lunes, 28 de febrero de 2011

Quien ve la esclavitud sexual

El escándalo sexual del primer ministro de Italia, Silvio Berlusconi, concentró la atención del público en un grupo de jóvenes trabajadoras sexuales, pero son decenas de miles las víctimas de trata de personas en este país.

Una jueza de Milán dictaminó el martes 15 que habrá un juicio contra el primer ministro por prostitución de menores. La fiscalía investigan a Berlusconi haberle pagado a Karima el Mahrug para mantener relaciones sexuales el año pasado, antes de que la adolescente marroquí cumpliera 18 años.

Son 14 las jóvenes involucradas en el caso. Muchas de ellas son inmigrantes que viven en apartamentos a las afueras de Milán.

Esas muchachas son la cara exterior de una forma de esclavitud invisible, la prostitución.

Por lo menos 50.000 víctimas de trata de personas recibieron protección y asistencia entre 2000 y 2008, según un informe de 2010 del capítulo italiano de la organización Save the Children.

Eran 4.466 los menores inmigrantes sin acompañante que venían de Afganistán, Bangladesh, Egipto y Rumania.

La mayoría de las personas explotadas sexualmente son inmigrantes sin documentos nacionales en regla procedentes de diversos países que tienen entre 15 y 18 años.

"Cuando comenzamos a trabajar en los años 90, la mayoría procedían de los países de Europa oriental, Albania, Rumania y Moldavia", dijo a IPS la fundadora del Comité para los Derechos Civiles de las Prostitutas, Carla Corso, cuya organización trabaja con víctimas de esclavitud y explotación sexual en el noreste de Italia.

"En la actualidad siguen viniendo de Rumania, pero también de Nigeria y Colombia. También hay cada vez más chinas en las calles de noche, pero es muy difícil ponerse en contacto con ellas porque pertenecen a un comunidad bastante inaccesible", explicó.

"Desde que Rumania se incorporó a la Unión Europea, la cantidad de rumanas explotadas sexualmente en los programas de protección disminuyó de forma drástica", dijo a IPS la investigadora Emiliana Baldoni.

"Es difícil para las asistentes sociales entrar en contacto con las víctimas y ayudarlas a salir, Las organizaciones de derechos humanos estudian el asunto", apuntó.

Pero algunas víctimas lograron reunir fuerzas para denunciar a los explotadores.

"Las mujeres que colaboran con la policía pueden acceder a programas de protección social y obtener un permiso de residencia por un año. Es el punto de partida para una nueva vida", dijo Corso a IPS.

La trata de personas se volvió más sutil en los últimos años, indicó Baldoni.

"Las estrategias de coerción son cada vez más sutiles y sofisticadas. Formas extremas de intimidación, secuestro, violencia física y violación son menos frecuentes que en el pasado. Ahora las víctimas son sometidas mediante un comportamiento engañoso, chantajeadas y manipuladas afectiva y psicológicamente, que ellas mismas no suelen identificar como tal", explicó.

El gobierno de Berlusconi endureció en 2008 la ley contra la prostitución, que ahora prevé penas y cárcel tanto para prostitutas callejeras y clientes. Las organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres sostienen que la norma sólo empeora la condición de esclavitud invisible, lo que permite a los delincuentes trabajar en apartamentos sin interferencia de la policía.

"El gobierno aprobó leyes agresivas y represivas para combatir la prostitución callejera", dijo Corso a IPS. "Pero está bien que frecuenten los pasillos del poder. Sigue siendo un país con doble moral, de día debes tener un comportamiento intachable, pero de noche puedes hacer lo que quieras y alegar que es ‘privado’", se lamentó.

"Las compañeras de fiesta sufren tanto como las prostitutas callejeras, víctimas de un sistema que las obliga a pasar por la cama de hombres poderosos para tener éxito", explicó.

"La única diferencia es que las primeras venden su cuerpo para comprar carteras Prada, mientras sus compañeras de la calle lo hacen para comprar comida", añadió Corso.

domingo, 27 de febrero de 2011

EEUU va contra Iran con todo

La revolución en Egipto parece haber fortalecido el discurso de Estados Unidos contra Irán.

Tras las masivas protestas que terminaron por derrocar el viernes pasado al régimen de Hosni Mubarak, el presidente Barack Obama y la secretaria de Estado (canciller), Hillary Rodham Clinton, redoblaron sus críticas al régimen en Teherán.

Mientras, Voice of America (VOA), el servicio oficial de radio y televisión internacional estadounidense, contrató a un experto en diplomacia para dirigir sus transmisiones a territorio iraní.

Karim Sadjadpour, experto en Irán de la Fundación Carnegie para la Paz Internacional, opinó que Obama no había sido más enérgico en sus declaraciones de 2009 --cuando hubo protestas en Teherán contra los resultados de las elecciones presidenciales-- porque "todavía tenía la esperanza de un acuerdo nuclear con Irán".

"Creo que hoy la Casa Blanca ha llegado a la conclusión de que no puede alcanzar un modus viviendi con el régimen", añadió.

Dos rondas de conversaciones entre Irán, Estados Unidos y otros miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas más Alemania terminaron el mes pasado sin progresos.

