domingo, 30 de enero de 2011

Enfermos mexicanos, su situacion

Brígido se mece pausadamente mientras el sacerdote José Guadalupe oficia misa en el Centro de Asistencia e Integración Social Atlampa (CAIS), en el sudeste de la capital de México. De repente, este interno empieza a golpearse la mejilla izquierda, ante el susto de quienes le rodean.

El hábito de Brígido, de apellido desconocido y edad indeterminada, es golpearse contra la pared, a causa del trastorno mental que padece.

Este paciente es uno de los 365 alojados en Atlampa, que significa "cauce de agua" en lengua indígena náhuatl, fundado a comienzos de los años 70 y con capacidad para albergar solo a 300 personas.

Los internados en el CAIS, administrado por el gobierno izquierdista de la ciudad de México, comparten el común denominador de ser víctimas del abandono social, institucional y familiar.

"La situación en los centros psiquiátricos es gravísima en este país. Las condiciones higiénicas y de salud son deplorables, hay graves violaciones de derechos humanos", resumió para IPS Sofía Galván, representante para México y América Central de la organización no gubernamental estadounidense Disability Rights International (DRI).

La no gubernamental Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos y el DRI presentaron en noviembre el informe "Desaparecidos y abandonados: segregación y abuso de niños y adultos con discapacidad en México".

"Niños y adultos son internados en instituciones debido a la falta de tratamiento, habilitación y rehabilitación, así como de otros apoyos, que les permitan desarrollar las habilidades que necesitan para vivir en la comunidad", cita el reporte, elaborado a partir de visitas a 20 entidades en la ciudad de México y otros cinco estados entre agosto de 2009 y septiembre pasado.

En este país con 112 millones de habitantes hay al menos 10 millones con discapacidad motriz, intelectual, auditiva y visual, según datos de la no gubernamental Confederación Mexicana de Organizaciones en Favor de la Persona con Discapacidad Intelectual.

Además, la Secretaría (ministerio) de Salud Pública indica que al menos 15 millones de personas sufren algún tipo de enfermedad mental. La población de los 31 hospitales psiquiátricos estatales asciende a unos 7.000 pacientes.

La discapacidad psicosocial abarca padecimientos como la esquizofrenia, la depresión y los trastornos bipolar, obseso-compulsivo y limítrofe de la personalidad.

"Tiene que haber una capacidad de prevención y contra los estigmas, para que se pueda diagnosticar un trastorno a tiempo y dar tratamiento oportuno", planteó Gabriela Cámara, presidenta de la no gubernamental Voz Pro Salud Mental, surgida en 2001 y que imparte talleres para familias y pacientes sobre el manejo de la enfermedad.

José González, otro interno de Atlampa, se desplaza en silla de ruedas y dice que es "San José", con su mirada firme y su rostro serio. Que su movilidad funcione es una rareza, pues muchos de sus compañeros deben ser cargados.

"El cementerio de las sillas" se sitúa al fondo del amplio centro, sin que a nadie le importe repararlas.

Los habitantes de este CAIS, de los cuales operan 10 en la ciudad de México con un presupuesto de unos 11 millones de dólares, no tienen pasado ni futuro, ni parientes ni diagnósticos clínicos y están encerrados en un laberinto del cual únicamente saldrán hacia la muerte. Desde diciembre, tres hombres fallecieron en Atlampa, con funerales desiertos.

El gobierno mexicano de Felipe Calderón debió cumplir en mayo pasado con el envío de su informe sobre el estado de cumplimiento de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, vigente desde 2008. Pero esa entrega aún no se realiza.

Desde 2005 está en vigor la Ley General de las Personas con Discapacidad y el año pasado el gobierno presentó el Programa Nacional para el Desarrollo de las Personas con Discapacidad 2009-2012.

Este plan consta de nueve objetivos para articular las políticas públicas en educación, salud y deporte, además de armonizar el marco jurídico en torno a la discapacidad, reducir la discriminación y garantizar el acceso a espacios, bienes y servicios.

La Asamblea Legislativa de la capital mexicana aprobó en diciembre la ley de Salud Mental, la primera del país que estipula la creación de un Comité de Salud Mental y una línea telefónica para atender a personas con trastornos. Pero no incluye el cierre de hospitales psiquiátricos y su sustitución por centros de apoyo que permitan a los pacientes a volver a la vida social.

En América Latina, sólo Colombia y Argentina poseen leyes similares. En países como este último y Brasil las autoridades han empezado a clausurar hospitales tradicionales y habilitar casas donde los enfermos reciben rehabilitación y pueden trabajar de nuevo.

"Los abandonados se consumen de por vida" y "muchas de las instituciones mexicanas son inmundas, dejan a la gente caminar en harapos sobre los pisos cubiertos de orina y heces", cita el reporte, que refleja lo que sucede en Atlampa, escenas que no envidian a las vistas en películas estadounidenses como "Atrapado sin salida" (1975) y "12 monos" (1995).

"Se tiene que cambiar el modelo. Son necesarios servicios de rehabilitación eficaz para que las personas regresen a la comunidad", propuso Galván.

"Hay poca rehabilitación y reintegración. Tenemos que lograr que haya atención mental en los servicios de primer nivel, que en todos los hospitales se pueda tratar a las personas con discapacidad", planteó Cámara, uno de cuyos hermanos padece trastorno bipolar.

En Atrampa, muchos de los internos visten ropa rota y sucia, aunque en la lavandería yacen pilas de prendas. No saben lo que es el agua caliente. Lo que mejor funciona es la cocina, dotada con ollas grandes y amplias estufas que sirven para que el personal prepare comida decente.

El gimnasio y el taller, creados para la rehabilitación, están abandonados, porque nunca recibieron mantenimiento. Dos psicólogos y un médico atienden a toda la población.

El Estado mexicano viola 10 artículos de la Convención, según las dos organizaciones no gubernamentales. Luego de que México entregue su reporte, un grupo de estas entidades prepara un documento de respuesta

sábado, 29 de enero de 2011

El bloqueo vietnamita de Facebook

Al bloquear la red social Facebook, el Partido Comunista de Vietnam reveló su descontento con la rápida expansión de los medios de expresión por Internet en momentos en que hace una revisión de su política económica.

Si bien las autoridades vietnamitas han reconocido la importancia de la red mundial de computadoras en sus esfuerzos para modernizar el país, en los meses previos al XI Congreso Nacional del Partido se han adoptado varias medidas para censurar el ciberespacio.

"En vísperas del Congreso del Partido, sitios web y blogs han sido clausurados, Facebook fue bloqueado y se aprobó una nueva legislación para obligar a los cibercafés a que instalen programas que vigilen las actividades en línea de sus clientes", dijo Vo Van Ai, presidente del Comité sobre los Derechos Humanos en Vietnam, organización con sede en París.

"Aunque muchos vietnamitas gozan de una mejor calidad de vida que antes, hay una creciente preocupación sobre la disparidad de la riqueza y las desigualdades sociales", dijo en una entrevista por correo electrónico. "Los espacios para el debate sobre esta situación son muy limitados".

Entre el 12 y el 19 de este mes, el Partido Comunista celebra su Congreso, como lo hace cada cinco años. Unos 1.400 delegados representando a sus 3,6 millones de miembros discutirán diversos temas relacionados en especial con la política económica.

Los principales líderes comunistas quieren evitar ser avergonzados por opiniones públicas mientras la jerarquía del Partido decide la dirección que tomará el país, indicaron analistas.

Un académico asiático en Ho Chi Minh, quien habló a condición de mantener su anonimato, opinó que el Congreso ayudaría a clarificar cuál de las dos facciones del Partido, la pro-china y la nacionalista, será la predominante de aquí en más.

La dirección de la economía vietnamita, que ha visto un crecimiento de nueve por ciento anual en la última década, también será analizada, y se discutirán las dos opciones planteadas: más acciones por el libre comercio o una expansión de la economía socialista y controlada por el Estado.

El gobierno intentará que este debate se refleje lo mínimo posible en el ciberespacio.

Vietnam es uno de los países con una comunidad cibernética de más rápido crecimiento, y actualmente casi una de cada tres personas en ese país utiliza Internet como medio de información y de expresión.

El gobierno bloqueó Facebook por primera vez a fines de 2009, lo que fue seguido por una política intermitente contra esa popular red social.

Las autoridades también adoptaron una línea dura contra otros sitios web y blogs, incluso amenazando con prisión a los que violaran los controles.

La organización Reporteros Sin Fronteras calificó a Vietnam el año pasado de segunda mayor prisión mundial de cibernautas, al haber encarcelado a 17 activistas.

"El opulento estilo de vida de muchos cuadros del Partido Comunista y de funcionarios de gobierno contrasta crudamente con la pobreza de la población común en Vietnam, donde 77 por ciento de la mano de obra es empleada en la agricultura y en la economía informal", reveló la Federación Internacional para los Derechos Humanos en un informe divulgado a fines de 2010.

Vietnam acaba de ocupar el centro de la atención internacional luego de que Vinashin, empresa estatal constructora de barcos, se declaró insolvente en un préstamo estadounidense por 600 millones de dólares.

La crisis de Vinashin y la depreciación de la moneda local, el dong, añaden presión sobre el primer ministro Nguyen Tien Dung, un gran defensor de Vinsashin como símbolo de la emergente economía vietnamita.

"Vietnam se ha abierto, pero hay algunas diferencias importantes con sus vecinos" del sudeste asiático, dijo Manu Bhaskaran, del Instituto de Asuntos Internacionales de Singapur. "Todavía hay una sustancial participación del Estado en la economía a través de regulaciones y firmas estatales", afirmó.

