusta State Medical Prison, Baldwin, Calhoun, Hancock, Rogers, Valdosta y Ware.

La protesta se inició el día 9 y continuó hasta el 16. "Sin dudas surgió desde dentro de la cárcel…, la coalición se formó en respuesta a ella", dijo Dixon.

Aparentemente, los presos obtuvieron los celulares a través de algunos carceleros y consiguieron mantenerlos escondidos.

Aunque las huelgas son hasta cierto punto comunes, la de Georgia es notable por su alcance.

"No es frecuente que se dé en varias instituciones y que se sostenga más que unas pocas horas", dijo Dixon. Los presos trabajaron juntos superando divisiones raciales, étnicas, religiosas e incluso de pertenencia a bandas delictivas, indicó.

"Había múltiples facciones negras, los musulmanes, los rastafaris, los miembros de distintas bandas del crimen organizado, los mexicanos e incluso la Hermandad Aria", detalló Dixon.

Acerca del reclamo de salarios, "la cuestión es si les van a pagar lo que corresponde", cuestionó Brown.

El sistema carcelario de Georgia tiene 53.000 reclusos. Casi todo el trabajo que realizan dentro de los penales es gratis. Los salarios de las prisiones varían de estado en estado en este país federal, pero en todos los casos constituyen apenas una fracción del sueldo mínimo nacional, fijado en 7,25 dólares la hora

lunes, 27 de diciembre de 2010

Tailandia y la censura en internet

Cuando no está ocupado diseñando alguna edificación, el arquitecto tailandés Soonthon Prueksapipat se sumerge en sus temores y preocupaciones por sus constantes enfrentamientos con las autoridades de este país.

Este miedo lo ha perseguido en los últimos dos años, admitió a IPS en un café de un barrio histórico de Bangkok.

Pero es el precio que debe pagar por negarse a ser simplemente un testigo silencioso de la agitación política que sufre este reino del sudeste asiático desde el último golpe militar en septiembre de 2006.

El arma de Soonthon para enfrentar a los poderosos militares era un sitio web creado junto a un equipo de profesionales en Bangkok, conformado por médicos, ingenieros y empresarios que conoció en el ciberespacio.

"Nuestro sitio web fue cerrado cinco veces porque la gente en el poder no está contenta con la información que proveemos, pero nos las arreglamos para volver a estar en línea usando un nuevo nombre o cambiando a un servidor extranjero", señaló Soonthon, editor del sitio web que ha sido objetivo de los censores tailandeses desde abril de 2009.

"Los censores del gobierno no están contentos con nuestra misión de proteger la democracia y mantener al ejército fuera de la política", dijo.

La primera vez que fue clausurado "Thaifreenews" –nombre original del sitio web--, las autoridades tailandesas no dieron detalles de su decisión.

"El gobierno no nos informa sobre la razón de cerrarnos. Siempre es una sorpresa cuando descubrimos que hemos sido censurados, al ver que el acceso a nuestro sitio es bloqueado en Tailandia", dijo Soonthon.

Su portal de noticias políticas en tailandés ha recibido 15 millones de visitas desde que fue creado a fines de 2006.

Pero al menos Soonthon se anima a hablar públicamente sobre las batallas que ha librado con la cada vez más dura censura gubernamental, e incluso de sus temores.

Eso no pasó con todos los bloggers y editores de páginas web de Bangkok y ciudades cercanas entrevistados por medios cercanos, que sólo estuvieron dispuestos a dialogar a condición de mantener el anonimato.

"Tengo miedo de que algo me pase por la información que subí a un sitio web que abrí cuatro años atrás", dijo un diseñador web de 32 años, radicado en Bangkok. "No es seguro abrir nuevos sitios web políticos".

Y sus miedos no están infundados, explicaron activistas de medios y de derechos humanos que han seguido de cerca el clima de censura durante estos dos años de gobierno de la coalición derechista Partido Demócrata en Tailandia.

"Muchos cibernautas están recurriendo a la autocensura", reveló Pokpong Lawansiri, activista de derechos humanos.

"Ha habido una serie de arrestos a bloggers, y el gobierno mantiene al país en la oscuridad no mencionando a quién y cuándo ha detenido", añadió.

Activistas acusan al Partido Demócrata y a los militares --que ayudaron a esa fuerza política a llegar al poder gracias a un pacto a puertas cerradas en diciembre 2008-- de haber adoptado como política silenciar a la oposición en Internet.

La campaña de censura fue lanzada tras los abiertos combates este año entre las autoridades y el movimiento popular opositor conocido como "camisas rojas", señalaron.

Más de 90 personas murieron y cerca de 2.000 resultaron heridas durante los sangrientos choques en abril y mayo entre las tropas tailandesas y los manifestantes en las calles de Bangkok.

Un reciente estudio publicado sobre la censura en Internet en Tailandia confirma la tendencia del gobierno a bloquear sitios web arguyendo amenazas a la seguridad nacional.

De enero a noviembre de este año, tribunales ordenaron el cierre de 43.908 URLs (siglas en inglés de "localizador uniforme de recursos", secuencia de caracteres para ubicar material en Internet) y páginas web específicas.

Desde 2007 han sido bloqueados 74.685 URLs, reveló el informe, titulado "Control y censura de los medios en línea a través del uso de leyes y la imposición de la policía estatal tailandesa".

Esos sitios fueron clausurados bajo la Ley de Crímenes Informáticos de 2007, la primera legislación aprobada de urgencia por el parlamento designado por la junta militar tras el golpe de 2006.

Las políticas de censura también se han visto fortalecidas por un decreto de emergencia que le da a los militares poderes especiales para endurecer su represión contra los camisas rojas.

Este decreto fue una herramienta útil en manos del Centro para la Resolución de la Situación de Emergencia, creado este año para reprimir al movimiento opositor y controlado por las Fuerzas Armadas.

"Una fuente confiable de los proveedores de servicios de Internet señaló que los sitios web bloqueados por orden del Centro han llegado a decenas de miles", añadió el informe, co-escrito por Sawatree Suksri, de la Facultad de Leyes de la Universidad de Thammasat, en Bangkok.

Activistas aseguran que han llegado a bloquearse hasta 312.000 sitios.

"El decreto de emergencia suspendió el Estado de derecho y añadió más poder a los censores del Centro", indicó C.J. Hinke, fundador de la organización local de medios Libertad contra la Censura en Tailandia.

"Al menos siete declaraciones en los medios tailandeses citan a funcionarios de gobierno señalando que 312.000 sitios web han sido clausurados por el decreto de emergencia", indicó.

"Los cibernautas en Tailandia tienen razones para preocuparse, porque el gobierno está usando dos leyes para aporrearlos", dijo Hinke. "Los funcionarios tienen licencia para censurar sin ninguna transparencia"

domingo, 26 de diciembre de 2010

La esperanza en Pakistan

El pakistaní Kareem Khan probablemente temía que su esposa se desmoronara al ver el cadáver de su hijo, de apenas 18 años. Pero ella simplemente sonrío y le deseó un buen viaje al paraíso.

"En el Islam, cuando una persona muere durante la guerra, va directo al cielo, y por eso no llevamos luto por su muerte", explicó Khan, y añadió que, al ser un "Hafiz", esto es, alguien que ha memorizado completamente el Corán, su hijo era "especial".

"A estos, dicen, se les concede que 10 personas más se les unan en el paraíso", explicó Khan.

El 31 de diciembre de 2009, un avión no tripulado estadounidense lanzó misiles sobre el complejo de viviendas de Machikhel, en Waziristán del Norte, un área tribal fronteriza con Afganistán, en el noroeste pakistaní.

Zainullah, su tío Asif Iqbal, un maestro y un obrero de la construcción murieron instantáneamente. "Ni teníamos a ningún combatiente en nuestra casa ni era un lugar de entrenamiento", dijo Khan. "Entonces, ¿por qué?".

Dirigidos por la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos, los aviones no tripulados tienen la misión de atacar a supuestos integrantes de la red radical islámica Al Qaeda y del movimiento islamista Talibán en las áreas tribales del noroeste pakistaní. Desde junio de 2004, se han lanzado unos 205 ataques de este tipo en esas zonas.

Washington ha señalado que esta forma de ataque le ha permitido matar a muchos altos líderes terroristas y a sus aliados. Pero hay fuertes indicios de que estos "éxitos" han tenido un alto costo en la población civil, lo cual ha fomentado el odio hacia Estados Unidos entre los pakistaníes, algunos de los cuales sugieren que los ataques incluso han fortalecido a los combatientes islámicos.

