sábado, 26 de marzo de 2011

Politicas de genero

La ghanesa Eva recibió cinco cerdos e información para aprender a cuidarlos. Al tiempo logró tener 400, pudo comprar más tierras y una motocicleta para llevar productos al mercado, trasladar vecinos al pueblo y llegar más rápido al hospital.

El caso de Eva es sólo un ejemplo de los beneficios de invertir en campesinas, no sólo por sus derechos, sino por sus comunidades y el desarrollo en general, señaló Danielle Mutone-Smith, directora de política agrícola y comercial de la organización no gubernamental Women Thrive Worldwide (mujeres prosperan en el mundo).

Las mujeres tienen menos acceso a fertilizantes, variedades de semillas, ganado, equipos y otros insumos así como a crédito y educación, lo que les disminuye su productividad en comparación con las posibilidades que tienen los hombres, concluye el informe anual de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), divulgado la semana pasada.

La situación varía de un lugar a otro, pero la ecuación de menos producción por falta de disponibilidad de recursos es "lo más cerca que se puede llegar a una generalización en relación con" las granjeras, señaló Terri Raney, economista de FAO y editora de "Estado de la Alimentación y la Agricultura".

Cincuenta por ciento de la población rural de países en desarrollo son mujeres, pero sólo entre tres y 20 por ciento son propietarias de la tierra, de acuerdo a los datos disponibles.

Aumentar los recursos disponibles para las campesinas, lo que el documento llama cerrar "la brecha de género", es dar un paso hacia el desarrollo económico y la equidad, y combatir la desnutrición.

Con la misma disponibilidad de recursos que los hombres, las mujeres pueden aumentar la productividad entre 20 y 30 por ciento, lo que elevaría la producción agrícola de los países en desarrollo de 2,5 a cuatro por ciento, estima la FAO.

Ese volumen de alimentos se traduce de 100 millones a 150 millones de personas desnutridas menos, o una disminución de entre 12 y 17 por ciento.

"Hablamos de 100 millones de personas cuyas vidas pueden cambiar con sólo emparejar el terreno", señaló Mutone-Smith.

Implementación en camino

Una gran proporción de trabajadoras del mundo se desempeñan en el sector agrícola, remarcó Raney.

"Las mujeres son importantes para la agricultura y vice versa", apuntó. "Una política agrícola implica una política de género, pues la mayoría son campesinas", añadió.

Hace décadas que los donantes conocen esa relación, pero sus acciones se ampliaron en los últimos años, quizá por una mayor conciencia del papel que la productividad agrícola desempeña en el desarrollo económico y de la importancia de las mujeres en el sector, Eija Peju, responsable del trabajo sobre género y agricultura del Banco Mundial.

El Banco Mundial priorizó esta perspectiva en 2007 con la implementación del Plan de Acción de Género para mejorar el acceso de las mujeres al trabajo, los derechos de propiedad, los servicios financieros y los insumos agrícolas, así como políticas para garantizar que el tema figure en los proyectos de la institución.

"Hace dos o tres décadas que el asunto está en el aire", indicó Peju. "Pero cambió en 2008", apuntó.

Pehu mencionó un proyecto que permitió que muchas mujeres de Mali obtuvieran un producto de exportación con mayor valor agregado y aumentaran sus ingresos, y otro en Kosovo para capacitar y ayudar a las que desconocían sus derechos sobre la propiedad de tierras.

La FAO recomienda achicar la brecha de género mediante insumos y asegurando que las mujeres tengan el mismo derecho legal que los hombres a heredar tierras, abrir cuentas bancarias y firmar contratos. El proceso requiere cambiar la legislación y garantizar su aplicación, indicó Raney.

El Banco Mundial tiene un proyecto de equidad de género en Etiopía, donde gobierno y donantes emplean dos formas para asegurar el derecho de las mujeres a la tierra. La más fácil implica agregar más espacio en los certificados de propiedad para poner dos fotografías y los nombres de ambos cónyuges. La segunda, y más compleja, hacer mapas de las propiedades con tecnología satelital.

Estados Unidos también considera que mujeres y niñas deben ser prioridad de las inversiones para lograr un desarrollo global, como la iniciativa Alimentar el Futuro y el Programa Global de Seguridad Alimentaria y Agricultura.

La secretaria de Estado (canciller,) Hillary Rodham Clinton, modificó el proverbio "dale a un hombre un pescado y lo alimentarás un día, enséñale a pescar y comerá toda la vida" y dijo "si ensañas a pescar a una mujer alimentará a toda la aldea".

viernes, 25 de marzo de 2011

Presos en Libano, olvidados

Sin conexiones ni dinero es muy difícil para refugiados y trabajadores inmigrantes sin documentos escapar de las prolongadas detenciones en las cárceles de Líbano.

Muy pocos detenidos reciben apoyo institucional de sus embajadas. Mezclados con delincuentes y asesinos, la mayoría pasa meses preso, incluso años, antes de comparecer ante un juez.

El delito que cometieron es no tener pasaporte porque les fue confiscado cuando llegaron a Líbano o porque nunca lo tuvieron.

También hay casos de confusión de identidad. "Pasé por esa situación un año después de llegar a Líbano tras escapar de amenazas de muerte en Argelia por ser transgénero", dijo Randa a IPS.

"Cuando traté de renovar mi visa, me dijeron que mi nombre de hombre era igual al de un libanés que había desertado del servicio militar y por eso me habían detenido, pero llegué a pensar que la embajada argelina estaba involucrada", relató.

Le dijeron que estaría presa 24 horas por averiguaciones, pero estuvo varios meses. La vistieron con ropa de hombre y la ubicaron en la sección masculina, al parecer con el objetivo de que accediera a ser deportada.

"Me dejaron más de 60 días presa mientras estudiaban la forma de deportarme. Pusieron un hombre con una enfermedad en la piel en mi celda para intimidarme", añadió.

Casos como los de Randa violan el artículo 9.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que protege a las personas sin sentencia de detenciones arbitrarias, indica un estudio del Centro Libanés de Derechos Humanos.

Los extranjeros detenidos que cumplieron condena representan casi 13 por ciento de la población carcelaria, según el estudio "Detención arbitraria y tortura: la cruda realidad de Líbano".

Por lo menos nueve iraquíes registrados ante el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados fueron expulsados a su país el año pasado tras un prolongado periodo de detención.

Las autoridades recurren de forma sistemática a detenciones arbitrarias de extranjeros como forma de contener la inmigración.

"Varios refugiados iraquíes que conocimos en la cárcel dijeron que se arriesgaron a entrar sin documentos a sabiendas de que podían ser detenidos. En este país es probable que te manden a otro y rápido", dijo Marie Daunay, del Centro de Derechos Humanos.

"Las autoridades harían mejor en respetar los derechos de los refugiados y dejar de detenerlos por entrar al país sin documentos y deportarlos", sostuvo.

"Así Líbano ya no sería considerado un país hostil, sino una oportunidad para los refugiados. Eso sin mencionar la asistencia internacional que recibiría. Después de todo, igual ingresarán al territorio", añadió.

Este país ratificó la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura en 2000, pero las condiciones de vida de los presos son lamentables debido al hacinamiento y a la falta de asistencia médica.

El Centro de Detención de Adlieh, ubicado bajo un puente y que se usaba como estacionamiento, no entra en la categoría de cárcel. Es más bien un recinto para mantener personas por un máximo de 48 horas.

Pero los presos permanecen varias semanas, hasta meses, bajo tierra y en un espacio sin suficiente ventilación. Suelen haber entre 30 y 35 personas apiñadas en 13 celdas, lo que las obliga a estar sentadas o paradas en espacios compactos en los que apenas pueden estirar las piernas.

Los detenidos sufren reducción de la masa muscular y ósea, pierden visión y presentan otros problemas de salud, además del deterioro psicológico.

"Las trabajadoras inmigrantes pierden años de su vida detenidas", señaló Josie, una filipina que trabaja de forma independiente. "La forma de evitarlo es permitir que la persona conserve su pasaporte y dejar que el empleador se quede con una fotocopia", indicó.

El Observatorio de Protección de Defensores de Derechos Humanos, llamó el jueves a las autoridades libanesas a dejar de hostigar física, psicológica y judicialmente a representantes del Centro de Derechos Humanos libanés.

El Observatorio es un programa conjunto de la Federación Internacional de Derechos Humanos y de la Organización Mundial contra la Tortura

jueves, 24 de marzo de 2011

Aristide en Haiti y la segunda vuelta

Cuando faltan menos de dos días para la segunda vuelta de las elecciones generales de Haití, la llegada del ex presidente Jean Betrand Aristide tras siete años de exilio en África no hacen más que agudizar las tensiones de una controvertida campaña electoral.

"Aristide fue elegido, pero sufrió golpes de Estado", señaló Hari, un profesional de Puerto Príncipe, quien no quiso dar su nombre. "Ayudará a los haitianos a recuperarse y a resolver la crisis en la que estamos inmersos", apuntó.

"Hay gente que conspiró para expulsarlo, si hay problemas será por ellos", añadió.

Aristide, que regresó este viernes, gobernó varias veces el país, primero en 1991, luego entre 1994 y 1996 y finalmente entre 2001 y 2004, cuando fue sacado del país en un avión estadounidense.

Un golpe de Estado con estilo moderno, como lo calificó el propio Aristide. El gobierno de George W. Bush (2001-2009) y sus detractores lo acusaron de corrupción y de violar los derechos humanos hasta que su partida al exilio en el marco de un levantamiento armado.

Documentos diplomáticos de Estados Unidos divulgados por Wikileaks muestran que Washington presionó a otros países para que restringieran la influencia política de Aristide desde el extranjero.

Pero el mes pasado, el gobierno haitiano renovó su pasaporte y esta semana, Sudáfrica rechazó las presiones de Washington para impedir su regreso.

El Consejo Electoral prohibió al partido de Aristide, Fanmi Lavalas, participar en el proceso electoral. "No están organizando elecciones democráticas libres y justas, planean una selección", declaró el ex presidente.

"Por supuesto que estoy preocupado, porque si hay escasa participación o alguien queda afuera, es un camino que conduce a la inestabilidad política, que crea problemas de salud, al igual que la pobreza", respondió Paul Farmer, asistente del enviado especial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) a Haití.

"No hay duda" de que los haitianos acudirán a votar en masa para determinar el futuro de su país", según un comunicado de prensa de la fuerza de paz en Haití, divulgado el jueves. Un asesor de la ONU en materia de seguridad advirtió a los trabajadores humanitarios extranjeros que se prepararan para posibles disturbios.

Los candidatos derechistas de la segunda vuelta, Mirlande Manigat y Michel Martelly, son opositores de Aristide.