"La dimensión financiera de la economía muestra grandes riesgos, y los problemas de deuda de Vinashin podrían causar más problemas si las autoridades no manejan bien estos temas", dijo a IPS.

Vietnamitas han comenzado a comprar oro frente la caída del dong, que perdió un quinto de su valor respecto del dólar desde 2008.

Mientras, académicos llaman a una mayor libertad de expresión para tratar los problemas económicos.

"Los blogs han abierto una nueva dimensión para las discusiones… pero como en todo medio de expresión, el Partido sólo lo tolera cuando las críticas no van ‘demasiado lejos’. Los líderes de Hanoi necesitan Internet para los negocios, pero tienen medio de su alcance político", dijo Ai

viernes, 28 de enero de 2011

La situacion de las calles en Grecia

"Lo más aterrador es perder la memoria. No puedo recordar nada de lo que ocurrió inmediatamente después de que fui noqueado", contó Nasos Iliopoulos. Su rostro se tensa cuando narra su violento altercado con la policía.

"Nos habíamos reunido pacíficamente para protestar contra los arrestos en la manifestación del día anterior", indicó Iliopoulos.

"Los policías sorpresivamente nos empujaron", contó. "Algunos de nosotros intentamos colocarnos entre ellos y la gente por miedo a que ésta sintiera pánico y resultara gravemente herida".

A pesar de haberse identificado como secretario juvenil de un partido izquierdista con representación parlamentaria, Iliopoulos recibió un duro golpe en la cabeza.

"Mientras yacía inconsciente, la gente pedía un médico, pero un policía dijo que yo mismo podría llamar a una ambulancia una vez que saliera del lugar", contó el joven sobre los incidentes de la semana pasada.

"Tuve suerte de que nada grave me sucediera, pero todavía lucho con los efectos psicológicos", señaló.

Desde mayo de 2010, cuando Grecia adoptó un plan de austeridad a cambio de un crédito internacional con el que pretende controlar su enorme déficit fiscal, se han repetido manifestaciones en las calles que por lo general derivan en violentos enfrentamientos con la policía.

Pero la agresividad de las autoridades en los últimos meses ha aumentado, lo que genera preocupación entre el público y profesionales de la salud.

El 6 de este mes, luego de nuevos enfrentamientos, decenas de estudiantes heridos fueron trasladados al Evagellismos Hospital, ubicado en el corazón ateniense. El sanatorio se vio obligado a abrir sus instalaciones de emergencia, señaló Panos Papanikolaou, neurocirujano de la Unión Médica de Atenas.

"Ese día, al menos 45 personas fueron llevadas a unidades de emergencia en toda Atenas", recordó.

"Hubo dos casos de serios heridos en la cabeza y daños cerebrales menores", indicó. "Las heridas son más y más severas. Algunas personas nos sólo son golpeadas con bastones, puñetazos y patadas, sino atacadas en la cabeza con extintores de incendios que llevan los policías para apagar (el fuego causado por) los cócteles Molotov".

"Las heridas que tratamos son resultado de una fuerza letal", señaló.

Médicos también han constatado un incremento en el número de personas que buscan asistencia luego de tener contacto con gases lacrimógenos u otros químicos que utilizan los uniformados para dispersar manifestaciones.

Olga Kosmopoulou, especialista en enfermedades infecciosas, dijo que los métodos de control de multitudes empleados por la policía, usando tóxicos, están causando crecientes problemas de piel, vista y respiratorios.

"Nadie tiene la más leve idea sobre los efectos a largo plazo de esas sustancias", señaló Kosmopoulou. "Pero la frecuencia y la severidad con que son usadas constituyen una directa amenaza a la salud pública".

"Además", añadió, "uno debe preguntarse si esta agresión que observamos es resultado de la pérdida de control de la policía… o una opción conciente para incrementar la represión".

"En cualquier caso, hay responsabilidad política por lo que ocurre en las calles, y la tiene el gobierno", subrayó Kosmopoulou.

Un indicio de la creciente represión es la frecuencia con que policías de civil concurren a hospitales para identificar a manifestantes golpeados e intimidarlos.

"En diciembre pasado, médicos tuvieron que pedirle (a los policías) que se fueran… para poder examinar a las personas", dijo Papanikolaou.

"Esto ocurre en países gobernados por regímenes autoritarios, no en una democracia europea", añadió.

Además de los ataques contra ciudadanos, algunos policías la emprenden contra periodistas que cubren los incidentes.

Aris Messinis, fotógrafo de la agencia AFP en Atenas, dijo haber sido víctima de un ataque premeditado el 17 de noviembre en el marco de una gran manifestación.

"Fui maltratado un par de veces ese día, pero presenté cargos contra un policía que parecía recordarme de antes", señaló.

"Los reporteros gráficos somos blancos directo de la policía en las calles", explicó, y añadió que los uniformados "intentan ocultar los abusos en los que están involucrados".

Siempre tratan de "impedir que las personas, especialmente profesionales, tomen fotografías" de los incidentes, dijo Messinis.

La organización Reporteros Sin Fronteras publicó una carta abierta condenando la violencia policial contra periodistas que cubren las protestas en Grecia.

"El nivel de violencia empleado por la policía es indignante", señala.

"Periodistas denunciaron haber sido arrojados al suelo y golpeados, o que les impidieron trabajar. La policía también obligó a algunos periodistas, incluyendo al representante de Reporteros Sin Fronteras, a borrar las fotos que habían tomado", añade

jueves, 27 de enero de 2011

Violencia en etnias brasileñas

En los ocho años de gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2011) se homologaron en Brasil apenas 88 tierras indígenas, según el Consejo Indigenista Misionero (CIMI) que observó este período como el más violento de las últimas décadas.

"No se estructuró una política para demarcar, proteger y dar asistencia efectiva a los pueblos indígenas. No fue prioridad del gobierno la solución de los conflictos agrarios", sentenció el vicepresidente del CIMI, Roberto Antonio Liebgott.

De acuerdo con datos del Comité de Organización de Informaciones de la Presidencia, Lula homologó hasta 2009 tierras que ocupan un área de más de 18,6 millones de hectáreas.

Estos datos no coinciden con los del CIMI, un organismo vinculado a la católica Conferencia Nacional de Obispos de Brasil, que apunta cerca de 14,3 millones de hectáreas homologadas desde 2003.

Un monitoreo más reciente, con informaciones del CIMI y de la gubernamental Fundación Nacional del Indio (Funai) revela que en los dos mandatos de Lula se demarcaron 88 tierras indígenas.

Esta cifra equivale a 60 por ciento de lo que logró la administración de Fernando Henrique Cardoso (1995-2003), con 147 áreas homologadas (más de 36 millones de hectáreas). E incluso se queda corta respecto del breve mandato de Fernando Collor de Mello (1990-1992), cuando se demarcaron 128 tierras indígenas, que comprendían casi 32 millones de hectáreas.

La identificación y demarcación de tierras indígenas obedece a principios establecidos por la Constitución de 1988. Según el CIMI, existen en Brasil 988 tierras que deberían pertenecer a grupos nativos, pero sólo se han tomado providencias para reconocer y regularizar a 665 de ellas.

Estas cifras difieren ligeramente de las de la Funai, órgano gubernamental encargado de conducir la política indigenista. Hay 674 tierras indígenas en proceso de regularización, dice la Funai, de las cuales 149 están en estudio, 406 fueron completamente regularizadas y el resto están en alguna de las etapas intermedias.

Esas 674 tierras ocupan 107,6 millones de hectáreas, es decir 12,64 por ciento del territorio nacional.

La demarcación es el medio administrativo para definir los límites de un territorio tradicionalmente ocupado por los pueblos indígenas. La legislación brasileña de 1996 vino a agilizar ese proceso. La homologación –el decreto que legaliza la demarcación--es el paso último antes de la completa regularización.

La etapa más lenta y engorrosa es la fijación de los límites definitivos y el pago de las indemnizaciones por expropiaciones, que puede llevar décadas.

"El plazo para todo ese proceso debería ser de no más de año y medio, pero nunca he visto un caso que se aproximara a esto. Normalmente lleva 15 o 30 años", dijo Liebgott a IPS.

El caso más polémico bajo el gobierno de Lula fue el de la reserva Raposa Serra do Sol, en el norteño estado amazónico de Roraima, en la que viven cerca de 20.000 indígenas de cinco etnias, aunque predomina la macuxi.

Raposa, de 1,7 millones de hectáreas ubicadas en la frontera con Venezuela, se volvió el foco de polémicas y disputas con productores rurales.

La lucha por el reconocimiento de Raposa empezó en la década de 1970 y atravesó decenas de acciones judiciales. En 2005, Lula decretó su homologación, pero la decisión fue acusada de inconstitucionalidad y acabó sometida a juicio ante el Supremo Tribunal Federal, que la ratificó en marzo de 2009.

El estado carece de una agenda de políticas indigenistas, sostiene el antropólogo Marcos Braga, del Instituto Insikiran de Formación Superior Indígena de la Universidad Federal de Roraima.

"Hay acciones puntuales y pulverizadas entre los ministerios. Lula se había comprometido a crear un ministerio de los pueblos indígenas, pero no hubo avance en ese sentido", criticó el estudioso de la Amazonia y la temática nativa.

Sin embargo, Braga destacó que Raposa Serra do Sol fue un hito del recién concluido gobierno. "Lula tuvo el coraje de hacer lo que Collor y Fernando Henrique (Cardoso) dejaron para atrás", dijo a IPS.