Las protestas populares que estallaron en Túnez se propagaron a Egipto, distrayendo la atención mundial antes más enfocada en el programa de desarrollo nuclear iraní.

Oficialmente, la política de Estados Unidos hacia Irán no es de un "cambio de régimen", sino de un "cambio en la política del régimen". Sin embargo, ha habido una clara modificación en el discurso los últimos días.

En una serie de entrevistas el lunes, mientras manifestantes iraníes volvían a salir a las calles a protestar, Clinton llamó "hipócrita" al régimen en Teherán por elogiar las revueltas árabes mientras reprimía las que se producían en su territorio.

"Comparemos lo que ocurrió en Egipto con lo que sucede ahora en Irán, donde una vez más el gobierno está reprimiendo, usando la violencia contra el pueblo que está expresando los mismos deseos que escuchamos en Egipto", dijo Clinton a la cadena panárabe Al Jazeera.

"Me parece muy paradójico que Irán esté intentando dar lecciones en democracia a cualquiera", dijo a Al Hurra, un canal satelital árabe apoyado por Washington.

"Los manifestantes intentan que sus voces sean oídas y son brutalmente reprimidos por las fuerzas de seguridad. No creo que nadie en Medio Oriente, o francamente nadie en el mundo, mire a Irán como un ejemplo", añadió.

El martes, en un discurso sobre libertad en Internet, Clinton calificó de "pésimo" al gobierno iraní, y señaló que "rutinariamente violaba los derechos de su pueblo".

Además, anunció que el Departamento de Estado invertiría unos 25 millones de dólares este año en proyectos para incrementar el acceso a Internet en Irán y en otras partes.

"Me parece paradójico que el régimen iraní celebre lo que ocurrió en Egipto cuando, de hecho, actuó de la forma opuesta… disparando y golpeando a la gente que intentaba expresarse en forma pacífica", dijo Obama en conferencia de prensa el martes.

Los medios de prensa iraníes, que inicialmente celebraron los levantamientos en Túnez y Egipto, fueron cambiaron de tono cuando se hizo evidente que las manifestaciones no eran lideradas por islámicos sino por un amplio espectro de grupos, y que podrían expandirse a otros países, incluyendo Irán.

El periódico iraní Kayhan publicó un editorial el lunes señalando que el ejército egipcio, que asumió el control de ese país tras la renuncia de Mubarak, "montó un precisa escena cuyo dramaturgo era Estados Unidos… El ejército fue instruido a secuestrar la revolución popular y obstruir la soberanía, la libertad y el islamismo".

La administración de Obama se ha esforzado por encontrar vías para comunicar su apoyo a los manifestantes iraníes sin darle argumentos a Teherán para atribuir las protestas a interferencia extranjera.

Las transmisiones de la Red Persa de Noticias (PNN), el servicio en ese idioma de VOA, son un componente de esa estrategia.

El lunes, Ramin Asgard, diplomático iraní-estadounidense ex asesor del Comando Central de las Fuerzas Armadas, se hizo cargo de la PNN. Directivos de VOA dijeron que es la primera vez desde la Guerra Fría que un funcionario no periodista asume un puesto tan importante en ese medio de prensa financiado por el gobierno.

La administración de VOA tuvo dificultades para encontrar a la persona correcta que dirigiera el servicio. Miembros del Congreso legislativo, así como iraníes disidentes, se han quejado de que la PNN es demasiado crítica de la política exterior estadounidense y de que se acomoda a la postura de Teherán.

Asgard, que hasta ahora dirigía una oficina de seguimiento de Irán en Emiratos Árabes Unidos, no se postuló al cargo, sino que éste le fue ofrecido luego de que varios otros lo rechazaran, informó una fuente cercana al proceso de elección.

sábado, 26 de febrero de 2011

Pakistan y el "no pasa nada"

Los efectos de la caída de Hosni Mubarak en Egipto se hacen sentir en la región y aledaños, pero es improbable que sus ecos lleguen a Pakistán pese al desencanto de la población con sus dirigentes, según funcionarios y académicos.

Ciudadanos de Yemen, Argelia, Jordania, Siria y Bahrein ya parecen haber recogido las señales enviadas por la revuelta secular que se inició el 25 de enero en Egipto y lo sacudió durante 18 días. El mensaje es que la población ya no está dispuesta a tolerar a gobernantes autocráticos aferrados al poder.

Los pakistaníes también han visto esas señales, y muchos han estado debatiendo si su país podría ser el próximo Egipto, mientras medios de comunicación y analistas políticos especulan con esa posibilidad.

Kaiser Bengali, asesor del ministro jefe de la meridional provincia de Sindh, descartó la idea con una sonrisa.

Estos crecientes rumores de decepción son apenas "un proceso de transición" que, para Bengali, constituyen "la música de la democracia".

El actual gobierno, liderado por el Partido Popular de Pakistán, asumió el poder en febrero de 2008 en medio de mucho júbilo, pero muchos paquistaníes ya se han desencantado.

Sin embargo, la situación no es tan grave como para desatar una revolución, dijo el analista político Ayesha Siddiqa, que considera esta posibilidad bastante remota, "principalmente porque Pakistán experimenta más cambios con regularidad que cualquiera de los estados árabes".

