El Faro (luz a caso de violaciones a derechos humanos)

Politicas de genero

2011-03-26T12:00:00.000-07:00

La ghanesa Eva recibió cinco cerdos e información para aprender a cuidarlos. Al tiempo logró tener 400, pudo comprar más tierras y una motocicleta para llevar productos al mercado, trasladar vecinos al pueblo y llegar más rápido al hospital.

El caso de Eva es sólo un ejemplo de los beneficios de invertir en campesinas, no sólo por sus derechos, sino por sus comunidades y el desarrollo en general, señaló Danielle Mutone-Smith, directora de política agrícola y comercial de la organización no gubernamental Women Thrive Worldwide (mujeres prosperan en el mundo).

Las mujeres tienen menos acceso a fertilizantes, variedades de semillas, ganado, equipos y otros insumos así como a crédito y educación, lo que les disminuye su productividad en comparación con las posibilidades que tienen los hombres, concluye el informe anual de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), divulgado la semana pasada.

La situación varía de un lugar a otro, pero la ecuación de menos producción por falta de disponibilidad de recursos es "lo más cerca que se puede llegar a una generalización en relación con" las granjeras, señaló Terri Raney, economista de FAO y editora de "Estado de la Alimentación y la Agricultura".

Cincuenta por ciento de la población rural de países en desarrollo son mujeres, pero sólo entre tres y 20 por ciento son propietarias de la tierra, de acuerdo a los datos disponibles.

Aumentar los recursos disponibles para las campesinas, lo que el documento llama cerrar "la brecha de género", es dar un paso hacia el desarrollo económico y la equidad, y combatir la desnutrición.

Con la misma disponibilidad de recursos que los hombres, las mujeres pueden aumentar la productividad entre 20 y 30 por ciento, lo que elevaría la producción agrícola de los países en desarrollo de 2,5 a cuatro por ciento, estima la FAO.

Ese volumen de alimentos se traduce de 100 millones a 150 millones de personas desnutridas menos, o una disminución de entre 12 y 17 por ciento.

"Hablamos de 100 millones de personas cuyas vidas pueden cambiar con sólo emparejar el terreno", señaló Mutone-Smith.

Implementación en camino

Una gran proporción de trabajadoras del mundo se desempeñan en el sector agrícola, remarcó Raney.

"Las mujeres son importantes para la agricultura y vice versa", apuntó. "Una política agrícola implica una política de género, pues la mayoría son campesinas", añadió.

Hace décadas que los donantes conocen esa relación, pero sus acciones se ampliaron en los últimos años, quizá por una mayor conciencia del papel que la productividad agrícola desempeña en el desarrollo económico y de la importancia de las mujeres en el sector, Eija Peju, responsable del trabajo sobre género y agricultura del Banco Mundial.

El Banco Mundial priorizó esta perspectiva en 2007 con la implementación del Plan de Acción de Género para mejorar el acceso de las mujeres al trabajo, los derechos de propiedad, los servicios financieros y los insumos agrícolas, así como políticas para garantizar que el tema figure en los proyectos de la institución.

"Hace dos o tres décadas que el asunto está en el aire", indicó Peju. "Pero cambió en 2008", apuntó.

Pehu mencionó un proyecto que permitió que muchas mujeres de Mali obtuvieran un producto de exportación con mayor valor agregado y aumentaran sus ingresos, y otro en Kosovo para capacitar y ayudar a las que desconocían sus derechos sobre la propiedad de tierras.

La FAO recomienda achicar la brecha de género mediante insumos y asegurando que las mujeres tengan el mismo derecho legal que los hombres a heredar tierras, abrir cuentas bancarias y firmar contratos. El proceso requiere cambiar la legislación y garantizar su aplicación, indicó Raney.

El Banco Mundial tiene un proyecto de equidad de género en Etiopía, donde gobierno y donantes emplean dos formas para asegurar el derecho de las mujeres a la tierra. La más fácil implica agregar más espacio en los certificados de propiedad para poner dos fotografías y los nombres de ambos cónyuges. La segunda, y más compleja, hacer mapas de las propiedades con tecnología satelital.

Estados Unidos también considera que mujeres y niñas deben ser prioridad de las inversiones para lograr un desarrollo global, como la iniciativa Alimentar el Futuro y el Programa Global de Seguridad Alimentaria y Agricultura.

La secretaria de Estado (canciller,) Hillary Rodham Clinton, modificó el proverbio "dale a un hombre un pescado y lo alimentarás un día, enséñale a pescar y comerá toda la vida" y dijo "si ensañas a pescar a una mujer alimentará a toda la aldea".

Presos en Libano, olvidados

2011-03-25T12:00:00.000-07:00

Sin conexiones ni dinero es muy difícil para refugiados y trabajadores inmigrantes sin documentos escapar de las prolongadas detenciones en las cárceles de Líbano.

Muy pocos detenidos reciben apoyo institucional de sus embajadas. Mezclados con delincuentes y asesinos, la mayoría pasa meses preso, incluso años, antes de comparecer ante un juez.

El delito que cometieron es no tener pasaporte porque les fue confiscado cuando llegaron a Líbano o porque nunca lo tuvieron.

También hay casos de confusión de identidad. "Pasé por esa situación un año después de llegar a Líbano tras escapar de amenazas de muerte en Argelia por ser transgénero", dijo Randa a IPS.

"Cuando traté de renovar mi visa, me dijeron que mi nombre de hombre era igual al de un libanés que había desertado del servicio militar y por eso me habían detenido, pero llegué a pensar que la embajada argelina estaba involucrada", relató.

Le dijeron que estaría presa 24 horas por averiguaciones, pero estuvo varios meses. La vistieron con ropa de hombre y la ubicaron en la sección masculina, al parecer con el objetivo de que accediera a ser deportada.

"Me dejaron más de 60 días presa mientras estudiaban la forma de deportarme. Pusieron un hombre con una enfermedad en la piel en mi celda para intimidarme", añadió.

Casos como los de Randa violan el artículo 9.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que protege a las personas sin sentencia de detenciones arbitrarias, indica un estudio del Centro Libanés de Derechos Humanos.

Los extranjeros detenidos que cumplieron condena representan casi 13 por ciento de la población carcelaria, según el estudio "Detención arbitraria y tortura: la cruda realidad de Líbano".

Por lo menos nueve iraquíes registrados ante el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados fueron expulsados a su país el año pasado tras un prolongado periodo de detención.

Las autoridades recurren de forma sistemática a detenciones arbitrarias de extranjeros como forma de contener la inmigración.

"Varios refugiados iraquíes que conocimos en la cárcel dijeron que se arriesgaron a entrar sin documentos a sabiendas de que podían ser detenidos. En este país es probable que te manden a otro y rápido", dijo Marie Daunay, del Centro de Derechos Humanos.

"Las autoridades harían mejor en respetar los derechos de los refugiados y dejar de detenerlos por entrar al país sin documentos y deportarlos", sostuvo.

"Así Líbano ya no sería considerado un país hostil, sino una oportunidad para los refugiados. Eso sin mencionar la asistencia internacional que recibiría. Después de todo, igual ingresarán al territorio", añadió.

Este país ratificó la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura en 2000, pero las condiciones de vida de los presos son lamentables debido al hacinamiento y a la falta de asistencia médica.

El Centro de Detención de Adlieh, ubicado bajo un puente y que se usaba como estacionamiento, no entra en la categoría de cárcel. Es más bien un recinto para mantener personas por un máximo de 48 horas.

Pero los presos permanecen varias semanas, hasta meses, bajo tierra y en un espacio sin suficiente ventilación. Suelen haber entre 30 y 35 personas apiñadas en 13 celdas, lo que las obliga a estar sentadas o paradas en espacios compactos en los que apenas pueden estirar las piernas.

Los detenidos sufren reducción de la masa muscular y ósea, pierden visión y presentan otros problemas de salud, además del deterioro psicológico.

"Las trabajadoras inmigrantes pierden años de su vida detenidas", señaló Josie, una filipina que trabaja de forma independiente. "La forma de evitarlo es permitir que la persona conserve su pasaporte y dejar que el empleador se quede con una fotocopia", indicó.

El Observatorio de Protección de Defensores de Derechos Humanos, llamó el jueves a las autoridades libanesas a dejar de hostigar física, psicológica y judicialmente a representantes del Centro de Derechos Humanos libanés.

El Observatorio es un programa conjunto de la Federación Internacional de Derechos Humanos y de la Organización Mundial contra la Tortura

Aristide en Haiti y la segunda vuelta

2011-03-24T12:00:00.000-07:00

Cuando faltan menos de dos días para la segunda vuelta de las elecciones generales de Haití, la llegada del ex presidente Jean Betrand Aristide tras siete años de exilio en África no hacen más que agudizar las tensiones de una controvertida campaña electoral.

"Aristide fue elegido, pero sufrió golpes de Estado", señaló Hari, un profesional de Puerto Príncipe, quien no quiso dar su nombre. "Ayudará a los haitianos a recuperarse y a resolver la crisis en la que estamos inmersos", apuntó.

"Hay gente que conspiró para expulsarlo, si hay problemas será por ellos", añadió.

Aristide, que regresó este viernes, gobernó varias veces el país, primero en 1991, luego entre 1994 y 1996 y finalmente entre 2001 y 2004, cuando fue sacado del país en un avión estadounidense.

Un golpe de Estado con estilo moderno, como lo calificó el propio Aristide. El gobierno de George W. Bush (2001-2009) y sus detractores lo acusaron de corrupción y de violar los derechos humanos hasta que su partida al exilio en el marco de un levantamiento armado.

Documentos diplomáticos de Estados Unidos divulgados por Wikileaks muestran que Washington presionó a otros países para que restringieran la influencia política de Aristide desde el extranjero.

Pero el mes pasado, el gobierno haitiano renovó su pasaporte y esta semana, Sudáfrica rechazó las presiones de Washington para impedir su regreso.

El Consejo Electoral prohibió al partido de Aristide, Fanmi Lavalas, participar en el proceso electoral. "No están organizando elecciones democráticas libres y justas, planean una selección", declaró el ex presidente.

"Por supuesto que estoy preocupado, porque si hay escasa participación o alguien queda afuera, es un camino que conduce a la inestabilidad política, que crea problemas de salud, al igual que la pobreza", respondió Paul Farmer, asistente del enviado especial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) a Haití.

"No hay duda" de que los haitianos acudirán a votar en masa para determinar el futuro de su país", según un comunicado de prensa de la fuerza de paz en Haití, divulgado el jueves. Un asesor de la ONU en materia de seguridad advirtió a los trabajadores humanitarios extranjeros que se prepararan para posibles disturbios.

Los candidatos derechistas de la segunda vuelta, Mirlande Manigat y Michel Martelly, son opositores de Aristide.

El ganador de los comicios de este domingo 20 tendrá que ocuparse de la reconstrucción, lo que implica gestionar miles de millones de dólares comprometidos por donantes internacionales.

"Las elecciones son costosas y los haitianos deben elegir sin grandes trastornos", dijo Alice Blanchet, asesora del primer ministro de Haití, Jean Max Bellerive, a IPS. "El regreso de Aristide será, por cierto, una distracción en vísperas de los comicios", apuntó.

"El resto está fuera de nuestro control y depende de él", añadió.

Los dos candidatos se mostraron menos duros esta semana respecto del ex mandatario declarando que tenía derecho de regresar antes de los comicios.

Algunas personas todavía reclaman que se anule la primera ronda de las elecciones, realizadas en noviembre de 2010, y que se vuelvan a celebrar.

La integrante del Consejo Electoral Provisional, Ginette Cherubin, reveló que ella y otros tres miembros, de los ocho que tiene el órgano, nunca accedieron a firmar los controvertidos resultados de la primera vuelta en los que Manigat obtuvo 31 por ciento de los votos, el oficialista Jude Celestin 22 por ciento y Martelly poco más del 21 por ciento.

El Consejo toma las decisiones por mayoría.

Las protestas hicieron que por recomendación de la Organización de Estados Americanos y debido a la intensa presión de Estados Unidos se cambiara el resultado de los comicios. El candidato del partido gobernante quedó fuera de la contienda por acusaciones de fraude y Martelly quedó en segundo lugar.

El candidato Jean Henry Ceant, quien quedó en cuarto lugar en la primera vuelta, reclamó que el Consejo Electoral entregara una copia del documento con los resultados a la justicia, pues sólo tenía un sello, pero ninguna firma.

Grupo de donantes visitan Guatemala

2011-03-23T12:00:00.000-07:00

Un grupo internacional de donantes de Guatemala, conocido como G-13, estimó que la visita al país del secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, fortalecerá la lucha contra la impunidad, que alcanza un 98% de los casos que llegan a tribunales.

"G-13 considera que la visita de Ban Ki-moon es importante para fortalecer la lucha contra la impunidad y las exclusiones en el país, especialmente de las poblaciones indígenas", indicó en un comunicado el grupo integrado por nueve países y varios organismos multilaterales.

Ban Ki-moon arribará la noche de este martes a Guatemala para una visita de tres días, durante la cual se reunirá con los presidentes centroamericanos para analizar diferentes temas de integración y justicia.

El G-13 también reiteró su apoyo a una comisión especial de la ONU (la CICIG) que intenta fortalecer el sistema judicial del país y erradicar los aparatos clandestinos incrustados en el Estado.

La Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) fue creada en diciembre de 2006 por la Asamblea General de la ONU, y su actual mandato concluye en setiembre próximo.

El G13 está integrado por Noruega (Presidencia pro-tempore), Alemania, Canadá, España, Estados Unidos, Italia, Japón, Países Bajos y Suecia.

Además, lo integran el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco Mundial (BM), el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la Unión Europea (UE) y la Organización de Estados Americanos (OEA)

ONU y las desapareciciones forzadas en Mexico

2011-03-22T12:00:00.000-07:00

El grupo de trabajo de Naciones Unidas sobre las desapariciones forzadas realizará en México su próxima sesión para examinar 190 casos en diferentes países, informó este lunes la oficina en México del Alto Comisionado de los Derechos Humanos.

El grupo de trabajo realizará su 93 sesión en México entre el 15 y 18 de marzo, donde "estudiará más de 190 casos de desapariciones provenientes de diferentes países", dijo el organismo en un comunicado de prensa.

La misión también llevará a cabo una visita oficial del 18 al 31 de marzo a distintas partes del país para recoger información sobre casos pendientes de desapariciones en México.

Uno de los casos de desaparición forzada en México es el de dos integrantes de la guerrilla del Ejército Popular Revolucionario (EPR), de los que no se volvió a saber desde mayo de 2007.

El EPR sostiene que policías y militares capturaron a sus compañeros en Oaxaca (sureste)

Hugo Chavez y la diplomacia por su amigo en Libia

2011-03-21T12:00:00.000-07:00

El ofrecimiento de Hugo Chávez de mediar en la crisis libia es un nuevo intento del presidente venezolano por incursionar en el escenario internacional aunque, para algunos analistas, si apoya al desacreditado Muammar Gadafi se arriesga a "terminar del lado equivocado de la historia".

Si bien la Liga Árabe dijo estar estudiando la propuesta de Chávez, tanto Estados Unidos como Francia se apresuraron a descartar la intervención de un gobernante que ha estado casi solo en su negativa a condenar al líder libio.

Chávez, que supo recibir un premio de derechos humanos otorgado por Gadafi, dijo que sería "hipócrita" de su parte criticar a un hombre al que alguna vez llamó "uno de los mayores líderes de este siglo".

Pero Nikolas Kozloff, autor de varios libros sobre América del Sur, entre ellos "Hugo Chávez: Oil, Politics and the Challenges to the United States" (Hugo Chávez: Petróleo, política y los desafíos para Estados Unidos), dijo a Al Jazeera que cualquier iniciativa de mediación que implique al presidente venezolano estaría comprometida desde el principio.

"Él es un mediador muy sospechoso, porque es pro-Gadafi, así que no creo que sea adecuado", opinó Kozloff.

Estadista internacional

Charles Jones, experto en asuntos latinoamericanos de la Universidad de Cambridge, dijo que posiblemente Chávez esperara impulsar una imagen de estadista internacional capaz de ofrecer una alternativa a las iniciativas lideradas por Occidente, y no de verse motivado por una simpatía personal hacia Gadafi.

"Cualquier ventaja que Chávez pueda sacar de esto tiene menos que ver con el respaldo a Gadafi que con mostrarse como líder de un grupo que encuentra alguna clase de solución diplomática", señaló.

El ofrecimiento de Chávez también se inspira en una tradición de mediación en América Latina, donde a menudo los estados trabajan de modo colectivo para resolver disputas continentales, dijo Jones.

Por ejemplo, el año pasado Nicaragua y Costa Rica aceptaron la mediación de México y Guatemala en torno a una disputa fronteriza, mientras Chávez fungió como negociador autorizado por el gobierno colombiano para la liberación de rehenes y prisioneros en manos de las rebeldes Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia.

También ofreció sus oficios en Honduras tras el golpe militar de 2009 contra el entonces presidente Manuel Zelaya.

Miguel Tinker Salas, autor de "The Enduring Legacy: Oil, Culture and Society in Venezuela" (El legado duradero: Petróleo, cultura y sociedad en Venezuela), también planteó que la principal motivación de Chávez era promover a Venezuela como un país con peso diplomático. Y el ofrecimiento de mediación era bienvenido de todos modos.

Una salida honorable

Para Salas, el único escenario en el que Chávez podría emerger con una imagen positiva sería facilitando "el proceso para que Gadafi abandone el país" sacudido por la represión a una rebelión popular que comenzó con manifestaciones democráticas y ahora está al borde de ser una guerra civil.

Sería cuestión de "brindar una salida honorable a Gadafi por alguna vía que reduzca las tensiones y brinde cierta transición. Así podría salir como un mediador con credibilidad internacional, o podría terminar del lado equivocado de la historia", sostuvo.

David Lehmann, director del Centro de Estudios Latinoamericanos en Cambridge, también sugirió que Chávez podría jugar un rol útil entre Gadafi y otros estados árabes, a causa de los estrechos vínculos que tiene con algunas de esas naciones que integran, como Venezuela y Libia, la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP).

"Gadafi fue expulsado de la Liga Árabe, y los sauditas lo desprecian. La mayoría de sus amistades están más al sur, así que la Liga Árabe podría aceptar que alguien intervenga y medie", opinó Lehmann.

Pero Kozloff planteó que la relación de Venezuela con Libia pone de relieve cuestiones más amplias, relativas a la política exterior de Chávez. El país sudamericano ha forjado asociaciones estratégicas de alto perfil con Irán, Rusia y Belarús, en un esfuerzo por crear una alternativa "multipolar" a la supremacía occidental.

Algunos ven una contradicción entre los abusos a los derechos humanos en esos regímenes y el "socialismo del siglo XXI" de Chávez.

"Aunque es comprensible que se quiera construir este mundo multipolar contra el imperialismo occidental, si ese multipolarismo está compuesto por Rusia, China y una serie de regímenes autoritarios, entonces ¿qué utilidad tiene un mundo multipolar?", se preguntó Kozloff.

Chávez también se arriesga a tomar distancia de las revueltas que están convulsionando el mundo árabe, con posibles implicaciones para sus credenciales izquierdistas en su país y en el exterior.