Khan, periodista que trabaja para organizaciones de prensa como las cadenas Al Jazeera y Al Qudds, afirmó: "Esos infieles quieren acabar con los musulmanes. Nos llaman extremistas cuando todo lo que hacemos es llevar nuestras vidas de acuerdo con el Islam… dentro de los límites de nuestro hogar".

Por su parte, el abogado Mirza Shahzad Akbar, indicó: "La CIA mata a miembros de las tribus y da a luz a toda una guardería de atacantes suicidas, beneficiando más a los talibanes que afectándolos".

El número exacto de muertes por los aviones no tripulados es desconocido. Pero la institución New America Foundation, con sede en Washington, estima la cifra entre 1.290 y 1.985, de los cuales sólo 32 eran "objetivos de alto valor".

Akbar aseguró tener mucha evidencia para demostrar que los ataques habían causado un gran número de bajas civiles. "Las víctimas que han sido reveladas nos muestran que el título de ‘combatiente’ es usado en forma muy amplia" por Washington, afirmó.

"No hay guerra entre Estados Unidos y Pakistán", señaló, "y por tanto esos ataques sólo pueden ser catalogados de ‘homicidio’ o ‘asesinato extrajudicial’".

Hace más de dos semanas, Akbar ayudó a Khan a exigirle a la CIA una compensación de 500 millones de dólares por el "asesinato ilegal" de Zainullah y Asif.

En conversación telefónica con IPS desde Islamabad, la voz de Khan sonaba temblorosa y con furia. "No puedo perdonar a los estadounidenses por este asesinato ilegal… Si hubiera estado allí, lo juro, los hubiera cazado".

Recientemente, Khan se unió a una decena de representantes de tribus fronterizas que viajaron a Islamabad y protestaron durante dos días frente a la sede del Parlamento.

Muhammad Faheem, de 18 años, se encontraba entre ellos. Este joven perdió su pierna izquierda y un ojo por el ataque de un avión no tripulado en 2009. Sin embargo, se considera afortunado, ya que fue el único sobreviviente de los nueve miembros de su familia.

La experiencia, sin embargo, le dejó cicatrices físicas y psicológicas. "Cada vez que escucho el sonido de los aviones no tripulados, mi corazón comienza a saltar. No me puedo concentrar en mis estudios. Sigo pensando cuál será el nuevo objetivo (de los aviones). Bien podría ser yo otra vez", dijo a IPS vía telefónica desde Islamabad.

Khan continúa presionando, aunque su querella legal sigue siendo ignorada. El 13 de diciembre presentó una demanda en la estación de policía contra el jefe de la CIA en Islamabad, Jonathan Banks.

Su próximo plan es llevar el caso directamente a la justicia contra Banks por los ataques con aviones no tripulados en Pakistán.

"Y finalmente", dijo Akbar, "iremos a la Suprema Corte contra el gobierno (pakistaní), exigiendo saber bajo qué autoridad permiten esos ataques y por qué no protege a sus civiles".

"He sido contactado por una decena de personas más que quieren ir a Islamabad a presentar una demanda", añadió. "Todos han sido afectados directamente: o han perdido a un miembro de su familia o han quedado mutilados de por vida".

De las 15 familias que conoció, él representa a 12. Aunque tiene esperanza de que se haga justicia, admitió que "esos casos toman mucho tiempo".

I.A. Rehman, de la Comisión de Derechos Humanos de Pakistán, también cree que los afectados por los aviones no tripulados serán compensados, aunque considera poco probable que "la CIA sea llevada a la justicia" o que esas ofensivas lleguen a su fin.

No obstante, señaló, "la estrategia para su uso debe ser revisada".

Islamabad condenó repetidamente los ataques, señalando que violaban su soberanía. Sin embargo, según uno de los cables diplomáticos filtrados por Wikileaks, el primer ministro Syed Yousaf Raza Gillani le habría dicho en 2008 a la ex embajadora Anne W Patterson: "Protestaremos en la Asamblea Nacional y luego los ignoraremos"

sábado, 25 de diciembre de 2010

Inseguridad en Ecuador

La realización de una consulta popular para reformar la flamante Constitución y algunas leyes en terrenos vinculados al sistema de justicia responde a la creciente crisis de inseguridad pública de Ecuador y permitirá al presidente izquierdista Rafael Correa llevar el problema al terreno electoral.

Se desconoce aún la fecha de la consulta y su contenido, pero el viernes 17 y el sábado 18, en su habitual cadena de radio y televisión, Correa sostuvo que consultará al pueblo sobre reformas a la Constitución que él mismo impulsó y fue expedida en octubre de 2008.

Las reformas se referirán a temas penales, como la posibilidad de que los reos acumulen penas por delitos, prohibida constitucionalmente por décadas, así como acerca de la organización y funcionamiento de los tribunales penales.

El electoral "es el juego que (Correa) mejor juega y más le gusta", dijo a IPS el economista y banquero Ramiro Crespo. Tras ser investido presidente en enero de 2007, el mandatario convocó a las urnas en cuatro ocasiones.

"Además de estrechar sus lazos con los militares (con un proyecto de ley enviado al parlamento para ampliar la intervención de las Fuerzas Armadas en el control de la seguridad pública), se pondrá en campaña para pasar reformas constitucionales y penales al calor de la retórica populista", opinó Crespo.

"Pero esa no es la mejor manera de resolver problemas como los de la inseguridad. Solo el Código Penal lleva 17 reformas parciales en cinco años", añadió Crespo, socio del banco de inversión Analytica Securities.

La seguridad pública parece haber decaído en los últimos meses. La muerte de un niño, hijo del conocido comentarista deportivo Rómulo Barcos, por una bala perdida en un enfrentamiento entre delincuentes de Guayaquil, fue seguida en noviembre por marchas de protesta en esa ciudad del sudoccidente.

La prensa y la televisión llenaron sus noticiarios con reportajes sobre "secuestros express" --en los que el secuestrado debe ir en busca de sus propios bienes en dinero o joyas para ser liberado al cabo de unas horas-- asesinatos, el fenómeno del sicariato y los enfrentamientos entre bandas.

El diario El Universo de Guayaquil causó polémica al sostener que se comete allí un "secuestro express" cada hora y media.

La percepción ciudadana de inseguridad afecta la popularidad de Correa, sobre todo en Guayaquil, cuyo alcalde, el derechista Jaime Nebot, polemiza con el gobierno nacional, echándole la culpa de la situación.

Nebot llegó incluso la semana pasada a provocar la réplica del presidente de la vecina Colombia, Juan Manuel Santos, cuando pidió que se exija visado para el ingreso de colombianos, argumentando que desde allí llegan bandas criminales.

El mandatario vecino dijo que los 700.000 colombianos que pasan cada año al Ecuador son turistas y empresarios y ofreció a Nebot cooperación técnica para afrontar la ola de delincuencia.

Entre 2003 y 2009, la tasa de asesinatos por 100.000 habitantes llegó en Guayaquil a 26,6 mientras en Quito bajó a 10,6, dijo a IPS el legislador Paco Moncayo, general retirado que fue alcalde de la capital durante ocho años y medio, en los que desarrolló un plan de seguridad ciudadana.

"¿No será esto, en alguna medida, consecuencia de que el presidente y el alcalde (de Guayaquil) no puedan sentarse a trabajar juntos por una causa que no es de ningún partido político o ideología?", cuestionó Moncayo.

"El problema es integral. No trabaja bien la fiscalía, no lo hacen los jueces, ni la policía, ni el ministerio" dijo Moncayo si bien reconoció que "no lo hace tampoco la Asamblea" legislativa.

En 2009, la tasa nacional de homicidios fue de 18,6 homicidios por 100.000 habitantes. Fuentes gubernamentales estiman que subirá a 20 en 2010, lejos sin embargo de las cifras de países como Venezuela o El Salvador, con más de 60 asesinatos por cada 100.000 personas.

América Latina tiene el índice de criminalidad más alto del mundo, advirtió este año la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Pese a albergar a ocho por ciento de la humanidad, tiene 40 por ciento de los homicidios.

El indicador de asesinatos en América Latina es de 25,6 cada 100.000 habitantes, mientras que el de Europa es de 8,9 cada 100.000 habitantes, el de Asia sudoriental de 5,8 y el del Pacífico occidental es de sólo 3,4 cada 100.000 habitantes.