Pero también hay quienes se niegan a descartar una revolución. Según el analista político Raees Bukhsh Rasool, "dada la incertidumbre prevaleciente en Pakistán, todo es posible".

Además, las revoluciones pueden ser bastante impredecibles, dijo Taimur Rahman, profesor de ciencia política en la Universidad de Lahore.

"Quién hubiera dicho hace un mes que Egipto estaría paralizado por protestas masivas (…) y que Mubarak caería, o que el mundo árabe estaría dominado por un movimiento" popular, dijo Rahman.

Pero crear impulso para el cambio político y mantenerlo también, como ocurrió en la Plaza Tahrir de El Cairo, puede ser difícil en Pakistán, reconoció.

"Uno de los principales impedimentos para crear un movimiento masivo (de este tipo en Pakistán) son las fuerzas del extremismo religioso, que están propagando el terror por todo el país", agregó.

En tales circunstancias, es muy difícil lograr la clase de movilización vista en el centro de la capital egipcia, sostuvo.

"La gente tiene miedo de salir a protestar a las calles", se lamentó.

Pero para el abogado Yasser Hamdani, de 31 años, "las revoluciones populares se generan mediante la participación de trabajadores, campesinos y otros sectores de la sociedad, que se movilizan con una estrategia y aspiraciones y objetivos claros".

Hamdani dijo que las protestas masivas que tuvieron lugar en Egipto no fueron una revolución.

"Una revolución cambia la dinámica de una sociedad. Una revolución puede ser económica cuando los factores de producción atraviesan un cambio. Una revolución puede ser política cuando se produce un cambio radical en el tipo de gobierno", afirmó.

En Egipto no ocurrió nada de esto.

"La era de las revoluciones ideológicamente orientadas se terminó", explicó Raees.

"Las revoluciones que hemos presenciado en las últimas décadas y años tienen que ver con un cambio de régimen", añadió.

Pero esa clase de revolución no es posible en Pakistán porque en este país se celebran elecciones por mandato constitucional, sostuvo Raees.

Rahman dijo que aunque las revoluciones se inician espontáneamente, como en Egipto, a menudo hay un partido político que puede lograr el control y liderarlas.

Hamdani destacó que "Mubarak era un individuo. Su renuncia ha hecho posible que la elite gobernante de Egipto se mantenga en el poder. Una mejor alternativa habría sido elecciones presidenciales y parlamentarias inmediatas bajo la Constitución anterior, y con observadores imparciales".

Hamdani comparó el levantamiento de Egipto con la clase de cambio de régimen que atravesó Pakistán cuando el dictador Ayub Khan transfirió el poder a Yahya Khan en 1969.

"Pakistán está unos 40 años adelantado en su desarrollo democrático pese a las interrupciones", señaló.

En cualquier caso, Hamdani cree que, de producirse protestas masivas en Pakistán, esto equivaldrá a presionar a un gobierno legítimo y democráticamente electo, lo que debería ser "inaceptable para cada persona progresista y de mente democrática" en el país.

Según él, una democracia disfuncional tiene más posibilidades de convertirse en una democracia funcional que un gobierno de multitudes.

"De haber suficientes ciclos electorales, la democracia de Pakistán terminará resolviendo todas las cuestiones importantes. Una revolución al estilo egipcio solamente la perjudicará", dijo Hamdani.

Pero si se produce una revolución, ¿cómo será? "La nuestra se parecerá más a una (revolución) islámica de izquierda", pronosticó Siddiqa.

La pobreza, la corrupción y la mala gobernanza son problemas que pueden motivar un levantamiento masivo, dijo Raees. "O bien derivarán en nuevas elecciones o bien en un golpe militar", dijo.

Para Rahman, "si los extremistas religiosos toman el control del movimiento egipcio será muy negativo, pero eso es bastante improbable".

"Lo más probable es que este movimiento siga una dirección progresista", señaló.

Pero Hamdani tiene serias dudas al respecto. Según él, ahora Egipto está bajo "un régimen militar manifiesto".

"Ya ha dado un paso atrás. Los militares formularán una Constitución de su agrado, que no es la manera como se hacen las constituciones", opinó Hamdani.

viernes, 25 de febrero de 2011

Camboya sin garantias a refugidos

Camboya debe garantizar protección a solicitantes de asilo y refugiados, dijeron grupos de derechos humanos, preocupados por la decisión del gobierno de cerrar un centro administrado por la Organización de las Naciones Unidas en el que se albergaban decenas de montañeses vietnamitas.

Setenta y cinco personas de las etnias montañesas de Vietnam (tho, hoa, tai, jemer, muong y nung) se alojaban en esa instalación temporal de Phnom Penh desde hacía seis años. El gobierno había ordenado la clausura del centro a fines de 2010, señalando que los montañeses no podían permanecer en ese limbo y debían ser reubicados o deportados a Vietnam.

Las autoridades camboyanas le dieron plazo al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) hasta esta semana para encontrarles un hogar definitivo.

Acnur informó que 55 de los montañeses ya habían sido reubicados en Canadá y Estados Unidos. Otros 10 aún esperan su traslado y el resto, por no cumplir los criterios para ser considerados refugiados, serían deportados a Vietnam.