El ganador de los comicios de este domingo 20 tendrá que ocuparse de la reconstrucción, lo que implica gestionar miles de millones de dólares comprometidos por donantes internacionales.

"Las elecciones son costosas y los haitianos deben elegir sin grandes trastornos", dijo Alice Blanchet, asesora del primer ministro de Haití, Jean Max Bellerive, a IPS. "El regreso de Aristide será, por cierto, una distracción en vísperas de los comicios", apuntó.

"El resto está fuera de nuestro control y depende de él", añadió.

Los dos candidatos se mostraron menos duros esta semana respecto del ex mandatario declarando que tenía derecho de regresar antes de los comicios.

Algunas personas todavía reclaman que se anule la primera ronda de las elecciones, realizadas en noviembre de 2010, y que se vuelvan a celebrar.

La integrante del Consejo Electoral Provisional, Ginette Cherubin, reveló que ella y otros tres miembros, de los ocho que tiene el órgano, nunca accedieron a firmar los controvertidos resultados de la primera vuelta en los que Manigat obtuvo 31 por ciento de los votos, el oficialista Jude Celestin 22 por ciento y Martelly poco más del 21 por ciento.

El Consejo toma las decisiones por mayoría.

Las protestas hicieron que por recomendación de la Organización de Estados Americanos y debido a la intensa presión de Estados Unidos se cambiara el resultado de los comicios. El candidato del partido gobernante quedó fuera de la contienda por acusaciones de fraude y Martelly quedó en segundo lugar.

El candidato Jean Henry Ceant, quien quedó en cuarto lugar en la primera vuelta, reclamó que el Consejo Electoral entregara una copia del documento con los resultados a la justicia, pues sólo tenía un sello, pero ninguna firma.

miércoles, 23 de marzo de 2011

Grupo de donantes visitan Guatemala

Un grupo internacional de donantes de Guatemala, conocido como G-13, estimó que la visita al país del secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, fortalecerá la lucha contra la impunidad, que alcanza un 98% de los casos que llegan a tribunales.

"G-13 considera que la visita de Ban Ki-moon es importante para fortalecer la lucha contra la impunidad y las exclusiones en el país, especialmente de las poblaciones indígenas", indicó en un comunicado el grupo integrado por nueve países y varios organismos multilaterales.

Ban Ki-moon arribará la noche de este martes a Guatemala para una visita de tres días, durante la cual se reunirá con los presidentes centroamericanos para analizar diferentes temas de integración y justicia.

El G-13 también reiteró su apoyo a una comisión especial de la ONU (la CICIG) que intenta fortalecer el sistema judicial del país y erradicar los aparatos clandestinos incrustados en el Estado.

La Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) fue creada en diciembre de 2006 por la Asamblea General de la ONU, y su actual mandato concluye en setiembre próximo.

El G13 está integrado por Noruega (Presidencia pro-tempore), Alemania, Canadá, España, Estados Unidos, Italia, Japón, Países Bajos y Suecia.

Además, lo integran el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco Mundial (BM), el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la Unión Europea (UE) y la Organización de Estados Americanos (OEA)

martes, 22 de marzo de 2011

ONU y las desapareciciones forzadas en Mexico

El grupo de trabajo de Naciones Unidas sobre las desapariciones forzadas realizará en México su próxima sesión para examinar 190 casos en diferentes países, informó este lunes la oficina en México del Alto Comisionado de los Derechos Humanos.

El grupo de trabajo realizará su 93 sesión en México entre el 15 y 18 de marzo, donde "estudiará más de 190 casos de desapariciones provenientes de diferentes países", dijo el organismo en un comunicado de prensa.

La misión también llevará a cabo una visita oficial del 18 al 31 de marzo a distintas partes del país para recoger información sobre casos pendientes de desapariciones en México.

Uno de los casos de desaparición forzada en México es el de dos integrantes de la guerrilla del Ejército Popular Revolucionario (EPR), de los que no se volvió a saber desde mayo de 2007.

El EPR sostiene que policías y militares capturaron a sus compañeros en Oaxaca (sureste)

lunes, 21 de marzo de 2011

Hugo Chavez y la diplomacia por su amigo en Libia

El ofrecimiento de Hugo Chávez de mediar en la crisis libia es un nuevo intento del presidente venezolano por incursionar en el escenario internacional aunque, para algunos analistas, si apoya al desacreditado Muammar Gadafi se arriesga a "terminar del lado equivocado de la historia".

Si bien la Liga Árabe dijo estar estudiando la propuesta de Chávez, tanto Estados Unidos como Francia se apresuraron a descartar la intervención de un gobernante que ha estado casi solo en su negativa a condenar al líder libio.

Chávez, que supo recibir un premio de derechos humanos otorgado por Gadafi, dijo que sería "hipócrita" de su parte criticar a un hombre al que alguna vez llamó "uno de los mayores líderes de este siglo".

Pero Nikolas Kozloff, autor de varios libros sobre América del Sur, entre ellos "Hugo Chávez: Oil, Politics and the Challenges to the United States" (Hugo Chávez: Petróleo, política y los desafíos para Estados Unidos), dijo a Al Jazeera que cualquier iniciativa de mediación que implique al presidente venezolano estaría comprometida desde el principio.

"Él es un mediador muy sospechoso, porque es pro-Gadafi, así que no creo que sea adecuado", opinó Kozloff.

Estadista internacional

Charles Jones, experto en asuntos latinoamericanos de la Universidad de Cambridge, dijo que posiblemente Chávez esperara impulsar una imagen de estadista internacional capaz de ofrecer una alternativa a las iniciativas lideradas por Occidente, y no de verse motivado por una simpatía personal hacia Gadafi.

"Cualquier ventaja que Chávez pueda sacar de esto tiene menos que ver con el respaldo a Gadafi que con mostrarse como líder de un grupo que encuentra alguna clase de solución diplomática", señaló.

El ofrecimiento de Chávez también se inspira en una tradición de mediación en América Latina, donde a menudo los estados trabajan de modo colectivo para resolver disputas continentales, dijo Jones.

Por ejemplo, el año pasado Nicaragua y Costa Rica aceptaron la mediación de México y Guatemala en torno a una disputa fronteriza, mientras Chávez fungió como negociador autorizado por el gobierno colombiano para la liberación de rehenes y prisioneros en manos de las rebeldes Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia.

También ofreció sus oficios en Honduras tras el golpe militar de 2009 contra el entonces presidente Manuel Zelaya.

Miguel Tinker Salas, autor de "The Enduring Legacy: Oil, Culture and Society in Venezuela" (El legado duradero: Petróleo, cultura y sociedad en Venezuela), también planteó que la principal motivación de Chávez era promover a Venezuela como un país con peso diplomático. Y el ofrecimiento de mediación era bienvenido de todos modos.

Una salida honorable

Para Salas, el único escenario en el que Chávez podría emerger con una imagen positiva sería facilitando "el proceso para que Gadafi abandone el país" sacudido por la represión a una rebelión popular que comenzó con manifestaciones democráticas y ahora está al borde de ser una guerra civil.

Sería cuestión de "brindar una salida honorable a Gadafi por alguna vía que reduzca las tensiones y brinde cierta transición. Así podría salir como un mediador con credibilidad internacional, o podría terminar del lado equivocado de la historia", sostuvo.

David Lehmann, director del Centro de Estudios Latinoamericanos en Cambridge, también sugirió que Chávez podría jugar un rol útil entre Gadafi y otros estados árabes, a causa de los estrechos vínculos que tiene con algunas de esas naciones que integran, como Venezuela y Libia, la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP).

"Gadafi fue expulsado de la Liga Árabe, y los sauditas lo desprecian. La mayoría de sus amistades están más al sur, así que la Liga Árabe podría aceptar que alguien intervenga y medie", opinó Lehmann.

Pero Kozloff planteó que la relación de Venezuela con Libia pone de relieve cuestiones más amplias, relativas a la política exterior de Chávez. El país sudamericano ha forjado asociaciones estratégicas de alto perfil con Irán, Rusia y Belarús, en un esfuerzo por crear una alternativa "multipolar" a la supremacía occidental.

Algunos ven una contradicción entre los abusos a los derechos humanos en esos regímenes y el "socialismo del siglo XXI" de Chávez.

"Aunque es comprensible que se quiera construir este mundo multipolar contra el imperialismo occidental, si ese multipolarismo está compuesto por Rusia, China y una serie de regímenes autoritarios, entonces ¿qué utilidad tiene un mundo multipolar?", se preguntó Kozloff.

Chávez también se arriesga a tomar distancia de las revueltas que están convulsionando el mundo árabe, con posibles implicaciones para sus credenciales izquierdistas en su país y en el exterior.

"En vez de expresar solidaridad con esa generación anacrónica (de gobernantes), debería aliarse con el movimiento actual en Egipto y otros lugares", dijo Kozloff.

Si ejerce de mediador en representación de Gadafi, es posible que algunos en América del Sur no lo vean como particularmente progresista, agregó.

Gregory Wilpert, cofundador del sitio web Venezuela Analysis, señaló que hubo un "vigoroso debate" en las filas chavistas en Venezuela sobre los vínculos del gobierno con Libia.

"Un segmento defiende a Gadafi como revolucionario, y otro lo condena y urge al gobierno a hacerlo también", dijo Wilpert.

"Los opositores de Chávez por supuesto intentan sacar la máxima ventaja de sus vínculos con Gadafi, exhibiéndolos como prueba de que el propio Chávez es un autócrata", añadió.

Similitud de personalidad

Otros sugieren que los vínculos entre Gadafi y Chávez se han exagerado. Pese a las "similitudes de estilo" y de personalidad, Charles Jones cree que a Chávez "lo molestaría la total falta de respeto de Gadafi por la constitucionalidad… Chávez pone mucho énfasis en las elecciones y el apoyo público".

Jonathan Di John, experto en temas venezolanos de la Universidad de Londres, cree que las intenciones de Chávez son "mucho más socialdemócratas que las de Gadafi" y puso en duda que su acercamiento a la crisis de Libia lo perjudique en su país.

La legitimidad de Chávez se construyó sobre todo destinando la riqueza petrolera de Venezuela hacia los pobres, opinó.

En definitiva, según Di John, su ofrecimiento de mediación fue una táctica de bajo riesgo de un político que emplea la retórica antiimperialista para promover el perfil de Venezuela, y que puede no haber esperado jamás que su propuesta fuera tomada en serio.

Como de todos modos Estados Unidos y otros países no le tienen demasiada estima, Chávez no tiene mucho que perder, explicó.

"La política interna decidirá lo que ocurra en Libia, y no quién termine mediando. Así que no veo un premio Nobel de la Paz (para Chávez) en el horizonte", dijo Di John.

domingo, 20 de marzo de 2011

La venta de armas a Libia

Cuando en los años 70 y 80 el líder libio Muammar Gadafi gastó fortunas comprando material bélico a Occidente y a varios países comunistas, Estados Unidos advirtió que Libia podía convertirse en uno de los estados con mayor excedente de armas.