En Ecuador, la propuesta de elevar o acumular penas es "absurda", según el abogado Jorge Crespo Toral, presidente de la no gubernamental Confraternidad Carcelaria del Ecuador.

"Jamás el aumento de penas ha servido en país alguno para disminuir la delincuencia", dijo Crespo Toral en el acto de conmemoración de los 25 años de trabajo voluntario de la Confraternidad en las prisiones del país.

"La persona que delinque cree que no la van a atrapar nunca; no se le pasa por la mente que para ese delito han aumentado los años de cárcel", dijo Crespo. "La única solución es ayudar a quien delinquió a un cambio integral que le permita perfeccionarse junto con su familia y rescatar su capacidad de trabajo productivo y honorable", insistió.

Otro componente del problema es la administración de justicia. Un estudio del Centro de Justicia de las Américas indica que entre 2005 y 2008 se denunciaron en Ecuador 646.451 delitos y se iniciaron 76.120 juicios, mientras quedaron sin resolver 462.371 indagaciones previas y solamente llegaron a sentencia 7.930 procesos.

El propio Ministerio de Justicia sostiene que cada juzgado penal de Ecuador tiene 20.000 juicios represados. Según el profesor Farith Simon, especializado en derechos humanos, el Consejo de la Judicatura ha fallado como administrador: "No evalúa el rendimiento de los jueces, tampoco identifica los puntos críticos, solo pide recursos, pero no muestra resultados".

También juegan la corrupción y la ineficacia. En lo que va de este gobierno, las autoridades nombraron un comandante general del cuerpo policial cada siete meses y debieron afrontar el grave motín policial del 30 de septiembre, que casi desembocó en un golpe de Estado.

Ese incidente "afectó no solamente la confiabilidad en la Policía o la imagen del país a escala internacional. Afectó también las metas y programas que nos habíamos propuesto… Se tuvo que prescindir de seis generales, se tuvo que relevar los mandos de todas las provincias", dijo el 12 de diciembre el entonces ministro del Interior, Gustavo Jalkh, quien fue a su vez relevado el viernes 17.

El reemplazante de Jalkh es Alfredo Vera, viejo militante del hoy casi extinto partido socialdemócrata Izquierda Democrática, mientras Correa puso como ministro coordinador de Seguridad Interna y Externa al contralmirante retirado Homero Arellano, a quien había nombrado secretario de Inteligencia tras los sucesos del 30 de septiembre.

La única precisión de Correa sobre las preguntas que se incluirían en la consulta es que una versará sobre las corridas de toros.

"Atendiendo el pedido de miles de jóvenes que han marchado hacia el Palacio (de gobierno) con su reclamo, consultaremos también si el pueblo ecuatoriano está de acuerdo con espectáculos donde se torturan animales, como las corridas de toros", anunció el mandatario en el acto de investidura de los nuevos ministros

viernes, 24 de diciembre de 2010

Avanza la pena de muerte en Gambia

La reforma de la ley contra el narcotráfico y la trata de personas en Gambia incluyó la pena de muerte, ampliando la cantidad de delitos para los que se aplica ese castigo.

El ex jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas Lang Tombong Tamba apeló la condena a muerte que le dieron por traición. La audiencia está prevista para este mes.

Además de Tombong Tamba y sus siete cómplices, en el pabellón de la muerte están, entre otros, Sulayman Bah, acusado de asesinar a su compañero de casa tras una pelea por dinero, y Tabara Samba, una mujer condenada por matar a su esposo vertiéndole agua hirviendo. Este país fue uno de los primeros de África occidental en derogar la pena de muerte en 1981. Pero el presidente Jammeh la restituyó en 1995 para casos de asesinato y traición. Más de 20 personas fueron sentenciadas al máximo castigo en Gambia desde entonces. Ninguna fue ejecutada, pero tampoco perdonada ni las penas reducidas. Desde la independencia en 1965 sólo fue ejecutada una persona, Mustapha Danso, por asesinar al comandante del ejército, Ekou Mahoney, en el fallido golpe de Estado de 1981. La restitución de la pena de muerte no contribuyó a reducir la cantidad de asesinatos, dijo el editor del periódico The Daily News, Baboucarr Ceesay. "De hecho, antes de 1995 rara vez se escuchaba que hubieran asesinatos, pero desde hace unos años es común que ocupen los titulares de prensa", añadió. En lo que respecta a la traición, Ceesay señaló que no recuerda ningún intento de golpe de Estado mientras estuvo prohibida la pena capital. Pero desde 1995, hubo cuatro intentonas. En octubre, el máximo castigo se amplió para incluir a los traficantes de droga. Pero no tendrá grandes consecuencias para reducir el narcotráfico, indicó Musa Touray funcionario jubilado. "La pena de muerte no es necesaria", sostuvo. "Es un castigo muy fuerte. El gobierno debe fortalecer los mecanismos de vigilancia", añadió. La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito señaló que África occidental se convierte en un lugar de tránsito de drogas. Los traficantes se aprovechan de la pobreza y de la falta de controles y de seguridad para llevar la droga de América del Sur a Europa. En junio fue encontrado un alijo de dos toneladas de cocaína en Gambia con un valor de venta al público en Europa estimado en poco menos de 1.000 millones de dólares, según versiones de prensa. La ley enmendada estipula que una persona descubierta con más de 250 gramos de cocaína será pasible de ser castigada con la muerte, al igual que las que sean acusadas de trata de personas. "La amenaza que suponen el tráfico de droga y las actividades de los grandes traficantes se hizo cada vez mayor en esta jurisdicción en los últimos tiempos", dijo el fiscal general y ministro de Justicia, Edward Anthony Gomez a los legisladores. La nueva ley "apunta a evitar las consecuencias negativas mediante condenas que sirven para disuadir a quien pretenda utilizar este país como lugar de tránsito o de destino de drogas pesadas", explicó.

"La ubicación estratégica de Gambia como lugar de paso hacia Occidente y nuestra política liberal de inmigración atrajeron la atención de inescrupulosos que pretenden convertir a este país en una ruta de" la droga, añadió. Pero la medida generó críticas de inmediato.

Los legisladores excedieron sus poderes, pues la Constitución de Gambia excluye la pena capital para delitos no vinculados a la muerte de una persona, señaló el abogado Assan Martins. "Hay que respetar los derechos fundamentales y la libertad de todas las personas tal y como están consagrados en la Constitución, que es la ley suprema del territorio", añadió. El legislador opositor, Babanding Daffeh, cuestionó las versiones de prensa que dicen que la Asamblea Nacional aprobó de forma unánime el proyecto de ley. "El partido gobernante tiene la mayoría en la cámara baja, así que aun cuando votemos en contra, no cuenta", señaló Daffeh, del Partido Democrático Unido. "Yo estaba contra la pena de muerte. Por más que queramos frenar el tráfico de drogas y la trata de personas, no debemos imponer el máximo castigo sino concentrarnos en la prevención y en reintegrar a los delincuentes a la sociedad", añadió.

El presidente Jammeh, quien llegó al poder tras un golpe de Estado en 1994, lanzó varias advertencias severas sobre su intención de luchar contra el narcotráfico. "Prefiero morir antes que permitir que ciertos elementos usen a Gambia como zona de drogas", declaró el presidente. Respaldó sus dichos con más fondos y equipos para la Agencia Nacional de Control de Drogas.

La enorme cantidad de dinero que maneja el narcotráfico hace que sea muy complejo frenarlo. Entre las personas acusadas de ese delito hay un antiguo responsable de la agencia antidroga y cuatro de sus colaboradores.

Un ex jefe de policía y dos altos militares están acusados del mismo delito y de tratar de implicar al presidente diciendo que les dio drogas para vender. La experiencia de países como Tailandia contradice el argumento de que la pena de muerte sirve para disuadir a los narcotraficantes porque se sigue registrando una importante cantidad de delitos vinculados a la droga.

En la actualidad, el país considera derogar el máximo castigo para cumplir con sus obligaciones en materia de derechos humanos.

Martins y Badinding coinciden en que existe el riesgo de que sean ejecutadas personas inocentes. "Hay que rehabilitar a las personas que delinquen", subrayó Daffeh. "Sería muy grave descubrir que una persona condenada a muerte y ejecutada era inocente", añadió.