Pero todavía hay preocupación por la seguridad de futuros solicitantes de asilo. La organización Human Rights Watch señaló que el desempeño reciente de Camboya en esta materia era "pésimo". Además, indicó que las regulaciones de este país de Asia sudoriental sobre los refugiados no garantizaban su seguridad.

"Es muy posible que en el futuro veamos más montañeses solicitando asilo en Camboya", dijo Phil Robertson, subdirector de la división para Asia de Human Rights Watch. "Y la pregunta es: ¿Qué clase de recibimiento van a tener?", añadió.

Grupos de derechos humanos señalaron que las tribus montañesas vietnamitas sufrían acoso y persecución. La mayoría son hostigadas por su fe cristiana, indicó HRW, además de por el hecho de haber apoyado a Estados Unidos durante la Guerra de Vietnam (1964-1975).

HRW estima que actualmente hay 300 montañeses cristianos encarcelados en Vietnam por sus convicciones religiosas y políticas.

Camboya firmó la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, de 1951, que obliga a los estados parte a proteger a los extranjeros que llegan solicitando amparo y establece la definición de refugiado.

Sin embargo, críticos señalan que los refugiados no siempre son tratados en forma justa por las autoridades camboyanas.

A fines de 2009, el gobierno emitió un subdecreto atribuyéndose la última palabra para determinar qué persona podía recibir el estatus, y no Acnur. HRW cree que las nuevas regulaciones permiten una amplia interpretación.

"Tenemos miedo de que (futuros solicitantes) no reciban una justa audiencia", dijo Robertson.

Críticos señalan que hay un precedente que justifica esta preocupación. Días después de que el gobierno emitiera el subdecreto, repatrió a China a 20 solicitantes de asilo de la etnia uighur, medida que fue duramente criticada por grupos defensores de los derechos humanos, ya que ese grupo étnico es perseguido por Beijing.

El destino de esos uighurs aún es incierto. China ha ordenado largas condenas a prisión e incluso la pena de muerte a otros miembros de esa etnia, acusándolos de participar de disturbios a comienzos de 2009.

Beijing y Phnom Penh luego anunciaron acuerdos comerciales por unos 1.200 millones de dólares.

Mientras, el gobierno camboyano insiste en que el centro para refugiados montañeses ya cumplió con su propósito. Koy Kuong, portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, dijo que el albergue había procesado casi 1.000 solicitudes de asilo desde que fue creado como parte de un acuerdo con Acnur en 2005.

"Ahora necesitamos cerrarlo", dijo. "No queremos que se mantenga más abierto. Cuando más tiempo esté abierto, más problemas tendrá".

Koy Kuong rechazó las afirmaciones de que los montañeses serían perseguidos en Vietnam.

"Vietnam es un país legítimo, no de bárbaros", dijo. "Millones de personas viven allí y su economía crece muy rápido. Vietnam no está en guerra civil en este momento".

El grupo Servicio Jesuita para los Refugiados (JRS) ha trabajado extensamente con los montañeses y otros solicitantes de asilo en Camboya.

La directora de JRS, Denise Coghlan, dijo que el cierre del centro era un paso positivo, y explicó que los que allí vivían estaban en un limbo legal pues no se les había aún reconocido su estatus. "Algunas personas estuvieron en un lugar cerrado durante seis años, así que pienso que es muy bueno que haya llegado a su fin", señaló.

Coghlan fue una de las principales voces críticas cuando las autoridades deportaron a los uighurs a fines de 2009. Ahora dice esperar que el gobierno les conceda el debido proceso a los nuevos solicitantes de asilo.

"Como la mayoría de las leyes, (el Convenio) es algo escrito y debemos ver cómo se implementa", indicó. "Espero que sea aplicado de forma humana y de acuerdo con los principios y el espíritu de las convenciones de la ONU".

jueves, 24 de febrero de 2011

La violacion a DDHH en Rusia

Defensores de derechos humanos y dirigentes de oposición se han tornado blanco de intimidación política y hostigamiento de las fuerzas de seguridad en Rusia a menos de un año de las elecciones parlamentarias y presidenciales.

"Muchas organizaciones son víctimas de represión", dijo a IPS la presidenta del Comité de Asistencia Cívica y Memorial, Yelena Ryabinina.

"La presión de las autoridades revela su propia debilidad y la verdadera situación del país", indicó Ryabinina, también integrante del Comité Presidencial de Derechos Humanos.

Rusia Unida es el partido que encabeza el primer ministro Vladimir Putin. Se supone que forman parte de la oposición el Partido Comunista de la Federación Rusa, el Partido Democrático Liberal y Rusia Justa, pero suelen apoyar todas las políticas del gobierno.

El partido de Putin domina la política en este país desde su fundación, en diciembre de 2001, y ha apoyado sin reservas a los presidentes Dimitri Medvédev y Putin (1999-2008).

Rusia Unida tiene 315, de los 450 escaños de la cámara baja del parlamento, Duma, y el resto se distribuyen entre el Partido Comunista, el Liberal Democrático y Rusia Justa.

En un intento por distanciarse de Putin, el presidente Medvédev reconoció que Rusia es un estado de partido único, sin una oposición significativa.