Para Braga, otro punto positivo fue la creación de la Secretaría Especial de Salud Indígena, asociada a la Presidencia, que asume la responsabilidad de concebir políticas públicas de protección sanitaria para esta población. "Ésta era una vieja lucha", indicó.

El presupuesto para la salud indígena también evolucionó. A fines de los años 90 sumaba cerca de 50 millones de reales (30 millones de dólares), mientras el actual volumen de recursos alcanza a 300 millones de reales (170 millones de dólares).

Pero los últimos ocho años se caracterizaron por una violencia creciente contra las etnias nativas, indica el CIMI. Entre 2003 y 2010 se denunciaron 437 asesinatos.

El año más sangriento fue 2007, con 92 indígenas asesinados. En el primer mandato de Lula (2003-2007) se registró un promedio anual de casi 45 muertes.

En el segundo período del mandatario, concluido el 1 de enero de 2011, los años 2008 y 2009 fueron los peores, con 60 asesinatos cada uno. Según datos preliminares de 2010, al menos 45 indígenas habrían sido muertos por conflictos territoriales.

"Lula no saneó el problema. La omisión del gobierno federal fue grave", dijo Liebgott. Esa administración "priorizó la alianza con sectores productivos, como el agronegocio, y con los grandes grupos económicos. Y en relación a los segmentos sociales, Lula priorizó sofocar el conflicto para apaciguar los ánimos", criticó.

Pero Braga relativizó estos datos. Hubo más conflictos territoriales porque los nativos retomaron la afirmación de su identidad, argumentó.

"Los pueblos indígenas reasumieron su memoria colectiva. Es ahí cuando empezaron los conflictos, porque se elevó el número de luchas por las tierras", dijo. Se trata, indicó el antropólogo, de un regreso a las raíces. "Donde hay conflicto, hay violencia".

Pero si Lula hubiera agilizado la regularización agraria y organizado una agenda de políticas, habría muerto menos gente, criticó. "Falta una visión sistémica de políticas públicas más integradas", resaltó.

Brasil, un país de más de 190 millones de habitantes, tiene cerca de 736.000 indígenas en 242 etnias

miércoles, 26 de enero de 2011

Cristianos en Pakistan

Gulsher Masih, de 46 años, vive en constante temor desde que huyó hace un año de su aldea natal de Chuk Jhumra, cerca de la oriental ciudad pakistaní de Faisalabad.

Él y su hija soltera de 22 años, Saandal Bibi, acaban de ser liberados de prisión, donde estuvieron 13 meses por "profanar" el Corán, libro sagrado musulmán. Debieron abandonar sus lugares habituales y aún se esconden en la provincia de Punjab. "Dentro o fuera de prisión, una vez acusados, la sombra de la muerte te sigue a todos lados", señaló Masih, un experimentado albañil que está sin trabajo y es apoyado por la iglesia local. Como cristiano, es parte de la minoría religiosa en esta nación predominantemente islámica.

Masih y su hija tienen suerte de haber podido escapar vivos. Una acusación así habría sido motivo suficiente para un castigo más duro en cualquier otra parte de este país donde, dicen los cristianos, la intolerancia se convierte lentamente en la norma.

Por ejemplo, los habitantes de Itanwali, otra aldea de Punjab, claman por la sangre de Asia Bibi, cristiana también acusada de blasfemia.

De las 1.060 personas acusadas por leyes de blasfemia desde 1986, 46 han sido asesinadas por muchedumbres o por individuos. La comunidad cristiana ha sido víctima de feroces extremistas, que han atacado sus iglesias y sus hogares.

Algunos cristianos consideran que estos ataques son represalias por la invasión de Estados Unidos a Afganistán luego de los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001 en Nueva York y Washington. En octubre de ese año, combatientes islámicos mataron a 15 cristianos en una iglesia.

En 2005, 3.000 combatientes islámicos perpetraron un ataque similar, destruyendo iglesias en Sangla Hill como represalia por la blasfemia supuestamente cometida por un cristiano pakistaní. El año siguiente, fueron atacadas más iglesias y colegios cristianos en protestas por la publicación de una caricatura del profeta Mahoma.

Similares incidentes continuaron hasta 2009. En Gojra, también en la provincia de Punjab, ocho cristianos fueron quemados vivos cuando una turba enfurecida prendió fuego a 40 casas y una iglesia ante la mirada de la policía.

Luego de este incidente, el primer ministro Yousuf Raza Gilani anunció que su gobierno revisaría las leyes de blasfemia.

En Faisalabad, el activista cristiano Atif Paggan señaló que la comunidad a la que pertenece ha disminuido en los últimos 15 años. "Hay una creciente inquietud entre los cristianos y muchos han dejado el país porque se sienten discriminados", señaló.

Según Peter Jacob, jefe de la Comisión Nacional por la Paz y la Justicia, formada por la Conferencia de Obispos Católicos de Pakistán, un tercio de la población de este país de Asia meridional estaba compuesta por minorías religiosas en tiempos de su independencia, en 1947.

Jacob señaló que el blanco en la bandera nacional representaba ese 30 por ciento, incluyendo a los hindúes, los sijs, los parsis y los cristianos.

Pero esa minoría se ha achicado, y ahora constituye solamente 3,5 por ciento de los 175 millones de pakistaníes. Los cristianos representan alrededor de 1,6 por ciento, y están concentrados mayoritariamente en la provincia de Punjab.

"El país perdió su diversidad religiosa", dijo Jacob.

A comienzos de los años 70, el primer gobierno del Partido Popular de Pakistán, encabezado por Zulfikar Ali Bhutto, nacionalizó escuelas y colegios e impuso las creencias y prácticas musulmanas.

"Fue en esa época que el viernes pasó a ser día sagrado semanal, se introdujeron los estudios islámicos en las escuelas y se prohibió el alcohol. Las leyes y las políticas estimularon la discriminación", recordó Jacob.

Pero lo que disparó la violencia fueron las secciones 295 B y C que el ex presidente Ziaul Haq (1978-1988) añadió a las leyes de blasfemia en 1986.

Activistas por los derechos humanos sostienen que la ley ahora protege a ninguna otra religión más que al Islam, y que ha sido habitualmente usada como arma contra adversarios políticos o para expulsar a familias de sus tierras.

Jacob señaló que la vibrante clase media pakistaní comenzó a menguar en los años 70. "Empezaron a encontrar cada vez menos oportunidades de trabajo", indicó.

En determinado momento, cristianos con alto nivel educativo comenzaron a ocupar puestos en el sistema judicial o en la administración pública, recibiéndose de abogados o profesores, mientras que la mayoría de los pakistaníes, con menos educación, ocupaban puestos inferiores. Pero la realidad ha cambiado.

"En casi todos los empleos disponibles se les da prioridad a los musulmanes, y esto se hace en forma encubierta", dijo Farook Tariq, portavoz del Partido Laborista de Pakistán.

En Punjab, un gran número de cristianos son empleados en la industria de ladrillos. "Este año, la mayoría de esos trabajadores no recibieron sus salarios antes de Navidad y no pudieron celebrar" esa festividad cristiana, explicó Tariq.

En Punjab, con su gran número de cristianos, es donde se percibe una mayor discriminación a las minorías.

El analista político Hasan Askari Rizvi atribuyó esto al fortalecimiento de la ortodoxia islámica en las últimas tres décadas.

"Punjab se volcó a la extrema derecha política y al conservadurismo islámico durante el régimen el general Zia", explicó Rizvi.

Añadió que los partidos políticos religiosos y grupos sectarios tienen también su base en Punjab, donde los además también ejercen una fuerte influencia.

Sin embargo, no todos los cristianos se sienten amenazados o sufren discriminación. Hay muchos como Angie Marshal, quien trabaja en el mundo de la moda y administra un salón de belleza.

"Nunca me sentí menos pakistaní por ser cristiana, y nunca fui discriminada, ni de niña ni desde que comencé esta profesión. Mi esposo es trabaja en una aerolínea extranjera", señaló

martes, 25 de enero de 2011

Y las mujeres violadas?

Las detenciones de 10 soldados congoleses acusados de saquear tiendas y de violar a por lo menos una docena de mujeres en el distrito de Fizi, a comienzos de enero, no es suficiente para tranquilizar a la sociedad civil local.

Los delitos fueron perpetrados el día de Año Nuevo por soldados destinados al área como parte de la operación de paz Amani Leo, conducida por la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en República Democrática del Congo (Monusco, por su acrónimo francés) en conjunto con las Fuerzas Armadas del país.

A fines de diciembre, un soldado acusado de apuñalar a un joven fue asesinado por vecinos furiosos. Luego, los miembros de la unidad tomaron venganza contra la población civil de Fizi, una región ubicada a orillas del lago Tanganica, en la provincia de Kivu del Sur.

Según Gaius Shabilepa, un periodista de Radio Messenger of the People que transmite desde Uvira, 60 kilómetros de Fizi, "soldados enojados tomaron revancha contra los bienes de la gente, destruyendo todo a su paso, y empeorando la situación de seguridad ya frágil por varios grupos de soldados operando en los pueblos y en los bosques circundantes".

Contactada vía telefónica por IPS, Marie Kaleba, de la no gubernamental Tupeleleze Haki za Wanawake (Popularise Women's Rights), con base en Fizi, dijo que "además de la afluencia de personas desplazadas por la grave situación humanitaria que se vive en algunos pueblos, la falta de apoyo a las mujeres violadas por los soldados corre el riesgo de agravar la situación de las sobrevivientes".

Kaleba señaló que las autoridades no han tomado medidas. Un funcionario local, quien habló en condición de anonimato, dijo a IPS que "un rápido cálculo reveló que más de 100 mujeres fueron violadas por soldados" y que más de 500 personas que huyen a pueblos seguros se ven obligados a soportar deplorables condiciones por más de una semana sin ayuda".