"El miedo es que una persona inocente pueda sufrir o termine siendo una víctima", coincidió Martins. "No estamos a favor de ningún castigo colectivo de personas inocentes o culpables", remarcó

jueves, 23 de diciembre de 2010

De las urnas a la violencia

La represión de las fuerzas de seguridad contra seguidores de la oposición en Costa de Marfil, que ya costó al menos 20 vidas, se intensificó cuando ya pasaron tres semanas de realizadas las elecciones en las que el gobierno sufrió un revés. La comunidad internacional prendió las luces de alerta.

El secretario general de la ONU (Organización de las Naciones Unidas), Ban Ki-moon, "está muy preocupado por el prolongado impasse político", declaró el portavoz Farhan Haq, quien calificó la violencia de "desenlace inquietante".

La declaración de Ban Ki-moon pide al presidente marfileño Laurent Gbagbo, quien está respaldado por las fuerzas de seguridad, que acepte su derrota en las elecciones de noviembre, y se retire para que su oponente, Alassane Ouattara, proclamado triunfador, asuma el cargo.

Gbagbo es un profesor de historia de 65 años, originario del sur de Costa de Marfil, y a el país desde 2000. Es cristiano y está considerado como un acérrimo nacionalista.

Ouattara es un economista de 68 años respaldado por ex rebeldes del norte del país que goza del apoyo de las potencias occidentales y de la ONU.

Costa de Marfil se independizó en 1960. En 2002 estalló una rebelión armada en el norte, de mayoría musulmana, y que representa Ouattara.

La ONU tiene 10.000 efectivos en ese país. Algunos protegen a Ouattara y a sus partidarios de las fuerzas de seguridad. Al parecer, Gbagbo pretendió formar un gobierno de coalición, peor el foro mundial se negó.

Al ser consultado por esa posibilidad, Haq dijo a IPS que la oferta "no era aceptable" porque Ouattara "obtuvo la mayoría" de los votos.

El enfrentamiento actual en Costa de Marfil comenzó tras la segunda vuelta electoral en noviembre, cuando la comisión electoral declaró a Ouattara triunfador con 54,1 por ciento de los votos, por encima de Gbagbo, con 45,9 por ciento.

"Las ex potencias coloniales tratan de resolver la situación de forma no diplomática", sostuvo un funcionario africano que no quiso dar su nombre. "No hacen lo correcto. Es un país con muchos recursos y por eso no quieren que la población permanezca unida", añadió.

Costa de Marfil es el tercer exportador de cacao. Además vende café petróleo, algodón, banana, piña, aceite de palma y pescado.

El representante especial de Ban Ki-moon en Costa de Marfil redobla los esfuerzos para evitar la violencia, dijo Haq a IPS. "El secretario general está en contacto con él", añadió.

La ONU impondrá sanciones a cualquiera que obstruya el proceso de paz. Además implementó un comité de control para registrar todos los incidentes, los comportamientos, las acciones y las decisiones que traben el proceso de paz.

"El comité propondrá medidas concretas, incluidas sanciones concretas e inmediatas", dijo en conferencia de prensa Simon Munzu, jefe de la división de derechos humanos de la Operación de las Naciones Unidas en Costa de Marfil (Unoci) y presidente de la instancia de control.

El resultado de las elecciones instaló una crisis en el país cuando el Consejo Constitucional rechazó la decisión de la Comisión Electoral Independiente de proclamar a Ouattara triunfador, alegando irregularidades en la base del norte, y declaró ganador a Gbagbo.

El Consejo de Seguridad de la ONU, la Comunidad Económica de Estados de África Occidental, la Unión Africana y la Unión Europea y varios países reconocieron a Ouattara como legítimo triunfador de la segunda vuelta, realizada el 28 de noviembre.

El Consejo de Seguridad reiteró el miércoles su disposición a "imponer sanciones contra las personas que traten de poner en riesgo el proceso de paz, de obstruir el trabajo de Unoci o de otros actores internacionales o de cometer graves violaciones a los derechos humanos"

"Para ellos, las sanciones son una solución, no la unidad popular", remarcó el diplomático africano que no quiso dar su nombre.

"Las sanciones no funcionan, pero las grandes potencias occidentales que controlan el Consejo de Seguridad están todas a favor de la medida. No quieren que los marfileños sean verdaderamente independientes", añadió.

Organizaciones de derechos humanos deploraron la continua violencia en Costa de Marfil y se lamentaron de la represión contra partidarios de Ouattara, que salieron a la calle a expresarle su apoyo.

Amnistía Internacional se mostró "horrorizada" por el "injustificado" uso de la fuerza.

Nueve personas murieron el jueves, y no tres, a causa de los disparos de las fuerzas de seguridad, según testigos, señaló Amnistía.

Ouattara convocó el jueves a una manifestación para tomar edificios estatales como el de la radio y la televisión, ocupados por funcionarios leales a Gbagbo, pero finalmente no se llevó a cabo.

"Debe hacerse todo lo posible para evitar una escalada de violencia. Hay una amenaza real de que se pierdan más vidas si las fuerzas de seguridad siguen disparando de forma indiscriminada contra los manifestantes", señaló Salvatore Saguès, de Amnistía.

"Costa de Marfil nunca estuvo tan cerca de una reanudación de la guerra civil", añadió.

El fiscal de la Corte Penal Internacional, el argentino Luis Moreno Ocampo, ya había dicho que de estallar un conflicto tras las elecciones iba a perseguir a los responsables, según la prensa francesa

miércoles, 22 de diciembre de 2010

La guerra es o no una ciencia?

Los comerciantes de armas buscan convencer a la Unión Europea (UE) de que los subsidios públicos a las investigaciones científicas se usen para fabricar pertrechos con vistas a futuras guerras.

En una serie de debates secretos, funcionarios de Bruselas y representantes de la industria armamentista examinan si el multimillonario "programa marco" de la UE destinado a las investigaciones puede usarse para proyectos de naturaleza militar.

Desde los ataques que el 11 de septiembre de 2001 dejaron 3.000 muertos en Washington y Nueva York, funcionarios de la Comisión Europea, rama ejecutiva del bloque, se han mostrado ansiosos por garantizar una mayor participación de los fabricantes de armas en el programa.

Pero como algunos gobiernos de la UE se resisten a darle a la Comisión una mayor voz en cuestiones militares, el alcance de las "investigaciones de seguridad" hasta ahora se ha limitado a proyectos que, según funcionarios de la organización regional, pueden categorizarse como "civiles" y "no letales".

Alrededor de 1.400 millones de euros (1.826 millones de dólares) se han asignado asuntos de seguridad en el actual programa, que se extiende entre 2007 y 2013 y tiene un presupuesto total de 53.000 millones de euros (cerca de 70.000 millones de dólares).

Con la planificación ya en marcha para la próxima fase del programa --de 2014 a 2020--, la industria armamentista impulsa proyectos militares más complejos que todavía tienen que ser financiados.

Muchos integrantes de grupos de presión de la industria armamentista ven el programa de investigación como una importante fuente de dinero en un momento en que el gasto militar se reduce en toda Europa. Aunque la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) promueve que sus miembros dediquen por lo menos dos por ciento de su producto interno bruto a cuestiones militares, Francia, Grecia y Gran Bretaña son los únicos países de la UE que han cumplido ese objetivo.

Las conversaciones secretas sobre cómo pueden ayudar los subsidios científicos a las fuerzas armadas son organizadas por la red Sandera (siglas en inglés de "seguridad y defensa en el área de las investigaciones europeas").

Burkhard Theile, representante de la industria armamentista alemana que participa en las conversaciones, dijo que espera que los subsidios de la UE a las investigaciones se usen para desarrollar nuevos aviones teledirigidos.

Israel usó esas armas para matar y herir a civiles durante la guerra contra Gaza, del 27 de diciembre de 2008 al 18 de enero de 2009. También las usa Estados Unidos para efectuar ejecuciones extrajudiciales, que con frecuencia causan muertes civiles, en Pakistán, Afganistán, Somalia y Yemen.

Los aviones no tripulados "tienen tanto usos civiles como militares, y deberían ser financiados por la Unión", dijo Theile a IPS.

"Pueden usarse de igual modo para patrullajes fronterizos y para misiones como la que tenemos en Afganistán", agregó quien antes fue vicepresidente de Rheinmetall, fabricante de tanques y aviones de guerra, y ahora dirige su propia consultora sobre el comercio de armas.