El país muestra signos de estancamiento similar al de la era soviética, opinó Medvédev, según informó la semana pasada el periódico Vedomosti. El presidente sostuvo que la situación es "igual de dañina" para el partido de gobierno que para la oposición.

El presidente consideró que se necesitan reformas radicales para que el sistema político sea más justo y flexible y más abierto a la renovación y al desarrollo.

Medvédev mencionó algunos logros significativos de su mandato como sanciones penales para los responsables de fraude electoral y el mismo tiempo de aparición al aire en los canales estatales para todos los partidos políticos.

Pero también un mayor papel de las agrupaciones que tengan mayoría en los parlamentos regionales para designar a los gobernadores, menos restricciones para ser elegido en las asambleas legislativas federales y regionales y menor cantidad de firmas para presentarse como candidato a las elecciones.

"Nuestra democracia es imperfecta y somos totalmente conscientes de ellos", reconoció. "Pero estamos mejorando", apuntó el presidente.

No es la primera vez que Medvédev, quien se considera una fuerza modernizadora de Rusia, habla de la necesidad de reformar la política del país.

Desde la caída de la Unión Soviética, a fines de 1991, Rusia hizo frente a varios desafíos en su esfuerzo por forjar un sistema político que pudiera reemplazar casi 75 años de régimen comunista.

La estructura política del país comenzó a mostrar signos de estabilización con la nueva Constitución, adoptada en 1993, y el novel parlamento, con representantes de diversas agrupaciones.

Los cuatro grandes partidos siguen dominando la escena política del país.

"Rusia tiene que hacer mucho más para respetar el papel legítimo de la oposición en la vida pública y las elecciones", dijo Sam Patten, de la organización estadounidense Freedom House.

Es una vergüenza la detención de Boris Nemtsov, ex primer ministro y ex gobernador de Nizhny Novogrood del gobierno de Boris Yeltsin (1991-1999), hace un mes, por protestar contra las autoridades, indicó Patten.

"A qué le tiene miedo el gobierno", preguntó.

El hecho de que un hombre con tanto talento como Nemtsov se comprometa con la vida pública puede llegar a inspirar a millones de rusos preocupados por la situación del país y deseosos de expresarse, pero que temen hacerlo por las detenciones y otras formas de intimidación.

"Acciones como la emprendida contra Nemtsov no revelan la fortaleza del gobierno, sino su debilidad", sostuvo Patten.

Lo primero que hay que hacer para mejorar la participación política es relajar las restricciones sobre el debate público, sugirió. La censura sigue imponiendo restricciones a la televisión, el medio de comunicación que llega a la mayor cantidad de gente.

"La censura es un gran problema" en Rusia, coincidió Boris Kagalitsky, director del Instituto de Estudios de Globalización, con sede en Moscú.

"No creo que la burocracia rusa pueda hacer nada bueno", dijo a IPS al ser consultado por las medidas que pueden tomar las autoridades rusas para aumentar la participación política. "Objetivamente, creo que tenemos que cambiar las leyes que rigen los partidos políticos, las elecciones, los sindicatos y la libertad de reunión", añadió.

Llevará mucho tiempo y esfuerzo establecer un régimen más plural, dado todo lo que se ha hecho para limitar la participación política, concluyó.

miércoles, 23 de febrero de 2011

Colombia y sus deplazados

"Queremos gritarle al mundo y nadie podrá callarnos: el desplazamiento (forzado de personas) sigue en Colombia y por eso pedimos solidaridad. No somos terroristas, no somos delincuentes, somos campesinos a quienes robaron nuestra dignidad y nuestros derechos".

Así se expresó ante IPS, con ira y tristeza a la vez, un líder popular del central departamento de Tolima, que pidió reserva de identidad por amenazas, frente a la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional, donde fuerzas de seguridad impidieron la semana pasada otra protesta de campesinos desplazados por el enfrentamiento armado interno.

Alrededor de 5,2 millones de personas fueron desarraigadas entre 1985 y 2010 de las zonas rurales, según un informe divulgado este miércoles por la no gubernamental Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (Codhes).

Esta cifra confirma que Colombia continúa encabezando la nomina de países con mayor cantidad de personas obligadas a dejar sus hogares y refugiadas por la violencia política, como ya había indicado en 2009 la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados.

El estudio "¿Consolidación de qué? Informe sobre desplazamiento, conflicto armado y derechos humanos en Colombia en 2010" fue concluido en el periodo de transición del gobierno de Álvaro Uribe (2002-2010) al actual de Juan Manuel Santos, señalaron los autores.

"A diferencia de su antecesor, el presidente Santos promueve el diálogo social y político, incluye la paz en su agenda y reivindica a las víctimas", resaltaron.

Agregaron que "es temprano para saber si el viraje se consolidará", pero la esperanza es lograr una "solución no militar al conflicto armado que desangra al país" desde comienzos de los años 60.

Esta guerra obligó en los últimos 25 años "a 11,4 por ciento de la población (colombiana) a cambiar de residencia, porque su vida, integridad física o libertad fueron vulneradas o amenazadas", reza el documento de 140 páginas.

Solo en los dos mandatos de cuatro años de Uribe se registró la mitad de los desplazamientos contabilizados.