"A los funcionarios locales les faltan recursos para ayudar", denunció.

La organización Médicos sin Fronteras aseguró haber tratado a más de 30 mujeres por las heridas sufridas durante las violaciones. El portavoz de la Organización de las Naciones Unidas, Martin Nesirky, dijo que el informe provisional de Monusco registró 13 violaciones y 19 víctimas de otra clase de abusos, así como saqueo de 14 tiendas.

Las graves acusaciones de violaciones a los derechos humanos subrayan las recurrentes críticas a la Operación Amani Leo --el nombre significa "paz ahora" en lengua Swahili--, la cual intenta recuperar el territorio bajo control rebelde en el este de RDC, y garantizar la seguridad de los civiles.

"El nombre de la operación militar ha cambiado, pero la situación permanece igual: las mujeres siguen siendo asesinadas, mutiladas, abusadas como animales", dijo a IPS Immaculée Birhaheka en junio. Ella es la coordinadora de la ano gubernamental Promotion and Support for Women's Initiatives.

Dioa Taheru, portavoz de Monusco en Fizi, dijo por teléfono a IPS que "el gobierno y la jerarquía militar tienen que tomar medidas para castigar a los soldados responsables, ya que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) es solo un socio y no puede ser un sustituto de las autoridades congoleñas".

Taheru dijo que "estas graves violaciones a los derechos humanos por parte de soldados congoleños no son los primeros. Varios casos ya han sido reportados a las patrullas de las Naciones Unidas para la protección de los civiles en esta zona, ante el silencio de las autoridades locales. Las misión de la ONU no puede asumir la responsabilidad".

En agosto, la Monusco recibió fuertes críticas después de que grupos rebeldes violaran a más de 300 mujeres en otra parte del este de la RDC, a pesar de la presencia de una base de la misión a pocos kilómetros de distancia.

lunes, 24 de enero de 2011

EU apoya a sociedad en Cuba

El gobierno de Cuba consideró positivas, pero "de alcance limitado" las nuevas medidas de flexibilización para viajes y envío de remesas de dinero al país desde Estados Unidos, que según investigadores consultados favorecerán al naciente sector privado.

En una declaración divulgada este lunes en la prensa oficial, la cancillería advirtió que las decisiones del gobierno estadounidense de Barack Obama no cambian la "política de bloqueo y desestabilización" contra este país caribeño y serán usadas "para fortalecer los instrumentos de subversión e injerencia en los asuntos internos de Cuba".

Aún así, el comunicado consideró que las medidas son resultado del esfuerzo de amplios sectores de la sociedad estadounidense que durante años han reclamado el fin del embargo y el levantamiento de la prohibición de los viajes de ciudadanos de esa nación norteamericana.

El paquete anunciado por la Casa Blanca el viernes pasado autoriza las visitas a Cuba de ciudadanos estadounidenses con fines académicos, educacionales, culturales y religiosos, amplía las posibilidades para enviar remesas y prevé facilitar el aumento de vuelos a esta isla.

"Van a entrar recursos, pero por la vía de la propiedad privada, de la sociedad civil", comentó a IPS el investigador cubano Esteban Morales, quien alertó además que, si bien traen beneficios, también conllevan "riesgos, porque se combinan con las presiones del bloqueo sobre el gobierno, que continúa intacto".

En tanto desde Estados Unidos, el profesor universitario cubano residente en esa nación Arturo López- Levy comentó a IPS que las medidas contribuirán al intercambio entre las comunidades académicas a ambos lados del estrecho, "en la hora estratégica en que las reformas económicas en la Habana han tomado impulso".

Los contactos estudiantiles y religiosos serán facilitados con la decisión de restituir las políticas sobre Cuba implementadas por el gobierno de Bill Clinton (1993-2001), del Partido Demócrata al igual que Obama, que habían sido derogadas en 2003 por el presidente de George W. Bush (2001-2009), del hoy opositor Partido Republicano.

Según la cancillería, Cuba siempre ha favorecido esos intercambios. "Todos los obstáculos que entorpecen las visitas de los estadounidenses a Cuba siempre han estado, y siguen estando hoy, del lado del gobierno de Estados Unidos", aseguró.

Medidas anteriores ampliaron las posibilidades de los ciudadanos cubano-estadounidenses de enviar remesas de dinero a sus familiares.

Ahora, cualquier estadounidense podrá mandar hasta 2.000 dólares anuales a personas en Cuba, excepto a funcionarios del gobierno o militantes del gobernante Partido Comunista.

"Esta liberación puede ser un importante paliativo para cubanos tratando de abrir nuevos negocios en presencia de los despidos recientes y la apertura a la pequeña y mediana propiedad", afirmó López-Levy, profesor de la Universidad de Denver, quien resaltó además que la ampliación de los viajes "apunta a ser sustancial".

En su opinión, Washington potenciará de esa forma la reciente apertura económica cubana, con vuelos directos y más visitantes estadounidenses desde ciudades distintas a las autorizadas actualmente, especialmente si incluye a San Juan de Puerto Rico y alguna urbe del norte del sudoriental estado de Florida.

Según la disposiciones del presidente Obama, todos los aeropuertos internacionales en Estados Unidos podrán ofrecer vuelos a Cuba, siempre que dispongan de servicios adecuados de aduanas e inmigración y que los aviones sean operados por proveedores autorizados.

Hasta el momento, La Habana recibe viajeros procedentes de Miami, Nueva York y Los Ángeles.

El comunicado de la Casa Blanca explicó que las medidas aumentarán el contacto entre los pueblos, apoyarán a la sociedad civil en Cuba, mejorarán el libre flujo de información para los cubanos, por ellos y entre ellos, y ayudarán a promover su independencia de las autoridades.

Morales recordó que, como parte de los cambios para enderezar la economía cubana puestos en práctica por el gobierno de Raúl Castro, se prevé terminar con el paternalismo estatal y que una parte importante de la población económicamente activa se inserte en el trabajo por cuenta propia.

"Ya se sabe que ningún proceso político como el que vive Cuba se desmorona desde afuera y, al parecer, Obama ha definido que su política debe apuntar a copar cada vez más sectores de la sociedad civil y enfrentarlos al gobierno, siempre que le sea posible", advirtió el estudioso.

A su vez, López-Levy consideró "un hecho" que mayores contactos con los académicos cubanos podrían abrir puertas importantes al debate nacional en la isla e influenciar en los mecanismos de toma de decisión del gobierno de Castro.

Esta "apertura es potencialmente el inicio de un deshielo en la relación bilateral" y su importancia se medirá no por el número de intercambios que ocurran, "sino por la capacidad de los gobiernos de Cuba y de Estados Unidos para sostener un proceso de comunicación y dialogo que maneje constructivamente estas nuevas relaciones", indicó.

"Obama ha dado un paso difícil: impidió que los conservadores cubano-americanos, quienes se oponen a la preferencia presidencial por el diálogo y el intercambio, dicten la agenda bilateral. El exilio histórico no se lo perdonará, no importa cuál sea la magnitud de la apertura", advirtió López-Levy a IPS, vía correo electrónico.

Este paso también crea mejores condiciones para la discusión del tema de la detención en Cuba de Alan Gross, subcontratista de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid), en un ambiente menos enrarecido que el promovido por la derecha cubano-americana interesada en convertirlo en una piedra insalvable para cualquier gesto constructivo, agregó.

Las medidas sobre Cuba fueron dadas a conocer en Washington sólo 24 horas después de que Roberta Jacobson, subsecretaria Adjunta Principal del Departamento de Estado, visitó a Gross, detenido en Cuba desde diciembre de 2009 sin que hasta el momento se le hayan formulado cargos judiciales.

Las autoridades cubanas han acusado a ese estadounidense de espionaje y de proporcionar "sofisticados" medios de comunicación a opositores. Pero Washington sólo admite que viajó a esta isla como subcontratista para entregar celulares, ordenadores y equipo de comunicación a grupos judíos.

Jacobson encabezó la delegación de su país que el pasado miércoles sostuvo con autoridades cubanas conversaciones sobre la marcha de los acuerdos migratorios de 1994 y 1995. Esta funcionaria aprovechó la ocasión para reunirse con algunos opositores, lo cual fue considerado una "provocación" por la cancillería cubana.

domingo, 23 de enero de 2011

Machismo en Buenos Aires

"Yo sabía que él le pegaba pero jamás imaginé que ella iba a terminar así", contó Elsa Jerez sobre su hija Fátima Catán, de 24 años, que sufría la violencia de su pareja y finalmente murió quemada hace cinco meses.

El hombre, Martin Santillán, está libre, y ya dos veces mandó a un mensajero a amenazar a su suegra con prender fuego su casa. La justicia investiga un "homicidio doble" porque Fátima estaba embarazada, pero él sólo declaró como testigo.

El caso Catán fue uno de los 260 feminicidios registrados en 2010 por un observatorio especial de la Asociación Civil La Casa del Encuentro, que desde 2008 elabora un informe anual sobre los asesinatos causados por causa de género.

Significa un incremento de 12,5 por ciento respecto a las cifras de 2009.

En Argentina, esas mujeres víctimas de la violencia machista terminan apuñaladas, estranguladas, baleadas, ahogadas, golpeadas hasta morir y últimamente también, en crecientes casos, quemadas.

En 65 por ciento de los feminicidios el atacante es la pareja o ex pareja, y muchos lo hicieron después que la justicia había decretado su exclusión del hogar o prohibición de acercarse por anteriores denuncias de violencia.