Andrew James, conferencista de la británica Manchester Business School y coordinador de Sandera, reconoció que dar a la Comisión Europea una mayor injerencia en las investigaciones científicas puede generar resistencias entre los gobiernos de la UE.

"Varios de los actores poderosos e influyentes de Bruselas y otras partes quisieran que la defensa se financiara de un modo más amplio que en la actualidad, y no es un motivo menor que el gasto de defensa entre los estados miembros de la UE obviamente esté decayendo. Esto es políticamente controvertido. No todos los estados miembro se sentirán cómodos de ver que la Comisión participa en las investigaciones de defensa", dijo.

En vez de financiarse como un proyecto "de seguridad", el trabajo de Sandera está cubierto por la sección del programa de investigaciones de la UE reservado para ciencias sociales y humanidades.

Académicos de la Universidad Libre de Berlín se han mostrado preocupados porque el programa de investigaciones se centra menos en cuestiones de auténtica naturaleza social.

Un estudio elaborado por Tanja Börzel, profesora en esa Universidad, lamenta que los proyectos de ciencias sociales financiados por la UE estén a menudo guiados por intereses de empresas privadas.

Aunque alrededor de la mitad de todo el personal académico de las principales universidades europeas trabaja en ciencias sociales, apenas dos por ciento del programa de investigaciones de la UE se asigna a esta área, señala el informe.

Ben Hayes, activista de la organización por las libertades civiles Statewatch, sostuvo que el programa de investigaciones debería concentrarse más en cuestiones sociales que militares.

"Hay un enorme conflicto de intereses en permitir que los grupos de presión a favor de las fuerzas armadas y la seguridad fijen la agenda de investigaciones, puedan definir las prioridades y luego postularse al financiamiento que se ofrece", dijo.

"Ellos están desarrollando sus mercancías con dinero de los contribuyentes, y luego vendiéndoselas de nuevo al Estado. Se trata de una asignación muy mal encauzada del dinero y los escasos recursos fiscales", agregó.

Según Mark English, portavoz de la Comisión Europea sobre ciencia, dicho órgano espera aumentar la cantidad de subsidios otorgados a investigaciones sociales de 84 millones de euros (casi 110 millones de dólares) el año próximo a casi 111 millones de euros (144,8 millones de dólares) en 2013.

English también negó que estén desarrollándose debates sobre el uso de dineros concedidos por la UE con fines militares.

Pero un estudio publicado en octubre por el Parlamento Europeo concluyó que la industria armamentista ya es adepta a usar fondos del presupuesto de la UE.

El reporte establece que las principales beneficiarias son "grandes compañías de defensa, las mismas que han participado en la definición de las investigaciones de seguridad patrocinadas por la UE".

Entre los principales receptores de estos subsidios hasta la fecha figuran Verint, fabricante israelí de equipos de vigilancia, y las firmas Fraunhofer (alemana) y Thales (francesa).

Aunque Israel no integra formalmente la UE, sí participa en las actividades científicas del bloque desde los años 90. Un estudio del Consejo Cuáquero para los Asuntos Europeos señaló que el Estado judío "parece estar sobresaliendo" en su capacidad de recibir fondos asignados a las investigaciones de seguridad.

También expresó preocupación por el hecho de que empresas que suministraron armas usadas contra los palestinos y que brindaron servicios a los asentamientos ilegales de Cisjordania estén entre las receptoras de fondos de investigación de la UE.

"Las industrias israelíes que se benefician económicamente de la ocupación de Palestina no deberían ser aptas para postularse a financiamiento de la UE", planteó

martes, 21 de diciembre de 2010

EU tira viviendas en Kandahar

Los presuntos avances que el gobierno estadounidense de Barack Obama se atribuye en la guerra que libra en Afganistán contra el movimiento extremista Talibán se sustentan en acciones cada vez más violentas contra la población civil.

Los "progresos" que publicita Washington se basan en la toma militar de tres distritos rurales cercanos a la sureña ciudad de Kandahar, capital de la provincia homónima.

Pero esos avances tácticos implicaron profundizar la debilidad estratégica original que Estados Unidos tiene en Afganistán: el generalizado rechazo a la presencia extranjera en todo el sur del país, donde predomina la etnia pashtún.

La ofensiva en Kandahar, abiertamente rechazada por las autoridades provinciales, se acompañó con una variedad de tácticas caracterizadas por la creciente brutalidad.

La peor fue la demolición masiva de casas, tanto de aldeanos que habían huido o que permanecían en sus aldeas cuando se inició la operación comandada por Estados Unidos y fuerzas de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN).

Esa acción sin precedentes y otras igualmente duras indican que el general David Petraeus –que comanda tanto a las tropas de su país como a la Fuerza Internacional de Asistencia para la Seguridad (ISAF)— dejó de lado su pretensión de ganar el respeto de la población local en los bastiones del Talibán.

En los distritos de Arghandab, Zhari y Panjwaii las tropas estadounidenses emplearon topadoras blindadas, potentes explosivos, misiles y ataques aéreos para "destruir casi todas las viviendas o granjas desocupadas en las zonas donde operan", dijo el diario The New York Times el 16 de noviembre. Fue la primera noticia sobre demolición de viviendas a gran escala.

Ni los funcionarios estadounidenses ni los afganos presentan cifras sobre la cantidad de viviendas demolidas, pero un portavoz de la gobernación de Kandahar dijo al diario que la cifra era "enorme".

Al confirmar esas acciones, el coronel Hans Bush, portavoz de Petraeus, argumentó que eran necesarias porque muchas casas eran verdaderas "trampas" de explosivos.

Pero Bush también reconoció que las tropas estadounidenses estaban empleando varias "herramientas" para eliminar bosques en los cuales podrían esconderse los guerrilleros y que las demoliciones obedecían, sobre todo, a la preocupación de la ISAF sobre la guerra que el Talibán está librando con el uso de explosivos improvisados.

El periodista Rajiv Chandrasekaran reveló el 19 de junio en el diario The Washington Post que en un operativo en Zhari, los militares usaron más de 10 M58, una cadena de explosivos atados a un cohete que se emplean para detonar y limpiar campos minados y que destrozaron todo, viviendas, árboles y cultivos, abriendo amplias sendas para el pasaje de tanques.

El gobernador de Arghandab, Shah Muhammed Ahmadi, reconoció que aldeas enteras fueron destruidas, y añadió que ya no había población en ellas.

Pero el coronel David Flynn, comandante de una unidad de la 101 división del aire y responsable de esa zona, negó que las demoliciones se efectuaran sólo si no encontraba a los habitantes.

Flynn dijo al diario británico Daily Mail que él puso un ultimátum a la población de la aldea Khosrow: o le entregaban toda la información sobre los explosivos que había plantado el Talibán o la aldea sería destruida. Las bajas sufridas por uno de sus pelotones fueron de 50 por ciento.

Más tarde, Flynn aseveró que los residentes habían reaccionado limpiando ellos mismos los explosivos, según Carl Forsberg, del Instituto para el Estudio de la Guerra. El investigador Alex Strick Van Linschoten, uno de los únicos dos civiles occidentales que han vivido en los últimos años en Kandahar, sostuvo que la misma información le había llegado por boca de un amigo.

Pero Linschoten dijo a IPS que, según un testigo, otros dos poblados en el área de acción de Flynn fueron arrasados y uno quedó "reducido a polvo".

La amenaza de destruir una aldea si los residentes no suministran información constituye un castigo colectivo contra la población civil que está prohibido por el Convenio de Ginebra Relativo a la Protección Debida a las Personas Civiles en Tiempo de Guerra, en vigor desde 1950.

No está claro el alcance que tuvo la amenaza de demolición en Zhari y Panjwaii y cuántas aldeas fueron destruidas ante el rechazo de dar información.

Según datos del Departamento de Defensa, en todo el mes de octubre sólo se recibió información de la población acerca de 13 explosivos improvisados en todo el país. Esto sugiere que nada salió de las bocas de los habitantes de las recién ocupadas aldeas de los tres distritos de Kandahar.

Estas medidas, como los castigos colectivos, forman parte de una estrategia mayor, dirigida a presionar a la población pashtún de la zona sur.

Los ataques de las fuerzas especiales contra supuestos talibanes se triplicaron desde que Petraeus tomó el mando en junio, pese a que su antecesor, Stanley McChrystal, había indicado que despertaban la furia de los afganos contra las tropas extranjeras.

