miércoles, 23 de febrero de 2011

Colombia y sus deplazados

"Queremos gritarle al mundo y nadie podrá callarnos: el desplazamiento (forzado de personas) sigue en Colombia y por eso pedimos solidaridad. No somos terroristas, no somos delincuentes, somos campesinos a quienes robaron nuestra dignidad y nuestros derechos".

Así se expresó ante IPS, con ira y tristeza a la vez, un líder popular del central departamento de Tolima, que pidió reserva de identidad por amenazas, frente a la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional, donde fuerzas de seguridad impidieron la semana pasada otra protesta de campesinos desplazados por el enfrentamiento armado interno.

Alrededor de 5,2 millones de personas fueron desarraigadas entre 1985 y 2010 de las zonas rurales, según un informe divulgado este miércoles por la no gubernamental Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (Codhes).

Esta cifra confirma que Colombia continúa encabezando la nomina de países con mayor cantidad de personas obligadas a dejar sus hogares y refugiadas por la violencia política, como ya había indicado en 2009 la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados.

El estudio "¿Consolidación de qué? Informe sobre desplazamiento, conflicto armado y derechos humanos en Colombia en 2010" fue concluido en el periodo de transición del gobierno de Álvaro Uribe (2002-2010) al actual de Juan Manuel Santos, señalaron los autores.

"A diferencia de su antecesor, el presidente Santos promueve el diálogo social y político, incluye la paz en su agenda y reivindica a las víctimas", resaltaron.

Agregaron que "es temprano para saber si el viraje se consolidará", pero la esperanza es lograr una "solución no militar al conflicto armado que desangra al país" desde comienzos de los años 60.

Esta guerra obligó en los últimos 25 años "a 11,4 por ciento de la población (colombiana) a cambiar de residencia, porque su vida, integridad física o libertad fueron vulneradas o amenazadas", reza el documento de 140 páginas.

Solo en los dos mandatos de cuatro años de Uribe se registró la mitad de los desplazamientos contabilizados.

Acción Social presidencial señaló que 86.312 personas debieron dejar sus lugares de origen en 2010, pero la Codhes elevó esa cifra a 280.000, basándose en el seguimiento diario del fenómeno, la verificación de información y adición de fuentes secundarias.

Estadísticas analizadas en el marco de violencia y desplazamiento desde regiones de ejecución del Plan Nacional de Consolidación Territorial indican que "32.7 por ciento de los desarraigados provienen de municipios incluidos en esa política de lucha contra las guerrillas izquierdistas.

Ese programa fue implementado por Uribe en 2007 con el pretexto de "cumplir los objetivos de consolidación de la Seguridad Democrática, mantener la confianza de los inversionistas y avanzar en la política social efectiva".

Abarcó 86 de los 1.141 municipios en que se divide este país. En 21 de ellos se desarrollan proyectos de exploración, explotación o exportación minera y en otros 14 hay siembra intensiva de palma aceitera y sustitución de cultivos agrícolas por los destinados a producir biocombustibles.

Todos proyectos productivos relacionados con el despojo violento de tierras, según la Codhes.

La Comisión de Seguimiento a la Política Pública sobre Desplazamiento Forzado, conformada como resultado de fallos al respecto de la Corte Constitucional en 2004, asegura que entre 1980 y julio de 2010 se confiscaron más de 6,6 millones de hectáreas por acciones violentas atribuidas a grupos armados ilegales.

Los departamentos afectados coinciden con las regiones en las que se desarrolla el Plan, con énfasis en los occidentales departamentos de Antioquia y Chocó, con 1,9 millones de hectáreas enajenadas.

La Codhes anota que 44 municipios de los 86 incluidos en el Plan hacen parte de los que registraron la mayor expulsión de lugareños el año pasado, con seis episodios que afectaron a más de 2.684 personas y donde se perpetraron 19 masacres en las que murieron 92 personas.

También da cuenta que en esa zona se verificaron 176 asesinatos selectivos, incluyendo indígenas, empleados estatales, líderes comunales, un activista en defensa de los derechos humanos y un periodista.

El proceso de restitución de tierras o adjudicación se vio envuelto en otra violencia extrema, que costó la vida entre marzo de 2002 y enero de 2011 de 44 líderes de poblaciones desplazadas.

A ello se suma la pobreza en la que caen las personas que deben radicarse lejos de su origen, con indicadores que llegan hasta 70 por ciento.

"Mi esposo era ganadero, teníamos mulas de arreo, cultivábamos yuca, plátano, cacao y negociábamos nuestra cosecha en Norte de Santander (noreste). A él lo mataron y todo quedó allá, enterrado, en manos de otros", narró a IPS Miriam López en 2009 durante la toma de desplazados que por tres meses mantuvieron en el central parque Tercer Milenio, de Bogotá.

"Fue muy duro. Yo veía las escrituras de mis fincas y lloraba", añadió.

El director de la Codhes, Jorge Rojas, señaló que el informe interpela la política llevada adelante por Uribe y su Plan Nacional de Consolidación, porque "en sus primeros tres años de ejecución hay muchas dudas sobre su efectividad".

Los 5,2 millones de desplazados o refugiados ponen a este país en el primer lugar en el mundo en la materia, seguido de Sudán, Iraq y Afganistán, según el informe de la Codhes

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