"Este año tuvimos una verdadera epidemia de mujeres que ‘accidentalmente’ se incineran", reveló a IPS Fabiana Tuñez, coordinadora de La Casa del Encuentro. Se refirió así a los 11 casos ocurridos en 2010 frente a los seis registrados en 2009.

Tuñez explicó que las modalidades son todas atroces, pero luego del caso de un músico muy conocido que presuntamente roció a su esposa con alcohol y le prendió fuego, "se produjo un efecto espejo entre los agresores".

Las centrales de llamadas que reciben pedidos de auxilio de mujeres agredidas informan que últimamente están recibiendo más llamadas con esa amenaza. "Te voy a quemar viva" o "te voy a rociar con nafta (gasolina)" o "te voy a prender fuego", acompañadas en muchos casos con la muletilla común: "como a Wanda".

Para Tuñez este caso sentó un muy mal precedente. El músico Eduardo Vázquez, había quedado exculpado por falta de mérito en un primer momento, cuando la mujer, Wanda Taddei, de 29 años, ingresó con graves quemaduras en el hospital.

A partir de testimonios de familiares y vecinos, la investigación continuó, Taddei falleció y finalmente Vázquez quedó detenido. Pero la impunidad que tuvo durante algún tiempo pudo haber animado a otros a seguirle los pasos, opinó Tuñez.

La madre de Catán contó que su hija ya había sido golpeada por su pareja reiteradamente en el pasado y que hubo denuncias previas. "Vieja de mierda, me trajeron a la gorra (la policía)", le dijo entonces el agresor a su suegra.

Tras un período de separación, Santillán volvió a seducirla y la joven regresó con él. "Me dijo que quería darle una oportunidad. Pero yo le decía: ‘No va a parar hasta que te mate’. Yo creo que la mató porque estaba embarazada", dijo Jerez.

Vio a su hija quemada y golpeada cuando el presunto agresor ya la había llevado al hospital y estaba internada en cuidados intensivos. "Yo creo que él le pegó fuerte, creyó que la había matado, y por eso le prendió fuego", especuló en su intento desgarrador por comprender como sucedieron los hechos. La joven murió cinco días después de ser hospitalizada, sin poder revelar algo de lo ocurrido. Entretanto, el departamento en el que vivían en Villa Fiorito, una localidad de la oriental provincia de Buenos Aires, fue limpiado de evidencias, denunció Jerez.

Santillán ha explicado que su pareja estaba limpiando unos CD con alcohol mientras fumaba y que fue así que se prendió fuego, en un argumento muy similar al de Vázquez, el baterista de la banda de rock Los Callejeros ahora preso.

Tuñez explicó que a pesar de que en marzo de 2009 se sancionó una ambiciosa Ley de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, faltan recursos para aplicarla y una señal política clara de parte del gobierno y la justicia para modificar la actitud frente a los delitos machistas.

De hecho, la Oficina sobre Violencia Doméstica de la Corte Suprema de Justicia reconoció en 2010 la magnitud del problema al indicar que 40 por ciento de los asesinatos de mujeres se deben a violencia machista.

Pero la Defensoría General de la Nación presentó a fines del año pasasdo un estudio titulado "Discriminación de Género en las Decisiones Judiciales" que concluyó que esa discriminación "asegura la impunidad" de estos crímenes.

Algo similar señaló Gabriela Boada, directora ejecutiva de Amnistía Internacional en Argentina. La ley es compleja, dijo a IPS, hace falta una coordinación muy grande entre ministerios y jurisdicciones, y no está del todo puesta en vigor.

"La ley no es realidad todavía y no deja ver con evidencias qué diferencia hace en la atención y la prevención de la violencia que sufre al menos una de cada tres mujeres a lo largo de su vida" en Argentina, remarcó.

Para Boada, la ley, que contempla agresiones psíquicas y económicas, "es un gran paso adelante, pero sabemos que hay grandes brechas entre la ley y la implementación".

Por su parte, Tuñez consideró que falta "una política integral de asistencia a las víctimas sostenida en el tiempo, y una figura penal autónoma y específica de feminicidio como ya existe en Chile, Costa Rica, Guatemala y España.

"Otro problema básico es que la economía de la mujer está acotada y la salida se le hace más dificultosa. Por eso creemos que debe haber subsidio para la vivienda y alimentación, y trabajar la educación en estos temas en todos los niveles", dijo.

Tuñez resaltó dos aspectos positivos de la nueva ley. Es amplia en el concepto de violencia hacia la mujer y crea un observatorio para llevar estadísticas oficiales específicas sobre el fenómeno. Pero aún no fue puesto en marcha.

"Se necesitan también campañas de concientización, no solo en fechas emblemáticas sino en forma permanente, en los medios, en escuelas, en todos lados, y para eso hacen falta recursos", dijo

sábado, 22 de enero de 2011

Parece burla Jean-Claude Duvalier en Haiti

Duvalier, conocido por el apodo de "Baby Doc" y quien vivía exiliado en Francia, fue llevado el martes a la oficina del fiscal general para responder a acusaciones de corrupción, pero recuperó su libertad.

"Su destino está ahora en manos de un juez investigador. Hemos presentado cargos contra él", informó a la agencia de noticias Reuters el jefe de la fiscalía en Puerto Príncipe, Aristidas Auguste.

Según el Instituto para la Justicia y la Democracia en Haití y el Bureau des Avocats Internationaux, una amplia investigación realizada por una firma auditora de Estados Unidos entre 1986 y 1990 constató el robo de más de 300 millones de dólares de fondos públicos durante su régimen.

Otras demandas judiciales elevan la cifra a cerca de 1.000 millones de dólares.

Los grupos también subrayaron que la represión política durante su dictadura, con asesinatos y torturas, constituyen "crímenes contra la humanidad" que no prescriben, una posición compartida por organizaciones internacionales como Amnistía Internacional y Human Rights Watch.

"El arresto de Jean-Claude Duvalier es un paso positivo, pero no alcanza con acusarlo simplemente de corrupción", señaló en una declaración el martes el consejero sobre Haití de Amnistía, Javier Zúñiga.

"Si se quiere hacer verdadera justicia en Haití, las autoridades deben abrir una investigación penal contra la responsabilidad de Duvalier en la multitud de violaciones a los derechos humanos cometidas durante su gobierno, incluyendo tortura, detenciones arbitrarias, violaciones, desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales", añadió.

El regreso de Duvalier a Haití el domingo pasado, casi exactamente 25 años después de su partida a Francia el 7 de febrero de 1986, asombró a más de uno.

viernes, 21 de enero de 2011

Diplomaticos alertan de Israel

En una carta divulgada el miércoles en Washington, ex embajadores de Estados Unidos en Israel, así como políticos que otrora se dedicaron a temas de Medio Oriente, advirtieron que la "credibilidad de Estados Unidos" en la región estará en juego cuando la resolución se someta a votación, probablemente el mes próximo.

"En esta coyuntura crítica, cómo elija Estados Unidos votar sobre una resolución en torno a los asentamientos tendrá un efecto definitorio sobre nuestra posición como mediadores en la paz de Medio Oriente", afirma la misiva, que fue firmada, entre otras figuras diplomáticas, por el ex embajador ante la ONU (Organización de las Naciones Unidas) Thomas Pickering y el ex secretario de Defensa Frank Carlucci.

"Pero el impacto de esta votación se sentirá mucho más allá de la arena de los acuerdos israelo-palestinos. Están en juego nuestra seriedad como garantes del derecho internacional y la legitimidad internacional", continúa el texto.

"Está en peligro la credibilidad de Estados Unidos en una región crucial del mundo, una región en la que están desplegados cientos de miles de nuestros efectivos y donde enfrentamos las mayores amenazas y desafíos a nuestra seguridad. Ésta es una votación de interés para la seguridad nacional estadounidense por excelencia. Les urgimos a hacer lo correcto", concluye.

La carta, firmada tanto por integrantes de gobiernos demócratas como republicanos, además de ex funcionarios de carrera del servicio exterior y de inteligencia, se difunde en medio de lo que parece ser un caos entre los actuales políticos estadounidenses para Medio Oriente, y tras el colapso, el mes pasado, de sus esfuerzos por persuadir al gobierno israelí de acordar una moratoria parcial de tres meses a la actividad de las colonias en Cisjordania.

El gobierno esperaba que Israel accediera, a cambio de miles de millones de dólares en nuevos aviones de guerra, varias garantías de seguridad y el compromiso de vetar toda resolución del Consejo de Seguridad que criticara al Estado judío en el correr del año. Y también que esto ayudara a convencer al presidente de la Autoridad Nacional Palestina (ANP), Mahmoud Abbas, de revivir las negociaciones de paz directas que se interrumpieron en septiembre, cuando expiró una moratoria parcial, de 10 meses, a los asentamientos

lunes, 10 de enero de 2011

Europa cada vez mas dificil

En los últimos años, el número de otorgamientos de asilo en Europa central y oriental ha ido decreciendo lenta pero firmemente. E incluso para los que reciben esa protección, la vida está llena de dificultades.

Entre 2007 y 2009, el número de personas que pidieron asilo en siete países de la región (Bulgaria, Eslovaquia, Eslovenia, Hungría, Polonia, República Checa y Rumania) cayó levemente, de 20.053 a 19.388. Al mismo tiempo, el número de reconocidos como refugiados cayó de 744 a 507.

La vasta mayoría de los asilados reciben alguna forma de subsidio.

Las tasas totales de otorgamiento de asilo y estatus de refugiados cayeron de 20 por ciento a 17,9 por ciento. Esta tendencia continuó en 2010, según el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur).