Acción Social presidencial señaló que 86.312 personas debieron dejar sus lugares de origen en 2010, pero la Codhes elevó esa cifra a 280.000, basándose en el seguimiento diario del fenómeno, la verificación de información y adición de fuentes secundarias.

Estadísticas analizadas en el marco de violencia y desplazamiento desde regiones de ejecución del Plan Nacional de Consolidación Territorial indican que "32.7 por ciento de los desarraigados provienen de municipios incluidos en esa política de lucha contra las guerrillas izquierdistas.

Ese programa fue implementado por Uribe en 2007 con el pretexto de "cumplir los objetivos de consolidación de la Seguridad Democrática, mantener la confianza de los inversionistas y avanzar en la política social efectiva".

Abarcó 86 de los 1.141 municipios en que se divide este país. En 21 de ellos se desarrollan proyectos de exploración, explotación o exportación minera y en otros 14 hay siembra intensiva de palma aceitera y sustitución de cultivos agrícolas por los destinados a producir biocombustibles.

Todos proyectos productivos relacionados con el despojo violento de tierras, según la Codhes.

La Comisión de Seguimiento a la Política Pública sobre Desplazamiento Forzado, conformada como resultado de fallos al respecto de la Corte Constitucional en 2004, asegura que entre 1980 y julio de 2010 se confiscaron más de 6,6 millones de hectáreas por acciones violentas atribuidas a grupos armados ilegales.

Los departamentos afectados coinciden con las regiones en las que se desarrolla el Plan, con énfasis en los occidentales departamentos de Antioquia y Chocó, con 1,9 millones de hectáreas enajenadas.

La Codhes anota que 44 municipios de los 86 incluidos en el Plan hacen parte de los que registraron la mayor expulsión de lugareños el año pasado, con seis episodios que afectaron a más de 2.684 personas y donde se perpetraron 19 masacres en las que murieron 92 personas.

También da cuenta que en esa zona se verificaron 176 asesinatos selectivos, incluyendo indígenas, empleados estatales, líderes comunales, un activista en defensa de los derechos humanos y un periodista.

El proceso de restitución de tierras o adjudicación se vio envuelto en otra violencia extrema, que costó la vida entre marzo de 2002 y enero de 2011 de 44 líderes de poblaciones desplazadas.

A ello se suma la pobreza en la que caen las personas que deben radicarse lejos de su origen, con indicadores que llegan hasta 70 por ciento.

"Mi esposo era ganadero, teníamos mulas de arreo, cultivábamos yuca, plátano, cacao y negociábamos nuestra cosecha en Norte de Santander (noreste). A él lo mataron y todo quedó allá, enterrado, en manos de otros", narró a IPS Miriam López en 2009 durante la toma de desplazados que por tres meses mantuvieron en el central parque Tercer Milenio, de Bogotá.

"Fue muy duro. Yo veía las escrituras de mis fincas y lloraba", añadió.

El director de la Codhes, Jorge Rojas, señaló que el informe interpela la política llevada adelante por Uribe y su Plan Nacional de Consolidación, porque "en sus primeros tres años de ejecución hay muchas dudas sobre su efectividad".

Los 5,2 millones de desplazados o refugiados ponen a este país en el primer lugar en el mundo en la materia, seguido de Sudán, Iraq y Afganistán, según el informe de la Codhes

martes, 22 de febrero de 2011

Democracia o golpe de estado?

Días después de la forzada partida de Hosni Mubarak del palacio presidencial de El Cairo, muchos analistas estadounidenses siguen preguntándose si fue consecuencia de una revolución de cuño democrático o de un golpe de Estado orquestado por el poderoso estamento militar de Egipto.

Pese a la euforia mediática, desde la renuncia de Mubarak creció el escepticismo de los expertos estadounidenses en Egipto sobre las verdaderas intenciones de los militares.

Por ejemplo, el analista Jon Alterman, del Center for Strategic and International Studies, advirtió que el "ascenso del Consejo de Comando Militar" podría ser un "enorme paso atrás".

Y Reuel Marc Gerecht, un ex funcionario de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) que ahora forma parte de la neoconservadora Fundación para la Defensa de las Democracias, indicó que el ejército "va a tantear cuánta autocracia (y riqueza) puede mantener en sus manos".

Sin embargo, el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, dijo en una rueda de prensa el martes 15 que veía con buenos ojos los pasos que dio hasta ahora el Consejo de Comando Militar, ante el cual Mubarak cedió el 11 de febrero el poder que ostentaba desde octubre de 1981.

"Obviamente, todavía hay mucho por hacer en Egipto, pero lo que hemos visto hasta ahora es positivo", dijo Obama, e indicó que los representantes de la oposición que se reunieron con dos altos funcionarios egipcios el lunes 14 "estimaron que (el Consejo) se toma en serio lo de celebrar elecciones libres y limpias".

Pero la mayoría de los analistas independientes no están tan seguros del rumbo que pretenden imprimir a Egipto los cinco generales que conforman el Consejo.

"Es cierto que los militares están dando señales acertadas, pero el movimiento se demuestra andando", dijo James Zogby, un veterano conocedor del Medio Oriente que dirige el Arab American Institute. "Esto fue un alzamiento que derrocó al presidente, no al Estado, y las Fuerzas Armadas siguen siendo el Estado".