Libia acopió una gran cantidad de armamento sofisticado y si las fuerzas de Estados Unidos y de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) se deciden a imponer una zona de exclusión aérea sobre ese país, Occidente puede llegar a toparse con su propio arsenal.

El régimen del coronel Gadafi depende de lo que acopió en aquellos años, dijo Pieter Wezeman, investigador del programa de transferencia de armas del Stockholm International Peace Research Institute (Instituto Estocolmo de Investigación de Paz), a IPS.

"Gadafi probablemente almacenó muchas armas porque no tenía personal para hacerlas funcionar", apuntó.

Arsenal bélico

Las ganancias obtenidas por la venta de petróleo permitieron al régimen libio dotarse de un enorme arsenal militar que incluye armas de un proveedor no convencional: Brasil.

Ese país entregó a Libia a principios de los años 80 más de 1.000 vehículos blindados para el traslado de efectivos y otros de combate Urutu y Cascavel, que pueden ser utilizados contra la población civil.

Además de bombarderos Sukhoi Su-24, Tuploev Tu-22 y MiG-25, de fabricación soviética, Libia tiene aviones Mirages y Dassault Falcon y helicópteros Aerospatiale, de Francia.

Italia le suministró más de 120 aviones SIAI-Marchetti, los franceses, misiles tierra aire Crotale, Estados Unidos, aviones de carga Lockheed C-130 y los británicos, tanques Centurion y vehículos para el traslado de personal Saladin y Ferret.

Las armas europeas también incluyen rifles belgas, obús suecos y sistemas de defensa antiaéreo Artemis, de Grecia.


La vida útil del armamento de Libia es discutible tras 12 años de embargo, impuesto por Estados Unidos y Europa occidental a mediados de los años 80.

"Lo que es seguro es que no son de última generación y no podrán repeler un ataque aéreo de Estados Unidos y de la OTAN", aseguró.

Pero una gran proporción del armamento libio procede de la hoy disuelta Unión Soviética y, luego, de Rusia, según especialistas en defensa.

En septiembre de 1994, con motivo del 25 aniversario del golpe militar de Gadafi, desfilaron por las calles de Trípoli más de 1.000 tanques T-62 y T-72, de fabricación soviética.

Rusia perderá más de 4.000 millones de dólares en contratos de armas con Libia, anunció la semana pasada el director de una compañía exportadora, Sergei Chemezov, quien reconoció que desde 1992 su país no le vende lanzamisiles ligeros que puedan ser usados contra la aviación occidental.

Estadísticas de la Unión Europea (UE), citadas la semana pasada por el periódico The New York Times, indican que Italia ha sido el mayor exportador de armas a Libia y que inversores libios tienen dos por ciento de las acciones de Finmeccanica, compañía italiana aeroespacial y de defensa.

Estados Unidos destinó 300.000 dólares en 2010 al entrenamiento de efectivos libios en el marco del programa Capacitación y Educación Militar Internacional. Estaban previstos 350.000 dólares para este año.

El programa "se concentró en el compromiso de Libia de renunciar a las armas de destrucción masiva, frenar el rápido crecimiento de la amenaza que supone Al Qaeda en la región y promover fuerzas de seguridad y militar profesionales y efectivas acorde con las prácticas y normas internacionales", según el Departamento de Estado (cancillería) de Estados Unidos.

Trípoli se mostró interesada en comprar nuevos sistemas de armamento desde que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la UE levantaron el embargo entre 2003 y 2004, dijo Wezeman a IPS.

Pero nada indica que hubo intercambios comerciales desde 2004 a la fecha, pese a rumores no confirmados de algunos acuerdos, a no ser por los misiles antitanques Milan de Francia.

Productores de armas de Francia, Gran Bretaña, Italia y Rusia, con apoyo de sus respectivos gobiernos, han mantenido un intenso intercambio comercial con Libia en los últimos años, indicó Weseman.

"La voluntad de vender estuvo, pero Gadafi se mostró cuidadoso a la hora de firmar contratos", apuntó.

Se sabe que algunas de esas armas fueron restauradas o mejoradas en los últimos años, añadió.

La compañía británica GDUK suministró un sistema de comunicación para usar en los tanques T-72 y la francesa Dassault renovó varias más, posiblemente unas 12, incluido el avión caza Mirage F-1, dos de los cuales habrían pasado a Malta hace una semana.

Finmeccanica restauró helicópteros de carga pesada CH-47 y fue contratada para reformar el vehículo de artillería pesada Palmaria.

Libia invirtió en proyectos de seguridad fronteriza, compró equipos y aviones de vigilancia por cientos de millones de euros a Finmeccanica en los últimos años, indicó Wezeman.

Trípoli también adquirió una gran cantidad de rifles, apuntó.

Ucrania exportó 101.500 rifles a Libia entre 2006 y 2007 y una compañía rusa informó haber recibido un contrato para entregar otros 500.000.

Una compañía belga vendió rifles de alta tecnología a Libia hace unos años y, hace un año, una italiana realizó otro envío para uso de la policía, indicó Wezeman.

"Hay motivos para creer que obtuvo más de esas armas de otras fuentes. El nuevo armamento se suman al que ya tenía de los años 70 y 80 y que todavía puede utilizarse", subrayó Wezeman.

Un ataque aéreo de Estados Unidos y la OTAN sin duda destruiría la mayor parte de las armas, como ocurrió en Iraq en 1990 y 2003, apuntó.

"Pero por tierra pueden aparecer los mismos problemas que en Iraq. Con la gran cantidad de armas pequeñas y ligeras existentes será fácil para quien esté interesado conseguir las que necesite", concluyó

sábado, 19 de marzo de 2011

Ecoagricultura el futuro del mundo

En 10 años, la agricultura ecológica podrá duplicar la producción de alimentos en regiones enteras y además mitigar el cambio climático, según un informe de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) divulgado en Ginebra.

Un viraje urgente hacia la "ecoagricultura" es la única manera de poner fin al hambre y de enfrentar los desafios del cambio climático y la pobreza rural, dijo Olivier De Schutter, relator especial de las Naciones Unidas sobre el Derecho a la Alimentación, tras la presentación de su informe anual, el martes, ante el Consejo de Derechos Humanos.

"La agroecología imita a la naturaleza, no a los procesos industriales. Reemplaza los insumos externos, como fertilizantes, con el conocimiento de cómo una combinación de plantas, árboles y animales pueden potenciar la productividad de la tierra", dijo De Schutter a IPS.

"Los rendimientos aumentaron 214 por ciento en 44 proyectos en 20 países de África subsahariana usando técnicas de agricultura ecológica durante un periodo de tres a 10 años, mucho más que lo que jamás logró ningún (cultivo) genéticamente modificado", agregó.

Otros estudios científicos han mostrado que pequeños agricultores en 57 países que usan técnicas agroecológicas obtuvieron aumentos promedio de 80 por ciento en sus rendimientos. El de los africanos fue de 116 por ciento.

"La evidencia científica actual demuestra que el desempeño de los métodos agroecológicos supera al del uso de fertilizantes químicos en el estímulo a la producción alimentaria en regiones donde viven los hambrientos", dijo De Schutter.

La agroecología aplica la ciencia ecológica al diseño de sistemas agrícolas. Potencia la productividad del suelo y protege los cultivos contra las pestes dependiendo de elementos naturales.

La ecoagricultura no requiere costosos pesticidas y fertilizantes elaborados en base a combustibles fósiles, así como tampoco maquinaria cara o semillas híbridas. Es ideal para pequeños agricultores pobres y criadores de ganado, que constituyen la mayor parte de los 1.000 millones de hambrientos del mundo.

Los esfuerzos de los gobiernos y los principales donantes, como la Alianza para una Revolución Verde en África (AGRA, por sus siglas en inglés), de 400 millones de dólares, por subsidiar fertilizantes y semillas híbridas, darán un rápido impulso a los rendimientos, pero no serán sustentables a largo plazo, dijo De Schutter.

La Fundación Gates y la Fundación Rockefeller, que aportan fondos, consideran que el caso de Malawi es exitoso entre los proyectos de AGRA. Sin embargo, el país no puede darse el lujo de continuar con los subsidios a los fertilizantes, y se está pasando a la agroecología.

"El gobierno (de Malawi) ahora subsidia a los agricultores para que planten árboles que fijen el nitrógeno, a fin de garantizar un crecimiento sostenido en la producción de maíz", dijo De Schutter.

Según él, es de esperar que los países se muestren escépticos hacia las soluciones agroecológicas "porque no van en línea con el paradigma dominante".

Ese modelo agrícola dominante es el enfoque industrial, que busca maximizar la eficiencia y los rendimientos. Sin embargo, ese sistema depende totalmente de combustibles fósiles baratos y nunca rinde cuentas por la degradación ambiental y otros impactos que pueda causar.

Uno de esos impactos es en el cambio climático. "Es justo decir que entre 45 y 50 por ciento de todas las emisiones de gases (de efecto invernadero) se generan en la actual forma de producción alimentaria", dijo De Shutter.

Las emisiones perjudiciales para el clima originadas en la agricultura industrial son más que el dióxido de carbono que desprende la quema de combustibles fósiles. Incluyen enormes cantidades de gases invernadero, como el metano que emiten las heces de los animales y el óxido nitroso de los fertilizantes químicos.

Si se suma la deforestación, que se practica principalmente para aumentar las superficies destinadas a la agricultura, y las emisiones derivadas del procesamiento de alimentos y el transporte de larga distancia de los alimentos en todo el mundo, se llega a casi la mitad de todas las emisiones humanas.

La ecoagricultura puede producir más alimentos para los más pobres del mundo, al tiempo de emitir apenas una fracción de las emisiones, e incluso puede almacenar carbono en el suelo, señaló De Shutter.

El movimiento internacional La Vía Campesina intenta plantear esto desde por lo menos 2009. Sus miembros "pueden ayudar a enfriar el planeta", dijo a IPS el agricultor haitiano Chavannes Jean-Baptiste.

"La evidencia es irrefutable. Si podemos cambiar la manera como cultivamos, producimos y distribuimos los alimentos, tendremos una solución poderosa para combatir la crisis climática", señaló Henk Hobbelink, coordinador de Grain.

En 2009, esta organización no gubernamental internacional publicó un informe en el que mostró que la agricultura industrial era, por lejos, la mayor fuente de emisiones de gases invernadero.

"Para lograr estos resultados no hay obstáculos técnicos. Es solamente una cuestión de voluntad política", dijo Hobbelink a IPS.

viernes, 18 de marzo de 2011

Angola podria tener democracia

La protesta de esta semana contra el gobierno de Angola no logró reunir suficiente apoyo, pero reveló el descontento de la población con el régimen de casi 32 años de José Eduardo dos Santos y las debilidades de su partido.