Nadia Jbour, alto funcionario de la oficina regional de Acnur en Budapest, reconoció varios factores que contribuyen a esta tendencia.

El bajo número de otorgamientos de asilos, las malas condiciones de recibimiento, las detenciones, las pocas posibilidades de integración a la sociedad y las dificultades para reunificar a la familia son algunos de ellos.

La mayoría de los que solicitan asilo en la región proceden de Asia central, Asia meridional y Medio Oriente, particularmente Afganistán, Pakistán, Iraq e Irán.

Su suerte puede diferir drásticamente según el país al que lleguen, e incluso dentro del propio territorio de esa nación, señala el informe "Ser refugiado: cómo viven los refugiados y solicitantes de asilo en Europa central", de Acnur.

Los datos para el informe fueron reunidos principalmente en 2009, con algunas adiciones este año.

En Bulgaria, los solicitantes de asilo pueden sufrir "detención prolongada e irregular, tanto en fronteras como en el centro de Busmantsi, cerca del aeropuerto de Sofía", indica el informe.

Organizaciones no gubernamentales como el Centro de Asistencia para Sobrevivientes de la Tortura, en Sofía, indican que, desde que Bulgaria adoptó las regulaciones de la UE en 2008 que establecen un periodo máximo de seis meses de detención para los solicitantes de asilo, ha sido la norma el arresto de los inmigrantes por 18 meses.

Las regulaciones permiten periodos de detención de 18 meses pero sólo para casos excepcionales.

Las condiciones de detención pueden variar, incluso dentro de un mismo país. En Hungría, sólo uno de cuatro centros de detención, el de Gyor, cuenta con un régimen relativamente flexible, permitiendo una considerable libertad de movimiento dentro de la instalación.

En los otros tres centros se aplican normas más severas. La detención administrativa supera por lo general el plazo oficial máximo de 15 días. A los inmigrantes detenidos no se les permite comprar periódicos ni comida propia, y sólo pueden hablar por teléfono cinco minutos cada vez.

En Eslovaquia, ante la ausencia de regulaciones oficiales unificadas sobre asistencia a refugiados, acceso a clases de idiomas, ayuda en vivienda e incluso respaldo financiero, los inmigrantes son totalmente dependientes de las organizaciones no gubernamentales. Esto hace que el apoyo a los solicitantes de asilo sea desigual.

El destino de los niños y niñas difiere ampliamente a lo largo de la región. En Polonia, más de 90 por ciento de los menores solicitantes de asilo están en la escuela, y todos tienen acceso a clases adicionales de idioma.

En el otro extremo, niños y niñas que solicitan asilo en Bulgaria tienen menos acceso a la educación por no hablar el idioma local y carecen de apoyo para aprenderlo.

La vivienda también es un tema de preocupación para todos los refugiados en la región. En algunos países como Rumania y Bulgaria, las autoridades comenzaron a incluir a inmigrantes en sus listas de programas sociales de vivienda, aunque estas iniciativas recién comienzan.

Sin embargo, lo más frecuente es que los refugiados y asilados se vean atrapados en un círculo vicioso: tienen dificultades para encontrar un hogar debido a que no cuentan con garantías financieras, que dependen del acceso a empleos.

Acnur indicó que, en 2009, muchos refugiados somalíes comenzaron a sumar las filas de personas sin hogar que duermen en las calles de las grandes ciudades de Hungría.

"Húngaros sin hogar pueden haber desperdiciado sus oportunidades, pero nosotros los somalíes nunca tuvimos una chance", comentó Gabir, un refugiado.

"Por lo general me contratan por unas pocas semanas cuando hay mucho trabajo, pero nunca me dan un empleo regular. Para mí, tener un año de trabajo es tan probable como ir a la luna", señaló.

Gabir es un experimentado ingeniero en construcción procedente de la república separatista rusa de Chechenia y hoy está refugiado en Polonia. Sólo ha conseguido empleos temporales como albañil.

En Polonia, para recibir beneficios laborales y seguridad social se debe haber trabajado legalmente al menos un año completo.

Refugiados en todos los países se quejan de que las clases de idioma son organizadas en horas laborales. La falta de dominio de la lengua local disminuye la posibilidad de obtener buenos empleos.

Todos los países de la región "carecen de una clara estrategia de integración", señaló Nadia Jbour, explicando las amplias diferencias en el destino de los refugiados y los solicitantes de asilo.

"Hay una falta de cooperación entre los ministerios. En la mayoría de los países, donde la provisión de la mayoría de los servicios está a cargo de los gobiernos locales, no hay colaboración entre la agencia central para los refugiados y las autoridades locales", indicó.

"Tradicionalmente, las organizaciones no gubernamentales intentan llenar la brecha", añadió Jbour. "Aunque hay mucha buena voluntad, no todas las organizaciones tienen la competencia necesaria para efectivamente proveer alguno de los servicios", afirmó.

"Muchos de estos servicios deben, en primer lugar, ser asegurados por los gobiernos y garantizados en sus propios programas", añadió.

Sin embargo, las noticias de la región no son todas malas. El informe de Acnur reconoce mejoras en cada país desde 2005, especialmente sobre las condiciones de vida y la calidad de alimento en los centros de acogida. En algunos casos hay también un mayor acceso a programas de capacitación vocacional y guía laboral.

Desde mayo de 2008, Rumania cuenta con un centro para refugiados en Timisoara, en el occidente del país, el primero en el mundo de naturaleza permanente. Desde su apertura, ha albergado a 622 extranjeros (de varios países de África, Iraq, Sri Lanka y Palestina) durante más de seis meses hasta su reubicación en Estados Unidos, Canadá y Europa occidental.

"El centro representa el deseo de un país que solía enviar solicitantes de asilo y ahora comparte la responsabilidad de ayudar a los refugiados del mundo", comentó Claudia Liute, de la oficina de Acnur en Rumania.

domingo, 9 de enero de 2011

Israel mas cerrado que nunca

Varios episodios de discriminación contra la minoría palestina en Israel llevaron al parlamento (Knesset) de ese país a debatir sobre el aumento del racismo en su territorio.

"La democracia en el estado judío corre peligro porque un creciente elemento racista levanta su cabeza colectiva", señaló Ronit Sela, de la Asociación de Derechos Civiles en Israel.

"Los casos de discriminación ocurren en un clima que propicia el racismo. Esto no habría pasado antes del actual gobierno derechista", dijo a IPS.

La organización Judíos por un Bat Yam Judío, en alusión a una localidad cercana a Tel Aviv, realizó una manifestación contra la "asimilación de jóvenes judías con árabes residentes en la ciudad o en la vecina Jaffa".

"Es una organización de residentes de Bat Yam cansada de que tantos árabes salieran con jóvenes judías", explicó Bentzi Gufstein. "Además de la protesta, entregaremos panfletos explicando la situación", añadió.

El miedo a "verse inundados de árabes" llevó a que las interacciones sociales y políticas entre la mayoría judía de Israel y la minoría palestina permanezcan restringidas.

Las relaciones entre ambas comunidades están en gran parte influenciadas por la interacción social y económica, indicó el profesor Shlomo Hasson, de la Universidad Hebrea de Jerusalén.

"Hay muy poca integración entre ciudadanos árabes y judíos en Israel. Hay mucho más desempleados entre los primeros que entre los segundos", señaló Orna Cohen, de Adalah, Centro Legal para los Derechos de la Minoría Árabe en Israel.

"En el sector público, los árabes trabajan básicamente en la salud y la educación donde trabajan con miembros de su comunidad. En el privado, la integración es un poco mayor", dijo Cohen a IPS.

"También hay ciudades mixtas como Haifa donde se mezclan ambas comunidades. Pero hay muchas donde sólo hay judíos y los árabes no tienen derecho a vivir ni a comprar tierras", añadió.

Hace unas semanas, hubo un acalorado debate en el Knesset a raíz de un dictamen religioso de rabinos influyentes que prohibió alquilar casas a personas que no sean judías, en especial a los palestinos de la ciudad israelí de Safed, que estudian en la universidad local.

"No necesitamos ayudar a los árabes a echar raíces en Israel", señaló el rabino Shlomo Aviner, del asentamiento de Beit El (al norte de Jerusalén oriental), quien añadió que habría que dar prioridad a los judíos y que la creciente cantidad de palestinos israelíes se estaba volviendo un fastidio.

Los israelíes que de todas maneras rentaron una casa a palestinos recibieron amenazas y fueron avergonzados en público por organizaciones de derecha que publicaron listas con sus nombres.

Cuarenta y uno por ciento de los israelíes laicos consultados para una encuesta del diario israelí Y Net apoyan el pedido de los líderes religiosos de no rentar apartamentos a personas que no fueran judías, así como 64 por ciento de quienes tienen costumbres más tradicionales y 88 por ciento de los judíos jaredíes.

Haneen Zoabi, legisladora árabe-israelí, quien estuvo a bordo del Mavi Marmara, el barco que trató de romper el bloqueo contra el territorio palestino de Gaza en mayo, se mostró indignada de que algunos colegas parecieran sorprendidos con los últimos acontecimientos.

"Hace tres meses, el Knesset aprobó una ley que establece que las aldeas con poblaciones menores a 500 residentes podían seguir siendo exclusivamente judías para ‘mantener su identidad cultura’. Además, se aprobaron unas 10 normas el año pasado contra la minoría árabe", dijo Zoabi a IPS.

"Israel tiene un doble discurso", alegó.

"Algunos legisladores acusan a los rabinos de ser racistas, pese al juramento de lealtad que ellos apoyaron y aprobaron hace varios meses" en el Knesset, indicó.