"En vez de expresar solidaridad con esa generación anacrónica (de gobernantes), debería aliarse con el movimiento actual en Egipto y otros lugares", dijo Kozloff.

Si ejerce de mediador en representación de Gadafi, es posible que algunos en América del Sur no lo vean como particularmente progresista, agregó.

Gregory Wilpert, cofundador del sitio web Venezuela Analysis, señaló que hubo un "vigoroso debate" en las filas chavistas en Venezuela sobre los vínculos del gobierno con Libia.

"Un segmento defiende a Gadafi como revolucionario, y otro lo condena y urge al gobierno a hacerlo también", dijo Wilpert.

"Los opositores de Chávez por supuesto intentan sacar la máxima ventaja de sus vínculos con Gadafi, exhibiéndolos como prueba de que el propio Chávez es un autócrata", añadió.

Similitud de personalidad

Otros sugieren que los vínculos entre Gadafi y Chávez se han exagerado. Pese a las "similitudes de estilo" y de personalidad, Charles Jones cree que a Chávez "lo molestaría la total falta de respeto de Gadafi por la constitucionalidad… Chávez pone mucho énfasis en las elecciones y el apoyo público".

Jonathan Di John, experto en temas venezolanos de la Universidad de Londres, cree que las intenciones de Chávez son "mucho más socialdemócratas que las de Gadafi" y puso en duda que su acercamiento a la crisis de Libia lo perjudique en su país.

La legitimidad de Chávez se construyó sobre todo destinando la riqueza petrolera de Venezuela hacia los pobres, opinó.

En definitiva, según Di John, su ofrecimiento de mediación fue una táctica de bajo riesgo de un político que emplea la retórica antiimperialista para promover el perfil de Venezuela, y que puede no haber esperado jamás que su propuesta fuera tomada en serio.

Como de todos modos Estados Unidos y otros países no le tienen demasiada estima, Chávez no tiene mucho que perder, explicó.

"La política interna decidirá lo que ocurra en Libia, y no quién termine mediando. Así que no veo un premio Nobel de la Paz (para Chávez) en el horizonte", dijo Di John.

La venta de armas a Libia

2011-03-20T12:00:00.000-07:00

Cuando en los años 70 y 80 el líder libio Muammar Gadafi gastó fortunas comprando material bélico a Occidente y a varios países comunistas, Estados Unidos advirtió que Libia podía convertirse en uno de los estados con mayor excedente de armas.

Libia acopió una gran cantidad de armamento sofisticado y si las fuerzas de Estados Unidos y de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) se deciden a imponer una zona de exclusión aérea sobre ese país, Occidente puede llegar a toparse con su propio arsenal.

El régimen del coronel Gadafi depende de lo que acopió en aquellos años, dijo Pieter Wezeman, investigador del programa de transferencia de armas del Stockholm International Peace Research Institute (Instituto Estocolmo de Investigación de Paz), a IPS.

"Gadafi probablemente almacenó muchas armas porque no tenía personal para hacerlas funcionar", apuntó.

Arsenal bélico

Las ganancias obtenidas por la venta de petróleo permitieron al régimen libio dotarse de un enorme arsenal militar que incluye armas de un proveedor no convencional: Brasil.

Ese país entregó a Libia a principios de los años 80 más de 1.000 vehículos blindados para el traslado de efectivos y otros de combate Urutu y Cascavel, que pueden ser utilizados contra la población civil.

Además de bombarderos Sukhoi Su-24, Tuploev Tu-22 y MiG-25, de fabricación soviética, Libia tiene aviones Mirages y Dassault Falcon y helicópteros Aerospatiale, de Francia.

Italia le suministró más de 120 aviones SIAI-Marchetti, los franceses, misiles tierra aire Crotale, Estados Unidos, aviones de carga Lockheed C-130 y los británicos, tanques Centurion y vehículos para el traslado de personal Saladin y Ferret.

Las armas europeas también incluyen rifles belgas, obús suecos y sistemas de defensa antiaéreo Artemis, de Grecia.

La vida útil del armamento de Libia es discutible tras 12 años de embargo, impuesto por Estados Unidos y Europa occidental a mediados de los años 80.

"Lo que es seguro es que no son de última generación y no podrán repeler un ataque aéreo de Estados Unidos y de la OTAN", aseguró.

Pero una gran proporción del armamento libio procede de la hoy disuelta Unión Soviética y, luego, de Rusia, según especialistas en defensa.

En septiembre de 1994, con motivo del 25 aniversario del golpe militar de Gadafi, desfilaron por las calles de Trípoli más de 1.000 tanques T-62 y T-72, de fabricación soviética.

Rusia perderá más de 4.000 millones de dólares en contratos de armas con Libia, anunció la semana pasada el director de una compañía exportadora, Sergei Chemezov, quien reconoció que desde 1992 su país no le vende lanzamisiles ligeros que puedan ser usados contra la aviación occidental.

Estadísticas de la Unión Europea (UE), citadas la semana pasada por el periódico The New York Times, indican que Italia ha sido el mayor exportador de armas a Libia y que inversores libios tienen dos por ciento de las acciones de Finmeccanica, compañía italiana aeroespacial y de defensa.

Estados Unidos destinó 300.000 dólares en 2010 al entrenamiento de efectivos libios en el marco del programa Capacitación y Educación Militar Internacional. Estaban previstos 350.000 dólares para este año.

El programa "se concentró en el compromiso de Libia de renunciar a las armas de destrucción masiva, frenar el rápido crecimiento de la amenaza que supone Al Qaeda en la región y promover fuerzas de seguridad y militar profesionales y efectivas acorde con las prácticas y normas internacionales", según el Departamento de Estado (cancillería) de Estados Unidos.

Trípoli se mostró interesada en comprar nuevos sistemas de armamento desde que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la UE levantaron el embargo entre 2003 y 2004, dijo Wezeman a IPS.

Pero nada indica que hubo intercambios comerciales desde 2004 a la fecha, pese a rumores no confirmados de algunos acuerdos, a no ser por los misiles antitanques Milan de Francia.

Productores de armas de Francia, Gran Bretaña, Italia y Rusia, con apoyo de sus respectivos gobiernos, han mantenido un intenso intercambio comercial con Libia en los últimos años, indicó Weseman.

"La voluntad de vender estuvo, pero Gadafi se mostró cuidadoso a la hora de firmar contratos", apuntó.

Se sabe que algunas de esas armas fueron restauradas o mejoradas en los últimos años, añadió.

La compañía británica GDUK suministró un sistema de comunicación para usar en los tanques T-72 y la francesa Dassault renovó varias más, posiblemente unas 12, incluido el avión caza Mirage F-1, dos de los cuales habrían pasado a Malta hace una semana.

Finmeccanica restauró helicópteros de carga pesada CH-47 y fue contratada para reformar el vehículo de artillería pesada Palmaria.

Libia invirtió en proyectos de seguridad fronteriza, compró equipos y aviones de vigilancia por cientos de millones de euros a Finmeccanica en los últimos años, indicó Wezeman.

Trípoli también adquirió una gran cantidad de rifles, apuntó.

Ucrania exportó 101.500 rifles a Libia entre 2006 y 2007 y una compañía rusa informó haber recibido un contrato para entregar otros 500.000.

Una compañía belga vendió rifles de alta tecnología a Libia hace unos años y, hace un año, una italiana realizó otro envío para uso de la policía, indicó Wezeman.

"Hay motivos para creer que obtuvo más de esas armas de otras fuentes. El nuevo armamento se suman al que ya tenía de los años 70 y 80 y que todavía puede utilizarse", subrayó Wezeman.

Un ataque aéreo de Estados Unidos y la OTAN sin duda destruiría la mayor parte de las armas, como ocurrió en Iraq en 1990 y 2003, apuntó.

"Pero por tierra pueden aparecer los mismos problemas que en Iraq. Con la gran cantidad de armas pequeñas y ligeras existentes será fácil para quien esté interesado conseguir las que necesite", concluyó

Ecoagricultura el futuro del mundo

2011-03-19T12:00:00.000-07:00

En 10 años, la agricultura ecológica podrá duplicar la producción de alimentos en regiones enteras y además mitigar el cambio climático, según un informe de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) divulgado en Ginebra.

Un viraje urgente hacia la "ecoagricultura" es la única manera de poner fin al hambre y de enfrentar los desafios del cambio climático y la pobreza rural, dijo Olivier De Schutter, relator especial de las Naciones Unidas sobre el Derecho a la Alimentación, tras la presentación de su informe anual, el martes, ante el Consejo de Derechos Humanos.

"La agroecología imita a la naturaleza, no a los procesos industriales. Reemplaza los insumos externos, como fertilizantes, con el conocimiento de cómo una combinación de plantas, árboles y animales pueden potenciar la productividad de la tierra", dijo De Schutter a IPS.

"Los rendimientos aumentaron 214 por ciento en 44 proyectos en 20 países de África subsahariana usando técnicas de agricultura ecológica durante un periodo de tres a 10 años, mucho más que lo que jamás logró ningún (cultivo) genéticamente modificado", agregó.

Otros estudios científicos han mostrado que pequeños agricultores en 57 países que usan técnicas agroecológicas obtuvieron aumentos promedio de 80 por ciento en sus rendimientos. El de los africanos fue de 116 por ciento.

"La evidencia científica actual demuestra que el desempeño de los métodos agroecológicos supera al del uso de fertilizantes químicos en el estímulo a la producción alimentaria en regiones donde viven los hambrientos", dijo De Schutter.

La agroecología aplica la ciencia ecológica al diseño de sistemas agrícolas. Potencia la productividad del suelo y protege los cultivos contra las pestes dependiendo de elementos naturales.

La ecoagricultura no requiere costosos pesticidas y fertilizantes elaborados en base a combustibles fósiles, así como tampoco maquinaria cara o semillas híbridas. Es ideal para pequeños agricultores pobres y criadores de ganado, que constituyen la mayor parte de los 1.000 millones de hambrientos del mundo.

Los esfuerzos de los gobiernos y los principales donantes, como la Alianza para una Revolución Verde en África (AGRA, por sus siglas en inglés), de 400 millones de dólares, por subsidiar fertilizantes y semillas híbridas, darán un rápido impulso a los rendimientos, pero no serán sustentables a largo plazo, dijo De Schutter.

La Fundación Gates y la Fundación Rockefeller, que aportan fondos, consideran que el caso de Malawi es exitoso entre los proyectos de AGRA. Sin embargo, el país no puede darse el lujo de continuar con los subsidios a los fertilizantes, y se está pasando a la agroecología.

"El gobierno (de Malawi) ahora subsidia a los agricultores para que planten árboles que fijen el nitrógeno, a fin de garantizar un crecimiento sostenido en la producción de maíz", dijo De Schutter.

Según él, es de esperar que los países se muestren escépticos hacia las soluciones agroecológicas "porque no van en línea con el paradigma dominante".

Ese modelo agrícola dominante es el enfoque industrial, que busca maximizar la eficiencia y los rendimientos. Sin embargo, ese sistema depende totalmente de combustibles fósiles baratos y nunca rinde cuentas por la degradación ambiental y otros impactos que pueda causar.

Uno de esos impactos es en el cambio climático. "Es justo decir que entre 45 y 50 por ciento de todas las emisiones de gases (de efecto invernadero) se generan en la actual forma de producción alimentaria", dijo De Shutter.

Las emisiones perjudiciales para el clima originadas en la agricultura industrial son más que el dióxido de carbono que desprende la quema de combustibles fósiles. Incluyen enormes cantidades de gases invernadero, como el metano que emiten las heces de los animales y el óxido nitroso de los fertilizantes químicos.

Si se suma la deforestación, que se practica principalmente para aumentar las superficies destinadas a la agricultura, y las emisiones derivadas del procesamiento de alimentos y el transporte de larga distancia de los alimentos en todo el mundo, se llega a casi la mitad de todas las emisiones humanas.

La ecoagricultura puede producir más alimentos para los más pobres del mundo, al tiempo de emitir apenas una fracción de las emisiones, e incluso puede almacenar carbono en el suelo, señaló De Shutter.

El movimiento internacional La Vía Campesina intenta plantear esto desde por lo menos 2009. Sus miembros "pueden ayudar a enfriar el planeta", dijo a IPS el agricultor haitiano Chavannes Jean-Baptiste.

"La evidencia es irrefutable. Si podemos cambiar la manera como cultivamos, producimos y distribuimos los alimentos, tendremos una solución poderosa para combatir la crisis climática", señaló Henk Hobbelink, coordinador de Grain.

En 2009, esta organización no gubernamental internacional publicó un informe en el que mostró que la agricultura industrial era, por lejos, la mayor fuente de emisiones de gases invernadero.

"Para lograr estos resultados no hay obstáculos técnicos. Es solamente una cuestión de voluntad política", dijo Hobbelink a IPS.

Angola podria tener democracia

2011-03-18T12:00:00.000-07:00

La protesta de esta semana contra el gobierno de Angola no logró reunir suficiente apoyo, pero reveló el descontento de la población con el régimen de casi 32 años de José Eduardo dos Santos y las debilidades de su partido.

La organización de la movilización fue el principal tema de conversación desde los pisos más altos de los rascacielos hasta los tugurios más pobres en las afueras de las ciudades angoleñas.

Muy pocas personas concurrieron al acto, quizá por temor a las represalias, pero por lo general, la gente se mostró de acuerdo con los reclamos de los organizadores, señaló el periodista y analista político angoleño Rafael Marques.

Las 13 personas que se reunieron en las primeras horas del lunes para lo que los organizadores cibernéticos llamaron la "Revolución Popular Angoleña", fueron rápidamente detenidos junto a los periodistas que los acompañaban.

Dos Santos, el líder libio Muammar Gadafi y el presidente de Guinea Ecuatorial, Teodoro Obiang, son los gobernantes con los regímenes más antiguos del continente.

Descontento popular

"La población de Angola está molesta y Dos Santos es cada vez menos popular. La única garantía de aquí en más es la inestabilidad", aseguró Marques.

La gente de a pie está cada vez más molesta porque no reciben los beneficios del auge económico que vive el país, explicó.

Los casos de corrupción y las denuncias del enriquecimiento personal del presidente y su séquito empeoran la situación, añadió.

El crecimiento de Angola fue enorme en la última década, 11 por ciento, superando incluso al 10,5 por ciento de China, pero dos de cada tres angoleños son pobres y la mitad de la población no tiene acceso a agua por cañería ni a electricidad, según cifras oficiales de 2010.

Hay paralelismos entre Angola y Egipto, Libia y Túnez, sostuvo Fernando Macedo, constitucionalista angoleño crítico del gobierno. "Se puede ver desde la forma en que las autoridades manipulan los medios hasta la intervención del partido de gobierno en la policía y la justicia, que se supone es independiente", indicó.

La detención de los manifestantes violó la Constitución, que consagra el derecho a organizar protestas pacíficas, y no hizo más que mostrar cómo las autoridades infringen las normas, apuntó.

Simulacro de protesta

Corrieron rumores de que la manifestación del lunes fue un invento del gobernante Movimiento Popular para la Liberación de Angola (MPLA) para probar las reacciones de la población y poder identificar a los alborotadores.

Muchas personas sospecharon de los correos electrónicos enviados por alguien que dijo llamarse Agostinho Jonas Roberto dos Santos, los primeros nombres de los tres líderes revolucionarios y el apellido del actual presidente.

El principal partido opositor, la Unión Nacional por la Independencia Total de Angola (Unita), dijo estar a favor de un cambio, pero no poder apoyar a una organización sin rostro. Una movilización desorganizada puede terminar en violencia, alertó.

Reacción oficial

El episodio marcó un punto de inflexión, según Marques, porque expuso la debilidad de la oposición y del partido de gobierno.

"La oposición se mostró demasiado desorganizada y careció de peso intelectual para aprovechar la situación", indicó.

La reacción del MPLA en los medios de comunicación, que urgió a la población a no participar en la protesta, y las detenciones que siguieron no hicieron ningún favor al gobierno, apuntó.

"Quien participe en la movilización será neutralizado porque Angola tiene leyes e instituciones y buenos ciudadanos que comprenden las normas, respetan el país y son patriotas", declaró el secretario del MPLA en Luanda, Bento Bembe.

Los organizadores también fueron acusados de pretender imponer un conflicto armado con "apoyo" de entrometidos "agentes externos" como Portugal y Gran Bretaña, un intento de reavivar el doloroso recuerdo de los 27 años de guerra civil.

La pequeña agrupación Coalición de Partido de Oposición trató de organizar una vigilia el domingo 6, pero el gobierno provincial de Luanda se lo prohibió por razones técnicas. El temor a una reacción violenta llevó a los organizadores a acatar la resolución.

"La situación es muy delicada y muchos fuimos amenazados de muerte", señaló Manuel Fernandes, líder de la Coalición. "No quisimos que hubiera un baño de sangre y decidimos quedarnos en casa y reflexionar sobre los próximos pasos", añadió.

Sin embargo, el gobierno de Luanda no tuvo ningún problema en permitir que el MPLA organizara una movilización que llamó "Marcha por la Paz y la Estabilidad".

La prensa estatal dijo que se concentraron cuatro millones de personas, pero según otras fuentes habrían sido alrededor de 40.000. Muchos de los participantes habrían sido fueron obligados a subir a los autobuses y formar parte de la movilización.

El vicepresidente del MPLA, Roberto de Almeida, recordó a la población los logros obtenidos en tiempos de paz y arremetió contra los disidentes que quieran atentar contra ellos e instalar la guerra en el país.

"La reacción del MPLA fue atroz", sostuvo Marques. "Trataron de aprovecharse de la situación creando confusión y temor. La gente se enojó", añadió.

"Todas las menciones a la guerra son ridículas", coincidió Macedo. "¿De qué hablan? No hay un ejército secreto. Sólo está en la cabeza del MPLA. Cómo puede hablar tanto de la paz y amenazar a la población", se extrañó.

La organización Human Rights Watch (HRW), con sede en Nueva York, condenó la respuesta del gobierno calificándola de "campaña de intimidación" contra la oposición, la prensa y la ciudadanía.

"El partido gobernante no debe asustar a la población con el regreso de la violencia para evitar que exprese sus opiniones. Es una falta de respeto a la libertad política, nada bueno con vistas a las elecciones generales de 2012", señaló el director de HRW África, Daniel Bekele.

De aquí en más

En abril se celebrará el congreso extraordinario del MPLA. Habrá un profundo examen de la situación y se discutirán formas de restaurar la calma.

Los analistas no prevén una agitación importante, lo que reconforta a la gran cantidad de inversores extranjeros presentes en el país debido al auge petrolero, de la industria de diamantes y del sector de la construcción, pero definitivamente, comenzaron a soplar vientos de cambio.

Sea lo que sea que ocurra no surgirá de la oposición ni de un levantamiento popular, sino del colapso del MPLA, lleno de miedos como lo reveló su reacción de esta semana, sostuvo Marques

Victoria abolicionista en EEUU

2011-03-17T12:00:00.000-07:00

Tras haber intentado durante años diseñar un sistema infalible para aplicar la pena de muerte sin riesgo de ejecutar a inocentes, el gobernador del oriental estado estadounidense de Illinois, Pat Quinn, finalmente optó por promulgar esta semana una ley que la abolió.

Esto representa un importante cambio en Estados Unidos, donde el máximo castigo es aplicado todavía en 34 estados, financiado con extraordinarias sumas de dinero aportado por los contribuyentes.