Son varios los que estiman que los uniformados están dispuestos a efectuar concesiones, pero reteniendo tanto poder como puedan.

"Incluso los más recalcitrantes miembros de la vieja guardia autoritaria y seguidora de Mubarak saben que no hay vuelta atrás y que una mera fachada democrática no pasará la prueba de la aceptación pública", según Wayne White, del Middle East Institute, y ex alto analista en Medio Oriente del Departamento de Estado (cancillería) de Estados Unidos.

"Pero al mismo tiempo cuesta creer que esos jerarcas acostumbrados a ejercer el control no estén enfrascados en un debate interno sobre hasta dónde conceder –y hasta dónde retener— en su intento de marcar las diferencias entre el funcionamiento de una democracia plena y su visión, posiblemente más restringida, de un Egipto ‘ordenado’ o más ‘estable’", indicó White en una respuesta a IPS por correo electrónico.

El Consejo, encabezado por el mariscal de campo Mohammad Hussein Tantawi, leal a Mubarak por mucho tiempo, ha emitido una serie de circulares ordenando la disolución del parlamento, suspendiendo la vigencia de la Constitución y prometiendo elecciones en seis meses.

El martes 15, el Consejo reunió a un comité de juristas a los que encargó reformar la Constitución en un plazo de 10 días. La reforma sería sometida a ratificación popular en un referendo a celebrarse en unos dos meses.

Si bien esos pasos son del agrado de Obama, el Consejo todavía no ha cumplido con una lista de reclamos de las fuerzas opositoras, reunidas en una amplia coalición llamada Activistas por la Democracia.

Algunas de esas demandas son poner fin a la Ley de Emergencia, vigente desde hace tres décadas, liberar a miles de presos políticos e investigar y juzgar a agentes policiales y de cuerpos de seguridad acusados de las muertes de unas 300 personas en los 18 días de manifestaciones populares que condujeron a la caída de Mubarak.

También ha sido ignorado por el Consejo el reclamo opositor de incluir en el gobierno de transición técnicos civiles y representantes del movimiento democrático.

"Tal parece que los militares tienen el propósito correcto acerca del final, pero no quieren ceder el manejo del proceso", opinó Joel Rubin, subdirector de la National Security Network (Red de Seguridad Nacional), que se especializó en Egipto cuando trabajó en el servicio exterior.

"Este es un asunto ríspido, porque si esperan demasiado (para incluir a los civiles), habrá mucha desconfianza sobre sus verdaderas intenciones", agregó. La velocidad con la cual se pretende reformar la carta magna también es problemática ante la complejidad de los desafíos, agregó.

En cualquier caso, Washington va a jugar un papel importante en la transición debido a las estrechas relaciones militares entre los dos países, construidas desde que se firmaron los Acuerdos de Camp David entre Egipto e Israel, en 1978.

De hecho, algunos de los más influyentes jerarcas militares, como el jefe del Estado Mayor, el general Sami Hafez Anan, considerado como el miembro más poderoso del Consejo, estaban en Washington en las reuniones anuales con sus contrapartes estadounidenses cuando estalló la crisis política en El Cairo el 25 de enero.

En los últimos 30 años, Washington entregó unos 40.000 millones de dólares de ayuda militar y entrenamiento a las Fuerzas Armadas egipcias, que se han vuelto completamente dependientes del equipamiento estadounidense, en especial para sus sistemas de armamento más avanzados, como los aviones de guerra F-16, los helicópteros Apache y los misiles antibuque Harpoon.

"Estas relaciones suministran un vínculo con las Fuerzas Armadas de Egipto que no tiene ningún otro país", indicó el especialista Charles Dunne, que sirvió 10 años atrás como agente político-militar en la embajada estadounidense en Egipto.

Amenazas de legisladores influyentes de cortar el paquete de 1.300 millones de dólares anuales de asistencia militar parecen haber jugado un importante papel de respaldo a las repetidas exhortaciones públicas y privadas del gobierno de Obama a los militares egipcios de no usar la violencia contra los manifestantes.

"Es la compensación, en el momento justo, a 30 años de asistencia militar: los uniformados egipcios odiarían poner en riesgo esta relación vital por intentar burlar la transición a la democracia o por seguir reteniendo el poder", dijo Dunne.

Por otra parte, todavía no está claro que el gobierno de Obama esté incómodo con el control castrense de la transición, en especial cuando intenta apaciguar a Israel y a otros aliados en la región, que claramente prefieren que los militares sigan al mando, sobre todo en política exterior y de defensa.

"Están muy contentos de que los militares hayan dicho que seguirá vigente el acuerdo de paz" con Israel, dijo Zogby. "Hay políticas, como el bloqueo a la franja de Gaza y las entregas extraordinarias (de presuntos terroristas), que los militares van a sostener, pero que podrían caer con un gobierno civil y más democrático"

lunes, 21 de febrero de 2011

Palestina no es Egipto

La revuelta popular de Egipto y el asedio que sufren otros regímenes árabes de la región obligan a dirigentes palestinos a mover fichas en el tablero político.

"No hay vuelta atrás. Se está forjando un estado palestino", dijo a IPS el especialista Samir Awad, de la Universidad de Birzeit, cerca de Ramalah.