"La norma prevé que la ciudadanía de los palestinos quede sujeta a un juramento de lealtad al sionismo y al carácter judío de Israel, pese a que choca con sus derechos en tanto que minoría étnica", remarcó.

"Los rabinos publicaron la carta a pesar de ser funcionarios del Estado", puntualizó Sela. "Le escribimos al ministro de Justicia y obtuvimos un mandamiento judicial pidiéndole que revisara el asunto. Pero no obtuvimos respuesta ni se hizo nada al respecto", añadió.

"El primer ministro Benjamín Netanyahu no reprendió a los rabinos. El hecho de que funcionarios públicos puedan instigar de esa forma, pese a que no hubo grandes cambios en la justicia de Israel en sus 62 años de historia, habla a las claras del actual clima político del país", dijo Sela a IPS.

El Centro Adalah documenta rigurosamente la discriminación contra los palestinos israelíes.

Las prácticas racistas están plasmadas en más de 30 leyes sobre el derecho de retorno, que sólo se aplica a los judíos, la facilidad con la que los palestinos pierden la ciudadanía, la poca representación que tienen en el ámbito de justicia y política, la falta de fondos para salud y educación de árabes, las altas tasas de desempleo y el inadecuado acceso a la tierra y a estrategias de planificación.

sábado, 8 de enero de 2011

Tribu levanta la voz en Sudan

Un líder de las tribus árabes de los misseriyas advirtió que podría desatarse una guerra si el resultado del referendo sobre la secesión de Sudán obliga a su pueblo a sumarse a un futuro estado independiente en el sur del país.

El líder de los misseriyas, Bishtina Mohammed El Salam, una de las dos etnias dominantes en la conflictiva zona central de Abyei, dijo que su pueblo no aceptará unirse a Sudán del Sur, sea cual sea el resultado del referendo que comenzará allí el 9 de este mes y se prolongará por una semana para decidir si la región más meridional de este país se convierte o no en un estado independiente.

Abyei, una cuenca petrolera que se encuentra entre el norte de mayoría árabe y el sur negro, es casi tierra de nadie desde 2005, cuando se firmó el Completo Acuerdo de Paz que puso fin a la guerra iniciada en 1983 entre esas dos regiones.

Los pastores nómadas misseriyas comparten Abyei con los dinkas, agricultores negros que sí quieren unirse al sur. "Si los dinkas toman esa decisión, anexar Abyei al sur, habrá guerra de inmediato y sin excusas", dijo El Salam a Al Jazeera.

"Creemos que deben ser razonables. Deben saber que quienes los están presionando para que adopten esa postura no los respaldarán", advirtió.

Según el acuerdo de 2005, Abyei debe celebrar una consulta popular propia para que sus ciudadanos decidan si prefieren sumarse al sur o al norte. Pero la falta de entendimiento acerca de los límites internos de esta región y los derechos de residencia ha postergado la convocatoria a esa votación, que estaba prevista para el día 9.

En Abyei prevalece un clima de temor entre las dos etnias. Los dinkas han hablado de un referendo local que van a organizar por su cuenta, fuera del marco del acuerdo de paz, lo que agravó el temor de los misseriyas a una anexión de Abyei al sur.

Abyei se encuentra en una zona del centro sur del país sin fronteras internas claras y es reclamada por las dos partes, que la gobiernan según un estatuto administrativo especial.

El sur alega tener una cercanía especial con la región, puesto que es el hogar de muchos de sus principales líderes, inclusive de Salva Kiir, jefe del gobierno semi-autónomo de Sudán del Sur.

Pero los nómadas misseriyas, que proceden de una zona más al norte, reclaman su derecho a continuar aprovechando las pasturas de Abyei para su ganado.

viernes, 7 de enero de 2011

Aun lejos igualdad de genero en Namibia

Veinte años después de la independencia y a pesar de importantes avances, la representación femenina en las altas esferas del gobierno y en el parlamento de Namibia está decayendo.

Según el último estudio demográfico realizado en agosto, de una población de alrededor de dos millones, las mujeres superan a los hombres en una proporción de 10 a nueve. En 2001, la diferencia era de 94 hombres por cada 100 mujeres.

Este año, Namibia reformó su política de género en línea con los Objetivos de Desarrollo de la Organización de las Naciones Unidas para el Milenio y con su plan nacional de desarrollo denominado Visión 2030.

La nueva política procura un incremento en el número de mujeres en puestos de decisión gubernamental, en el sector privado, en grupos religiosos y en instituciones comunitarias.

Sin embargo, luego de las elecciones nacionales de noviembre de 2009, la representación femenina en el parlamento cayó de 30,8 por ciento a 20 por ciento.

Sólo 16 mujeres integran hoy la Asamblea Nacional, con 72 bancas. La enorme mayoría pertenecen al partido gobernante Organización de los Pueblos de África Sudoccidental (Swapo). Sólo dos legisladoras son de la oposición. La vicepresidencia del parlamento es ocupada por una mujer.

Mientras, la representación femenina en el gabinete es de 22,7 por ciento.

Namibia ratificó en 2009 el Protocolo sobre Género y Desarrollo de la Comunidad para el Desarrollo de África Austral (SADC), pero sólo otros seis países de los 15 que forman parte del bloque lo han hecho hasta ahora.

La SADC había asumido ya la meta de destinar 30 por ciento de los puestos de decisión a mujeres para 2005, pero el Protocolo se propone ir más allá para alcanzar una representación de 50 por ciento tanto en el sector público como en el privado para 2015.

Sin embargo, parece difícil llegar a ese objetivo.

El Protocolo puede entrar en vigencia sólo luego de que lo ratifiquen dos tercios de los países del grupo. Angola, Lesotho, Mozambique, Seychelles, Tanzania y Zimbabwe depositaron los instrumentos de ratificación en la Secretaría de la SADC, mientras que la República Democrática del Congo y Sudáfrica están a punto de completar el proceso.

Los mandatarios de la SADC, reunidos en agosto en Windhoek, llamaron a implementar el acuerdo. La situación de género "varía entre los países miembros. Se registran avances en algunos estados mientras que otros están retrocediendo. La cumbre insta a los estados miembros a ratificar e implementar el Protocolo", señalaron en una declaración.

Jo-Ann Coetzee, asistente de proyectos de género en el Centro para el Liderazgo de las Mujeres, indicó que era necesario redoblar esfuerzos. "Creo que, aquí en Namibia, a las mujeres no las valoran como se merecen. Todavía somos ignoradas y vistas como algo no importante", afirmó.

La ministra de Bienestar Infantil e Igualdad de Género, Doreen Sioka, llama a una rápida implementación del Protocolo.

"Nuestro país comenzó bien, pero la representación de las mujeres ha caído a 20 por ciento. Soy optimista de que todavía podemos alcanzar la meta de representación de 50 por ciento en el parlamento y en otras instituciones públicas para 2015", cuando se realizarán las próximas elecciones en este país, señaló.

El Consejo de Mujeres del partido gobernante ya exigió una representación igualitaria en la jerarquía de esa fuerza política para el próximo congreso de la Swapo en 2012.

Incluso el presidente namibio Hifikepunye Pohamba se desilusionó por la falta de representación femenina en las listas de su partido para los comicios regionales de noviembre pasado.

Veronica de Klerk, directora ejecutiva de la Acción de las Mujeres para el Desarrollo, sostuvo que la disminución de la presencia femenina en cargos se debe a que los partidos políticos las incluyen cada vez menos en sus listas.

"Debería ser obligatorio para todos los partidos introducir un sistema de listado alternativo" con representación igualitaria, sostuvo.

En el gabinete, los ministerios de Justicia, Finanzas, Igualdad de Género y Bienestar Infantil, Asuntos Internos y Ambiente y Turismo son encabezados por mujeres. Además, cuatro mujeres son viceministras en Salud, Defensa, Igualdad de Género y Desarrollo Regional.

También han dejado su marca. La ministra de Finanzas, Saara Kuugongelwa Amadhila-Kuugongelwa, designada en 2003, redujo la deuda nacional y el déficit presupuestal considerablemente durante su administración. Además, bajo su impulso se aprobó la Ley de Inteligencia Financiera contra el lavado de dinero y los fraudes.

Dianne Hubbard, del Proyecto sobre Investigación y Defensoría de Género del Centro de Asistencia Legal, destacó que importantes leyes se han aprobado en este país desde la independencia hace 20 años.

La Ley de Autoridades Locales, de 1992, exige que más de 30 por ciento de los candidatos de cada partido para los comicios locales sean mujeres.

"Esta ley funcionó bien, y más de 42 por ciento de los integrantes de concejos locales son mujeres", dijo Hubbard. Pero en los concejos regionales, la representación femenina es de apenas 11 por ciento

jueves, 6 de enero de 2011

Sigue Cuba sin condena a muerte

La decisión de reducirle la sentencia a 30 años de cárcel al último condenado a muerte en Cuba alienta la esperanza de futuros avances en materia penal, que pudieran permitir pasar de la moratoria de hecho a la jurídica o inclusive a la erradicación definitiva de este castigo capital.

La conmutación de la pena al exiliado cubano Humberto Real es consecuencia de una "voluntad política y humanista" del gobierno de Raúl Castro, comentó a IPS el pastor bautista Raúl Suárez, miembro de la Asamblea Nacional (parlamento unicameral), partidario de buscar "otras soluciones" ante problemas como la delincuencia y el terrorismo.

Una nota oficial confirmó este miércoles que, luego de una audiencia de apelación realizada en la víspera, el Tribunal Supremo Popular falló a favor de cambiar por 30 años de privación de libertad la pena de muerte que pesaba sobre Real, sentenciado por asesinato y otros delitos contra la seguridad de este país.