En entrevista con IPS, Richard Dieter, director ejecutivo del Centro de Información sobre la Pena de Muerte, explicó todo lo que significaba esta nueva victoria para el movimiento abolicionista estadounidense, y por qué la pena capital debe ser también eliminada en otros estados.

IPS: ¿Qué representará esto para el movimiento abolicionista en Estados Unidos?

RICHARD DIETER: Es un importante hito en una larga tendencia a abandonar la pena de muerte en Estados Unidos. Ningún estado ha estudiado la pena capital y sus problemas más cuidadosamente que Illinois. Que sus habitantes y representantes lleguen a la conclusión de que la pena capital simplemente no se puede aplicar y debe llegar a su fin es un fuerte mensaje para el resto del país de que el castigo podría estar en su fase final.

En otros estados, las ejecuciones y las sentencias a muerte están declinando. Sin embargo, enormes montos de dinero siguen siendo invertidos en programas que no le dan nada a la sociedad.

IPS: ¿Por qué algunos estados todavía aplican el máximo castigo?

RD: La pena de muerte tiene una larga historia en Estados Unidos, de más de 400 años. Es difícil erradicar una tradición de una sola vez. Pero muchos estados están considerando legislaciones para abolirla, y es claro que otros seguirán el ejemplo de Illinois

Los estados que tienen muchas ejecuciones podrían ponerse a la defensiva.

Pocos creen que la pena de muerte sea efectiva. El principal argumento para mantenerla es la idea de que ciertos delitos solamente pueden ser castigados de esa forma. Pero, mientras más estados demuestren que aún ante crímenes horrendos están mejor sin la pena capital, la fortaleza de ese argumento se diluye.

IPS: ¿Qué es más costoso para el estado? ¿Mantener a presos de por vida o aplicar la pena capital?

RD: El sistema de la pena de muerte es por lejos mucho más caro que el que castiga a los peores delincuentes con prisión de por vida. Los expendios legales para preparar un caso para la pena capital, el juicio mismo, las apelaciones y los altos gastos en el corredor de la muerte superan los costos de 40 años en prisión.

Una sentencia a muerte, contando todos los gastos relacionados, les cuesta a los contribuyentes alrededor de tres millones de dólares, mientras que la cadena perpetua cuesta un millón de dólares.

IPS: Todavía puede haber ejecuciones en Illinois, ya que la ley no se aplicaría retroactivamente. ¿Qué cree que va a pasar con los prisioneros que han estado esperando en el corredor de la muerte por tanto tiempo?

RD: La ley en Illinois no será retroactiva, y los actuales presos afrontan la ejecución. El gobernador podría conmutar sus sentencias a cadena perpetua, o los tribunales podrían considerar que sus condenas a muerte son desproporcionadas dado que el estado decidió abolir el máximo castigo. En todo caso, seguramente permanezcan en prisión el resto de sus vidas.

Blogueros por desaparecidos

2011-03-16T12:00:00.000-07:00

El chino Peng Gaofeng encontró en febrero a su hijo Wenle, secuestrado tres años antes, gracias a las campañas que lanzó en Internet y que reunieron a 300.000 seguidores. Pero la sociedad reclama más medidas del gobierno y castigos más duros contra los responsables.

"Encontré a mi hijo, pero nunca dejaré de ayudar a los padres que perdieron a los suyos", señaló Peng, de 34 años, quien logró reunirse con Wenle gracias a que uno de sus seguidores dijo haberlo visto pidiendo limosna en las calles de Pizhou.

La ciudad está en la septentrional provincia de Jiangsu a más de 1.200 kilómetros de Shenzhen, donde vivía con su familia.

"Sé lo que están sufriendo. Perdieron de vista a su hijo un momentito y no lo vieron más. Quizá nunca lo encuentren", añadió.

Miles de niños y niñas, hijos de inmigrantes, están desaparecidos en China. Hay muchos casos en Shenzhen y en otras localidades costeras con gran población flotante.

La tradicional preferencia de los chinos por los varones hace que la mayoría de los menores secuestrados sean niños, vendidos por los delincuentes hasta en 10.000 dólares.

Algunos niños terminan en Singapur, Malasia u otro lugar de Asia. Pero la mayoría son comprados por familias del medio rural del sur de China, personas sin hijos o que no tienen varones. Algunos de ellos son obligados a mendigar.

Los casos de secuestro y trata de mujeres, niños y niñas aumentaron en los últimos años, según la Federación Mujeres de Toda China. Entre enero y julio de 2010 hubo 1.200 en los tribunales del país, 45 por ciento más que en el mismo periodo del año anterior.

Las autoridades chinas rara vez permiten que los casos de secuestro infantil estén en las noticias y los que circulan se cubren con relatos de cómo la policía desbarató a una red de trata de personas.

Pero el caso de Peng Wenle concentró la atención de todo el país, apareció en la prensa estatal y fue difundido por Internet.

El reencuentro del niño con su familia coincidió con otro hecho importante. Yu Jianrong, profesora de la Academia China de Ciencias Sociales, lanzó otra campaña motivada por una carta que recibió de una madre angustiada por el secuestro de su hijo.

Yang Weisin, un niño de seis años de Quanzhou, en la sudoriental provincia de Fujian, desapareció en 2009 y fue obligado a mendigar.

Yu instó a los usuarios de Internet a enviar fotografías de niños mendigos a distintos foros de los populares portales QQ y Sina para que los padres pudieran verlas y fueran comparadas con las de la policía.

El impulso de la iniciativa llevó a QQ a crear la página "Bebes vuelven a casa".

Tres semanas después del llamado de Yu se habían compartido 1.800 fotografías y se encontraron cuatro niños, según Information Times, del grupo de medios Guangzhou.

Un voluntario creó una aplicación que permite a la gente cargar las fotografías desde su teléfono celular a una base de datos.

El jefe de la oficina de secuestro infantil del Buró de Seguridad Interna de China, Chen Shiqu, apoyó la campaña en su propio blog. Varios delegados a la Asamblea Nacional Popular, que comenzó sus sesiones anuales la semana pasada en Beijing, tienen previsto redactar una propuesta para atender el asunto.

El gobierno central lanzó su propia iniciativa para frenar el flagelo en abril de 2009, informó el China Youth Daily. Fueron encontrados 6.785 menores y 11.839 mujeres, indicó el periódico.

Las penas previstas para secuestradores y responsables de trata de personas son muy blandas, según numerosos críticos.

Una persona condenada por obligaron a mendigar a discapacitados o menores puede ser castigada con una multa y no más de tres años de prisión. Si hay agravantes, puede llegar a estar hasta siete años.

Secuestradores y traficantes pueden ser sentenciados a entre cinco y 10 años de prisión, más una multa. Los cabecillas de redes delictivas pueden ser condenados a muerte, al igual que la persona que secuestra a tres o más mujeres o menores.

Las iniciativas de la sociedad civil son útiles, pero el gobierno debe fortalecer la legislación, prohibir la mendicidad infantil y adoptar un papel más activo respecto de niñas y niños desaparecidos, indicó Hu Xingdou, profesor de economía del Instituto de Tecnología de Beijing

Cada vez peor Costa de Marfil

2011-03-15T12:00:00.000-07:00

La situación en Costa de Marfil se deteriora por la negativa de Laurent Gbagbo a abandonar la Presidencia, pese a los reclamos de la oposición y de la comunidad internacional, y por la ineficacia de organismos regionales en la mediación.

El país está cada vez más cerca de una guerra civil, aumenta la violencia contra manifestantes pacíficos y civiles inocentes y se profundiza la crisis humanitaria para las cientos de miles de personas desplazadas que viven en campamentos.

El régimen de Gbagbo fue acusado de cometer crímenes de guerra y recibió sanciones de la comunidad internacional, cuya intervención fue solicitada por la oposición para terminar el baño de sangre y sacar al hombre fuerte.

Los problemas en Costa de Marfil han dividido el país en los últimos tres meses y, sin embargo, no ha concentrado la atención internacional como Libia.

"Uno aparece en los medios de comunicación minuto a minuto, en twitter y en blogs", señaló la activista Sokari Ekine. "El otro apenas comienza a emerger de los márgenes de la conciencia internacional", apuntó.

"A diferencia de Libia, Costa de Marfil carece de importancia estratégica y la posible pérdida de su principal recurso, el cacao, no siembra el pánico en mercados ni gobiernos", explicó.

Hace unos meses, el cacao alcanzó su precio máximo en 30 años a raíz del conflicto en el principal país exportador dejando "góndolas sin barras de chocolate", pero "el petróleo es más importante en la vida moderna", coincidió The Financial Times.

"Pero para los recolectores, agricultores y la economía de Costa de Marfil, el cacao es fundamental para la subsistencia y vale la pena pelear por él", indicó Ekine.

Antes del estallido de las revueltas populares en el mundo árabe y que la atención de Occidente se concentrara en el norte de África, numerosos analistas internacionales vincularon el futuro del continente africano a la forma en que se resuelva el conflicto en ese país.

"Si la situación en Costa de Marfil no se resuelve de forma adecuada, los demócratas africanos pueden irse a casa", señaló Christopher Fomunyoh, del Instituto Nacional Democrático, en un panel sobre el tema realizado hace dos meses.

"Los votos deben contarse después del sufragio o no habrá democracia en el continente", señaló el presidente nigeriano Goodluck Jonathan.

Este año habrá 20 elecciones en África y los observadores consideran a Costa de Marfil como una prueba sobre las posibilidades de democratización del continente.

La segunda vuelta de los comicios presidenciales en Costa de Marfil se celebró en noviembre y el conflicto se desató cuando la comisión electoral declaró ganador a Alessane Ouattara, con 54,1 por ciento de los votos, frente a Gbagbo, con 45,9 por ciento.

Sin respuesta

Tras dos meses de silencio, el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, emitió un comunicado el miércoles urgiendo a Laurent Gbagbo a ceder el gobierno.

"Estoy particularmente consternado por el asesinato indiscriminado de civiles desarmados en manifestaciones pacíficas, incluso muchas mujeres", indicó Obama. "Todas las partes deben esforzarse por protegerlos", añadió.

Estimaciones de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) indican que murieron 27 personas la semana pasada, lo que elevó a 400 la cantidad de fallecidos desde mediados de diciembre. Pero la oposición sostiene que la cifra es mucho mayor.

La declaración coincidió con la cumbre de la Unión Africana (UA) de esta semana, durante la cual un panel de resolución de disputas integrado por siete jefes de Estado se volvieron a reunir para tratar de negociar el fin del enfrentamiento entre Gbagbo y Ouattara.

Si las elecciones marfileñas fueran una prueba sobre las posibilidades de democratización de África, la capacidad de la UA, y de otros órganos regionales, para poner fin al conflicto sirve para medir el compromiso del continente y la solidez de sus instituciones de integración. Por ahora parece que no superan el desafío.

Representantes de Gbagbo rechazaron con prontitud la primera propuesta del panel de la UA para salir del impasse. El grupo decidió reclamar su salida e insistió en la legitimidad de Ouattara.

Algunos propusieron un acuerdo para compartir el poder, similar al que terminó aceptando Robert Mugabe, quien también se negaba a renunciar a la presidencia de Zimbabwe.

El panel de la UA está integrado por los presidentes de Burkina Faso, Chad, Mauritania, Sudáfrica y Tanzania.

Además de Jonathan, presidente de la Comunidad Económica de Estados de África Occidental (Ecowas, por sus siglas en inglés), también participó el presidente de la UA, Teodor Obiang, quien junto con al líder libio coronel Muammar Gadafi, es el mandatario africano con más años en el cargo.

Los observadores alertan sobre una escalada de violencia a medida que Gbagbo se afianza en el poder y no prospera la mediación de la UA y de Ecowas.

"Existe el peligro de que resurja una guerra civil en el país", alertó este jueves 11 Navi Pillay, jefa de la organización Human Rights Watch en la sede de la ONU, y reclamó el fin del conflicto.

"La situación se deteriora de forma alarmante, con un aumento de enfrentamientos interétnicos e intercomunitarios", apuntó. "Partidarios de ambos bandos atentan contra los derechos humanos y cometen violaciones, secuestros y asesinatos", añadió

Guerra 2.0 por Alan Gross

2011-03-14T12:00:00.000-07:00

La pena de 15 años de prisión al ciudadano estadounidense Alan Gross, a quien Cuba imputó el delito de "actos contra la independencia o la integridad territorial del Estado", es parte de un nuevo capítulo del conflicto entre La Habana y Washington, que ahora se libra en el ciberespacio.

Cuba sostiene que Gross hacía llegar tecnología a grupos de la oposición política interna, incluidos periodistas independientes y otros líderes de esos sectores de la sociedad civil cubana que han concentrado sus actividades antigubernamentales en Internet y las redes sociales.

De acuerdo con Estados Unidos, Gross es una persona de "buena voluntad", que ha ayudado a mucha gente en el mundo y cuya actividad en Cuba se limitaba a entregar computadoras y celulares a organizaciones judías para mejorar sus condiciones de comunicación y acceso a la información.

Un comunicado oficial, divulgado por la televisión estatal cubana el sábado 12, indicó que durante la vista oral del juicio, los días 4 y 5 de este mes, "el acusado reconoció haber sido utilizado y manipulado por la Agencia Estadounidense para el Desarrollo Internacional (Usaid) subordinada al Departamento de Estado" (cancillería) de Estados Unidos.

En el momento de su detención en Cuba, el 3 de diciembre de 2009, Gross trabajaba para la empresa Development Alternatives (DAI), con sede en Bethesda, al norte del distrito de Washington, que se dedica a ejecutar proyectos de desarrollo en otros países y es contratada, entre otros, por la Usaid.

Según el comunicado cubano, las pruebas presentadas en el juicio demostraron la participación directa de Gross "en un proyecto subversivo del gobierno de Estados Unidos" contra esta isla caribeña, "mediante el empleo de sistemas de infocomunicaciones fuera del control de las autoridades para promover planes desestabilizadores".

"La familia Gross está devastada por el veredicto y dura sentencia anunciada hoy por las autoridades cubanas. Habiendo pasado 15 meses en una cárcel de Cuba, Alan y su familia han pagado un enorme precio personal por el prolongado conflicto" entre los dos países, dijo a la prensa el abogado del estadounidense, Peter Kahn.

En tanto, el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Tommy Vietor, consideró que la sanción añade "otra injusticia al suplicio de Alan Gross" y reiteró un llamado a La Habana para la liberación inmediata e incondicional del preso que, según Washington, sólo ayudaba a la comunidad judía cubana.

La divulgación de la condena a Gross coincidió con el anuncio de un nuevo capítulo de la serie documental "Las razones de Cuba", emitida por la televisión estatal. La siguiente entrega, "Mentiras bien pagadas", se dedicará la noche de este lunes 14 al "financiamiento para la ciberguerra de Estados Unidos contra la isla", dijeron fuentes oficiales cubanas.

El sitio web Cubadebate sostiene que el nuevo episodio ahondará en las formas que supuestamente emplea Washington para financiar a presuntos líderes de la sociedad civil y a periodistas independientes, que se expresan sobre todo por medios electrónicos y reciben instrucciones para tratar temas cubanos con "una orientación contrarrevolucionaria".

"El documental ofrecerá, además de informaciones desclasificadas por el gobierno cubano, detalles sobre las partidas presupuestarias que recibe la agencia gubernamental Usaid, de los Estados Unidos, con fines subversivos contra Cuba", añadió Cubadebate, que se autodefine como un sitio web "contra el terrorismo mediático".

Finalizado el proceso a Gross y cuando aún se esperaba la sentencia, la televisión cubana transmitió otro capítulo de "Las razones de Cuba", también dedicado a demostrar cómo el gobierno estadounidense introduce tecnología de comunicaciones en este país caribeño para promover "acciones subversivas".

En ese programa, un joven especialista en telecomunicaciones relataba que fue captado en 2007 por una organización estadounidense que le proporcionó cuatro antenas satelitales camufladas como tablas de surf para que creara redes de comunicación ilegales en Cuba.

El traslado del conflicto bilateral al ciberespacio cobró fuerza cuando el año pasado Wikileaks divulgó un cable transmitido por la Sección de Intereses de Estados Unidos en La Habana (SINA) en el que, además de criticar a la oposición política, el titular de esa representación diplomática reconocía el impacto social que pueden jugar otros sectores, como los blogueros.

"Debemos continuar abriendo Cuba a la era de la información" con el fin de "ayudar y estimular a las generaciones más jóvenes de cubanos en la búsqueda de más libertades y oportunidades", aseguraba el cable fechado el 15 de abril de 2009 y firmado por Jonathan Farrar, entonces jefe de la SINA.

La sentencia de Gross parece cerrar, además, las puertas a una flexibilización de la política de sanciones de Estados Unidos contra Cuba, una posibilidad que se manejó con fuerza cuando fue investido presidente Barack Obama, en enero de 2009, pero que desde el año pasado ha sido descartada por altos funcionarios del gobierno cubano de Raúl Castro.

Gross podría interponer un recurso de casación ante el Tribunal Supremo de Cuba contra la pena impuesta, sostuvo el comunicado oficial. La fiscalía había solicitado 20 años de reclusión, el castigo máximo del Código Penal por el delito imputado

Mujeres indigenas piden a ONU justicia

2011-03-10T12:00:00.000-08:00

Estados Unidos es objeto de escrutinio internacional por no juzgar a quienes ingresan a territorios indígenas para abusar de mujeres y niñas de esas etnias.

Allí, las indígenas son mucho más vulnerables a sufrir abusos que las mujeres de cualquier otro grupo étnico en el país, según Rashida Manjoo, Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre la Violencia contra la Mujer, sus Causas y Consecuencias.

Entre 60 y 80 por ciento de la violencia contra las indígenas estadounidenses es perpetrada por no-nativos, dijo Manjoo.

La relatora, quien se reunió con varios funcionarios y activistas por los derechos humanos para investigar la situación de las mujeres en Estados Unidos, citó datos que revelan que una de cada tres nativas son violadas a lo largo de sus vidas.

En la mayoría de los casos, los violadores quedan libres porque los ancianos de las tribus tienen potestades limitadas para juzgar a quienes cometen delitos en su territorio. Los pueblos originarios sostienen que les resulta muy difícil obtener ayuda de las autoridades estadounidenses.

"Desde 1978, nuestro gobierno tribal (…) fue despojado de la autoridad para juzgar a violadores y abusadores" que no pertenecen a los pueblos nativos, dijo Terri Henry, concejala de la Eastern Band of Cherokee Indians, tribu asentada en una reserva del oriental estado de Carolina del Norte.

En 1838, cuando los colonizadores europeos obligaron a los cherokees a abandonar sus tierras en el sur, miles de indígenas murieron en su camino a Oklahoma, debido a la falta de alimentos, vestimenta y refugio.

"Como todos los otros estatutos y políticas federales hacia los indígenas, la Ley de Remoción legalizó las muertes de miles de mujeres, hombres, niñas y niños cherokees", explicó Henry, quien se reunió con Manjoo el mes pasado.

Henry, que también integra el Indian Law Resource Center, dijo que no se pondrá fin a la violencia contra las mujeres nativas hasta que las autoridades federales "eliminen la barrera legal que ata las manos a los gobiernos tribales".