La organización de la movilización fue el principal tema de conversación desde los pisos más altos de los rascacielos hasta los tugurios más pobres en las afueras de las ciudades angoleñas.

Muy pocas personas concurrieron al acto, quizá por temor a las represalias, pero por lo general, la gente se mostró de acuerdo con los reclamos de los organizadores, señaló el periodista y analista político angoleño Rafael Marques.

Las 13 personas que se reunieron en las primeras horas del lunes para lo que los organizadores cibernéticos llamaron la "Revolución Popular Angoleña", fueron rápidamente detenidos junto a los periodistas que los acompañaban.

Dos Santos, el líder libio Muammar Gadafi y el presidente de Guinea Ecuatorial, Teodoro Obiang, son los gobernantes con los regímenes más antiguos del continente.

Descontento popular

"La población de Angola está molesta y Dos Santos es cada vez menos popular. La única garantía de aquí en más es la inestabilidad", aseguró Marques.

La gente de a pie está cada vez más molesta porque no reciben los beneficios del auge económico que vive el país, explicó.

Los casos de corrupción y las denuncias del enriquecimiento personal del presidente y su séquito empeoran la situación, añadió.

El crecimiento de Angola fue enorme en la última década, 11 por ciento, superando incluso al 10,5 por ciento de China, pero dos de cada tres angoleños son pobres y la mitad de la población no tiene acceso a agua por cañería ni a electricidad, según cifras oficiales de 2010.

Hay paralelismos entre Angola y Egipto, Libia y Túnez, sostuvo Fernando Macedo, constitucionalista angoleño crítico del gobierno. "Se puede ver desde la forma en que las autoridades manipulan los medios hasta la intervención del partido de gobierno en la policía y la justicia, que se supone es independiente", indicó.

La detención de los manifestantes violó la Constitución, que consagra el derecho a organizar protestas pacíficas, y no hizo más que mostrar cómo las autoridades infringen las normas, apuntó.

Simulacro de protesta

Corrieron rumores de que la manifestación del lunes fue un invento del gobernante Movimiento Popular para la Liberación de Angola (MPLA) para probar las reacciones de la población y poder identificar a los alborotadores.

Muchas personas sospecharon de los correos electrónicos enviados por alguien que dijo llamarse Agostinho Jonas Roberto dos Santos, los primeros nombres de los tres líderes revolucionarios y el apellido del actual presidente.

El principal partido opositor, la Unión Nacional por la Independencia Total de Angola (Unita), dijo estar a favor de un cambio, pero no poder apoyar a una organización sin rostro. Una movilización desorganizada puede terminar en violencia, alertó.

Reacción oficial

El episodio marcó un punto de inflexión, según Marques, porque expuso la debilidad de la oposición y del partido de gobierno.

"La oposición se mostró demasiado desorganizada y careció de peso intelectual para aprovechar la situación", indicó.

La reacción del MPLA en los medios de comunicación, que urgió a la población a no participar en la protesta, y las detenciones que siguieron no hicieron ningún favor al gobierno, apuntó.

"Quien participe en la movilización será neutralizado porque Angola tiene leyes e instituciones y buenos ciudadanos que comprenden las normas, respetan el país y son patriotas", declaró el secretario del MPLA en Luanda, Bento Bembe.

Los organizadores también fueron acusados de pretender imponer un conflicto armado con "apoyo" de entrometidos "agentes externos" como Portugal y Gran Bretaña, un intento de reavivar el doloroso recuerdo de los 27 años de guerra civil.

La pequeña agrupación Coalición de Partido de Oposición trató de organizar una vigilia el domingo 6, pero el gobierno provincial de Luanda se lo prohibió por razones técnicas. El temor a una reacción violenta llevó a los organizadores a acatar la resolución.

"La situación es muy delicada y muchos fuimos amenazados de muerte", señaló Manuel Fernandes, líder de la Coalición. "No quisimos que hubiera un baño de sangre y decidimos quedarnos en casa y reflexionar sobre los próximos pasos", añadió.

Sin embargo, el gobierno de Luanda no tuvo ningún problema en permitir que el MPLA organizara una movilización que llamó "Marcha por la Paz y la Estabilidad".

La prensa estatal dijo que se concentraron cuatro millones de personas, pero según otras fuentes habrían sido alrededor de 40.000. Muchos de los participantes habrían sido fueron obligados a subir a los autobuses y formar parte de la movilización.

El vicepresidente del MPLA, Roberto de Almeida, recordó a la población los logros obtenidos en tiempos de paz y arremetió contra los disidentes que quieran atentar contra ellos e instalar la guerra en el país.

"La reacción del MPLA fue atroz", sostuvo Marques. "Trataron de aprovecharse de la situación creando confusión y temor. La gente se enojó", añadió.

"Todas las menciones a la guerra son ridículas", coincidió Macedo. "¿De qué hablan? No hay un ejército secreto. Sólo está en la cabeza del MPLA. Cómo puede hablar tanto de la paz y amenazar a la población", se extrañó.

La organización Human Rights Watch (HRW), con sede en Nueva York, condenó la respuesta del gobierno calificándola de "campaña de intimidación" contra la oposición, la prensa y la ciudadanía.

"El partido gobernante no debe asustar a la población con el regreso de la violencia para evitar que exprese sus opiniones. Es una falta de respeto a la libertad política, nada bueno con vistas a las elecciones generales de 2012", señaló el director de HRW África, Daniel Bekele.

De aquí en más

En abril se celebrará el congreso extraordinario del MPLA. Habrá un profundo examen de la situación y se discutirán formas de restaurar la calma.

Los analistas no prevén una agitación importante, lo que reconforta a la gran cantidad de inversores extranjeros presentes en el país debido al auge petrolero, de la industria de diamantes y del sector de la construcción, pero definitivamente, comenzaron a soplar vientos de cambio.

Sea lo que sea que ocurra no surgirá de la oposición ni de un levantamiento popular, sino del colapso del MPLA, lleno de miedos como lo reveló su reacción de esta semana, sostuvo Marques

jueves, 17 de marzo de 2011

Victoria abolicionista en EEUU

Tras haber intentado durante años diseñar un sistema infalible para aplicar la pena de muerte sin riesgo de ejecutar a inocentes, el gobernador del oriental estado estadounidense de Illinois, Pat Quinn, finalmente optó por promulgar esta semana una ley que la abolió.

Esto representa un importante cambio en Estados Unidos, donde el máximo castigo es aplicado todavía en 34 estados, financiado con extraordinarias sumas de dinero aportado por los contribuyentes.

En entrevista con IPS, Richard Dieter, director ejecutivo del Centro de Información sobre la Pena de Muerte, explicó todo lo que significaba esta nueva victoria para el movimiento abolicionista estadounidense, y por qué la pena capital debe ser también eliminada en otros estados.

IPS: ¿Qué representará esto para el movimiento abolicionista en Estados Unidos?

RICHARD DIETER: Es un importante hito en una larga tendencia a abandonar la pena de muerte en Estados Unidos. Ningún estado ha estudiado la pena capital y sus problemas más cuidadosamente que Illinois. Que sus habitantes y representantes lleguen a la conclusión de que la pena capital simplemente no se puede aplicar y debe llegar a su fin es un fuerte mensaje para el resto del país de que el castigo podría estar en su fase final.

En otros estados, las ejecuciones y las sentencias a muerte están declinando. Sin embargo, enormes montos de dinero siguen siendo invertidos en programas que no le dan nada a la sociedad.

IPS: ¿Por qué algunos estados todavía aplican el máximo castigo?

RD: La pena de muerte tiene una larga historia en Estados Unidos, de más de 400 años. Es difícil erradicar una tradición de una sola vez. Pero muchos estados están considerando legislaciones para abolirla, y es claro que otros seguirán el ejemplo de Illinois

Los estados que tienen muchas ejecuciones podrían ponerse a la defensiva.

Pocos creen que la pena de muerte sea efectiva. El principal argumento para mantenerla es la idea de que ciertos delitos solamente pueden ser castigados de esa forma. Pero, mientras más estados demuestren que aún ante crímenes horrendos están mejor sin la pena capital, la fortaleza de ese argumento se diluye.

IPS: ¿Qué es más costoso para el estado? ¿Mantener a presos de por vida o aplicar la pena capital?

RD: El sistema de la pena de muerte es por lejos mucho más caro que el que castiga a los peores delincuentes con prisión de por vida. Los expendios legales para preparar un caso para la pena capital, el juicio mismo, las apelaciones y los altos gastos en el corredor de la muerte superan los costos de 40 años en prisión.

Una sentencia a muerte, contando todos los gastos relacionados, les cuesta a los contribuyentes alrededor de tres millones de dólares, mientras que la cadena perpetua cuesta un millón de dólares.

IPS: Todavía puede haber ejecuciones en Illinois, ya que la ley no se aplicaría retroactivamente. ¿Qué cree que va a pasar con los prisioneros que han estado esperando en el corredor de la muerte por tanto tiempo?

RD: La ley en Illinois no será retroactiva, y los actuales presos afrontan la ejecución. El gobernador podría conmutar sus sentencias a cadena perpetua, o los tribunales podrían considerar que sus condenas a muerte son desproporcionadas dado que el estado decidió abolir el máximo castigo. En todo caso, seguramente permanezcan en prisión el resto de sus vidas.

miércoles, 16 de marzo de 2011

Blogueros por desaparecidos

El chino Peng Gaofeng encontró en febrero a su hijo Wenle, secuestrado tres años antes, gracias a las campañas que lanzó en Internet y que reunieron a 300.000 seguidores. Pero la sociedad reclama más medidas del gobierno y castigos más duros contra los responsables.

"Encontré a mi hijo, pero nunca dejaré de ayudar a los padres que perdieron a los suyos", señaló Peng, de 34 años, quien logró reunirse con Wenle gracias a que uno de sus seguidores dijo haberlo visto pidiendo limosna en las calles de Pizhou.

La ciudad está en la septentrional provincia de Jiangsu a más de 1.200 kilómetros de Shenzhen, donde vivía con su familia.

"Sé lo que están sufriendo. Perdieron de vista a su hijo un momentito y no lo vieron más. Quizá nunca lo encuentren", añadió.

Miles de niños y niñas, hijos de inmigrantes, están desaparecidos en China. Hay muchos casos en Shenzhen y en otras localidades costeras con gran población flotante.

La tradicional preferencia de los chinos por los varones hace que la mayoría de los menores secuestrados sean niños, vendidos por los delincuentes hasta en 10.000 dólares.