Si bien en esos operativos murieron y fueron capturados muchos jefes talibanes, también afectaron a miles de personas que apoyaban de forma periférica a ese movimiento islamista y radical que controló buena parte del país entre 1996 y 2001.

Esta forma de debilitar a la insurgencia Talibán está destinada a perpetuar el ciclo; más pashtunes prometerán vengarse contra los extranjeros y rechazarán al gobierno central.

El periodista Anand Gopal, especializado en Afganistán y que habla la lengua pashtún, descubrió otra forma de castigo colectivo practicado por Estados Unidos. Habitantes del distrito de Zhari le informaron de dos casos en los que tropas estadounidenses y afganas arrestaban a toda la población de una aldea desde donde recibían disparos de armas ligeras, dijo Gopal a IPS.

Las demoliciones parecen haber afectado a varios miles de personas y "enfurecieron a mucha gente que pasará hambre y frío en los próximos meses", dijo a IPS una fuente estadounidense que pidió anonimato.

Al comando de la OTAN no le preocupa este aspecto. Un alto oficial indicó que obligando a la gente a quejarse ante el gobierno local por el daño a sus propiedades "uno conecta al pueblo con sus gobernantes".

El comandante Nick Carter dijo en una entrevista con el canal AfPak que la demolición de casas "permite al gobernador del distrito vincularse con la población".

Habrá conexión, pero de carácter muy negativo. Un jefe anciano tribal de Panjawaii fue citado por el artículo del Post rechazando la compensación por las casas destruidas por tratarse de "una cortina de humo".

La brutalidad aplicada a Kandahar muestra que Petraeus echó por la borda la idea central de su estrategia contrainsurgente basada en que la represión bélica minaría el objetivo central de ganarse a la población.

Pero los jefes en el terreno saben que a la larga así no derrotarán al Talibán. Flynn, por ejemplo, dijo al Daily Mail que "aquí no se puede lograr la victoria matando. A la larga tendrá que haber una solución política".

*Gareth Porter es un historiador y periodista de investigación especializado en la política de seguridad nacional de Estados Unidos. Su último libro, "Perils of Dominance: Imbalance of Power and the Road to War in Vietnam", se editó en 2006

lunes, 20 de diciembre de 2010

Yemen utilizo ayuda contra guerrilla

Yemen usó ayuda militar "antiterrorista" de Estados Unidos para combatir a su insurgencia interna, atacando particularmente a civiles, según la organización Human Rights Watch (HRW), que se basó en datos confidenciales filtrados al sitio web Wikileaks.

Los cables diplomáticos estadounidenses divulgados este mes por Wikileaks declararon que en 2009 Yemen desvió reiteradamente fuerzas antiterroristas yemeníes apoyadas por Estados Unidos y, posiblemente, vehículos militares provistos por el mismo país para ayudar al gobierno a combatir a los rebeldes huthis del norte, señaló HRW.

En los cables, los diplomáticos estadounidenses se quejan del poco efecto que tuvieron sus reclamos de que Yemen frenara esos desvíos. HRW documentó varias posibles violaciones del derecho de guerra cometidas por el gobierno, así como por las fuerzas rebeldes, en el conflicto huthi.

La organización de derechos humanos también dijo que Estados Unidos debería investigar el presunto uso saudita de maquinaria militar provista por el país norteamericano en la lucha contra los huthis.

Los cables filtrados también confirman que Estados Unidos, y no el gobierno yemení, fue quien en diciembre de 2009 llevó a cabo ataques con misiles en el sur del país. Entre ellos, uno que mató a 42 habitantes del lugar.

"Estados Unidos no debería tolerar el mal uso de esos recursos porque eso podría implicarlo en las prácticas abusivas de Yemen", dijo a IPS la investigadora Letta Tayler, de HRW.

Esta entidad exigió al gobierno del presidente Barack Obama investigar el aparente desvío de fondos destinados por Estados Unidos a la ayuda contra el terrorismo y suspender esa asistencia a menos que se suspenda el mal uso de la misma.

El gobierno de Obama y el Congreso legislativo también deberían investigar el presunto uso saudita de municiones provistas por Estados Unidos en Yemen y de ataques con misiles estadounidenses en el país árabe, incluido uno que en 2009 mató a varias decenas de habitantes locales, señaló HRW.

La ayuda militar de Estados Unidos a Yemen se más que duplicó, pasando de 67 millones a 150 millones en 2010.

Se espera, además, que aumente a 250 millones en 2011, a consecuencia de los esfuerzos realizados por los miembros de la red fundamentalista Al Qaeda que operan desde Yemen en la península arábiga para llevar a cabo ataques en el exterior.

Desde 2002, Estados Unidos lleva gastados más de 115 millones de dólares en las fuerzas antiterroristas de Yemen. Éstas incluyen a la unidad de elite que, según los cables filtrados, los diplomáticos estadounidenses señalan fue desplegada para atacar a las fuerzas rebeldes del norte.

El informe "All Quiet on the Northern Front?" ("¿Todo tranquilo en el frente norteño?"), que HRW dio a conocer en abril, documenta argumentos creíbles según los cuales las fuerzas del gobierno yemení bombardearon indiscriminadamente áreas civiles en su lucha contra los huthis, además de usar niños soldados, prácticas que violan el derecho de guerra.

También concluyeron que las fuerzas huthis infringieron estas normas.

Las investigaciones de Estados Unidos deberían incluir una evaluación de los pasos que los funcionarios de su embajada dijeron en 2009 que adoptarían para abordar los inconvenientes en su Acuerdo de Control del Uso Final.

Ese pacto permite a Estados Unidos verificar si Yemen usó la asistencia de seguridad que le otorgó con otros fines o si la transfirió de manera ilícita.

El gobierno de Obama también debería observar con severidad la conducta de sus propios efectivos militares apostados en Yemen, recomendó HRW.

Un cable diplomático de diciembre del año pasado que dio a conocer Wikileaks relata cómo el presidente de Yemen, Ali Abdullah Saleh, prometió al general estadounidense David Petraeus que continuaría alegando falsamente que los ataques con misiles contra presuntos objetivos de Al Qaeda eran en realidad operaciones yemeníes.

Entre esos ataques también hubo uno, con un misil crucero, que el 17 de diciembre del año pasado mató a por lo menos 42 personas en la meridional provincia de Abyan. La mayoría de las víctimas fueron mujeres, niños y niñas.

Se informó que en ese ataque se usaron bombas de racimo, prohibidas por más de 100 países por no poder distinguir entre objetivos militares y civiles.

Funcionarios estadounidenses se niegan a confirmar públicamente informes de prensa según los cuales fueron efectivos estadounidenses quienes llevaron a cabo el ataque aéreo.

"Estados Unidos debería realizar inmediatamente una evaluación imparcial del ataque de Abyan para garantizar el cumplimiento del derecho internacional, incluyendo la prohibición de ataques indiscriminados que dañen a civiles", dijo Tayler.

"El gobierno de Obama todavía tiene que aclarar la base legal de esos ataques", agregó.

Otros cables divulgados por Wikileaks muestran que Arabia Saudita, que fue parte del conflicto yemení-huthi por lo menos desde noviembre de 2009 hasta principios de febrero de este año, pidió municiones a Estados Unidos específicamente para usarlas contra las fuerzas huthis.

Un cable de la embajada en Riyadh fechado el 30 de diciembre de 2009 señaló que Estados Unidos respondió "con presteza" al pedido y suministró las municiones.

El viceministro saudita de Defensa, príncipe Khaled bin Sultan, anunció el 10 de noviembre del año pasado que su país estaba creando una zona de exclusión de 10 kilómetros dentro de Yemen.

Un funcionario saudita caracterizó a la zona como lugar no apto para civiles, generando preocupaciones en cuanto a que no se estuviera respetando la inmunidad de los ciudadanos comunes.

El 13 de diciembre de 2009, múltiples ataques aéreos sauditas impactaron en un mercado público de Bani Mu'in, en la gobernación de Sa'da, matando a unos 70 civiles e hiriendo a cientos más, afirmaron rebeldes huthis, según consta en el informe de HRW.

Un cable de la embajada en Riyadh fechado el 7 de febrero de este año planteó la preocupación de que los ataques sauditas hubieran impactado en una "clínica médica yemení", lo que el príncipe Khaled pareció admitir, argumentando que la usaban las fuerzas huthis.