Los tribunales de las tribus solamente pueden imponer una sentencia de entre uno y tres años. Y en Carolina del Norte, por ejemplo, el delito de violación se castiga con hasta 40 años de cárcel, señaló.

"Así que para la mayoría de las víctimas indígenas, una sentencia de tres años está muy lejos de disponer una justicia igualitaria ante la ley", agregó.

En enero, el fiscal general de Estados Unidos, Eric Holder, anunció la formación de un nuevo grupo de trabajo para proteger a las mujeres aborígenes de la violencia y los abusos.

"Sabemos muy bien que las comunidades tribales enfrentan desafíos únicos en materia de aplicación de la ley y que se están esforzando por revertir una proporción inaceptable de violencia contra mujeres, niños y niñas", dijo Holder.

"El grupo de trabajo ha sido una prioridad para mí desde mi visita a los líderes tribales el año pasado", continuó.

"Es un paso crítico en nuestro trabajo por mejorar la seguridad pública y fortalecer la coordinación y la colaboración relativa a las estrategias de las comunidades tribales para realizar juicios", agregó.

El grupo de trabajo, de 13 miembros, busca elaborar un manual sobre prácticas judiciales para juzgar en el ámbito federal delitos cometidos contra las mujeres en territorios indígenas.

Incluye al fiscal federal para Nebraska y a fiscales federales adjuntos de otros cinco estados del occidente de Estados Unidos, así como a jueces, fiscales y abogados de varias naciones originarias.

El gobierno del presidente Barack Obama también aprobó la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, lo que fue bienvenido por los líderes de los 370 millones de integrantes de los pueblos originarios del mundo.

La histórica declaración de la ONU, que fue rechazada por el gobierno de George W. Bush (2001-2009), reconoce que los pueblos autóctonos de todo el mundo tienen derecho a controlar sus tierras y a practicar sus sistemas de creencias tradicionales.

"La Declaración puede usarse como base para reclamar que el gobierno federal cumpla sus responsabilidades para con las tribus y sus obligaciones de promover y respetar los derechos humanos de las naciones y tribus indígenas", dijo Robert T. Coulter, director ejecutivo del Indian Law Resource Center.

Durante su visita de dos semanas a territorios originarios de Estados Unidos, la relatora especial de la ONU también enfatizó que el racismo y la pobreza son problemas profundamente arraigados.

De las más de un millón de mujeres que actualmente están bajo supervisión del sistema de la justicia penal, por ejemplo, las negras y latinoamericanas representan 46 por ciento. Y la vasta mayoría de ellas han cometido delitos no violentos.

Manjoo tiene previsto presentar su informe al Consejo de Derechos Humanos, con sede en Ginebra, en los próximos tres meses.

Mientras, Henry describió la situación de las mujeres indígenas en Estados Unidos como "una crisis de derechos humanos".

"Estamos contentas de que el resto del mundo esté empezando a prestar atención", dijo.

Y despues del juicio a Alan Gross

2011-03-09T12:00:00.000-08:00

El conflicto de más de 50 años entre Cuba y Estados Unidos y, especialmente, el sostenido apoyo de Washington a la oposición política en este país caribeño marcarán este viernes 4 de marzo el inicio del juicio contra el ciudadano estadounidense Alan Gross.

Detenido el 3 de diciembre de 2009 cuando intentaba regresar a su país tras un quinto viaje a Cuba en nueve meses, Gross está acusado de cometer actos contra la independencia o la integridad territorial del Estado, delito que según el Código Penal se castiga con hasta 20 años de prisión.

El estadounidense, de 61 años, trabaja para la empresa Development Alternatives (DAI), con sede en Bethesda, al norte del distrito de Washington, que se dedica a labores de desarrollo en otros países. En el momento de su detención se encontraba subcontratado por la estatal Agencia Estadounidense para el Desarrollo Internacional (Usaid).

Sin descartar una presunta implicación en actos de espionaje, fuentes cubanas han asegurado durante meses que el acusado introdujo de forma ilegal, equipos de comunicación satelital para su distribución entre sectores de la oposición política interna, como parte de un programa financiado por la Usaid.

"Violó leyes cubanas, violó la soberanía nacional y cometió delitos que son punibles y que en Estados Unidos son muy castigados", aseguró el 10 de diciembre Ricardo Alarcón, presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular (parlamento unicameral).

Sin embargo, funcionarios del gobierno de Barack Obama y el defensor de Gross insisten en la versión de que el estadounidense se encontraba en este país isleño para ayudar a la pequeña comunidad judía cubana a conectarse a Internet, un derecho que asiste a cualquier persona en cualquier lugar del mundo.

"Hemos dejado claro ante el gobierno cubano que la detención de Alan Gross es un impedimento importante para el avance del diálogo entre nuestros dos países", afirmó el 3 de diciembre el portavoz del Departamento de Estado (cancillería), Phillip J. Crowley.

Un posible canje de Gross por alguno de los cinco agentes cubanos presos en Estados Unidos por cargos de espionaje, y considerados luchadores contra el terrorismo por La Habana, también pareció ser descartada por ambas partes a mediados del año pasado.

Mientras líderes de la comunidad judía y del Consejo de Iglesias de Cuba negaron tener contacto con el contratista estadounidense, Washington destinó a la defensa de Gross 2,6 millones de dólares de los 20 millones aprobados en 2010 para el apoyo a la democracia en la isla.

"Gross no fue detenido por ser judío", dijo el cubano Arturo López-Levy, profesor de la estadounidense Universidad de Denver. A Cuba viajan de forma sistemática delegaciones judías estadounidenses, y muchas de ellas "han donado computadoras y celulares a judíos cubanos", apuntó.

"Sin embargo, ninguno de esos grupos forma parte de una estrategia proclamada para imponer a Cuba un cambio de régimen, a través de leyes aprobadas por el Congreso de Estados Unidos", agregó y pidió que se revisen los programas de ayuda a una transición política en Cuba, heredados del período del ex presidente George W. Bush (2001-2009).

La Ley para la Democracia en Cuba, aprobada por el Congreso legislativo de Estados Unidos en 1992, autorizó la asistencia financiera a individuos y organizaciones que se dediquen a promover "un cambio democrático no violento" en este país de régimen socialista.

Según el abogado cubano-estadounidense José Pertierra, desde la llegada de Bush a la Presidencia, "el presupuesto para crear en Cuba una oposición social, aliada a los intereses de Miami (ciudad donde se concentra el exilio cubano) y de la Casa Blanca, subió astronómicamente: de 3,5 millones de dólares en el 2000 a 45 millones en el 2008".

Observadores locales estiman que la clave ahora podría ser el interés de Cuba en demostrar los vínculos de la disidencia interna con Washington y cuya existencia es atribuida oficialmente sólo al apoyo financiero y logístico que los opositores reciben de Estados Unidos.

En este mismo camino podría interpretarse la revelación, el sábado 26, de la historia de dos agentes cubanos de la seguridad del Estado que durante años convivieron con grupos opositores como la Comisión Nacional de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional y las Damas de Blanco.

Moisés Rodríguez y Carlos Manuel Serpa aparecieron en un filme documental transmitido por la televisión nacional que va más allá de sus historias personales para ahondar en los vínculos permanentes de la oposición con la Oficina de Intereses de Estados Unidos en La Habana y en cómo llegan y se reparten los fondos estadounidenses, entre otras ayudas materiales.

A juicio de los agentes cubanos, conseguir dinero y obtener el aval para una visa de refugiado político son, los motivos más importantes que llevan a los disidentes a involucrarse en acciones que para el gobierno de Cuba son actividades mercenarias.

Además de las subvenciones directas, el gobierno incluye en las opciones de financiamiento los premios internacionales que han recibido grupos disidentes como las Damas de Blanco, mujeres que desde 2003 se unieron para pedir la libertad de sus esposos presos, o Yoani Sánchez, autora del galardonado blog Generación Y

Los gitanos no tenemos la culpa

2011-03-08T12:00:00.000-08:00

Bruno Conçalves es muchas cosas: mediador municipal en esta ciudad del centro de Portugal, dirigente de SOS-Racismo, autor de un libro sobre integración escolar o modélico activista de derechos humanos, pero todas ellas "sin dejar nunca de ser gitano".

Además, anticipó a IPS que en septiembre será una cosa más, porque a sus 35 años y tras esforzarse por concluir sus estudios secundarios, ingresará a la universidad para cursar sociología.

Residenciado en Coimbra, a 190 kilómetros al norte de Lisboa, Gonçalves es uno de los 15 mediadores municipales, en un proyecto del Alto Comisariado para la Integración y el Diálogo Intercultural destinado a combatir la exclusión social de los cerca de 50.000 gitanos que integran los 10,6 millones de portugueses.

La discriminación a este pueblo oriundo de India comenzó en el propio momento en que empezaron a emigrar de su territorio original en grandes flujos pendulares entre los siglos III y XV.

El grupo étnico se autodenominaba "dom", palabra de la lengua romaní derivada del sánscrito, que significa "hombre" y cuya evolución fonética dio origen a la palabra "rom".

A lo largo de los siglos, pasaron por Persia, Armenia y Egipto en su camino a Europa, donde desde su arribo en 1322 les fueron puestos muchos nombres derivados de su paso por Egipto, de cuyo gentilicio, egipcio, derivan las palabras "gipsy" "cigano", "gitano", "zíngaro" o "tsigane".

En Portugal, la primera fuente literaria relativa a los gitanos, llamados "calé", es de 1510. En 1647, el rey João IV decretó la deportación de miles de gitanos a las entonces colonias de Brasil, Cabo Verde, Angola y la India portuguesa.

IPS: ¿Es importante que la historia de su pueblo sea conocida por los portugueses no gitanos?

BRUNO GONÇALVES : Un mejor conocimiento de nuestra historia y cultura puede ayudar a generar nuevas dinámicas entre gitanos y no gitanos, con lazos de respeto y aprecio mutuos, una forma de combatir preconceptos y estereotipos que perduran hasta nuestros días.

Sin embargo, Portugal tiene mucho trabajo por delante, en especial en la formación para dar competencias a los gitanos para realizar el ejercicio pleno de la ciudadanía: conseguir un empleo, tener un salario todo el año.

IPS: Un trabajo que es parte de sus funciones como mediador. ¿Cuál ha sido la experiencia?

BG: Ha sido muy complicada. Como mediador, he sentido la frustración de enviar a muchos portugueses gitanos a inscribirse para un empleo, y es verdad, les permiten postular al puesto, pero cuando llegan al mercado laboral privado, las puertas se cierran porque son gitanos.

Sin alternativas de empleo, ¿no nos están empujando hacia la marginalidad?

IPS: Pese a que la discriminación está expresamente prohibida en la Constitución…

BG: Sí, es cierto, pero se trata de un racismo sutil, por lo que es muy difícil llevar un caso al tribunal. Nuestra Constitución no permite ciudadanos de segunda, pero es muy improbable probar que se está cometiendo una discriminación. No es fácil erradicar las ideas negativas de esas personas respecto a los gitanos y la experiencia me indica que es una tarea enorme cambiar esas mentalidades.

IPS: En términos comparativos, ¿cómo califica la situación de los gitanos en Portugal y en otros países europeos?

BG: Comparando con algunos países como Italia, Francia o Hungría, país donde la extrema derecha incluso se dedica a matar gitanos, aquí estamos un poco como en ‘un rinconcito del cielo’.

Pero sutilmente, el racismo es grande. La violencia verbal, el racismo directo, que es practicado en especial en Hungría e Italia, no ocurre tanto en Portugal, pero ese racismo sutil a veces duele más que el racismo directo. Para alquilar una casa, yo tengo dificultades por mi aspecto físico, pero con mi esposa ya no ocurre porque ella no tiene rasgos gitanos.

IPS: ¿Cómo ve las generalizaciones respecto a los gitanos?

BG: Hay una tendencia a aumentar aún más los estereotipos, colocándonos a todos en el mismo saco. Si un gitano tiene un comportamiento erróneo, eso no debe ser visto como una actitud colectiva y eso es lo que mayoritariamente ha hecho la sociedad portuguesa.

IPS: Algo que también ocurre con los africanos…

BG: Sí, pero con los gitanos es diferente. Por mucho que le gente diga ‘los gitanos no se integran’, durante cinco siglos, en Portugal se adaptaron a todo. Otra cosa bien diferente es que los gitanos insistimos en no perder nuestra identidad.

En cambio los afrolusos cuando se instalan aquí, si no son ya asimilados, se dejan asimilar, tienen comportamientos más acordes con la sociedad mayoritaria y, por lo tanto, son mucho mejor aceptados que nosotros.

IPS: El lenguaje de los medios de comunicación parece no contribuir al combate para erradicar el estigma contra los gitanos

BG: Pero podrían ayudar si muchos periodistas portugueses cumpliesen con su deber y respetasen la propia Ley de Prensa, que en su artículo VIII señala que no se puede mencionar la raza y la nacionalidad. Pero ellos continúan haciéndolo y si la entidad que regula la comunicación social actuase, muchas personas ya habrían sido procesadas.

Lo que varios periodistas están haciendo con sus generalizaciones, es levantar aún más los muros de la intolerancia.

IPS: En el seminario 'Inclusión social de los gitanos en Portugal y en la UE', el 25 de febrero, se mencionaron tres categorías de calés: los totalmente integrados, los relativamente integrados y los que están lejos de la integración. ¿Concuerda con esa división?

BG: Estoy de acuerdo que existen gitanos que conquistaron su integración, pero muchas veces a través del poder económico. Hoy, quien tiene dinero, lo tiene todo. Pero son muy escasos, un grano de arena en una inmensa duna.

No obstante, en un ejercicio pleno de ciudadanía, no cabe a una persona gitana conquistar, cabe también a la sociedad dar, pero darnos efectivamente y no con ese tipo de hipocresías.

Trabajar para gitanos es una cosa, trabajar con gitanos es bien otra. Yo quiero trabajar con no gitanos y con gitanos. Muchas veces se dice ‘tenemos a los mediadores’, pero nosotros, los mediadores, muchas veces somos instrumentos manipulados.

IPS. ¿Por sus colegas de trabajo?

BG: Se dicen palabras bonitas, pero en el terreno no es así. La realidad es otra. Cuando dicen que nos consideran como iguales y como colegas de trabajo, la realidad no es exactamente esa. Somos siempre considerados como gitanos para todos los efectos. Y en verdad yo, para todos los efectos, soy el portugués Bruno Gonçalves, mediador, pero no por eso dejo de ser gitano

Oman no sabe que hacer

2011-03-07T12:00:00.000-08:00

Nuevas protestas populares se produjeron en el sultanato de Omán esta semana, en el marco de una ola de manifestaciones pro-democráticas en todo el mundo árabe.

La habitual tranquilidad en la norteña ciudad portuaria de Sohar se vio afectada en los últimos días.

Testigos dijeron que soldados dispararon al aire e hirieron a una persona el martes, cuando intentaban dispersar a una multitud que protestaba cerca de esta ciudad. "Éramos entre 200 y 300 personas en la carretera. El ejército comenzó a disparar al aire", narró uno de los manifestantes a condición de mantener el anonimato.

"Muchas personas corrieron. El hombre que recibió el disparo había llegado para calmar al ejército", añadió.

La multitud se dispersó sólo para reagruparse en la plaza Globe, ubicada cerca del puerto, y las tropas se retiraron, dijeron testigos.

Más tarde, el tráfico comenzó a fluir libremente en el puerto, y en la plaza se ubicaron cinco vehículos blindados, pero los manifestantes habían desaparecido.

Fue el cuarto día de protestas en Omán. Los manifestantes exigen más empleos y reformas políticas. El lunes habían bloqueado la entrada al puerto de Sohar, que exporta al día 160.000 barriles de 159 litros de petróleo refinado

También se han producido pequeñas protestas en la capital, Muscat.

Unos 300 manifestantes realizaron una sentada frente a la sede de la Asamblea Consultiva del sultanato el martes, exigiendo reformas y el fin de la corrupción.

La protesta fue organizada por intelectuales y organizaciones de la sociedad civil. Los manifestantes portaban carteles que rezaban: "Queremos empleos", "Queremos salarios más altos" y "Queremos libertad de prensa".

Mientras, unas 2.000 personas se reunieron en una mezquita para expresar su apoyo a la monarquía absoluta del sultán Qabus bin Said, quien ha gobernado este país durante cuatro décadas. Sus partidarios responsabilizaron a los manifestantes de la violencia de esta semana.

El domingo pasado, en un intento de calmar las tensiones, el sultán prometió crear 50.000 nuevos empleos, brindar beneficios a los desempleados por 390 dólares mensuales y considerar una ampliación de poderes a la Asamblea Consultiva, que en la actualidad ejerce sólo funciones de asesoría.

Hubo informes encontrados sobre el número de muertos en los enfrentamientos de Sohar el domingo, cuando la policía abrió fuego a manifestantes que lanzaban piedras, luego de haber intentado dispersarlos a bastonazos y con gases lacrimógenos.

El Ministerio de Salud señaló que una persona había fallecido, pero un médico y varias enfermeras de un hospital estatal aseguraron que las víctimas fatales eran seis.

"Hemos estado en contacto con el gobierno y aconsejamos la contención y la resolución de los conflictos a través del diálogo", dijo el lunes el portavoz del Departamento de Estado (cancillería) de Estados Unidos, P.J. Crowley.

Los partidos políticos están prohibidos en Omán, y el sultán Qabus ejerce el poder absoluto.

El monarca reorganizó su gabinete el sábado pasado, una semana después de que protestas en Muscat le dieran el primer indicio de que el descontento popular en todo el mundo árabe podría alcanzar a Omán.

Este país no integra la Organización de Países Exportadores de Petróleo, pero genera unos 850.000 barriles diarios y tiene fuertes vínculos militares y políticos con Occidente.

Algunos países árabes ricos en la región, como Arabia Saudita y Kuwait, han prometido miles de millones de dólares en beneficios públicos y han ofrecido modestas reformas para mantener en calma a sus habitantes, luego de que movimientos populares derrocaran a los respectivos gobiernos de Túnez y Egipto, y amenazan ahora al de Libia.

Practicas africanas de dolor y mutilacion

2011-03-06T12:00:00.000-08:00

El monte Elgon, en la frontera occidental de Kenia, es una de las regiones más marginadas del país, al punto de no tener ni un metro cuadrado de camino asfaltado y de sostener prácticas culturales como la mutilación genital femenina y el matrimonio infantil.

Hasta hace muy poco estaba mal visto que las niñas fueran a la escuela y que se educaran, y se considerada una falta de respeto y una abominación la simple idea de que pudieran servir la comida a su padre.

La región se caracteriza, además, por enfrentamientos violentos por la propiedad de la tierra.

En esas duras condiciones se crió Jennifer Masis, quien, contra todos los pronósticos, se convirtió en una fuerza arrolladora decidida a conferir valor y poder de decisión a las mujeres.

Nacida en 1970 en la comunidad patriarcal de Sabot, Masis debió soportar la gran marginación que pesa sobre las mujeres en el oeste de Kenia.

"Crecí sabiendo muy bien que el lugar de las mujeres en la sociedad es el de ser vistas y no escuchadas. No podíamos ni sentarnos frente a los hombres, cuanto menos hablar", relató.