Algunos niños terminan en Singapur, Malasia u otro lugar de Asia. Pero la mayoría son comprados por familias del medio rural del sur de China, personas sin hijos o que no tienen varones. Algunos de ellos son obligados a mendigar.

Los casos de secuestro y trata de mujeres, niños y niñas aumentaron en los últimos años, según la Federación Mujeres de Toda China. Entre enero y julio de 2010 hubo 1.200 en los tribunales del país, 45 por ciento más que en el mismo periodo del año anterior.

Las autoridades chinas rara vez permiten que los casos de secuestro infantil estén en las noticias y los que circulan se cubren con relatos de cómo la policía desbarató a una red de trata de personas.

Pero el caso de Peng Wenle concentró la atención de todo el país, apareció en la prensa estatal y fue difundido por Internet.

El reencuentro del niño con su familia coincidió con otro hecho importante. Yu Jianrong, profesora de la Academia China de Ciencias Sociales, lanzó otra campaña motivada por una carta que recibió de una madre angustiada por el secuestro de su hijo.

Yang Weisin, un niño de seis años de Quanzhou, en la sudoriental provincia de Fujian, desapareció en 2009 y fue obligado a mendigar.

Yu instó a los usuarios de Internet a enviar fotografías de niños mendigos a distintos foros de los populares portales QQ y Sina para que los padres pudieran verlas y fueran comparadas con las de la policía.

El impulso de la iniciativa llevó a QQ a crear la página "Bebes vuelven a casa".

Tres semanas después del llamado de Yu se habían compartido 1.800 fotografías y se encontraron cuatro niños, según Information Times, del grupo de medios Guangzhou.

Un voluntario creó una aplicación que permite a la gente cargar las fotografías desde su teléfono celular a una base de datos.

El jefe de la oficina de secuestro infantil del Buró de Seguridad Interna de China, Chen Shiqu, apoyó la campaña en su propio blog. Varios delegados a la Asamblea Nacional Popular, que comenzó sus sesiones anuales la semana pasada en Beijing, tienen previsto redactar una propuesta para atender el asunto.

El gobierno central lanzó su propia iniciativa para frenar el flagelo en abril de 2009, informó el China Youth Daily. Fueron encontrados 6.785 menores y 11.839 mujeres, indicó el periódico.

Las penas previstas para secuestradores y responsables de trata de personas son muy blandas, según numerosos críticos.

Una persona condenada por obligaron a mendigar a discapacitados o menores puede ser castigada con una multa y no más de tres años de prisión. Si hay agravantes, puede llegar a estar hasta siete años.

Secuestradores y traficantes pueden ser sentenciados a entre cinco y 10 años de prisión, más una multa. Los cabecillas de redes delictivas pueden ser condenados a muerte, al igual que la persona que secuestra a tres o más mujeres o menores.

Las iniciativas de la sociedad civil son útiles, pero el gobierno debe fortalecer la legislación, prohibir la mendicidad infantil y adoptar un papel más activo respecto de niñas y niños desaparecidos, indicó Hu Xingdou, profesor de economía del Instituto de Tecnología de Beijing

martes, 15 de marzo de 2011

Cada vez peor Costa de Marfil

La situación en Costa de Marfil se deteriora por la negativa de Laurent Gbagbo a abandonar la Presidencia, pese a los reclamos de la oposición y de la comunidad internacional, y por la ineficacia de organismos regionales en la mediación.

El país está cada vez más cerca de una guerra civil, aumenta la violencia contra manifestantes pacíficos y civiles inocentes y se profundiza la crisis humanitaria para las cientos de miles de personas desplazadas que viven en campamentos.

El régimen de Gbagbo fue acusado de cometer crímenes de guerra y recibió sanciones de la comunidad internacional, cuya intervención fue solicitada por la oposición para terminar el baño de sangre y sacar al hombre fuerte.

Los problemas en Costa de Marfil han dividido el país en los últimos tres meses y, sin embargo, no ha concentrado la atención internacional como Libia.

"Uno aparece en los medios de comunicación minuto a minuto, en twitter y en blogs", señaló la activista Sokari Ekine. "El otro apenas comienza a emerger de los márgenes de la conciencia internacional", apuntó.

"A diferencia de Libia, Costa de Marfil carece de importancia estratégica y la posible pérdida de su principal recurso, el cacao, no siembra el pánico en mercados ni gobiernos", explicó.

Hace unos meses, el cacao alcanzó su precio máximo en 30 años a raíz del conflicto en el principal país exportador dejando "góndolas sin barras de chocolate", pero "el petróleo es más importante en la vida moderna", coincidió The Financial Times.

"Pero para los recolectores, agricultores y la economía de Costa de Marfil, el cacao es fundamental para la subsistencia y vale la pena pelear por él", indicó Ekine.

Antes del estallido de las revueltas populares en el mundo árabe y que la atención de Occidente se concentrara en el norte de África, numerosos analistas internacionales vincularon el futuro del continente africano a la forma en que se resuelva el conflicto en ese país.

"Si la situación en Costa de Marfil no se resuelve de forma adecuada, los demócratas africanos pueden irse a casa", señaló Christopher Fomunyoh, del Instituto Nacional Democrático, en un panel sobre el tema realizado hace dos meses.

"Los votos deben contarse después del sufragio o no habrá democracia en el continente", señaló el presidente nigeriano Goodluck Jonathan.

Este año habrá 20 elecciones en África y los observadores consideran a Costa de Marfil como una prueba sobre las posibilidades de democratización del continente.

La segunda vuelta de los comicios presidenciales en Costa de Marfil se celebró en noviembre y el conflicto se desató cuando la comisión electoral declaró ganador a Alessane Ouattara, con 54,1 por ciento de los votos, frente a Gbagbo, con 45,9 por ciento.

Sin respuesta

Tras dos meses de silencio, el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, emitió un comunicado el miércoles urgiendo a Laurent Gbagbo a ceder el gobierno.

"Estoy particularmente consternado por el asesinato indiscriminado de civiles desarmados en manifestaciones pacíficas, incluso muchas mujeres", indicó Obama. "Todas las partes deben esforzarse por protegerlos", añadió.

Estimaciones de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) indican que murieron 27 personas la semana pasada, lo que elevó a 400 la cantidad de fallecidos desde mediados de diciembre. Pero la oposición sostiene que la cifra es mucho mayor.

La declaración coincidió con la cumbre de la Unión Africana (UA) de esta semana, durante la cual un panel de resolución de disputas integrado por siete jefes de Estado se volvieron a reunir para tratar de negociar el fin del enfrentamiento entre Gbagbo y Ouattara.

Si las elecciones marfileñas fueran una prueba sobre las posibilidades de democratización de África, la capacidad de la UA, y de otros órganos regionales, para poner fin al conflicto sirve para medir el compromiso del continente y la solidez de sus instituciones de integración. Por ahora parece que no superan el desafío.

Representantes de Gbagbo rechazaron con prontitud la primera propuesta del panel de la UA para salir del impasse. El grupo decidió reclamar su salida e insistió en la legitimidad de Ouattara.

Algunos propusieron un acuerdo para compartir el poder, similar al que terminó aceptando Robert Mugabe, quien también se negaba a renunciar a la presidencia de Zimbabwe.

El panel de la UA está integrado por los presidentes de Burkina Faso, Chad, Mauritania, Sudáfrica y Tanzania.

Además de Jonathan, presidente de la Comunidad Económica de Estados de África Occidental (Ecowas, por sus siglas en inglés), también participó el presidente de la UA, Teodor Obiang, quien junto con al líder libio coronel Muammar Gadafi, es el mandatario africano con más años en el cargo.

Los observadores alertan sobre una escalada de violencia a medida que Gbagbo se afianza en el poder y no prospera la mediación de la UA y de Ecowas.

"Existe el peligro de que resurja una guerra civil en el país", alertó este jueves 11 Navi Pillay, jefa de la organización Human Rights Watch en la sede de la ONU, y reclamó el fin del conflicto.

"La situación se deteriora de forma alarmante, con un aumento de enfrentamientos interétnicos e intercomunitarios", apuntó. "Partidarios de ambos bandos atentan contra los derechos humanos y cometen violaciones, secuestros y asesinatos", añadió

lunes, 14 de marzo de 2011

Guerra 2.0 por Alan Gross

La pena de 15 años de prisión al ciudadano estadounidense Alan Gross, a quien Cuba imputó el delito de "actos contra la independencia o la integridad territorial del Estado", es parte de un nuevo capítulo del conflicto entre La Habana y Washington, que ahora se libra en el ciberespacio.

Cuba sostiene que Gross hacía llegar tecnología a grupos de la oposición política interna, incluidos periodistas independientes y otros líderes de esos sectores de la sociedad civil cubana que han concentrado sus actividades antigubernamentales en Internet y las redes sociales.

De acuerdo con Estados Unidos, Gross es una persona de "buena voluntad", que ha ayudado a mucha gente en el mundo y cuya actividad en Cuba se limitaba a entregar computadoras y celulares a organizaciones judías para mejorar sus condiciones de comunicación y acceso a la información.

Un comunicado oficial, divulgado por la televisión estatal cubana el sábado 12, indicó que durante la vista oral del juicio, los días 4 y 5 de este mes, "el acusado reconoció haber sido utilizado y manipulado por la Agencia Estadounidense para el Desarrollo Internacional (Usaid) subordinada al Departamento de Estado" (cancillería) de Estados Unidos.

En el momento de su detención en Cuba, el 3 de diciembre de 2009, Gross trabajaba para la empresa Development Alternatives (DAI), con sede en Bethesda, al norte del distrito de Washington, que se dedica a ejecutar proyectos de desarrollo en otros países y es contratada, entre otros, por la Usaid.

Según el comunicado cubano, las pruebas presentadas en el juicio demostraron la participación directa de Gross "en un proyecto subversivo del gobierno de Estados Unidos" contra esta isla caribeña, "mediante el empleo de sistemas de infocomunicaciones fuera del control de las autoridades para promover planes desestabilizadores".

"La familia Gross está devastada por el veredicto y dura sentencia anunciada hoy por las autoridades cubanas. Habiendo pasado 15 meses en una cárcel de Cuba, Alan y su familia han pagado un enorme precio personal por el prolongado conflicto" entre los dos países, dijo a la prensa el abogado del estadounidense, Peter Kahn.

En tanto, el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Tommy Vietor, consideró que la sanción añade "otra injusticia al suplicio de Alan Gross" y reiteró un llamado a La Habana para la liberación inmediata e incondicional del preso que, según Washington, sólo ayudaba a la comunidad judía cubana.

La divulgación de la condena a Gross coincidió con el anuncio de un nuevo capítulo de la serie documental "Las razones de Cuba", emitida por la televisión estatal. La siguiente entrega, "Mentiras bien pagadas", se dedicará la noche de este lunes 14 al "financiamiento para la ciberguerra de Estados Unidos contra la isla", dijeron fuentes oficiales cubanas.