Real fue arrestado el 15 de octubre de 1994 tras desembarcar en esta isla al frente de un comando armado procedente de Estados Unidos, asesinar a Arcelio Rodríguez García y robarle su automóvil en Caibarién, localidad costera de la central provincia de Villa Clara.

La sustitución de la máxima sentencia a Real sigue a similar decisión de la justicia cubana que a comienzos de este mes benefició a los salvadoreños Otto René Rodríguez Llerena y René Cruz León, condenados en 1998 por el delito de terrorismo de carácter continuado.

Suárez recordó que en 1999, cuando se discutieron en el parlamento modificaciones al Código Penal, se sintió en "libertad" de pronunciarse sobre el "difícil" tema de la pena de muerte. "Ahora veo que las palabras de uno no caen en el vacío, como tampoco el clamor universal que escuchamos a favor del derechos a la vida", sostuvo.

"Me siento feliz como pastor y diputado por estas medidas que dan a estas personas la oportunidad de pagar de otra manera a la sociedad el daño que han hecho a este país", indicó el religioso, quien reiteró que la pena de muerte no ha resuelto problemas como la violencia, la delincuencia o el terrorismo.

Al respecto, el parlamentario defendió su punto de vista de acudir a los valores, considerar que la vida es "un don de Dios" y favorecer que hombres y mujeres sean respetados con justicia social y sentimientos de igualdad. "En cualquier sistema político se pueden dar pasos en ese sentido", añadió.

Los casos de Real y de los dos salvadoreños quedaron pendientes de apelación ante el Tribunal Supremo cuando en 2008, el presidente Castro anunció que "un grupo de sancionados" con la pena máxima pasarían a purgar cadena perpetua o 30 años de privación de libertad.

El gobernante aclaró que la prisión de por vida se aplicaría a quienes cometieron delitos sancionados después de la reforma de 1999 al Código Penal, cuando se estableció ese castigo como alternativa a la pena de muerte. A los sentenciados antes de esa modificación, les corresponderá una condena de 30 años de reclusión.

Cuba mantiene la sanción máxima bajo moratoria "de hecho" desde 2000, rota solo en 2003, cuando en un contexto de grandes tensiones internacionales fueron fusilados tres de los autores del secuestro de una embarcación, con todo su pasaje a bordo, en la cual intentaban emigrar a Estados Unidos.

El gobierno ha dicho que la pena de muerte actúa como factor disuasivo de acciones hostiles en su contra. "En diversas ocasiones hemos discutido sobre el tema y siempre ha prevalecido el criterio de que en las actuales circunstancias no podemos desarmarnos frente a un imperio (Estados Unidos) que no cesa de acosarnos y agredirnos", dijo Castro en abril de 2008.

Según datos oficiales, en todos estos años se han producido 713 actos de terrorismo contra Cuba, 56 de ellos a partir de 1990, organizados y financiados desde territorio estadounidense, con un saldo de 3.478 muertos y 2.099 incapacitados. El recuento incluye la explosión en pleno vuelo el 6 de octubre de 1976 de un avión de la empresa Cubana de Aviación.

El pastor Suárez consideró que un clima internacional de comprensión, buena voluntad y de confianza mutua que estimule a que cada país haga los cambios que tenga que hacer para mejorar la calidad de vida de su población, contribuiría a eliminar totalmente la pena de muerte de las legislaciones.

Indicó que aspira a que llegue el momento en que no sea necesario mantener esta condena. "Para eso tenemos que vivir en nuestra región, en todo el mundo, en una relación de respeto, de diálogo. Es esencial que haya un cambio de política en este sentido", consideró.

La legislación cubana reserva la pena capital para casos graves de asesinato, violación, pederastia con violencia, robo con violencia e intimidación y crímenes con agravantes de corrupción, así como para delitos contra la seguridad exterior del país, la promoción de la acción armada contra Cuba, ayuda al enemigo y espionaje, entre otros delitos.

El castigo máximo "no puede imponerse a los menores de 20 años de edad ni a las mujeres que cometieron el delito estando encintas o que lo estén al momento de dictarse la sentencia".

Ninguna mujer fue ejecutada desde 1959, año en que triunfó la revolución conducida por Fidel Castro

miércoles, 5 de enero de 2011

Contra los bienes del crimen

Una nueva ley que permitirá a los juzgados a partir de junio de 2011 incautar bienes obtenidos de actividades ilícitas, como el narcotráfico y la corrupción, se ha convertido en una esperanza para combatir el crimen organizado en Guatemala.

"La formulación de la ley de Extinción de Dominio posee elementos muy importantes para atacar el crimen organizado y la corrupción de funcionarios del Estado", dijo a IPS Arturo Chub, de la no gubernamental Asociación para el Estudio y Promoción de la Seguridad en Democracia.

Esta normativa, la primera en su tipo en América Central, fue aprobada este mes por el unicameral Poder Legislativo, con el apoyo unánime de los 112 diputados presentes, de un total de 158, lo que se considera "un golpe al crimen organizado" que mantiene en vilo a este país con 14 millones de habitantes.

La legislación ordena incautar los bienes derivados de actividades ilícitas, establece un amplio catálogo de delitos tales como fraude, peculado (robo de caudales públicos), malversación, secuestro, asesinato, extorsión, trata de personas, tránsito internacional de drogas, lavado de dinero y otros que serán objeto de su aplicación.

Los bienes requisados pasarán a manos del Organismo Judicial, el Ministerio de Gobernación (interior) y el Ministerio Público (coordinador de la persecución e investigación criminal) para que éstos, a su vez, puedan emplearlos en favor del combate a la inseguridad e impunidad.

Hasta ahora, solo el Poder Judicial puede disponer de bienes incautados y debe esperar un largo proceso legal para lograrlo.

Para Chub, un aspecto valioso de la norma es que "aquellos bienes que han sido sustraídos de comunidades y pueblos indígenas podrán retornar a sus comunidades o a sus propietarios legítimos". Algunos funcionarios han sido acusados de usurpar tierras estatales.

Para el activista, la normativa "es buena, pero necesita de otras condiciones para que surta efectos positivos". "Primero fortalecer los cuerpos de investigación criminal, un Ministerio Público capaz de utilizar la ley y jueces con la valentía, respaldo e independencia para aplicarla", detalló.

Mariano Rayo, diputado opositor por el Partido Unionista y ponente de la norma, dijo a IPS que ahora "el gran reto es lograr la formación y capacitación técnica y científica de los operadores de justicia".

Según el congresista, por esta razón la ley no entrará en vigor inmediatamente sino a mediados de 2011. Durante la primera mitad del próximo año, jueces y fiscales recibirán la formación necesaria "para que la apliquen de manera correcta y eficaz", sostuvo.

El legislador, quien propuso la ley desde 2007, dijo que su intención "fue entregarle al Estado un instrumento excepcional para la prevención de la delincuencia".

El narcotráfico es una de las actividades criminales que mayor penetración ha tenido no solo en Guatemala sino en toda América Central. A estos países las mafias han mudado sus operaciones y sus sangrientos enfrentamientos empujadas por la lucha antinarcótica librada por México y Colombia, con ayuda de Estados Unidos.

Para perseguir a miembros del cartel mexicano Los Zetas, el 19 de este mes el presidente guatemalteco Álvaro Colom decretó estado de sitio por 30 días en el departamento de Alta Verapaz, al norte del país, a donde movilizó cientos de policías y militares. El "estado de sitio", segundo en gravedad después del "estado de guerra", limita garantías constitucionales como la libre locomoción, prohíbe las reuniones privadas y permite la captura de personas sin una orden de detención.

La decisión del mandatario llega en momentos en que el narcotráfico ha tomado dimensiones nunca antes vistas en el país.

En Guatemala, donde más de la mitad de la población vive en situación de pobreza y 17 por ciento en la indigencia, según estadísticas de la Organización de las Naciones Unidas, hoy es habitual observar en las zonas rurales vehículos y viviendas de lujo con personas armadas.

"La ley de Extinción de Dominio implica que cualquiera que no demuestre el origen de su riqueza pueda ser sometido a la justicia", lo cual "es un hecho trascendental en la lucha contra el crimen organizado", dijo a IPS Mario Polanco, de la organización de derechos humanos Grupo de Apoyo Mutuo.

La ley no solo abarca al narcotráfico sino también a la corrupción, un tema que prolongó la aprobación de la norma porque algunas agrupaciones, como el opositor Partido Patriota, pedían que se excluyera.

Guatemala tampoco sale bien parada en este asunto. Según el Índice de Percepción de la Corrupción, publicado en octubre por la no gubernamental Transparencia Internacional, el país ocupa la posición 91, con 3,2 puntos de 10, de un listado de 178 naciones.

Leily Santizo, de la no gubernamental Fundación Myrna Mack, que lucha contra la impunidad, dijo a IPS que la nueva ley tiene muchas ventajas, entre ellas, el catálogo de 47 delitos vinculados con la acción pública, la delincuencia común y el crimen organizado que delimita su aplicación.

Pero también tiene algunas reservas. "La administración de los bienes dependerá de la Vicepresidencia, lo cual genera un resquemor porque esta dependencia actuará más como una instancia política que técnica, además de que esa no es su función", explicó.

La experta cree que la Secretaría Nacional de Administración de Bienes de Extinción de Dominio, que se crea con la ley, debe depender de un consejo integrado por los miembros del sector justicia como el Ministerio Público y el Organismo Judicial.

Sin embargo, valora que ahora el Estado cuente con una nueva herramienta para combatir el crimen y la impunidad.