"El niño goza de todas las oportunidades disponibles para crecer y desarrollarse, en tanto a la niña se la puede casar a los 12 años para tener ganado y poder venderlo para pagar los gastos escolares del varón", añadió.

La ablación genital era la norma. Se entendía como una marca de crecimiento y un ritual para distinguir a las niñas que la tenían, de las que no.

"Las mujeres que no estaban mutiladas eran consideradas niñas y no podían casarse", explicó.

Por suerte para ella, su padre le permitió ir a la escuela, aunque su presencia fue considerada por muchos integrantes de la comunidad como una vergüenza para su familia.

La muerte de su madre cuando estaba por dar un examen fundamental para decidir a qué facultad intentaría ingresar fue uno de los varios motivos que complicaron su educación. Pero finalmente se destacó en la Universidad de Moi, donde obtuvo un título en desarrollo comunitario.

Allí cultivó su pasión por el trabajo con la gente y, tras graduarse en 1994, se convirtió en una activista por el derecho de las niñas a educarse.

"No fue fácil, pero había que hacerlo", indicó.

"Las mujeres me apoyaron mucho porque vieron cómo mejoró mi vida gracias a la educación y me hizo una persona diferente. Al haber sido yo misma mutilada pude usar mi propia experiencia para denunciar la práctica y defender la educación como forma de distinción y de refinamiento", remarcó.

Su papel en la comunidad como cruzada por los derechos femeninos atrajo a las mujeres mayores, que vieron que tenía lo necesario para liderar. Así fue cómo se plantó en ella la semilla de la política.

"Esa fue la primera vez que realmente pensé en dedicarme a la política. El apoyo de las ancianas fue muy importante porque sabía que toda mi familia, incluidos los parientes políticos, harían lo mismo, y así fue", relató Masis, madre de cinco niños.

"Me zambullí en política y en 2002 me presenté como candidata a un escaño parlamentario en el distrito de Kwanza", indicó.

Su periplo electoral estuvo "plagado de amenazas e intimidaciones, pese al gran apoyo de actores clave, de su familia, de las ancianos y sus partidarios", recordó.

"Sufrí todo tipo de abusos. Hasta me amenazaron con mandarme 14 jóvenes a violarme", apuntó. "Seguí y hasta fui designada para encabezar la lista del partido Unión Nacional Africana de Kenia", añadió.

Pero no sospechó que era el principio del fin.

"Me llamó un dirigente para avisarme de que el partido había decidido que no les interesaba una mujer y que el número dos tomaría mi lugar", relató.

"Quedé muy sorprendida, pero me mantuve firme hasta que recibí otra llamada, esta vez de una de las figuras más influyentes del partido, quien no anduvo con rodeos. Me dijo que no sólo no estaba interesado en mujeres sino que, al tener 32 años, tenía todo un futuro por delante para perseguir mi sueño", añadió.

Masis llevó el caso a la justicia, pero la Comisión Electoral ya había concluido la etapa de inscripciones de candidatos y la dejó afuera. Sin embargo no se amedrentó.

En 2004 participó en la Conferencia Constitucional Nacional en el centro cultural Bomas, en las afueras de Nairobi, encargada de redactar una nueva carta magna.

Masis vivió la oportunidad como una forma de ayudar a crear estructuras que facilitaran la participación femenina en política y evitaran la discriminación e intimidación de los propios partidos.

Siguió también denunciando la mutilación genital y trabajando con organizaciones femeninas como Rural Women Peace (Mujeres Rurales por la Paz) y el Caucus for Women Leadership (Bloque por el Liderazgo Femenino).

"Mi mensaje siempre subrayó la importancia de la educación de las niñas. En mi comunidad era extremadamente difícil acceder a información siendo niña. Quería ver ese cambio, y eso me llevó a crear Tears of Women Organisation (Organización Lágrimas de Mujeres)", agregó.

Ese nombre "da resonancia al dolor y las dificultades por las que pasé y por las que no quiero que pase otra niña", dijo. Se trata de "no tener que luchar y soportar tanto para acceder a una vida digna"

La violencia de costa de marfil

2011-03-05T12:00:00.000-08:00

La misión de la ONU en Costa de Marfil no puede cumplir su mandato frente la violencia cotidiana de las fuerzas de seguridad leales al presidente Laurent Gbagbo, que se niega a abandonar el poder, dijo a Al Jazeera el representante de este país ante el foro mundial, Youssoufou Bamba.

"Partidarios de Gbagbo impiden que las fuerzas de paz hagan su trabajo e, incluso, las atacan", declaró.

Los efectivos fieles al presidente dispararon a matar contra una manifestación de mujeres favorables a su rival, Alassane Ouattara, dejando por lo menos seis muertas.

El episodio ocurrió el jueves, cuando varios cientos de mujeres se congregaron en el distrito de Abobo, en Abiyán, gritando "Gbagbo, fuera" y "Alassane presidente", dijo un residente a la agencia de noticias francesa AFP.

Varias camionetas y un camión con efectivos armados llegaron hasta el lugar de la protesta y abrieron fuego, señaló Mohammed Dosso, asistente del alcalde de Abobo.

Sirah Drane, una de las organizadoras de la movilización, se disponía a dirigirse a la multitud con un megáfono cuando vio que llegaban tanques.

"Había miles de mujeres", señaló. "Pero pensamos que no nos iban a disparar. Luego escuché un estallido. Nos acribillaron. Traté de correr, pero me caí y me pisotearon", relató, Drane, de 41 años.

"¿Abrir fuego contra mujeres desarmadas? ¡Inconcebible!", señaló incrédula.

El ataque motivó una inmediata condena de Estados Unidos que, al igual que muchos otros países, reclamó la renuncia de Gbagbo. La comunidad internacional reconoció a su rival como legítimo presidente de Costa de Marfil.

"La bancarrota moral de Laurent Gbagbo es evidente al tener fuerzas de seguridad que disparan contra una manifestación de mujeres", reza un mensaje escrito en la red social Twitter por el portavoz del Departamento de Estado (cancillería) de Estados Unidos, P. J. Crowley.

Combate callejero

Más de 200.000 personas huyeron de Abobo, según la Organización de las Naciones Unidas (ONU) a raíz de los fuertes combates entre la policía y los rebeldes, aliados a Ouattara.

La agencia de la ONU para los refugiados expresó su alarma por las graves condiciones de las personas que quieren salir de la zona.

"Hay muchos muertos, autobuses quemados, comercios saqueados y hombres armados atacando a la gente en su propia casa", informó la organización.

Gbagbo cortó el suministro eléctrico y de agua al norte del país, controlado por los rebeldes, lo que puede derivar en una crisis humanitaria, señaló un portavoz del foro mundial en Costa de Marfil.

La ONU entregó 14.000 litros de agua potable a las zonas afectadas, señaló Kristen Saloomey, corresponsal de Al Jazeera en Nueva York.

Al Consejo de Seguridad le preocupa mucho que la violencia en este país africano derive en otra guerra civil.

El actual conflicto en Costa de Marfil comenzó tras la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en noviembre, cuando la comisión electoral declaró a Ouattara triunfador con 54,1 por ciento de los votos, por encima de Gbagbo, con 45,9 por ciento.

Gbagbo, cristiano y considerado un acérrimo nacionalista, se negó a entregar el gobierno a Ouattara, quien goza del apoyo de las potencias occidentales y de la ONU.

La situación degeneró la semana pasada, cuando fuerzas leales a Gbagbo comenzaron a utilizar armas letales, como morteros y lanzacohetes.

Cientos de personas murieron tras la violencia postelectoral.

Después de la guerra civil de 2002-2003, Costa de Marfil quedó dividido entre el norte, controlado por los rebeldes, y el sur, leal al gobierno central. Se reunificó oficialmente en 2007, luego de aprobado el acuerdo de paz.

Las elecciones del año pasado reavivaron las tensiones.

Ouattara mantiene el apoyo de la mitad norte del país, donde muchos de sus habitantes se quejan de ser tratados como extranjeros por los del sur.

"La población del norte y del centro son blanco de ataques y "temen por su vida", dijo a Al Jazeera el representante marfileño ante la ONU, Youssoufou Bamba, designado por Ouattara.

Varios gobernantes africanos no pudieron convencer a Gbagbo de que deje el cargo, pese a haberle ofrecido una amnistía y la posibilidad de exiliarse

Centroamerica espera a Obama que se defina

2011-03-03T12:00:00.000-08:00

América Central espera cautelosa que la visita a El Salvador del presidente de Estados Unidos, Barack Obama, el 22 y 23 de marzo, materialice el apoyo de Washington para proteger a los migrantes y combatir el crimen organizado en el área, coincidieron analistas del istmo consultados por IPS.

"El presidente Obama podría reducir las deportaciones o bajarles el tono", como una muestra de buena voluntad, dijo Marta Altolaguirre, exvicecanciller guatemalteca y expresidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

En su segundo viaje al subcontinente, Obama visitará Brasil, Chile y El Salvador del 19 al 23 de marzo, con el objetivo de dialogar "con los máximos líderes" temas de interés mutuo como economía, empleo y seguridad, informó la Casa Blanca.

A América Central le interesa en particular este último pero también las migraciones.

De hecho, Altolaguirre reconoció que con la llegada de Obama al poder, en enero de 2009, se generaron muchas expectativas en el istmo, entre ellas, la de poder acceder a un mejor trato para alrededor de 12 millones de inmigrantes centroamericanos y mexicanos que viven en Estados Unidos, y otros miles que a diario intentan cruzar la frontera.

"Se esperaba más esfuerzos (de la administración Obama) para aprobar una reforma migratoria" que ayude a regularizar su situación, dijo. Pero para Guatemala "ha sido decepcionante la discriminación. ¿Por qué a otros países centroamericanos les han dado el TPS (Estatuto de Protección Temporal) y a los guatemaltecos no?".

En 1998, tras el devastador paso del huracán Mitch por los países del área, Estados Unidos otorgó el TPS y permiso de trabajo a ciudadanos nicaragüenses y hondureños. En 2001 concedió el mismo beneficio a los salvadoreños tras un mortal terremoto.

En total, más de 300.000 inmigrantes de los tres países se beneficiaron del estatus de protección y de sucesivas renovaciones del instrumento, por lo general de 18 meses.

Sin embargo, Guatemala, con miles de afectados por catástrofes naturales y con cerca de un millón de ciudadanos que viven en Estados Unidos como inmigrantes indocumentados, sigue a la espera de su solicitud de ser incorporada al TIPS, realizada en junio de 2010.

Mientras tanto, se multiplican en aquel país las leyes y medidas contra los inmigrantes y miles de centroamericanos han sido deportados por la administración estadounidense.

Guatemala, por ejemplo, rompió en 2010 su record histórico de deportaciones de sus ciudadanos desde Estados. La cifra superó las 29.000 personas, al menos mil más que las de 2008, cuando se produjo el récord anterior.

En el encuentro que sostendrá Obama con el presidente salvadoreño, el izquierdista moderado Mauricio Funes, también tendrá un peso protagónico la dramática situación en que la inseguridad ciudadana y el crimen organizado han colocado a la región, según Altolaguirre. Y no es para menos.

El llamado Triángulo Norte de América Central, conformado por El Salvador, Honduras y Nicaragua, tiene "la mayor tasa de homicidios del mundo", según el reporte de 2010 de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito.

El estudio indica que la tasa de asesinatos en el periodo 2003-2008 fue de 61 por cada 100.000 habitantes en Honduras, de 52 por 100.000 en El Salvador y de 49 por 100.000 en Guatemala, mientras que en su vecino al norte, México, fue de 12 por 100.000.

"Somos el país más cercano a la frontera norte y con más problemas de crimen organizado y quienes más fuerte recibimos el embate", derivado de la brutal y militarizada guerra del gobierno mexicano contra los carteles del tráfico de drogas, dijo Altolaguirre.

El diputado salvadoreño al Parlamento Centroamericano por la derechista y opositora Alianza Republicana Nacionalista, Julio César Grijalva, dijo que la región espera respuestas concretas en apoyo a la seguridad y las migraciones en la reunión de Funes y Obama.

"Estados Unidos siempre se lava las manos diciendo que la delincuencia y la migración son problemas nuestros", se quejó.

"Pero la región solo sirve de corredor para llevar la droga a Estados Unidos y un gran porcentaje del desarrollo en la productividad de ese país se debe al trabajo de nuestra gente allá ¿entonces?", se preguntó.

El analista político costarricense Claudio Alpízar consideró que la visita de Obama a El Salvador no pasará de lo "simbólico".

"El foco de atención estará puesto en Brasil y Chile por lo que representan en el concierto económico mundial y porque pueden tener mayor grado de afinidad con la estrategia política norteamericana", precisó.

Alpízar recordó la visita realizada a Costa Rica por el vicepresidente Joe Biden, en marzo de 2009. "No pasó de una señal, de una cortesía", dijo.

"Históricamente América Latina le resiente a los Estados Unidos su poca preocupación por apoyar un desarrollo más integral del continente de ambos, ya que su preocupación siempre ha estado más enfocada en Europa y Asia", explicó.

Aún así "el hecho que Obama se reúna, al menos, con uno de los cinco gobernantes centroamericanos, indica que el istmo no está siendo totalmente olvidado o ignorado por Washington", dijo a IPS el historiador hondureño, Mario Argueta.

A la escala en San Salvador no fueron invitados otros mandatarios centroamericanos, pero Funes, quien ya se encontró con Obama en Washington en marzo de 2009, ha dicho que actuará como portavoz de los intereses comunes del istmo.

Además, el canciller salvadoreño, Hugo Martínez, adelantó que aprovechará una reunión con sus colegas centroamericanos, a realizarse el 14 de marzo en Ciudad de Guatemala, para escuchar "sugerencias" sobre temas a abordar durante la visita.

Para Argueta, uno de los temas que más preocupa a Washington sobre el área es el de la seguridad. "Estados Unidos ve con alarma cómo el narcotráfico mexicano ha abierto sucursales en América Central y ve que el flujo de drogas va en aumento", dijo.

Pero no solo de migraciones y seguridad se hablará en San Salvador. En total, hay cinco temas en la agenda prevista, informó la cancillería salvadoreña: lucha contra la pobreza, seguridad, migraciones, comercio y cambio climático y energía limpia

Un matriarcado dificil

2011-03-02T12:00:00.000-08:00

Aunque en Occidente se tiende a identificar al fundamentalismo con el integrismo islámico, el fenómeno en realidad está presente en todas las regiones y en todas las religiones, con características comunes.

Para llamar la atención sobre el problema y cómo éste afecta en particular a las mujeres de todo el planeta, la Asociación para los Derechos de la Mujer y el Desarrollo (AWID) lanzó un nuevo informe esta semana en el marco de la reunión anual de la Comisión sobre el Estatus de las Mujeres, que se celebra en Nueva York.

El informe se titula "Hacia un futuro sin fundamentalismos".

Siguiendo un anterior investigación de AWID, el informe señala que los movimientos fundamentalistas tienden a ser intolerantes y patriarcales, opuestos a los intereses de las mujeres y con discursos basados en absolutos.

Saira Zuberi, coordinadora de la iniciativa Resistiendo y Desafiando a los Fundamentalismos Religiosos, creada en 2007, señaló que el fenómeno se muestra en "movimientos muy complejos y sofisticados".

Aunque puedan hacer énfasis en temas diferentes, ambos procuran el control social. Por ejemplo, en el ámbito de las mujeres, mientras los fundamentalistas cristianos se concentran en los derechos reproductivos, los islámicos prestan más atención a promover una vestimenta "modesta".

Y para lograr sus metas, los fundamentalistas son oportunistas, buscando alianzas donde puedan encontrarlas, sin importar si hay plena coincidencia ideológica.

Según María Consuelo Mejía, directora de la organización no gubernamental Católicas por el Derecho a Decidir (CDD), México es escenario de esa situación.

"En México hoy el pragmatismo político es todo. No hay ideología, no hay principios… porque estamos frente a un proceso pre-electoral", dijo a IPS.

El opositor Partido Revolucionario Institucional "hace alianzas con la Iglesia Católica, pero no se supone que deban hacer alianzas con la iglesia, mientras que el PAN (gobernante Partido de Acción Nacional) forja alianzas con el PRD (Partido de la Revolución Democrática)", señaló. "Y eso es muy dañino para nosotras".

Fundado en 1994, el grupo CDD defiende el derecho de las mujeres a decidir sobre su sexualidad y reproducción, y promueve la separación de la iglesia y el Estado.

La organización realizó una investigación entre 2003 y 2005 en cuatro países latinoamericanos (Bolivia, Brasil, Colombia y México), y concluyó que alrededor de 60 por ciento de sus poblaciones católicas aceptaban el derecho de las mujeres a abortar en circunstancias particulares.

CDD también indicó que "al menos 70 por ciento de la población católica en México no sigue las enseñanzas de la Iglesia" y usa anticonceptivos, practica aborto y desea educación sexual en sus escuelas. "Noventa y nueve por ciento no quieren que la Iglesia Católica influencie las políticas públicas".

Una organización similar es Católicas por el Derecho a Decidir, formada en Estados Unidos en 1973 bajo el principio de que las creencias religiosas no deben coartar el derecho de las personas a tomar decisiones libres sobre su salud reproductiva.

El movimiento es también muy activo en Estados Unidos. La semana pasada, legisladores conservadores del opositor Partido Republicano promovieron en la Cámara de Representantes del Congreso una reducción de los fondos para el grupo Planned Parenthood (Paternidad Planificada), uno de los mayores proveedores de salud reproductiva para mujeres pobres en ese país. El argumento era que realizaban abortos.

Mejía señaló que muchos de estos republicanos antiabortistas eran cristianos fundamentalistas, y apuntó una aparente contradicción entre los resultados de las encuestas y la influencia política de estos movimientos "pro-vida".

Por lo general sucede que "las mujeres que tienen un aborto no están dispuestas a apoyar un gobierno a favor de los derechos de las mujeres", dijo a IPS. Esto se debe que el aborto que han practicado tiene que ver con "resolver sus propios problemas, y realmente creen que lo que están haciendo está mal".

"Por otro lado, el mal llamado movimiento ‘pro-vida’ tiene muchas otras formas y muchas otras causas para unificarse", señaló. "Y tienen mucho dinero y gente en puestos clave".

Mejía también subrayó que la mayor parte de la población mexicana tiene miedo, y por eso no expresa abiertamente su opinión. La ciudad de México es el único lugar del país en que las mujeres pueden abortar con más de 12 semanas de embarazo.

"El patriarcado es realmente un factor, una razón muy importante detrás del fundamentalismo", explicó. "Romper el patriarcado es un problema, porque significa romper con todo el sistema de funcionamiento de nuestra sociedad".

Por tanto, "la autonomía de las mujeres está rompiendo una moral de dominación y toda la forma de operar de una sociedad".

Lydia Alpizar, directora ejecutiva de AWID, señaló que "las mueres también pueden ser fundamentalistas, y hay muchas mujeres fundamentalistas que están en contra de la autonomía de la mujer, contra los derechos reproductivos y contra la educación sexual".

El informe de AWID dedica su última y más importante parte a estrategias feministas de resistencia, subrayando la importancia de "reclamar una visión feminista de la religión y de la familia".