El sitio web Cubadebate sostiene que el nuevo episodio ahondará en las formas que supuestamente emplea Washington para financiar a presuntos líderes de la sociedad civil y a periodistas independientes, que se expresan sobre todo por medios electrónicos y reciben instrucciones para tratar temas cubanos con "una orientación contrarrevolucionaria".

"El documental ofrecerá, además de informaciones desclasificadas por el gobierno cubano, detalles sobre las partidas presupuestarias que recibe la agencia gubernamental Usaid, de los Estados Unidos, con fines subversivos contra Cuba", añadió Cubadebate, que se autodefine como un sitio web "contra el terrorismo mediático".

Finalizado el proceso a Gross y cuando aún se esperaba la sentencia, la televisión cubana transmitió otro capítulo de "Las razones de Cuba", también dedicado a demostrar cómo el gobierno estadounidense introduce tecnología de comunicaciones en este país caribeño para promover "acciones subversivas".

En ese programa, un joven especialista en telecomunicaciones relataba que fue captado en 2007 por una organización estadounidense que le proporcionó cuatro antenas satelitales camufladas como tablas de surf para que creara redes de comunicación ilegales en Cuba.

El traslado del conflicto bilateral al ciberespacio cobró fuerza cuando el año pasado Wikileaks divulgó un cable transmitido por la Sección de Intereses de Estados Unidos en La Habana (SINA) en el que, además de criticar a la oposición política, el titular de esa representación diplomática reconocía el impacto social que pueden jugar otros sectores, como los blogueros.

"Debemos continuar abriendo Cuba a la era de la información" con el fin de "ayudar y estimular a las generaciones más jóvenes de cubanos en la búsqueda de más libertades y oportunidades", aseguraba el cable fechado el 15 de abril de 2009 y firmado por Jonathan Farrar, entonces jefe de la SINA.

La sentencia de Gross parece cerrar, además, las puertas a una flexibilización de la política de sanciones de Estados Unidos contra Cuba, una posibilidad que se manejó con fuerza cuando fue investido presidente Barack Obama, en enero de 2009, pero que desde el año pasado ha sido descartada por altos funcionarios del gobierno cubano de Raúl Castro.

Gross podría interponer un recurso de casación ante el Tribunal Supremo de Cuba contra la pena impuesta, sostuvo el comunicado oficial. La fiscalía había solicitado 20 años de reclusión, el castigo máximo del Código Penal por el delito imputado

jueves, 10 de marzo de 2011

Mujeres indigenas piden a ONU justicia

Estados Unidos es objeto de escrutinio internacional por no juzgar a quienes ingresan a territorios indígenas para abusar de mujeres y niñas de esas etnias.

Allí, las indígenas son mucho más vulnerables a sufrir abusos que las mujeres de cualquier otro grupo étnico en el país, según Rashida Manjoo, Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre la Violencia contra la Mujer, sus Causas y Consecuencias.

Entre 60 y 80 por ciento de la violencia contra las indígenas estadounidenses es perpetrada por no-nativos, dijo Manjoo.

La relatora, quien se reunió con varios funcionarios y activistas por los derechos humanos para investigar la situación de las mujeres en Estados Unidos, citó datos que revelan que una de cada tres nativas son violadas a lo largo de sus vidas.

En la mayoría de los casos, los violadores quedan libres porque los ancianos de las tribus tienen potestades limitadas para juzgar a quienes cometen delitos en su territorio. Los pueblos originarios sostienen que les resulta muy difícil obtener ayuda de las autoridades estadounidenses.

"Desde 1978, nuestro gobierno tribal (…) fue despojado de la autoridad para juzgar a violadores y abusadores" que no pertenecen a los pueblos nativos, dijo Terri Henry, concejala de la Eastern Band of Cherokee Indians, tribu asentada en una reserva del oriental estado de Carolina del Norte.

En 1838, cuando los colonizadores europeos obligaron a los cherokees a abandonar sus tierras en el sur, miles de indígenas murieron en su camino a Oklahoma, debido a la falta de alimentos, vestimenta y refugio.

"Como todos los otros estatutos y políticas federales hacia los indígenas, la Ley de Remoción legalizó las muertes de miles de mujeres, hombres, niñas y niños cherokees", explicó Henry, quien se reunió con Manjoo el mes pasado.

Henry, que también integra el Indian Law Resource Center, dijo que no se pondrá fin a la violencia contra las mujeres nativas hasta que las autoridades federales "eliminen la barrera legal que ata las manos a los gobiernos tribales".

Los tribunales de las tribus solamente pueden imponer una sentencia de entre uno y tres años. Y en Carolina del Norte, por ejemplo, el delito de violación se castiga con hasta 40 años de cárcel, señaló.

"Así que para la mayoría de las víctimas indígenas, una sentencia de tres años está muy lejos de disponer una justicia igualitaria ante la ley", agregó.

En enero, el fiscal general de Estados Unidos, Eric Holder, anunció la formación de un nuevo grupo de trabajo para proteger a las mujeres aborígenes de la violencia y los abusos.

"Sabemos muy bien que las comunidades tribales enfrentan desafíos únicos en materia de aplicación de la ley y que se están esforzando por revertir una proporción inaceptable de violencia contra mujeres, niños y niñas", dijo Holder.

"El grupo de trabajo ha sido una prioridad para mí desde mi visita a los líderes tribales el año pasado", continuó.

"Es un paso crítico en nuestro trabajo por mejorar la seguridad pública y fortalecer la coordinación y la colaboración relativa a las estrategias de las comunidades tribales para realizar juicios", agregó.

El grupo de trabajo, de 13 miembros, busca elaborar un manual sobre prácticas judiciales para juzgar en el ámbito federal delitos cometidos contra las mujeres en territorios indígenas.

Incluye al fiscal federal para Nebraska y a fiscales federales adjuntos de otros cinco estados del occidente de Estados Unidos, así como a jueces, fiscales y abogados de varias naciones originarias.

El gobierno del presidente Barack Obama también aprobó la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, lo que fue bienvenido por los líderes de los 370 millones de integrantes de los pueblos originarios del mundo.

La histórica declaración de la ONU, que fue rechazada por el gobierno de George W. Bush (2001-2009), reconoce que los pueblos autóctonos de todo el mundo tienen derecho a controlar sus tierras y a practicar sus sistemas de creencias tradicionales.

"La Declaración puede usarse como base para reclamar que el gobierno federal cumpla sus responsabilidades para con las tribus y sus obligaciones de promover y respetar los derechos humanos de las naciones y tribus indígenas", dijo Robert T. Coulter, director ejecutivo del Indian Law Resource Center.

Durante su visita de dos semanas a territorios originarios de Estados Unidos, la relatora especial de la ONU también enfatizó que el racismo y la pobreza son problemas profundamente arraigados.

De las más de un millón de mujeres que actualmente están bajo supervisión del sistema de la justicia penal, por ejemplo, las negras y latinoamericanas representan 46 por ciento. Y la vasta mayoría de ellas han cometido delitos no violentos.

Manjoo tiene previsto presentar su informe al Consejo de Derechos Humanos, con sede en Ginebra, en los próximos tres meses.

Mientras, Henry describió la situación de las mujeres indígenas en Estados Unidos como "una crisis de derechos humanos".

"Estamos contentas de que el resto del mundo esté empezando a prestar atención", dijo.

miércoles, 9 de marzo de 2011

Y despues del juicio a Alan Gross

El conflicto de más de 50 años entre Cuba y Estados Unidos y, especialmente, el sostenido apoyo de Washington a la oposición política en este país caribeño marcarán este viernes 4 de marzo el inicio del juicio contra el ciudadano estadounidense Alan Gross.

Detenido el 3 de diciembre de 2009 cuando intentaba regresar a su país tras un quinto viaje a Cuba en nueve meses, Gross está acusado de cometer actos contra la independencia o la integridad territorial del Estado, delito que según el Código Penal se castiga con hasta 20 años de prisión.

El estadounidense, de 61 años, trabaja para la empresa Development Alternatives (DAI), con sede en Bethesda, al norte del distrito de Washington, que se dedica a labores de desarrollo en otros países. En el momento de su detención se encontraba subcontratado por la estatal Agencia Estadounidense para el Desarrollo Internacional (Usaid).

Sin descartar una presunta implicación en actos de espionaje, fuentes cubanas han asegurado durante meses que el acusado introdujo de forma ilegal, equipos de comunicación satelital para su distribución entre sectores de la oposición política interna, como parte de un programa financiado por la Usaid.

"Violó leyes cubanas, violó la soberanía nacional y cometió delitos que son punibles y que en Estados Unidos son muy castigados", aseguró el 10 de diciembre Ricardo Alarcón, presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular (parlamento unicameral).

Sin embargo, funcionarios del gobierno de Barack Obama y el defensor de Gross insisten en la versión de que el estadounidense se encontraba en este país isleño para ayudar a la pequeña comunidad judía cubana a conectarse a Internet, un derecho que asiste a cualquier persona en cualquier lugar del mundo.

"Hemos dejado claro ante el gobierno cubano que la detención de Alan Gross es un impedimento importante para el avance del diálogo entre nuestros dos países", afirmó el 3 de diciembre el portavoz del Departamento de Estado (cancillería), Phillip J. Crowley.

Un posible canje de Gross por alguno de los cinco agentes cubanos presos en Estados Unidos por cargos de espionaje, y considerados luchadores contra el terrorismo por La Habana, también pareció ser descartada por ambas partes a mediados del año pasado.

Mientras líderes de la comunidad judía y del Consejo de Iglesias de Cuba negaron tener contacto con el contratista estadounidense, Washington destinó a la defensa de Gross 2,6 millones de dólares de los 20 millones aprobados en 2010 para el apoyo a la democracia en la isla.

"Gross no fue detenido por ser judío", dijo el cubano Arturo López-Levy, profesor de la estadounidense Universidad de Denver. A Cuba viajan de forma sistemática delegaciones judías estadounidenses, y muchas de ellas "han donado computadoras y celulares a judíos cubanos", apuntó.

"Sin embargo, ninguno de esos grupos forma parte de una estrategia proclamada para imponer a Cuba un cambio de régimen, a través de leyes aprobadas por el Congreso de Estados Unidos", agregó y pidió que se revisen los programas de ayuda a una transición política en Cuba, heredados del período del ex presidente George W. Bush (2001-2009).

La Ley para la Democracia en Cuba, aprobada por el Congreso legislativo de Estados Unidos en 1992, autorizó la asistencia financiera a individuos y organizaciones que se dediquen a promover "un cambio democrático no violento" en este país de régimen socialista.