En base a las afirmaciones de Khaled de que las fuerzas sauditas evitarían blancos civiles, el embajador de Estados Unidos recomendó que su propio país también suministrara a Arabia Saudita imágenes satelitales del conflicto.

domingo, 19 de diciembre de 2010

¿Lograran agentes cubanos el indulto?

Tras agotarse las instancias judiciales ordinarias de apelación en Estados Unidos, el gobierno de Cuba acentúa la campaña que busca obtener el indulto del presidente Barack Obama para cinco agentes cubanos encarcelados en ese país desde hace más de una década.

"Se necesita una presión de la opinión pública para que Obama sea receptivo y firme la libertad de nuestros familiares, cuyo único delito fue tratar de evitar acciones terroristas contra nuestro país", dijo Adriana Pérez, esposa de Gerardo Hernández, sentenciado a dos cadenas perpetuas más 15 años de prisión.

La mujer reconoció que una decisión del gobernante estadounidense en ese sentido podría ser más difícil, luego que su Partido Demócrata perdió la mayoría parlamentaria en los comicios de noviembre. "Pero conserva sus prerrogativas constitucionales y podría conceder el indulto para que nuestros familiares regresen a casa", consideró.

En su opinión, con un gesto así, Obama haría honor al premio Nobel de la Paz que recibió en 2009 y también se convertiría en el primer presidente de la potencia del Norte en tender un puente de amistad entre los dos pueblos, al terminar con "12 años de injusticia".

Pérez añadió que el proceso legal en torno al caso no hará posible la libertad de "los Cinco", como se les identifica nacional e internacionalmente, "a pesar de que hay suficientes pruebas de inocencia". "La administración de Obama ha sido menos agresiva (.....).Confiamos en que pueda ser más receptiva a nuestro reclamo", estimó.

Gerardo Hernández, René González, Antonio Guerrero, Ramón Labañino y Fernando González fueron arrestados el 12 de septiembre de 1998 y acusados de conspiración para cometer espionaje, y uno de ellos (Hernández) de conspirar para cometer asesinato.

Un jurado de Miami los halló culpables de todos los cargos en 2001. La Habana decidió apelar ante el Tribunal Supremo de Estados Unidos, tras un fallo de la Corte de Apelaciones de Atlanta que ratificó las sentencias para Hernández, condenado a doble cadena perpetua y 15 años, y para René González, de 15 años de prisión.

A la vez, esa Corte devolvió al tribunal federal de Miami, para revisión de sus sentencias, los casos de Labañino (condenado a cadena perpetua más 18 años), Fernando González (19 años) y Guerrero (cadena perpetua más 10 años).

En 2009 la jueza Joan Lenard, la misma que impuso las condenas iniciales en 2001, tras un juicio de siete meses, determinó nuevas sentencias: 30 años de prisión para Labañino, 17 años y nueve meses para Fernando González y a 21 años y 10 meses para Guerrero.

En junio fue presentado un recurso de apelación extraordinario a favor de Hernández, aunque Pérez no se mostró esperanzada al respecto. "Es un proceso legal que no nos da garantía de lograr la libertad para nuestros compañeros, a pesar de que hay suficientes pruebas de inocencia", comentó.

Tampoco el gobierno de Cuba es optimista en cuanto a esa instancia. Para el presidente del parlamento de la isla, Ricardo Alarcón, resulta "poco esperanzador" un procedimiento en el cual "por una sola vez, un preso tiene la posibilidad de solicitar a la misma jueza que lo condenó en primera instancia que anule el juicio y reconozca su inocencia".

"Los cinco han cumplido ya 12 años de prisión, más tiempo que cualquiera de los peores terroristas que han sido encarcelados en Estados Unidos, pero además sin razón, porque no hubo espionaje, según reconoció la Corte de Apelaciones, ni hubo asesinato, como admitió el pasado gobierno de George W. Bush", dijo Alarcón a periodistas.

El único cargo aceptado por los encausados fue no haberse inscrito como agentes extranjeros. "Estar presos 12 años por esa razón es una barbaridad", remató el líder parlamentario, tras exponer el caso al término de un foro de organizaciones de la sociedad civil cubana por la liberación de los cinco realizado el viernes.

Los asistentes a esa cita, que se hizo coincidir con el Día Internacional de los Derechos Humanos, exhortaron a unirse a la campaña de solidaridad con los cinco mediante mensajes a la Casa Blanca para que Obama haga "uso de sus facultades" y decrete la libertad de los cubanos.

En apoyo de esta causa, el escritor, académico y documentalista estadounidense Saul Landau presentó en La Habana su documental "Que el verdadero terrorista se ponga de pie", en el cual se expone medio siglo de hostilidad hacia Cuba mediante abundante documentación y entrevistas, entre otros, a exiliados adversos al gobierno de este país.

Alarcón soslayó referirse a la posibilidad de canjear a los cubanos por Alan Gross, un estadounidense que el 3 de este mes cumplió un año preso en La Habana, pero aún sin cargos judiciales concretos en su contra. "Son dos casos separados", afirmó.

"En su momento supongo que se le instruirá de cargos", afirmó, y acusó a Gross de violar la soberanía nacional y cometer delitos que en Estados Unidos son muy castigados. "Su caso será tratado conforme a nuestras leyes de manera adecuada, respetando todos los procedimientos", señaló.

Gross es un contratista vinculado a la Agencia para el Desarrollo Internacional de Estados Unidos, que según autoridades cubanas tiene entre sus principales iniciativas financiar a grupos de la disidencia de este país. En ese sentido, acusan al hombre de introducir equipos de comunicación satelital para opositores, lo que Washington rechaza. Una reciente declaración del Departamento de Estado (cancillería) de Estados Unidos insistió en que Gross viajó a Cuba para ayudar a miembros de la comunidad judía de este país a conectarse con otras comunidades de ese país en todo el mundo, y consideró su arresto como un impedimento importante para el avance del diálogo entre ambos países

sábado, 18 de diciembre de 2010

Justicia incompleta

El sistema jurídico de Estados Unidos no se asegura que presos del pabellón de la muerte, inmigrantes con juicios de deportación y víctimas de tortura, violencia doméstica y discriminación racial puedan defenderse como es debido, según un estudio de la Unión por las Libertades Civiles Estadounidenses (ACLU).

"Beneficiarse de un proceso justo es un derecho fundamental y un principio elemental del sistema democrático estadounidense, que incluso forma parte de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, defendida por Estados Unidos hace 62 años", dijo el director del programa de derechos humanos de ACLU, Jamil Dakwar.

"El acceso a la justicia y a una reparación efectiva disminuyó severamente en la última década, en especial para los que más la necesitan", indicó. "Es hora de que nuestro gobierno y el sistema judicial reanuden su compromiso de respetar y promover el derecho esencial", añadió.

"Las acciones de los distintos poderes del Estado restringieron gravemente el acceso a la justicia de víctimas de violaciones de derechos civiles y humanos y limitaron la disponibilidad de reparaciones efectivas", señala el informe "Slamming the Courthouse Doors" (golpeando las puertas de la justicia), realizado por ACLU.

El documento cita ejemplos de personas condenadas a muerte que pretenden presentar nuevas pruebas de su inocencia o denunciar graves violaciones constitucionales, pero se les niega ese recurso.

La legislación federal, en especial la Ley de Pena de Muerte Efectiva y Antiterrorista, de 1996, y decisiones de la Corte Suprema limitan mucho la posibilidad de que haya una revisión federal de condenas a muerte dictadas por un tribunal estatal, señala el informe.

Además, las víctimas de violaciones, de distintas agresiones como las de carácter religioso y otros graves abusos sufridos en prisión no pueden presentar una demanda ante un tribunal por las limitaciones de la ley federal, afirma ACLU.

Inmigrantes con argumentos legítimos para permanecer en Estados Unidos renuncian, sin saberlo, a la oportunidad de defenderse y son deportados con rapidez mediante procedimientos injustos, añade el documento.

Las víctimas de torturas y de "entregas extraordinarias", la práctica de Estados Unidos de transferir, sin paso previo por tribunales, a sospechosos de terrorismo a cárceles clandestinas en terceros países donde son torturados, tampoco pueden recurrir a la justicia.