"Por mucho tiempo, aquellos como nosotros que trabajamos por los derechos humanos de las mujeres no hemos trabajado realmente en temas de religión, y sospecho que esto tiene que ver con nuestro de deseo de presentarnos como seculares", dijo la activista feminista india Pramada Menon, citada en el informe.

Las activistas ahora reconocen la importancia de dialogar y debatir con los fundamentalistas

Algunos, quieren guerra

2011-03-01T12:00:00.000-08:00

Cuarenta neoconservadores de Estados Unidos enviaron una carta al presidente Barack Obama para pedirle que intervenga militarmente en Libia, a fin de derrocar a Muammar Gadafi y poner fin a la violencia.

Los firmantes son analistas políticos y ex altos funcionarios del gobierno de George W. Bush (2001-2009). La organización neoconservadora Foreign Policy Initiative (FPI), considerada la sucesora del Project for the New American Century (PNAC), coordinó la medida y divulgó el texto.

Advirtiendo que Libia se encuentra "en el umbral de una catástrofe moral y humanitaria", la misiva, difundida el viernes, exige adoptar medidas inmediatas, entre ellas la acción militar, además de la imposición de una serie de sanciones diplomáticas y económicas (ya anunciadas el mismo día por el gobierno) para poner fin "al asesino régimen libio".

En particular, la carta pide a Washington que presione a la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) para que "desarrolle planes operativos a fin de desplegar con urgencia aviones de guerra" y así impida que el régimen libio utilice maquinaria bélica contra su población civil.

También demanda una cobertura naval en aguas libias para "ayudar en los esfuerzos de evacuación y prepararse para posibles contingencias", además de "inhabilitar los buques navales libios utilizados para atacar civiles".

Entre los signatarios de la carta figuran el ex subsecretario de Defensa del gobierno de Bush, Paul Wolfowitz; el principal asesor de Bush sobre Medio Oriente, Elliott Abrams; los ex redactores de discursos de Bush Marc Thiessen y Peter Wehner; y cuatro directores de la FPI (William Kristol, Robert Kagan, Dan Senor y Eric Edelman).

Kagan y Kristol cofundaron y dirigieron PNAC desde 1997 hasta 2005.

La carta de la FPI se da a conocer en medio de una creciente presión sobre Obama para que adopte medidas más severas contra Gadafi.

Dos senadores cuyos puntos de vista sobre política exterior a menudo reflejan un pensamiento neoconservador --el republicano John McCain y el demócrata independiente Joseph Lieberman--pidieron el viernes en Tel Aviv que Washington suministre armas a los rebeldes de Libia, entre otras medidas como crear una zona de exclusión aérea sobre ese país.

Obama dijo el miércoles que su equipo estaba preparando una serie de opciones para la acción. También anunció que la secretaria de Estado (canciller) Hillary Clinton viajará el lunes a Ginebra para participar en una reunión de ministros de Relaciones Exteriores en el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), a fin de debatir posibles medidas multilaterales.

Mientras, este sábado, el Consejo de Seguridad del foro mundial evalúa cómo sancionar a Libia.

En los años 90, los neoconservadores hicieron campaña a favor de acciones militares contra los llamados "estados díscolos", especialmente en Medio Oriente.

Aunque en la última semana los neoconservadores estuvieron entre los primeros en exigir una acción militar contra Gadafi, algunos destacados liberales y activistas por los derechos humanos apoyaron el reclamo. Entre ellos, Neil Hicks, de Human Rights First, John Shattuck, encargado de derechos humanos del gobierno de Bill Clinton (1993-2001), y Leon Wieseltier, de The New Republic.

Además, Anne-Marie Slaughter, quien hasta el mes pasado fue la influyente directora de la oficina de Planificación Política del Departamento de Estado (cancillería), citó la campaña de Estados Unidos y la OTAN como posible precedente.

"La comunidad internacional no puede pararse a mirar la masacre de los manifestantes libios", escribió en la red social Twitter.

"En Ruanda miramos. En Kosovo actuamos", agregó.

Sus comentarios generaron fuertes reacciones entre algunos expertos militares.

"Me horroriza leer que intervencionistas liberales continúan sugiriendo la facilidad con que se pueden resolver crisis humanitarias y conflictos regionales mediante la aplicación del poderío militar", escribió Andrew Exum, experto en contrainsurgencia del Center for a New American Security.

Esto "refleja una comprensión muy inmadura de los límites de la fuerza y de las dificultades y complejidades de las operaciones militares contemporáneas", añadió.

Otros analistas observaron que una renovada coalición de neoconservadores e intervencionistas liberales sería mucho más difícil de implementar ahora que durante las guerras balcánicas de los años 90.

"Ahora tenemos a Iraq y Afganistán como señales de advertencia, así como a nuestra crisis fiscal, así que no creo que en Capitol Hill (sede parlamentaria) o entre el público haya un enorme apetito por otro compromiso militar", dijo Charles Kupchan, experto del Council on Foreign Relations.

"Apoyo las medidas diplomáticas y económicas", no así las que impliquen una acción militar, "incluida la imposición de una zona de exclusión aérea", señaló.

Para Steve Clemons, de la New America Foundation, "hay algunas cosas que podemos hacer, como transportar por aire suministros humanitarios a regiones fronterizas donde hay cada vez más refugiados".

Sin embargo, dijo que "sólo lo haría con pleno apoyo de la Liga Árabe y la Unión Africana, si no de la ONU".

Quien ve la esclavitud sexual

2011-02-28T12:00:00.000-08:00

El escándalo sexual del primer ministro de Italia, Silvio Berlusconi, concentró la atención del público en un grupo de jóvenes trabajadoras sexuales, pero son decenas de miles las víctimas de trata de personas en este país.

Una jueza de Milán dictaminó el martes 15 que habrá un juicio contra el primer ministro por prostitución de menores. La fiscalía investigan a Berlusconi haberle pagado a Karima el Mahrug para mantener relaciones sexuales el año pasado, antes de que la adolescente marroquí cumpliera 18 años.

Son 14 las jóvenes involucradas en el caso. Muchas de ellas son inmigrantes que viven en apartamentos a las afueras de Milán.

Esas muchachas son la cara exterior de una forma de esclavitud invisible, la prostitución.

Por lo menos 50.000 víctimas de trata de personas recibieron protección y asistencia entre 2000 y 2008, según un informe de 2010 del capítulo italiano de la organización Save the Children.

Eran 4.466 los menores inmigrantes sin acompañante que venían de Afganistán, Bangladesh, Egipto y Rumania.

La mayoría de las personas explotadas sexualmente son inmigrantes sin documentos nacionales en regla procedentes de diversos países que tienen entre 15 y 18 años.

"Cuando comenzamos a trabajar en los años 90, la mayoría procedían de los países de Europa oriental, Albania, Rumania y Moldavia", dijo a IPS la fundadora del Comité para los Derechos Civiles de las Prostitutas, Carla Corso, cuya organización trabaja con víctimas de esclavitud y explotación sexual en el noreste de Italia.

"En la actualidad siguen viniendo de Rumania, pero también de Nigeria y Colombia. También hay cada vez más chinas en las calles de noche, pero es muy difícil ponerse en contacto con ellas porque pertenecen a un comunidad bastante inaccesible", explicó.

"Desde que Rumania se incorporó a la Unión Europea, la cantidad de rumanas explotadas sexualmente en los programas de protección disminuyó de forma drástica", dijo a IPS la investigadora Emiliana Baldoni.

"Es difícil para las asistentes sociales entrar en contacto con las víctimas y ayudarlas a salir, Las organizaciones de derechos humanos estudian el asunto", apuntó.

Pero algunas víctimas lograron reunir fuerzas para denunciar a los explotadores.

"Las mujeres que colaboran con la policía pueden acceder a programas de protección social y obtener un permiso de residencia por un año. Es el punto de partida para una nueva vida", dijo Corso a IPS.

La trata de personas se volvió más sutil en los últimos años, indicó Baldoni.

"Las estrategias de coerción son cada vez más sutiles y sofisticadas. Formas extremas de intimidación, secuestro, violencia física y violación son menos frecuentes que en el pasado. Ahora las víctimas son sometidas mediante un comportamiento engañoso, chantajeadas y manipuladas afectiva y psicológicamente, que ellas mismas no suelen identificar como tal", explicó.

El gobierno de Berlusconi endureció en 2008 la ley contra la prostitución, que ahora prevé penas y cárcel tanto para prostitutas callejeras y clientes. Las organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres sostienen que la norma sólo empeora la condición de esclavitud invisible, lo que permite a los delincuentes trabajar en apartamentos sin interferencia de la policía.

"El gobierno aprobó leyes agresivas y represivas para combatir la prostitución callejera", dijo Corso a IPS. "Pero está bien que frecuenten los pasillos del poder. Sigue siendo un país con doble moral, de día debes tener un comportamiento intachable, pero de noche puedes hacer lo que quieras y alegar que es ‘privado’", se lamentó.

"Las compañeras de fiesta sufren tanto como las prostitutas callejeras, víctimas de un sistema que las obliga a pasar por la cama de hombres poderosos para tener éxito", explicó.

"La única diferencia es que las primeras venden su cuerpo para comprar carteras Prada, mientras sus compañeras de la calle lo hacen para comprar comida", añadió Corso.

EEUU va contra Iran con todo

2011-02-27T12:00:00.000-08:00

La revolución en Egipto parece haber fortalecido el discurso de Estados Unidos contra Irán.

Tras las masivas protestas que terminaron por derrocar el viernes pasado al régimen de Hosni Mubarak, el presidente Barack Obama y la secretaria de Estado (canciller), Hillary Rodham Clinton, redoblaron sus críticas al régimen en Teherán.

Mientras, Voice of America (VOA), el servicio oficial de radio y televisión internacional estadounidense, contrató a un experto en diplomacia para dirigir sus transmisiones a territorio iraní.

Karim Sadjadpour, experto en Irán de la Fundación Carnegie para la Paz Internacional, opinó que Obama no había sido más enérgico en sus declaraciones de 2009 --cuando hubo protestas en Teherán contra los resultados de las elecciones presidenciales-- porque "todavía tenía la esperanza de un acuerdo nuclear con Irán".

"Creo que hoy la Casa Blanca ha llegado a la conclusión de que no puede alcanzar un modus viviendi con el régimen", añadió.

Dos rondas de conversaciones entre Irán, Estados Unidos y otros miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas más Alemania terminaron el mes pasado sin progresos.

Las protestas populares que estallaron en Túnez se propagaron a Egipto, distrayendo la atención mundial antes más enfocada en el programa de desarrollo nuclear iraní.

Oficialmente, la política de Estados Unidos hacia Irán no es de un "cambio de régimen", sino de un "cambio en la política del régimen". Sin embargo, ha habido una clara modificación en el discurso los últimos días.

En una serie de entrevistas el lunes, mientras manifestantes iraníes volvían a salir a las calles a protestar, Clinton llamó "hipócrita" al régimen en Teherán por elogiar las revueltas árabes mientras reprimía las que se producían en su territorio.

"Comparemos lo que ocurrió en Egipto con lo que sucede ahora en Irán, donde una vez más el gobierno está reprimiendo, usando la violencia contra el pueblo que está expresando los mismos deseos que escuchamos en Egipto", dijo Clinton a la cadena panárabe Al Jazeera.

"Me parece muy paradójico que Irán esté intentando dar lecciones en democracia a cualquiera", dijo a Al Hurra, un canal satelital árabe apoyado por Washington.

"Los manifestantes intentan que sus voces sean oídas y son brutalmente reprimidos por las fuerzas de seguridad. No creo que nadie en Medio Oriente, o francamente nadie en el mundo, mire a Irán como un ejemplo", añadió.

El martes, en un discurso sobre libertad en Internet, Clinton calificó de "pésimo" al gobierno iraní, y señaló que "rutinariamente violaba los derechos de su pueblo".

Además, anunció que el Departamento de Estado invertiría unos 25 millones de dólares este año en proyectos para incrementar el acceso a Internet en Irán y en otras partes.

"Me parece paradójico que el régimen iraní celebre lo que ocurrió en Egipto cuando, de hecho, actuó de la forma opuesta… disparando y golpeando a la gente que intentaba expresarse en forma pacífica", dijo Obama en conferencia de prensa el martes.

Los medios de prensa iraníes, que inicialmente celebraron los levantamientos en Túnez y Egipto, fueron cambiaron de tono cuando se hizo evidente que las manifestaciones no eran lideradas por islámicos sino por un amplio espectro de grupos, y que podrían expandirse a otros países, incluyendo Irán.

El periódico iraní Kayhan publicó un editorial el lunes señalando que el ejército egipcio, que asumió el control de ese país tras la renuncia de Mubarak, "montó un precisa escena cuyo dramaturgo era Estados Unidos… El ejército fue instruido a secuestrar la revolución popular y obstruir la soberanía, la libertad y el islamismo".

La administración de Obama se ha esforzado por encontrar vías para comunicar su apoyo a los manifestantes iraníes sin darle argumentos a Teherán para atribuir las protestas a interferencia extranjera.

Las transmisiones de la Red Persa de Noticias (PNN), el servicio en ese idioma de VOA, son un componente de esa estrategia.

El lunes, Ramin Asgard, diplomático iraní-estadounidense ex asesor del Comando Central de las Fuerzas Armadas, se hizo cargo de la PNN. Directivos de VOA dijeron que es la primera vez desde la Guerra Fría que un funcionario no periodista asume un puesto tan importante en ese medio de prensa financiado por el gobierno.

La administración de VOA tuvo dificultades para encontrar a la persona correcta que dirigiera el servicio. Miembros del Congreso legislativo, así como iraníes disidentes, se han quejado de que la PNN es demasiado crítica de la política exterior estadounidense y de que se acomoda a la postura de Teherán.

Asgard, que hasta ahora dirigía una oficina de seguimiento de Irán en Emiratos Árabes Unidos, no se postuló al cargo, sino que éste le fue ofrecido luego de que varios otros lo rechazaran, informó una fuente cercana al proceso de elección.

Pakistan y el "no pasa nada"

2011-02-26T12:00:00.000-08:00

Los efectos de la caída de Hosni Mubarak en Egipto se hacen sentir en la región y aledaños, pero es improbable que sus ecos lleguen a Pakistán pese al desencanto de la población con sus dirigentes, según funcionarios y académicos.

Ciudadanos de Yemen, Argelia, Jordania, Siria y Bahrein ya parecen haber recogido las señales enviadas por la revuelta secular que se inició el 25 de enero en Egipto y lo sacudió durante 18 días. El mensaje es que la población ya no está dispuesta a tolerar a gobernantes autocráticos aferrados al poder.

Los pakistaníes también han visto esas señales, y muchos han estado debatiendo si su país podría ser el próximo Egipto, mientras medios de comunicación y analistas políticos especulan con esa posibilidad.

Kaiser Bengali, asesor del ministro jefe de la meridional provincia de Sindh, descartó la idea con una sonrisa.

Estos crecientes rumores de decepción son apenas "un proceso de transición" que, para Bengali, constituyen "la música de la democracia".

El actual gobierno, liderado por el Partido Popular de Pakistán, asumió el poder en febrero de 2008 en medio de mucho júbilo, pero muchos paquistaníes ya se han desencantado.

Sin embargo, la situación no es tan grave como para desatar una revolución, dijo el analista político Ayesha Siddiqa, que considera esta posibilidad bastante remota, "principalmente porque Pakistán experimenta más cambios con regularidad que cualquiera de los estados árabes".

Pero también hay quienes se niegan a descartar una revolución. Según el analista político Raees Bukhsh Rasool, "dada la incertidumbre prevaleciente en Pakistán, todo es posible".

Además, las revoluciones pueden ser bastante impredecibles, dijo Taimur Rahman, profesor de ciencia política en la Universidad de Lahore.

"Quién hubiera dicho hace un mes que Egipto estaría paralizado por protestas masivas (…) y que Mubarak caería, o que el mundo árabe estaría dominado por un movimiento" popular, dijo Rahman.

Pero crear impulso para el cambio político y mantenerlo también, como ocurrió en la Plaza Tahrir de El Cairo, puede ser difícil en Pakistán, reconoció.

"Uno de los principales impedimentos para crear un movimiento masivo (de este tipo en Pakistán) son las fuerzas del extremismo religioso, que están propagando el terror por todo el país", agregó.

En tales circunstancias, es muy difícil lograr la clase de movilización vista en el centro de la capital egipcia, sostuvo.

"La gente tiene miedo de salir a protestar a las calles", se lamentó.

Pero para el abogado Yasser Hamdani, de 31 años, "las revoluciones populares se generan mediante la participación de trabajadores, campesinos y otros sectores de la sociedad, que se movilizan con una estrategia y aspiraciones y objetivos claros".

Hamdani dijo que las protestas masivas que tuvieron lugar en Egipto no fueron una revolución.

"Una revolución cambia la dinámica de una sociedad. Una revolución puede ser económica cuando los factores de producción atraviesan un cambio. Una revolución puede ser política cuando se produce un cambio radical en el tipo de gobierno", afirmó.

En Egipto no ocurrió nada de esto.

"La era de las revoluciones ideológicamente orientadas se terminó", explicó Raees.

"Las revoluciones que hemos presenciado en las últimas décadas y años tienen que ver con un cambio de régimen", añadió.

Pero esa clase de revolución no es posible en Pakistán porque en este país se celebran elecciones por mandato constitucional, sostuvo Raees.

Rahman dijo que aunque las revoluciones se inician espontáneamente, como en Egipto, a menudo hay un partido político que puede lograr el control y liderarlas.

Hamdani destacó que "Mubarak era un individuo. Su renuncia ha hecho posible que la elite gobernante de Egipto se mantenga en el poder. Una mejor alternativa habría sido elecciones presidenciales y parlamentarias inmediatas bajo la Constitución anterior, y con observadores imparciales".

Hamdani comparó el levantamiento de Egipto con la clase de cambio de régimen que atravesó Pakistán cuando el dictador Ayub Khan transfirió el poder a Yahya Khan en 1969.

"Pakistán está unos 40 años adelantado en su desarrollo democrático pese a las interrupciones", señaló.

En cualquier caso, Hamdani cree que, de producirse protestas masivas en Pakistán, esto equivaldrá a presionar a un gobierno legítimo y democráticamente electo, lo que debería ser "inaceptable para cada persona progresista y de mente democrática" en el país.

Según él, una democracia disfuncional tiene más posibilidades de convertirse en una democracia funcional que un gobierno de multitudes.

"De haber suficientes ciclos electorales, la democracia de Pakistán terminará resolviendo todas las cuestiones importantes. Una revolución al estilo egipcio solamente la perjudicará", dijo Hamdani.

Pero si se produce una revolución, ¿cómo será? "La nuestra se parecerá más a una (revolución) islámica de izquierda", pronosticó Siddiqa.

La pobreza, la corrupción y la mala gobernanza son problemas que pueden motivar un levantamiento masivo, dijo Raees. "O bien derivarán en nuevas elecciones o bien en un golpe militar", dijo.

Para Rahman, "si los extremistas religiosos toman el control del movimiento egipcio será muy negativo, pero eso es bastante improbable".

"Lo más probable es que este movimiento siga una dirección progresista", señaló.

Pero Hamdani tiene serias dudas al respecto. Según él, ahora Egipto está bajo "un régimen militar manifiesto".

"Ya ha dado un paso atrás. Los militares formularán una Constitución de su agrado, que no es la manera como se hacen las constituciones", opinó Hamdani.