"Quedan pocos meses para el nacimiento de un estado palestino independiente. Pronto se integrará a la ONU (Organización de las Naciones Unidas) y será un miembro como cualquier otro de la comunidad internacional", añadió.

Desde hace unas semanas, la Autoridad Nacional Palestina (ANP) tiembla hasta la raíz observando cómo varios países árabes, gobernados por regímenes autocráticos y asistidos por Occidente, se sacuden por los reclamos populares.

Las capitales viven revueltas sin precedentes que hacen tambalear a los gobernantes.

La ANP se niega desde hace varios años a organizar elecciones legislativas pese a las reiteradas promesas de hacerlo. El mandato del presidente Mahmoud Abbas terminó en enero de 2009.

Su gobierno, con sede en Ramalah, ha tratado desesperadamente de evitar en Cisjordania las protestas callejeras de apoyo a las revueltas de Túnez y Egipto. Pero anunció grandes cambios democráticos en un intento por mejorar su credibilidad ante la población.

La ANP anunció el lunes la disolución de su gabinete, tras la decisión de la semana pasada de organizar elecciones en septiembre, el mes que se fijó para la creación del estado palestino.

El primer ministro, Salaam Fayyad señaló que la ANP planteará en septiembre el asunto en el Consejo de Seguridad de la ONU. Las autoridades preparan y consolidan desde hace dos años las instituciones estatales.

"La ANP está preocupada con los acontecimientos de Egipto y Túnez y trata de evitar una situación similar en Cisjordania", el territorio palestino que controla, explicó Awad.

Los cambios en el gabinete son un intento de reforzar la imagen de Abbas ante la población palestina, molesta con su trabajo.

La caída del presidente egipcio Hosni Mubarak significó para la ANP la pérdida de un aliado contra Hamás (acrónimo árabe de Movimiento de Resistencia Islámica), que controla el territorio palestino de Gaza, y la obligó a reaccionar.

"En Gaza sufrimos mucho bajo el régimen de Mubarak", señaló Ahmed Yussef, asesor político del dirigente de Hamás, Ismail Hanniyeh. "Un Egipto fuerte, democrático e independiente fortalecerá la unidad árabe", dijo a IPS.

"No hay dudas de que es bueno para Hamás la caída del socio de Israel en el bloqueo que sufre Gaza y el fortalecimiento de la egipcia Hermandad Musulmana, su allegada ideológica, tras la revuelta popular", dijo a IPS el profesor Moshe Maoz, de la Universidad Hebrea de Jerusalén.

Pero la situación de Egipto también supone una presión para las propias autoridades de Hamás en Gaza, que se negaron a participar en las elecciones previstas por la ANP para septiembre por considerar que son ilegales y organizadas por un gobierno vencido y sin representación.

La popularidad de Hamás también cayó desde que ganó las elecciones legislativas en 2006.

"A diferencia de Egipto, la ANP no sufre una presión social y económica que la obligue a reformarse, pues Fayyad promovió el surgimiento de una clase media con recursos económicos. Pero sí la de emprender cambios políticos", explicó Awad.

"En cambio, Hamás sí sufre una presión económica por la extrema pobreza que sufren los gazatíes. El gobierno teme que el creciente malestar por la situación del territorio costero pueda generar disturbios, lo que es un gran incentivo para que trabaje hacia una reconciliación", dijo a IPS.

Los acontecimientos en Túnez y Egipto obligaron a Fatah, que controla la ANP, y a Hamás a reevaluar sus respectivas posiciones. Los dos partidos rivales consideran que mejoraron de forma significativa las posibilidades de reconciliación.

"Las autoridades de Cisjordania tienen un nuevo discurso", señaló Yussef. "Mubarak fue responsable, en gran medida, de la inflexibilidad de Abbas", apuntó.

Ghassan Jatib, portavoz de Abbas, dijo a IPS que cualesquiera sean las nuevas autoridades de Egipto apoyarán la unidad palestina, porque la población siempre defendió sus reclamos.

Maoz también cree que las posibilidades de reconciliación entre Hamás y Fatah mejoraron con la coyuntura regional.

Además, los dos partidos palestinos creen que la mayor presión sobre Israel, pues Washington se ve obligado a escuchar la opinión de los árabes de a pie, les traerá réditos políticos.

También creen que la caída de un régimen árabe respaldado por Washington beneficiará a la causa palestina.

"Estados Unidos ya no puede contar con el respaldo árabe", dijo Yussef a IPS. "Creemos que la población árabe apoyará mucho más a los palestinos que lo que hicieron los regímenes caídos, carente de representación popular", dijo Jatib a IPS.

Pero los partidos palestinos independientes y de izquierda se mantienen escépticos.

Jamil Mezher, del Frente Popular de Liberación de Palestina, acusó a Fatah y Hamás de "atrincherarse detrás de intereses partidarios y no dejar más opción a los palestinos que de hacer la revolución".

La gente "reclama que terminen las divisiones", pero los líderes son sordos, apuntó Mezher. "Miles de personas dieron su vida, decenas de miles fueron detenidos y quedaron heridos luchando por la libertad y la independencia. No aceptaremos el continuo fracaso de nuestros líderes", añadió.