ACLU señala que el gobierno del presidente Barack Obama ha tratado de poner fin a juicios realizados por sobrevivientes de torturas mediante "doctrinas de carácter jurídico como el privilegio del ‘secreto de Estado’ y la inmunidad calificada para impedir un proceso sobre tratos inhumanos, crueles o degradantes, desapariciones forzadas y detenciones arbitrarias, sin considerar los méritos.

Al invocar el privilegio del "secreto de Estado", el gobierno no sólo impide el conocimiento de la verdad, sino que anula un juicio entero sin demostrar al juez la validez de la acusación del demandante.

A los inmigrantes se les niega de forma sistemática el acceso a la justicia debido a los enormes obstáculos que encuentran cuando piden que se revise una orden de expulsión.

Las autoridades alegan que no existe el derecho a una revisión judicial de las garantías diplomáticas que obtiene el gobierno cuando trata de transferir a una persona a países conocidos por emplear la tortura.

Funcionarios federales de migraciones también utilizan un procedimiento conocido como "traslado estipulado" para deportar a ciudadanos extranjeros sin tener una audiencia con el juez de inmigración.

ACLU señala que "no hay salvaguardas significativas que aseguren que las personas con alguna discapacidad mental, pasibles de ser deportadas, se beneficien de un proceso justo".

"Eso lleva a que residentes permanentes y personas que buscan asilo de forma legítima hayan sido deportadas de forma injusta porque su propia condición no le permitió defenderse", añade.

La organización pide al Congreso legislativo que reforme las disposiciones de la Ley de Pena de Muerte Efectiva y Antiterrorista relativa al hábeas corpus para que los tribunales federales puedan tener contacto con presos que denuncian violaciones a la Constitución.

ACLU reclama la creación de una organización de defensa estatal con suficientes fondos, independiente de la justicia y con recursos suficientes para brindar asistencia de calidad a personas indigentes y acusadas de delitos capitales.

El Congreso debe aprobar normas para crear procedimientos que eviten el abuso del privilegio del secreto de Estado. El gobierno de Obama debe prohibir el recurso de "garantías diplomáticas" para deportar o expulsar personas.

El especialista en asuntos legales Frances Boyle dijo a IPS que "por la deliberada ampliación de la cantidad de magistrados realizada por los gobiernos de Ronald Reagan (1981-1989), de George Bush (1989-1993) y de George W. Bush (2001-2009), 60 por ciento de los jueces federales de todos los niveles, incluida la Corte Suprema, han sido miembros de la Federalist Society".

Boyle calificó a la organización de ser de "derecha, racista, intolerante, elitista, sexista, belicista y totalitaria."

Casi todos los abogados involucrados en un escándalo de tortura en el gobierno de Bush eran, y todavía son, miembros de la Federalist Society, afirmó

viernes, 17 de diciembre de 2010

Egipto e Israel por un muro

Después del muro que construyó para separar a su territorio de Cisjordania, Israel comenzó a edificar una nueva valla pero en su frontera con Egipto, y cuenta con aval de El Cairo.

Además, el gobierno israelí aprobó los planes el mes pasado para construir un campo de detención cerca de la frontera con Egipto para albergar a inmigrantes africanos indocumentados. Activistas locales repudiaron la iniciativa, señalando que viola flagrantemente el derecho humanitario internacional.

"La idea de una prisión construida expresamente para inmigrantes no sólo es racista, sino que también contraviene los principios básicos del derecho internacional", dijo el presidente de la Organización Egipcia para los Derechos Humanos, Hafez Abu Saeda.

El 28 de noviembre, el gabinete israelí aprobó la construcción de un campamento para albergar en forma temporal a inmigrantes que ingresaran a Israel desde el vecino Egipto.

Según el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu, el proyecto es parte de un más amplio plan para detener la "ola de inmigrantes ilegales" que ingresan al país en busca de empleo, aunque no dio más detalles.

Israel señala que, en los últimos años, decenas de miles de africanos han ingresado ilegalmente a su territorio atravesando la frontera egipcia. Una vez en territorio israelí, estos inmigrantes son contratados por lo general como trabajadores zafrales en granjas y asentamientos, recibiendo relativamente bajos salarios.

Esta afluencia "crece y amenaza el trabajo de los israelíes. Desafía en la cara al Estado y tenemos que detenerla", dijo Netanyahu.

El límite entre Egipto e Israel es la principal puerta de entrada para los inmigrantes africanos, tanto refugiados políticos como económicos. La mayoría vienen de Sudán, Etiopía y Eritrea. Los intentos para cruzar ilegalmente la frontera, ya tensa debido a la proximidad con la franja de Gaza, por lo general terminan en choques fatales con la policía egipcia.

A fines de octubre, un sudanés fue asesinado por las autoridades fronterizas egipcias cuando intentaba cruzar a Israel. Un reciente informe de la organización Human Rights Watch señaló que, desde 2007, funcionarios de frontera mataron a por lo menos 85 inmigrantes africanos, de los cuales 24 murieron este año y 19 el anterior.

El primer ministro israelí, por su parte, subrayó que el centro de detención tiene el objetivo de albergar a inmigrantes indocumentados, no refugiados políticos.

"No estamos deteniendo el ingreso de refugiados de guerra", dijo. "Estamos frenando el ingreso masivo de buscadores de empleo ilegales debido al grave impacto que tiene en la naturaleza y el futuro del Estado de Israel".

Sin embargo, Abu Saeda cuestionó el derecho de Israel a hacer esa distinción.

"El tema de quién es y quién no es un refugiado político debería ser decidido por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, que tiene el mandato de determinar si la vida de los inmigrantes está en peligro en sus países de origen", afirmó.

También refutó las afirmaciones de Israel de que recibir a africanos representaba una carga económica.

"Israel recibe a los falasha (judíos etíopes), así como a judíos de otros países, como Rusia, e incluso llega al punto de ofrecer incentivos financieros a inmigrantes judíos", dijo. "Entonces, ¿cómo pueden decir que los inmigrantes son algo malo para su economía?".

La última semana de noviembre comenzó la construcción de una valla eléctrica de 250 kilómetros de largo en la frontera con Egipto. Funcionarios israelíes señalan que esta muralla, de 360 millones de dólares, incorporará alta tecnología de vigilancia.

Un tratado de paz de 1979 entre Egipto e Israel limita específicamente despliegues militares y de seguridad en la frontera compartida. Sin embargo, El Cairo parece indiferente a los planes israelíes.

El portavoz de la cancillería egipcia, Hossam Zaki, dijo que su gobierno ni aprobaba ni desaprobaba la barrera "mientras fuera construida del lado israelí". Además, describió el proyecto como un "asunto interno israelí" que ni amenazaba los intereses nacionales de Egipto ni violaba su soberanía.

Pero el nuevo muro no es la única barrera de separación en la zona.

El año pasado, Egipto creó un vallado subterráneo de acero en su frontera de 14 kilómetros de largo con Gaza para impedir el contrabando a ese territorio palestino. Desde que Israel –y luego Egipto—cerraron herméticamente su frontera con la franja en 2007, los aproximadamente 1,5 millones de gazatíes han dependido de túneles para recibir del exterior sus necesidades más básicas.

"Se está convirtiendo en una región de paredes y cercos", dijo a IPS Ayman Abdelaziz Salaama, profesor de derecho internacional en la Universidad de El Cairo. "En los últimos 10 años, Israel, siempre obsesionado con su seguridad, se ha rodeado con muros y fortificaciones".

"Pero ningún país en la historia ha sido capaz de construir murallas suficientemente altas para mantener fuera a quienes están determinados a entrar", añadió.

Abu Saeeda coincidió, señalando que ninguna seguridad fronteriza podrá detener la inmigración mientras otros países sigan sufriendo crisis económicas crónicas.

"En lugar de construir campamentos o vallados, la comunidad internacional debería promover el desarrollo de esos países para aliviar las causas de la inmigración indocumentada, esto es, el desempleo y la pobreza", afirmó.

Esto quedó claro en una conversación que mantuvo IPS con un inmigrante de la occidental región sudanesa de Darfur, arrestado en El Cairo a comienzos de este año por intentar cruzar ilegalmente hacia Israel. "Mis primos entraron a escondidas y hallaron trabajo con relativamente buenos salarios, pero algunos fueron enviados de regreso a Darfur", contó a condición de mantener el anonimato. "A pesar de que fui encarcelado 30 días por haberlo intentado, estoy pensando en probar suerte de nuevo".

"La situación en Darfur no va a mejorar pronto", añadió.