Camboya sin garantias a refugidos

2011-02-25T12:00:00.000-08:00

Camboya debe garantizar protección a solicitantes de asilo y refugiados, dijeron grupos de derechos humanos, preocupados por la decisión del gobierno de cerrar un centro administrado por la Organización de las Naciones Unidas en el que se albergaban decenas de montañeses vietnamitas.

Setenta y cinco personas de las etnias montañesas de Vietnam (tho, hoa, tai, jemer, muong y nung) se alojaban en esa instalación temporal de Phnom Penh desde hacía seis años. El gobierno había ordenado la clausura del centro a fines de 2010, señalando que los montañeses no podían permanecer en ese limbo y debían ser reubicados o deportados a Vietnam.

Las autoridades camboyanas le dieron plazo al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) hasta esta semana para encontrarles un hogar definitivo.

Acnur informó que 55 de los montañeses ya habían sido reubicados en Canadá y Estados Unidos. Otros 10 aún esperan su traslado y el resto, por no cumplir los criterios para ser considerados refugiados, serían deportados a Vietnam.

Pero todavía hay preocupación por la seguridad de futuros solicitantes de asilo. La organización Human Rights Watch señaló que el desempeño reciente de Camboya en esta materia era "pésimo". Además, indicó que las regulaciones de este país de Asia sudoriental sobre los refugiados no garantizaban su seguridad.

"Es muy posible que en el futuro veamos más montañeses solicitando asilo en Camboya", dijo Phil Robertson, subdirector de la división para Asia de Human Rights Watch. "Y la pregunta es: ¿Qué clase de recibimiento van a tener?", añadió.

Grupos de derechos humanos señalaron que las tribus montañesas vietnamitas sufrían acoso y persecución. La mayoría son hostigadas por su fe cristiana, indicó HRW, además de por el hecho de haber apoyado a Estados Unidos durante la Guerra de Vietnam (1964-1975).

HRW estima que actualmente hay 300 montañeses cristianos encarcelados en Vietnam por sus convicciones religiosas y políticas.

Camboya firmó la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, de 1951, que obliga a los estados parte a proteger a los extranjeros que llegan solicitando amparo y establece la definición de refugiado.

Sin embargo, críticos señalan que los refugiados no siempre son tratados en forma justa por las autoridades camboyanas.

A fines de 2009, el gobierno emitió un subdecreto atribuyéndose la última palabra para determinar qué persona podía recibir el estatus, y no Acnur. HRW cree que las nuevas regulaciones permiten una amplia interpretación.

"Tenemos miedo de que (futuros solicitantes) no reciban una justa audiencia", dijo Robertson.

Críticos señalan que hay un precedente que justifica esta preocupación. Días después de que el gobierno emitiera el subdecreto, repatrió a China a 20 solicitantes de asilo de la etnia uighur, medida que fue duramente criticada por grupos defensores de los derechos humanos, ya que ese grupo étnico es perseguido por Beijing.

El destino de esos uighurs aún es incierto. China ha ordenado largas condenas a prisión e incluso la pena de muerte a otros miembros de esa etnia, acusándolos de participar de disturbios a comienzos de 2009.

Beijing y Phnom Penh luego anunciaron acuerdos comerciales por unos 1.200 millones de dólares.

Mientras, el gobierno camboyano insiste en que el centro para refugiados montañeses ya cumplió con su propósito. Koy Kuong, portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, dijo que el albergue había procesado casi 1.000 solicitudes de asilo desde que fue creado como parte de un acuerdo con Acnur en 2005.

"Ahora necesitamos cerrarlo", dijo. "No queremos que se mantenga más abierto. Cuando más tiempo esté abierto, más problemas tendrá".

Koy Kuong rechazó las afirmaciones de que los montañeses serían perseguidos en Vietnam.

"Vietnam es un país legítimo, no de bárbaros", dijo. "Millones de personas viven allí y su economía crece muy rápido. Vietnam no está en guerra civil en este momento".

El grupo Servicio Jesuita para los Refugiados (JRS) ha trabajado extensamente con los montañeses y otros solicitantes de asilo en Camboya.

La directora de JRS, Denise Coghlan, dijo que el cierre del centro era un paso positivo, y explicó que los que allí vivían estaban en un limbo legal pues no se les había aún reconocido su estatus. "Algunas personas estuvieron en un lugar cerrado durante seis años, así que pienso que es muy bueno que haya llegado a su fin", señaló.

Coghlan fue una de las principales voces críticas cuando las autoridades deportaron a los uighurs a fines de 2009. Ahora dice esperar que el gobierno les conceda el debido proceso a los nuevos solicitantes de asilo.

"Como la mayoría de las leyes, (el Convenio) es algo escrito y debemos ver cómo se implementa", indicó. "Espero que sea aplicado de forma humana y de acuerdo con los principios y el espíritu de las convenciones de la ONU".

La violacion a DDHH en Rusia

2011-02-24T12:00:00.000-08:00

Defensores de derechos humanos y dirigentes de oposición se han tornado blanco de intimidación política y hostigamiento de las fuerzas de seguridad en Rusia a menos de un año de las elecciones parlamentarias y presidenciales.

"Muchas organizaciones son víctimas de represión", dijo a IPS la presidenta del Comité de Asistencia Cívica y Memorial, Yelena Ryabinina.

"La presión de las autoridades revela su propia debilidad y la verdadera situación del país", indicó Ryabinina, también integrante del Comité Presidencial de Derechos Humanos.

Rusia Unida es el partido que encabeza el primer ministro Vladimir Putin. Se supone que forman parte de la oposición el Partido Comunista de la Federación Rusa, el Partido Democrático Liberal y Rusia Justa, pero suelen apoyar todas las políticas del gobierno.

El partido de Putin domina la política en este país desde su fundación, en diciembre de 2001, y ha apoyado sin reservas a los presidentes Dimitri Medvédev y Putin (1999-2008).

Rusia Unida tiene 315, de los 450 escaños de la cámara baja del parlamento, Duma, y el resto se distribuyen entre el Partido Comunista, el Liberal Democrático y Rusia Justa.

En un intento por distanciarse de Putin, el presidente Medvédev reconoció que Rusia es un estado de partido único, sin una oposición significativa.

El país muestra signos de estancamiento similar al de la era soviética, opinó Medvédev, según informó la semana pasada el periódico Vedomosti. El presidente sostuvo que la situación es "igual de dañina" para el partido de gobierno que para la oposición.

El presidente consideró que se necesitan reformas radicales para que el sistema político sea más justo y flexible y más abierto a la renovación y al desarrollo.

Medvédev mencionó algunos logros significativos de su mandato como sanciones penales para los responsables de fraude electoral y el mismo tiempo de aparición al aire en los canales estatales para todos los partidos políticos.

Pero también un mayor papel de las agrupaciones que tengan mayoría en los parlamentos regionales para designar a los gobernadores, menos restricciones para ser elegido en las asambleas legislativas federales y regionales y menor cantidad de firmas para presentarse como candidato a las elecciones.

"Nuestra democracia es imperfecta y somos totalmente conscientes de ellos", reconoció. "Pero estamos mejorando", apuntó el presidente.

No es la primera vez que Medvédev, quien se considera una fuerza modernizadora de Rusia, habla de la necesidad de reformar la política del país.

Desde la caída de la Unión Soviética, a fines de 1991, Rusia hizo frente a varios desafíos en su esfuerzo por forjar un sistema político que pudiera reemplazar casi 75 años de régimen comunista.

La estructura política del país comenzó a mostrar signos de estabilización con la nueva Constitución, adoptada en 1993, y el novel parlamento, con representantes de diversas agrupaciones.

Los cuatro grandes partidos siguen dominando la escena política del país.

"Rusia tiene que hacer mucho más para respetar el papel legítimo de la oposición en la vida pública y las elecciones", dijo Sam Patten, de la organización estadounidense Freedom House.

Es una vergüenza la detención de Boris Nemtsov, ex primer ministro y ex gobernador de Nizhny Novogrood del gobierno de Boris Yeltsin (1991-1999), hace un mes, por protestar contra las autoridades, indicó Patten.

"A qué le tiene miedo el gobierno", preguntó.

El hecho de que un hombre con tanto talento como Nemtsov se comprometa con la vida pública puede llegar a inspirar a millones de rusos preocupados por la situación del país y deseosos de expresarse, pero que temen hacerlo por las detenciones y otras formas de intimidación.

"Acciones como la emprendida contra Nemtsov no revelan la fortaleza del gobierno, sino su debilidad", sostuvo Patten.

Lo primero que hay que hacer para mejorar la participación política es relajar las restricciones sobre el debate público, sugirió. La censura sigue imponiendo restricciones a la televisión, el medio de comunicación que llega a la mayor cantidad de gente.

"La censura es un gran problema" en Rusia, coincidió Boris Kagalitsky, director del Instituto de Estudios de Globalización, con sede en Moscú.

"No creo que la burocracia rusa pueda hacer nada bueno", dijo a IPS al ser consultado por las medidas que pueden tomar las autoridades rusas para aumentar la participación política. "Objetivamente, creo que tenemos que cambiar las leyes que rigen los partidos políticos, las elecciones, los sindicatos y la libertad de reunión", añadió.

Llevará mucho tiempo y esfuerzo establecer un régimen más plural, dado todo lo que se ha hecho para limitar la participación política, concluyó.

Colombia y sus deplazados

2011-02-23T12:00:00.000-08:00

"Queremos gritarle al mundo y nadie podrá callarnos: el desplazamiento (forzado de personas) sigue en Colombia y por eso pedimos solidaridad. No somos terroristas, no somos delincuentes, somos campesinos a quienes robaron nuestra dignidad y nuestros derechos".

Así se expresó ante IPS, con ira y tristeza a la vez, un líder popular del central departamento de Tolima, que pidió reserva de identidad por amenazas, frente a la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional, donde fuerzas de seguridad impidieron la semana pasada otra protesta de campesinos desplazados por el enfrentamiento armado interno.

Alrededor de 5,2 millones de personas fueron desarraigadas entre 1985 y 2010 de las zonas rurales, según un informe divulgado este miércoles por la no gubernamental Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (Codhes).

Esta cifra confirma que Colombia continúa encabezando la nomina de países con mayor cantidad de personas obligadas a dejar sus hogares y refugiadas por la violencia política, como ya había indicado en 2009 la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados.

El estudio "¿Consolidación de qué? Informe sobre desplazamiento, conflicto armado y derechos humanos en Colombia en 2010" fue concluido en el periodo de transición del gobierno de Álvaro Uribe (2002-2010) al actual de Juan Manuel Santos, señalaron los autores.

"A diferencia de su antecesor, el presidente Santos promueve el diálogo social y político, incluye la paz en su agenda y reivindica a las víctimas", resaltaron.

Agregaron que "es temprano para saber si el viraje se consolidará", pero la esperanza es lograr una "solución no militar al conflicto armado que desangra al país" desde comienzos de los años 60.

Esta guerra obligó en los últimos 25 años "a 11,4 por ciento de la población (colombiana) a cambiar de residencia, porque su vida, integridad física o libertad fueron vulneradas o amenazadas", reza el documento de 140 páginas.

Solo en los dos mandatos de cuatro años de Uribe se registró la mitad de los desplazamientos contabilizados.

Acción Social presidencial señaló que 86.312 personas debieron dejar sus lugares de origen en 2010, pero la Codhes elevó esa cifra a 280.000, basándose en el seguimiento diario del fenómeno, la verificación de información y adición de fuentes secundarias.

Estadísticas analizadas en el marco de violencia y desplazamiento desde regiones de ejecución del Plan Nacional de Consolidación Territorial indican que "32.7 por ciento de los desarraigados provienen de municipios incluidos en esa política de lucha contra las guerrillas izquierdistas.

Ese programa fue implementado por Uribe en 2007 con el pretexto de "cumplir los objetivos de consolidación de la Seguridad Democrática, mantener la confianza de los inversionistas y avanzar en la política social efectiva".

Abarcó 86 de los 1.141 municipios en que se divide este país. En 21 de ellos se desarrollan proyectos de exploración, explotación o exportación minera y en otros 14 hay siembra intensiva de palma aceitera y sustitución de cultivos agrícolas por los destinados a producir biocombustibles.

Todos proyectos productivos relacionados con el despojo violento de tierras, según la Codhes.

La Comisión de Seguimiento a la Política Pública sobre Desplazamiento Forzado, conformada como resultado de fallos al respecto de la Corte Constitucional en 2004, asegura que entre 1980 y julio de 2010 se confiscaron más de 6,6 millones de hectáreas por acciones violentas atribuidas a grupos armados ilegales.

Los departamentos afectados coinciden con las regiones en las que se desarrolla el Plan, con énfasis en los occidentales departamentos de Antioquia y Chocó, con 1,9 millones de hectáreas enajenadas.

La Codhes anota que 44 municipios de los 86 incluidos en el Plan hacen parte de los que registraron la mayor expulsión de lugareños el año pasado, con seis episodios que afectaron a más de 2.684 personas y donde se perpetraron 19 masacres en las que murieron 92 personas.

También da cuenta que en esa zona se verificaron 176 asesinatos selectivos, incluyendo indígenas, empleados estatales, líderes comunales, un activista en defensa de los derechos humanos y un periodista.

El proceso de restitución de tierras o adjudicación se vio envuelto en otra violencia extrema, que costó la vida entre marzo de 2002 y enero de 2011 de 44 líderes de poblaciones desplazadas.

A ello se suma la pobreza en la que caen las personas que deben radicarse lejos de su origen, con indicadores que llegan hasta 70 por ciento.

"Mi esposo era ganadero, teníamos mulas de arreo, cultivábamos yuca, plátano, cacao y negociábamos nuestra cosecha en Norte de Santander (noreste). A él lo mataron y todo quedó allá, enterrado, en manos de otros", narró a IPS Miriam López en 2009 durante la toma de desplazados que por tres meses mantuvieron en el central parque Tercer Milenio, de Bogotá.

"Fue muy duro. Yo veía las escrituras de mis fincas y lloraba", añadió.

El director de la Codhes, Jorge Rojas, señaló que el informe interpela la política llevada adelante por Uribe y su Plan Nacional de Consolidación, porque "en sus primeros tres años de ejecución hay muchas dudas sobre su efectividad".

Los 5,2 millones de desplazados o refugiados ponen a este país en el primer lugar en el mundo en la materia, seguido de Sudán, Iraq y Afganistán, según el informe de la Codhes

Democracia o golpe de estado?

2011-02-22T12:00:00.000-08:00

Días después de la forzada partida de Hosni Mubarak del palacio presidencial de El Cairo, muchos analistas estadounidenses siguen preguntándose si fue consecuencia de una revolución de cuño democrático o de un golpe de Estado orquestado por el poderoso estamento militar de Egipto.

Pese a la euforia mediática, desde la renuncia de Mubarak creció el escepticismo de los expertos estadounidenses en Egipto sobre las verdaderas intenciones de los militares.

Por ejemplo, el analista Jon Alterman, del Center for Strategic and International Studies, advirtió que el "ascenso del Consejo de Comando Militar" podría ser un "enorme paso atrás".

Y Reuel Marc Gerecht, un ex funcionario de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) que ahora forma parte de la neoconservadora Fundación para la Defensa de las Democracias, indicó que el ejército "va a tantear cuánta autocracia (y riqueza) puede mantener en sus manos".

Sin embargo, el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, dijo en una rueda de prensa el martes 15 que veía con buenos ojos los pasos que dio hasta ahora el Consejo de Comando Militar, ante el cual Mubarak cedió el 11 de febrero el poder que ostentaba desde octubre de 1981.

"Obviamente, todavía hay mucho por hacer en Egipto, pero lo que hemos visto hasta ahora es positivo", dijo Obama, e indicó que los representantes de la oposición que se reunieron con dos altos funcionarios egipcios el lunes 14 "estimaron que (el Consejo) se toma en serio lo de celebrar elecciones libres y limpias".

Pero la mayoría de los analistas independientes no están tan seguros del rumbo que pretenden imprimir a Egipto los cinco generales que conforman el Consejo.

"Es cierto que los militares están dando señales acertadas, pero el movimiento se demuestra andando", dijo James Zogby, un veterano conocedor del Medio Oriente que dirige el Arab American Institute. "Esto fue un alzamiento que derrocó al presidente, no al Estado, y las Fuerzas Armadas siguen siendo el Estado".

Son varios los que estiman que los uniformados están dispuestos a efectuar concesiones, pero reteniendo tanto poder como puedan.

"Incluso los más recalcitrantes miembros de la vieja guardia autoritaria y seguidora de Mubarak saben que no hay vuelta atrás y que una mera fachada democrática no pasará la prueba de la aceptación pública", según Wayne White, del Middle East Institute, y ex alto analista en Medio Oriente del Departamento de Estado (cancillería) de Estados Unidos.

"Pero al mismo tiempo cuesta creer que esos jerarcas acostumbrados a ejercer el control no estén enfrascados en un debate interno sobre hasta dónde conceder –y hasta dónde retener— en su intento de marcar las diferencias entre el funcionamiento de una democracia plena y su visión, posiblemente más restringida, de un Egipto ‘ordenado’ o más ‘estable’", indicó White en una respuesta a IPS por correo electrónico.

El Consejo, encabezado por el mariscal de campo Mohammad Hussein Tantawi, leal a Mubarak por mucho tiempo, ha emitido una serie de circulares ordenando la disolución del parlamento, suspendiendo la vigencia de la Constitución y prometiendo elecciones en seis meses.

El martes 15, el Consejo reunió a un comité de juristas a los que encargó reformar la Constitución en un plazo de 10 días. La reforma sería sometida a ratificación popular en un referendo a celebrarse en unos dos meses.

Si bien esos pasos son del agrado de Obama, el Consejo todavía no ha cumplido con una lista de reclamos de las fuerzas opositoras, reunidas en una amplia coalición llamada Activistas por la Democracia.

Algunas de esas demandas son poner fin a la Ley de Emergencia, vigente desde hace tres décadas, liberar a miles de presos políticos e investigar y juzgar a agentes policiales y de cuerpos de seguridad acusados de las muertes de unas 300 personas en los 18 días de manifestaciones populares que condujeron a la caída de Mubarak.

También ha sido ignorado por el Consejo el reclamo opositor de incluir en el gobierno de transición técnicos civiles y representantes del movimiento democrático.

"Tal parece que los militares tienen el propósito correcto acerca del final, pero no quieren ceder el manejo del proceso", opinó Joel Rubin, subdirector de la National Security Network (Red de Seguridad Nacional), que se especializó en Egipto cuando trabajó en el servicio exterior.

"Este es un asunto ríspido, porque si esperan demasiado (para incluir a los civiles), habrá mucha desconfianza sobre sus verdaderas intenciones", agregó. La velocidad con la cual se pretende reformar la carta magna también es problemática ante la complejidad de los desafíos, agregó.

En cualquier caso, Washington va a jugar un papel importante en la transición debido a las estrechas relaciones militares entre los dos países, construidas desde que se firmaron los Acuerdos de Camp David entre Egipto e Israel, en 1978.

De hecho, algunos de los más influyentes jerarcas militares, como el jefe del Estado Mayor, el general Sami Hafez Anan, considerado como el miembro más poderoso del Consejo, estaban en Washington en las reuniones anuales con sus contrapartes estadounidenses cuando estalló la crisis política en El Cairo el 25 de enero.