Según el abogado cubano-estadounidense José Pertierra, desde la llegada de Bush a la Presidencia, "el presupuesto para crear en Cuba una oposición social, aliada a los intereses de Miami (ciudad donde se concentra el exilio cubano) y de la Casa Blanca, subió astronómicamente: de 3,5 millones de dólares en el 2000 a 45 millones en el 2008".

Observadores locales estiman que la clave ahora podría ser el interés de Cuba en demostrar los vínculos de la disidencia interna con Washington y cuya existencia es atribuida oficialmente sólo al apoyo financiero y logístico que los opositores reciben de Estados Unidos.

En este mismo camino podría interpretarse la revelación, el sábado 26, de la historia de dos agentes cubanos de la seguridad del Estado que durante años convivieron con grupos opositores como la Comisión Nacional de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional y las Damas de Blanco.

Moisés Rodríguez y Carlos Manuel Serpa aparecieron en un filme documental transmitido por la televisión nacional que va más allá de sus historias personales para ahondar en los vínculos permanentes de la oposición con la Oficina de Intereses de Estados Unidos en La Habana y en cómo llegan y se reparten los fondos estadounidenses, entre otras ayudas materiales.

A juicio de los agentes cubanos, conseguir dinero y obtener el aval para una visa de refugiado político son, los motivos más importantes que llevan a los disidentes a involucrarse en acciones que para el gobierno de Cuba son actividades mercenarias.

Además de las subvenciones directas, el gobierno incluye en las opciones de financiamiento los premios internacionales que han recibido grupos disidentes como las Damas de Blanco, mujeres que desde 2003 se unieron para pedir la libertad de sus esposos presos, o Yoani Sánchez, autora del galardonado blog Generación Y

martes, 8 de marzo de 2011

Los gitanos no tenemos la culpa

Bruno Conçalves es muchas cosas: mediador municipal en esta ciudad del centro de Portugal, dirigente de SOS-Racismo, autor de un libro sobre integración escolar o modélico activista de derechos humanos, pero todas ellas "sin dejar nunca de ser gitano".

Además, anticipó a IPS que en septiembre será una cosa más, porque a sus 35 años y tras esforzarse por concluir sus estudios secundarios, ingresará a la universidad para cursar sociología.

Residenciado en Coimbra, a 190 kilómetros al norte de Lisboa, Gonçalves es uno de los 15 mediadores municipales, en un proyecto del Alto Comisariado para la Integración y el Diálogo Intercultural destinado a combatir la exclusión social de los cerca de 50.000 gitanos que integran los 10,6 millones de portugueses.

La discriminación a este pueblo oriundo de India comenzó en el propio momento en que empezaron a emigrar de su territorio original en grandes flujos pendulares entre los siglos III y XV.

El grupo étnico se autodenominaba "dom", palabra de la lengua romaní derivada del sánscrito, que significa "hombre" y cuya evolución fonética dio origen a la palabra "rom".

A lo largo de los siglos, pasaron por Persia, Armenia y Egipto en su camino a Europa, donde desde su arribo en 1322 les fueron puestos muchos nombres derivados de su paso por Egipto, de cuyo gentilicio, egipcio, derivan las palabras "gipsy" "cigano", "gitano", "zíngaro" o "tsigane".

En Portugal, la primera fuente literaria relativa a los gitanos, llamados "calé", es de 1510. En 1647, el rey João IV decretó la deportación de miles de gitanos a las entonces colonias de Brasil, Cabo Verde, Angola y la India portuguesa.

IPS: ¿Es importante que la historia de su pueblo sea conocida por los portugueses no gitanos?

BRUNO GONÇALVES : Un mejor conocimiento de nuestra historia y cultura puede ayudar a generar nuevas dinámicas entre gitanos y no gitanos, con lazos de respeto y aprecio mutuos, una forma de combatir preconceptos y estereotipos que perduran hasta nuestros días.

Sin embargo, Portugal tiene mucho trabajo por delante, en especial en la formación para dar competencias a los gitanos para realizar el ejercicio pleno de la ciudadanía: conseguir un empleo, tener un salario todo el año.

IPS: Un trabajo que es parte de sus funciones como mediador. ¿Cuál ha sido la experiencia?

BG: Ha sido muy complicada. Como mediador, he sentido la frustración de enviar a muchos portugueses gitanos a inscribirse para un empleo, y es verdad, les permiten postular al puesto, pero cuando llegan al mercado laboral privado, las puertas se cierran porque son gitanos.

Sin alternativas de empleo, ¿no nos están empujando hacia la marginalidad?

IPS: Pese a que la discriminación está expresamente prohibida en la Constitución…

BG: Sí, es cierto, pero se trata de un racismo sutil, por lo que es muy difícil llevar un caso al tribunal. Nuestra Constitución no permite ciudadanos de segunda, pero es muy improbable probar que se está cometiendo una discriminación. No es fácil erradicar las ideas negativas de esas personas respecto a los gitanos y la experiencia me indica que es una tarea enorme cambiar esas mentalidades.

IPS: En términos comparativos, ¿cómo califica la situación de los gitanos en Portugal y en otros países europeos?

BG: Comparando con algunos países como Italia, Francia o Hungría, país donde la extrema derecha incluso se dedica a matar gitanos, aquí estamos un poco como en ‘un rinconcito del cielo’.

Pero sutilmente, el racismo es grande. La violencia verbal, el racismo directo, que es practicado en especial en Hungría e Italia, no ocurre tanto en Portugal, pero ese racismo sutil a veces duele más que el racismo directo. Para alquilar una casa, yo tengo dificultades por mi aspecto físico, pero con mi esposa ya no ocurre porque ella no tiene rasgos gitanos.

IPS: ¿Cómo ve las generalizaciones respecto a los gitanos?

BG: Hay una tendencia a aumentar aún más los estereotipos, colocándonos a todos en el mismo saco. Si un gitano tiene un comportamiento erróneo, eso no debe ser visto como una actitud colectiva y eso es lo que mayoritariamente ha hecho la sociedad portuguesa.

IPS: Algo que también ocurre con los africanos…

BG: Sí, pero con los gitanos es diferente. Por mucho que le gente diga ‘los gitanos no se integran’, durante cinco siglos, en Portugal se adaptaron a todo. Otra cosa bien diferente es que los gitanos insistimos en no perder nuestra identidad.

En cambio los afrolusos cuando se instalan aquí, si no son ya asimilados, se dejan asimilar, tienen comportamientos más acordes con la sociedad mayoritaria y, por lo tanto, son mucho mejor aceptados que nosotros.

IPS: El lenguaje de los medios de comunicación parece no contribuir al combate para erradicar el estigma contra los gitanos

BG: Pero podrían ayudar si muchos periodistas portugueses cumpliesen con su deber y respetasen la propia Ley de Prensa, que en su artículo VIII señala que no se puede mencionar la raza y la nacionalidad. Pero ellos continúan haciéndolo y si la entidad que regula la comunicación social actuase, muchas personas ya habrían sido procesadas.

Lo que varios periodistas están haciendo con sus generalizaciones, es levantar aún más los muros de la intolerancia.

IPS: En el seminario 'Inclusión social de los gitanos en Portugal y en la UE', el 25 de febrero, se mencionaron tres categorías de calés: los totalmente integrados, los relativamente integrados y los que están lejos de la integración. ¿Concuerda con esa división?

BG: Estoy de acuerdo que existen gitanos que conquistaron su integración, pero muchas veces a través del poder económico. Hoy, quien tiene dinero, lo tiene todo. Pero son muy escasos, un grano de arena en una inmensa duna.

No obstante, en un ejercicio pleno de ciudadanía, no cabe a una persona gitana conquistar, cabe también a la sociedad dar, pero darnos efectivamente y no con ese tipo de hipocresías.

Trabajar para gitanos es una cosa, trabajar con gitanos es bien otra. Yo quiero trabajar con no gitanos y con gitanos. Muchas veces se dice ‘tenemos a los mediadores’, pero nosotros, los mediadores, muchas veces somos instrumentos manipulados.

IPS. ¿Por sus colegas de trabajo?

BG: Se dicen palabras bonitas, pero en el terreno no es así. La realidad es otra. Cuando dicen que nos consideran como iguales y como colegas de trabajo, la realidad no es exactamente esa. Somos siempre considerados como gitanos para todos los efectos. Y en verdad yo, para todos los efectos, soy el portugués Bruno Gonçalves, mediador, pero no por eso dejo de ser gitano

lunes, 7 de marzo de 2011

Oman no sabe que hacer

Nuevas protestas populares se produjeron en el sultanato de Omán esta semana, en el marco de una ola de manifestaciones pro-democráticas en todo el mundo árabe.

La habitual tranquilidad en la norteña ciudad portuaria de Sohar se vio afectada en los últimos días.

Testigos dijeron que soldados dispararon al aire e hirieron a una persona el martes, cuando intentaban dispersar a una multitud que protestaba cerca de esta ciudad. "Éramos entre 200 y 300 personas en la carretera. El ejército comenzó a disparar al aire", narró uno de los manifestantes a condición de mantener el anonimato.

"Muchas personas corrieron. El hombre que recibió el disparo había llegado para calmar al ejército", añadió.

La multitud se dispersó sólo para reagruparse en la plaza Globe, ubicada cerca del puerto, y las tropas se retiraron, dijeron testigos.

Más tarde, el tráfico comenzó a fluir libremente en el puerto, y en la plaza se ubicaron cinco vehículos blindados, pero los manifestantes habían desaparecido.

Fue el cuarto día de protestas en Omán. Los manifestantes exigen más empleos y reformas políticas. El lunes habían bloqueado la entrada al puerto de Sohar, que exporta al día 160.000 barriles de 159 litros de petróleo refinado

También se han producido pequeñas protestas en la capital, Muscat.

Unos 300 manifestantes realizaron una sentada frente a la sede de la Asamblea Consultiva del sultanato el martes, exigiendo reformas y el fin de la corrupción.

La protesta fue organizada por intelectuales y organizaciones de la sociedad civil. Los manifestantes portaban carteles que rezaban: "Queremos empleos", "Queremos salarios más altos" y "Queremos libertad de prensa".

Mientras, unas 2.000 personas se reunieron en una mezquita para expresar su apoyo a la monarquía absoluta del sultán Qabus bin Said, quien ha gobernado este país durante cuatro décadas. Sus partidarios responsabilizaron a los manifestantes de la violencia de esta semana.

El domingo pasado, en un intento de calmar las tensiones, el sultán prometió crear 50.000 nuevos empleos, brindar beneficios a los desempleados por 390 dólares mensuales y considerar una ampliación de poderes a la Asamblea Consultiva, que en la actualidad ejerce sólo funciones de asesoría.

Hubo informes encontrados sobre el número de muertos en los enfrentamientos de Sohar el domingo, cuando la policía abrió fuego a manifestantes que lanzaban piedras, luego de haber intentado dispersarlos a bastonazos y con gases lacrimógenos.

El Ministerio de Salud señaló que una persona había fallecido, pero un médico y varias enfermeras de un hospital estatal aseguraron que las víctimas fatales eran seis.

"Hemos estado en contacto con el gobierno y aconsejamos la contención y la resolución de los conflictos a través del diálogo", dijo el lunes el portavoz del Departamento de Estado (cancillería) de Estados Unidos, P.J. Crowley.

Los partidos políticos están prohibidos en Omán, y el sultán Qabus ejerce el poder absoluto.

El monarca reorganizó su gabinete el sábado pasado, una semana después de que protestas en Muscat le dieran el primer indicio de que el descontento popular en todo el mundo árabe podría alcanzar a Omán.

Este país no integra la Organización de Países Exportadores de Petróleo, pero genera unos 850.000 barriles diarios y tiene fuertes vínculos militares y políticos con Occidente.

Algunos países árabes ricos en la región, como Arabia Saudita y Kuwait, han prometido miles de millones de dólares en beneficios públicos y han ofrecido modestas reformas para mantener en calma a sus habitantes, luego de que movimientos populares derrocaran a los respectivos gobiernos de Túnez y Egipto, y amenazan ahora al de Libia.

domingo, 6 de marzo de 2011

Practicas africanas de dolor y mutilacion

El monte Elgon, en la frontera occidental de Kenia, es una de las regiones más marginadas del país, al punto de no tener ni un metro cuadrado de camino asfaltado y de sostener prácticas culturales como la mutilación genital femenina y el matrimonio infantil.

Hasta hace muy poco estaba mal visto que las niñas fueran a la escuela y que se educaran, y se considerada una falta de respeto y una abominación la simple idea de que pudieran servir la comida a su padre.

La región se caracteriza, además, por enfrentamientos violentos por la propiedad de la tierra.

En esas duras condiciones se crió Jennifer Masis, quien, contra todos los pronósticos, se convirtió en una fuerza arrolladora decidida a conferir valor y poder de decisión a las mujeres.

Nacida en 1970 en la comunidad patriarcal de Sabot, Masis debió soportar la gran marginación que pesa sobre las mujeres en el oeste de Kenia.

"Crecí sabiendo muy bien que el lugar de las mujeres en la sociedad es el de ser vistas y no escuchadas. No podíamos ni sentarnos frente a los hombres, cuanto menos hablar", relató.

"El niño goza de todas las oportunidades disponibles para crecer y desarrollarse, en tanto a la niña se la puede casar a los 12 años para tener ganado y poder venderlo para pagar los gastos escolares del varón", añadió.

La ablación genital era la norma. Se entendía como una marca de crecimiento y un ritual para distinguir a las niñas que la tenían, de las que no.

"Las mujeres que no estaban mutiladas eran consideradas niñas y no podían casarse", explicó.

Por suerte para ella, su padre le permitió ir a la escuela, aunque su presencia fue considerada por muchos integrantes de la comunidad como una vergüenza para su familia.

La muerte de su madre cuando estaba por dar un examen fundamental para decidir a qué facultad intentaría ingresar fue uno de los varios motivos que complicaron su educación. Pero finalmente se destacó en la Universidad de Moi, donde obtuvo un título en desarrollo comunitario.

Allí cultivó su pasión por el trabajo con la gente y, tras graduarse en 1994, se convirtió en una activista por el derecho de las niñas a educarse.

"No fue fácil, pero había que hacerlo", indicó.

"Las mujeres me apoyaron mucho porque vieron cómo mejoró mi vida gracias a la educación y me hizo una persona diferente. Al haber sido yo misma mutilada pude usar mi propia experiencia para denunciar la práctica y defender la educación como forma de distinción y de refinamiento", remarcó.

Su papel en la comunidad como cruzada por los derechos femeninos atrajo a las mujeres mayores, que vieron que tenía lo necesario para liderar. Así fue cómo se plantó en ella la semilla de la política.

"Esa fue la primera vez que realmente pensé en dedicarme a la política. El apoyo de las ancianas fue muy importante porque sabía que toda mi familia, incluidos los parientes políticos, harían lo mismo, y así fue", relató Masis, madre de cinco niños.

"Me zambullí en política y en 2002 me presenté como candidata a un escaño parlamentario en el distrito de Kwanza", indicó.

Su periplo electoral estuvo "plagado de amenazas e intimidaciones, pese al gran apoyo de actores clave, de su familia, de las ancianos y sus partidarios", recordó.

"Sufrí todo tipo de abusos. Hasta me amenazaron con mandarme 14 jóvenes a violarme", apuntó. "Seguí y hasta fui designada para encabezar la lista del partido Unión Nacional Africana de Kenia", añadió.

Pero no sospechó que era el principio del fin.

"Me llamó un dirigente para avisarme de que el partido había decidido que no les interesaba una mujer y que el número dos tomaría mi lugar", relató.

"Quedé muy sorprendida, pero me mantuve firme hasta que recibí otra llamada, esta vez de una de las figuras más influyentes del partido, quien no anduvo con rodeos. Me dijo que no sólo no estaba interesado en mujeres sino que, al tener 32 años, tenía todo un futuro por delante para perseguir mi sueño", añadió.

Masis llevó el caso a la justicia, pero la Comisión Electoral ya había concluido la etapa de inscripciones de candidatos y la dejó afuera. Sin embargo no se amedrentó.

En 2004 participó en la Conferencia Constitucional Nacional en el centro cultural Bomas, en las afueras de Nairobi, encargada de redactar una nueva carta magna.

Masis vivió la oportunidad como una forma de ayudar a crear estructuras que facilitaran la participación femenina en política y evitaran la discriminación e intimidación de los propios partidos.

Siguió también denunciando la mutilación genital y trabajando con organizaciones femeninas como Rural Women Peace (Mujeres Rurales por la Paz) y el Caucus for Women Leadership (Bloque por el Liderazgo Femenino).

"Mi mensaje siempre subrayó la importancia de la educación de las niñas. En mi comunidad era extremadamente difícil acceder a información siendo niña. Quería ver ese cambio, y eso me llevó a crear Tears of Women Organisation (Organización Lágrimas de Mujeres)", agregó.

Ese nombre "da resonancia al dolor y las dificultades por las que pasé y por las que no quiero que pase otra niña", dijo. Se trata de "no tener que luchar y soportar tanto para acceder a una vida digna"

sábado, 5 de marzo de 2011

La violencia de costa de marfil

La misión de la ONU en Costa de Marfil no puede cumplir su mandato frente la violencia cotidiana de las fuerzas de seguridad leales al presidente Laurent Gbagbo, que se niega a abandonar el poder, dijo a Al Jazeera el representante de este país ante el foro mundial, Youssoufou Bamba.

"Partidarios de Gbagbo impiden que las fuerzas de paz hagan su trabajo e, incluso, las atacan", declaró.

Los efectivos fieles al presidente dispararon a matar contra una manifestación de mujeres favorables a su rival, Alassane Ouattara, dejando por lo menos seis muertas.

El episodio ocurrió el jueves, cuando varios cientos de mujeres se congregaron en el distrito de Abobo, en Abiyán, gritando "Gbagbo, fuera" y "Alassane presidente", dijo un residente a la agencia de noticias francesa AFP.

Varias camionetas y un camión con efectivos armados llegaron hasta el lugar de la protesta y abrieron fuego, señaló Mohammed Dosso, asistente del alcalde de Abobo.

Sirah Drane, una de las organizadoras de la movilización, se disponía a dirigirse a la multitud con un megáfono cuando vio que llegaban tanques.

"Había miles de mujeres", señaló. "Pero pensamos que no nos iban a disparar. Luego escuché un estallido. Nos acribillaron. Traté de correr, pero me caí y me pisotearon", relató, Drane, de 41 años.

"¿Abrir fuego contra mujeres desarmadas? ¡Inconcebible!", señaló incrédula.

El ataque motivó una inmediata condena de Estados Unidos que, al igual que muchos otros países, reclamó la renuncia de Gbagbo. La comunidad internacional reconoció a su rival como legítimo presidente de Costa de Marfil.

"La bancarrota moral de Laurent Gbagbo es evidente al tener fuerzas de seguridad que disparan contra una manifestación de mujeres", reza un mensaje escrito en la red social Twitter por el portavoz del Departamento de Estado (cancillería) de Estados Unidos, P. J. Crowley.

Combate callejero

Más de 200.000 personas huyeron de Abobo, según la Organización de las Naciones Unidas (ONU) a raíz de los fuertes combates entre la policía y los rebeldes, aliados a Ouattara.

La agencia de la ONU para los refugiados expresó su alarma por las graves condiciones de las personas que quieren salir de la zona.

"Hay muchos muertos, autobuses quemados, comercios saqueados y hombres armados atacando a la gente en su propia casa", informó la organización.

Gbagbo cortó el suministro eléctrico y de agua al norte del país, controlado por los rebeldes, lo que puede derivar en una crisis humanitaria, señaló un portavoz del foro mundial en Costa de Marfil.

La ONU entregó 14.000 litros de agua potable a las zonas afectadas, señaló Kristen Saloomey, corresponsal de Al Jazeera en Nueva York.

Al Consejo de Seguridad le preocupa mucho que la violencia en este país africano derive en otra guerra civil.

El actual conflicto en Costa de Marfil comenzó tras la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en noviembre, cuando la comisión electoral declaró a Ouattara triunfador con 54,1 por ciento de los votos, por encima de Gbagbo, con 45,9 por ciento.

Gbagbo, cristiano y considerado un acérrimo nacionalista, se negó a entregar el gobierno a Ouattara, quien goza del apoyo de las potencias occidentales y de la ONU.

La situación degeneró la semana pasada, cuando fuerzas leales a Gbagbo comenzaron a utilizar armas letales, como morteros y lanzacohetes.

Cientos de personas murieron tras la violencia postelectoral.

Después de la guerra civil de 2002-2003, Costa de Marfil quedó dividido entre el norte, controlado por los rebeldes, y el sur, leal al gobierno central. Se reunificó oficialmente en 2007, luego de aprobado el acuerdo de paz.

Las elecciones del año pasado reavivaron las tensiones.

Ouattara mantiene el apoyo de la mitad norte del país, donde muchos de sus habitantes se quejan de ser tratados como extranjeros por los del sur.

"La población del norte y del centro son blanco de ataques y "temen por su vida", dijo a Al Jazeera el representante marfileño ante la ONU, Youssoufou Bamba, designado por Ouattara.

Varios gobernantes africanos no pudieron convencer a Gbagbo de que deje el cargo, pese a haberle ofrecido una amnistía y la posibilidad de exiliarse