En los últimos 30 años, Washington entregó unos 40.000 millones de dólares de ayuda militar y entrenamiento a las Fuerzas Armadas egipcias, que se han vuelto completamente dependientes del equipamiento estadounidense, en especial para sus sistemas de armamento más avanzados, como los aviones de guerra F-16, los helicópteros Apache y los misiles antibuque Harpoon.

"Estas relaciones suministran un vínculo con las Fuerzas Armadas de Egipto que no tiene ningún otro país", indicó el especialista Charles Dunne, que sirvió 10 años atrás como agente político-militar en la embajada estadounidense en Egipto.

Amenazas de legisladores influyentes de cortar el paquete de 1.300 millones de dólares anuales de asistencia militar parecen haber jugado un importante papel de respaldo a las repetidas exhortaciones públicas y privadas del gobierno de Obama a los militares egipcios de no usar la violencia contra los manifestantes.

"Es la compensación, en el momento justo, a 30 años de asistencia militar: los uniformados egipcios odiarían poner en riesgo esta relación vital por intentar burlar la transición a la democracia o por seguir reteniendo el poder", dijo Dunne.

Por otra parte, todavía no está claro que el gobierno de Obama esté incómodo con el control castrense de la transición, en especial cuando intenta apaciguar a Israel y a otros aliados en la región, que claramente prefieren que los militares sigan al mando, sobre todo en política exterior y de defensa.

"Están muy contentos de que los militares hayan dicho que seguirá vigente el acuerdo de paz" con Israel, dijo Zogby. "Hay políticas, como el bloqueo a la franja de Gaza y las entregas extraordinarias (de presuntos terroristas), que los militares van a sostener, pero que podrían caer con un gobierno civil y más democrático"

Palestina no es Egipto

2011-02-21T12:00:00.000-08:00

La revuelta popular de Egipto y el asedio que sufren otros regímenes árabes de la región obligan a dirigentes palestinos a mover fichas en el tablero político.

"No hay vuelta atrás. Se está forjando un estado palestino", dijo a IPS el especialista Samir Awad, de la Universidad de Birzeit, cerca de Ramalah.

"Quedan pocos meses para el nacimiento de un estado palestino independiente. Pronto se integrará a la ONU (Organización de las Naciones Unidas) y será un miembro como cualquier otro de la comunidad internacional", añadió.

Desde hace unas semanas, la Autoridad Nacional Palestina (ANP) tiembla hasta la raíz observando cómo varios países árabes, gobernados por regímenes autocráticos y asistidos por Occidente, se sacuden por los reclamos populares.

Las capitales viven revueltas sin precedentes que hacen tambalear a los gobernantes.

La ANP se niega desde hace varios años a organizar elecciones legislativas pese a las reiteradas promesas de hacerlo. El mandato del presidente Mahmoud Abbas terminó en enero de 2009.

Su gobierno, con sede en Ramalah, ha tratado desesperadamente de evitar en Cisjordania las protestas callejeras de apoyo a las revueltas de Túnez y Egipto. Pero anunció grandes cambios democráticos en un intento por mejorar su credibilidad ante la población.

La ANP anunció el lunes la disolución de su gabinete, tras la decisión de la semana pasada de organizar elecciones en septiembre, el mes que se fijó para la creación del estado palestino.

El primer ministro, Salaam Fayyad señaló que la ANP planteará en septiembre el asunto en el Consejo de Seguridad de la ONU. Las autoridades preparan y consolidan desde hace dos años las instituciones estatales.

"La ANP está preocupada con los acontecimientos de Egipto y Túnez y trata de evitar una situación similar en Cisjordania", el territorio palestino que controla, explicó Awad.

Los cambios en el gabinete son un intento de reforzar la imagen de Abbas ante la población palestina, molesta con su trabajo.

La caída del presidente egipcio Hosni Mubarak significó para la ANP la pérdida de un aliado contra Hamás (acrónimo árabe de Movimiento de Resistencia Islámica), que controla el territorio palestino de Gaza, y la obligó a reaccionar.

"En Gaza sufrimos mucho bajo el régimen de Mubarak", señaló Ahmed Yussef, asesor político del dirigente de Hamás, Ismail Hanniyeh. "Un Egipto fuerte, democrático e independiente fortalecerá la unidad árabe", dijo a IPS.

"No hay dudas de que es bueno para Hamás la caída del socio de Israel en el bloqueo que sufre Gaza y el fortalecimiento de la egipcia Hermandad Musulmana, su allegada ideológica, tras la revuelta popular", dijo a IPS el profesor Moshe Maoz, de la Universidad Hebrea de Jerusalén.

Pero la situación de Egipto también supone una presión para las propias autoridades de Hamás en Gaza, que se negaron a participar en las elecciones previstas por la ANP para septiembre por considerar que son ilegales y organizadas por un gobierno vencido y sin representación.

La popularidad de Hamás también cayó desde que ganó las elecciones legislativas en 2006.

"A diferencia de Egipto, la ANP no sufre una presión social y económica que la obligue a reformarse, pues Fayyad promovió el surgimiento de una clase media con recursos económicos. Pero sí la de emprender cambios políticos", explicó Awad.

"En cambio, Hamás sí sufre una presión económica por la extrema pobreza que sufren los gazatíes. El gobierno teme que el creciente malestar por la situación del territorio costero pueda generar disturbios, lo que es un gran incentivo para que trabaje hacia una reconciliación", dijo a IPS.

Los acontecimientos en Túnez y Egipto obligaron a Fatah, que controla la ANP, y a Hamás a reevaluar sus respectivas posiciones. Los dos partidos rivales consideran que mejoraron de forma significativa las posibilidades de reconciliación.

"Las autoridades de Cisjordania tienen un nuevo discurso", señaló Yussef. "Mubarak fue responsable, en gran medida, de la inflexibilidad de Abbas", apuntó.

Ghassan Jatib, portavoz de Abbas, dijo a IPS que cualesquiera sean las nuevas autoridades de Egipto apoyarán la unidad palestina, porque la población siempre defendió sus reclamos.

Maoz también cree que las posibilidades de reconciliación entre Hamás y Fatah mejoraron con la coyuntura regional.

Además, los dos partidos palestinos creen que la mayor presión sobre Israel, pues Washington se ve obligado a escuchar la opinión de los árabes de a pie, les traerá réditos políticos.

También creen que la caída de un régimen árabe respaldado por Washington beneficiará a la causa palestina.

"Estados Unidos ya no puede contar con el respaldo árabe", dijo Yussef a IPS. "Creemos que la población árabe apoyará mucho más a los palestinos que lo que hicieron los regímenes caídos, carente de representación popular", dijo Jatib a IPS.

Pero los partidos palestinos independientes y de izquierda se mantienen escépticos.

Jamil Mezher, del Frente Popular de Liberación de Palestina, acusó a Fatah y Hamás de "atrincherarse detrás de intereses partidarios y no dejar más opción a los palestinos que de hacer la revolución".

La gente "reclama que terminen las divisiones", pero los líderes son sordos, apuntó Mezher. "Miles de personas dieron su vida, decenas de miles fueron detenidos y quedaron heridos luchando por la libertad y la independencia. No aceptaremos el continuo fracaso de nuestros líderes", añadió.

Enfermos mexicanos, su situacion

2011-01-30T12:00:00.000-08:00

Brígido se mece pausadamente mientras el sacerdote José Guadalupe oficia misa en el Centro de Asistencia e Integración Social Atlampa (CAIS), en el sudeste de la capital de México. De repente, este interno empieza a golpearse la mejilla izquierda, ante el susto de quienes le rodean.

El hábito de Brígido, de apellido desconocido y edad indeterminada, es golpearse contra la pared, a causa del trastorno mental que padece.

Este paciente es uno de los 365 alojados en Atlampa, que significa "cauce de agua" en lengua indígena náhuatl, fundado a comienzos de los años 70 y con capacidad para albergar solo a 300 personas.

Los internados en el CAIS, administrado por el gobierno izquierdista de la ciudad de México, comparten el común denominador de ser víctimas del abandono social, institucional y familiar.

"La situación en los centros psiquiátricos es gravísima en este país. Las condiciones higiénicas y de salud son deplorables, hay graves violaciones de derechos humanos", resumió para IPS Sofía Galván, representante para México y América Central de la organización no gubernamental estadounidense Disability Rights International (DRI).

La no gubernamental Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos y el DRI presentaron en noviembre el informe "Desaparecidos y abandonados: segregación y abuso de niños y adultos con discapacidad en México".

"Niños y adultos son internados en instituciones debido a la falta de tratamiento, habilitación y rehabilitación, así como de otros apoyos, que les permitan desarrollar las habilidades que necesitan para vivir en la comunidad", cita el reporte, elaborado a partir de visitas a 20 entidades en la ciudad de México y otros cinco estados entre agosto de 2009 y septiembre pasado.

En este país con 112 millones de habitantes hay al menos 10 millones con discapacidad motriz, intelectual, auditiva y visual, según datos de la no gubernamental Confederación Mexicana de Organizaciones en Favor de la Persona con Discapacidad Intelectual.

Además, la Secretaría (ministerio) de Salud Pública indica que al menos 15 millones de personas sufren algún tipo de enfermedad mental. La población de los 31 hospitales psiquiátricos estatales asciende a unos 7.000 pacientes.

La discapacidad psicosocial abarca padecimientos como la esquizofrenia, la depresión y los trastornos bipolar, obseso-compulsivo y limítrofe de la personalidad.

"Tiene que haber una capacidad de prevención y contra los estigmas, para que se pueda diagnosticar un trastorno a tiempo y dar tratamiento oportuno", planteó Gabriela Cámara, presidenta de la no gubernamental Voz Pro Salud Mental, surgida en 2001 y que imparte talleres para familias y pacientes sobre el manejo de la enfermedad.

José González, otro interno de Atlampa, se desplaza en silla de ruedas y dice que es "San José", con su mirada firme y su rostro serio. Que su movilidad funcione es una rareza, pues muchos de sus compañeros deben ser cargados.

"El cementerio de las sillas" se sitúa al fondo del amplio centro, sin que a nadie le importe repararlas.

Los habitantes de este CAIS, de los cuales operan 10 en la ciudad de México con un presupuesto de unos 11 millones de dólares, no tienen pasado ni futuro, ni parientes ni diagnósticos clínicos y están encerrados en un laberinto del cual únicamente saldrán hacia la muerte. Desde diciembre, tres hombres fallecieron en Atlampa, con funerales desiertos.

El gobierno mexicano de Felipe Calderón debió cumplir en mayo pasado con el envío de su informe sobre el estado de cumplimiento de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, vigente desde 2008. Pero esa entrega aún no se realiza.

Desde 2005 está en vigor la Ley General de las Personas con Discapacidad y el año pasado el gobierno presentó el Programa Nacional para el Desarrollo de las Personas con Discapacidad 2009-2012.

Este plan consta de nueve objetivos para articular las políticas públicas en educación, salud y deporte, además de armonizar el marco jurídico en torno a la discapacidad, reducir la discriminación y garantizar el acceso a espacios, bienes y servicios.

La Asamblea Legislativa de la capital mexicana aprobó en diciembre la ley de Salud Mental, la primera del país que estipula la creación de un Comité de Salud Mental y una línea telefónica para atender a personas con trastornos. Pero no incluye el cierre de hospitales psiquiátricos y su sustitución por centros de apoyo que permitan a los pacientes a volver a la vida social.

En América Latina, sólo Colombia y Argentina poseen leyes similares. En países como este último y Brasil las autoridades han empezado a clausurar hospitales tradicionales y habilitar casas donde los enfermos reciben rehabilitación y pueden trabajar de nuevo.

"Los abandonados se consumen de por vida" y "muchas de las instituciones mexicanas son inmundas, dejan a la gente caminar en harapos sobre los pisos cubiertos de orina y heces", cita el reporte, que refleja lo que sucede en Atlampa, escenas que no envidian a las vistas en películas estadounidenses como "Atrapado sin salida" (1975) y "12 monos" (1995).

"Se tiene que cambiar el modelo. Son necesarios servicios de rehabilitación eficaz para que las personas regresen a la comunidad", propuso Galván.

"Hay poca rehabilitación y reintegración. Tenemos que lograr que haya atención mental en los servicios de primer nivel, que en todos los hospitales se pueda tratar a las personas con discapacidad", planteó Cámara, uno de cuyos hermanos padece trastorno bipolar.

En Atrampa, muchos de los internos visten ropa rota y sucia, aunque en la lavandería yacen pilas de prendas. No saben lo que es el agua caliente. Lo que mejor funciona es la cocina, dotada con ollas grandes y amplias estufas que sirven para que el personal prepare comida decente.

El gimnasio y el taller, creados para la rehabilitación, están abandonados, porque nunca recibieron mantenimiento. Dos psicólogos y un médico atienden a toda la población.

El Estado mexicano viola 10 artículos de la Convención, según las dos organizaciones no gubernamentales. Luego de que México entregue su reporte, un grupo de estas entidades prepara un documento de respuesta

El bloqueo vietnamita de Facebook

2011-01-29T12:00:00.000-08:00

Al bloquear la red social Facebook, el Partido Comunista de Vietnam reveló su descontento con la rápida expansión de los medios de expresión por Internet en momentos en que hace una revisión de su política económica.

Si bien las autoridades vietnamitas han reconocido la importancia de la red mundial de computadoras en sus esfuerzos para modernizar el país, en los meses previos al XI Congreso Nacional del Partido se han adoptado varias medidas para censurar el ciberespacio.

"En vísperas del Congreso del Partido, sitios web y blogs han sido clausurados, Facebook fue bloqueado y se aprobó una nueva legislación para obligar a los cibercafés a que instalen programas que vigilen las actividades en línea de sus clientes", dijo Vo Van Ai, presidente del Comité sobre los Derechos Humanos en Vietnam, organización con sede en París.

"Aunque muchos vietnamitas gozan de una mejor calidad de vida que antes, hay una creciente preocupación sobre la disparidad de la riqueza y las desigualdades sociales", dijo en una entrevista por correo electrónico. "Los espacios para el debate sobre esta situación son muy limitados".

Entre el 12 y el 19 de este mes, el Partido Comunista celebra su Congreso, como lo hace cada cinco años. Unos 1.400 delegados representando a sus 3,6 millones de miembros discutirán diversos temas relacionados en especial con la política económica.

Los principales líderes comunistas quieren evitar ser avergonzados por opiniones públicas mientras la jerarquía del Partido decide la dirección que tomará el país, indicaron analistas.

Un académico asiático en Ho Chi Minh, quien habló a condición de mantener su anonimato, opinó que el Congreso ayudaría a clarificar cuál de las dos facciones del Partido, la pro-china y la nacionalista, será la predominante de aquí en más.

La dirección de la economía vietnamita, que ha visto un crecimiento de nueve por ciento anual en la última década, también será analizada, y se discutirán las dos opciones planteadas: más acciones por el libre comercio o una expansión de la economía socialista y controlada por el Estado.

El gobierno intentará que este debate se refleje lo mínimo posible en el ciberespacio.

Vietnam es uno de los países con una comunidad cibernética de más rápido crecimiento, y actualmente casi una de cada tres personas en ese país utiliza Internet como medio de información y de expresión.

El gobierno bloqueó Facebook por primera vez a fines de 2009, lo que fue seguido por una política intermitente contra esa popular red social.

Las autoridades también adoptaron una línea dura contra otros sitios web y blogs, incluso amenazando con prisión a los que violaran los controles.

La organización Reporteros Sin Fronteras calificó a Vietnam el año pasado de segunda mayor prisión mundial de cibernautas, al haber encarcelado a 17 activistas.

"El opulento estilo de vida de muchos cuadros del Partido Comunista y de funcionarios de gobierno contrasta crudamente con la pobreza de la población común en Vietnam, donde 77 por ciento de la mano de obra es empleada en la agricultura y en la economía informal", reveló la Federación Internacional para los Derechos Humanos en un informe divulgado a fines de 2010.

Vietnam acaba de ocupar el centro de la atención internacional luego de que Vinashin, empresa estatal constructora de barcos, se declaró insolvente en un préstamo estadounidense por 600 millones de dólares.

La crisis de Vinashin y la depreciación de la moneda local, el dong, añaden presión sobre el primer ministro Nguyen Tien Dung, un gran defensor de Vinsashin como símbolo de la emergente economía vietnamita.

"Vietnam se ha abierto, pero hay algunas diferencias importantes con sus vecinos" del sudeste asiático, dijo Manu Bhaskaran, del Instituto de Asuntos Internacionales de Singapur. "Todavía hay una sustancial participación del Estado en la economía a través de regulaciones y firmas estatales", afirmó.

"La dimensión financiera de la economía muestra grandes riesgos, y los problemas de deuda de Vinashin podrían causar más problemas si las autoridades no manejan bien estos temas", dijo a IPS.

Vietnamitas han comenzado a comprar oro frente la caída del dong, que perdió un quinto de su valor respecto del dólar desde 2008.

Mientras, académicos llaman a una mayor libertad de expresión para tratar los problemas económicos.

"Los blogs han abierto una nueva dimensión para las discusiones… pero como en todo medio de expresión, el Partido sólo lo tolera cuando las críticas no van ‘demasiado lejos’. Los líderes de Hanoi necesitan Internet para los negocios, pero tienen medio de su alcance político", dijo Ai

La situacion de las calles en Grecia

2011-01-28T12:00:00.000-08:00

"Lo más aterrador es perder la memoria. No puedo recordar nada de lo que ocurrió inmediatamente después de que fui noqueado", contó Nasos Iliopoulos. Su rostro se tensa cuando narra su violento altercado con la policía.

"Nos habíamos reunido pacíficamente para protestar contra los arrestos en la manifestación del día anterior", indicó Iliopoulos.

"Los policías sorpresivamente nos empujaron", contó. "Algunos de nosotros intentamos colocarnos entre ellos y la gente por miedo a que ésta sintiera pánico y resultara gravemente herida".

A pesar de haberse identificado como secretario juvenil de un partido izquierdista con representación parlamentaria, Iliopoulos recibió un duro golpe en la cabeza.

"Mientras yacía inconsciente, la gente pedía un médico, pero un policía dijo que yo mismo podría llamar a una ambulancia una vez que saliera del lugar", contó el joven sobre los incidentes de la semana pasada.

"Tuve suerte de que nada grave me sucediera, pero todavía lucho con los efectos psicológicos", señaló.

Desde mayo de 2010, cuando Grecia adoptó un plan de austeridad a cambio de un crédito internacional con el que pretende controlar su enorme déficit fiscal, se han repetido manifestaciones en las calles que por lo general derivan en violentos enfrentamientos con la policía.

Pero la agresividad de las autoridades en los últimos meses ha aumentado, lo que genera preocupación entre el público y profesionales de la salud.

El 6 de este mes, luego de nuevos enfrentamientos, decenas de estudiantes heridos fueron trasladados al Evagellismos Hospital, ubicado en el corazón ateniense. El sanatorio se vio obligado a abrir sus instalaciones de emergencia, señaló Panos Papanikolaou, neurocirujano de la Unión Médica de Atenas.

"Ese día, al menos 45 personas fueron llevadas a unidades de emergencia en toda Atenas", recordó.

"Hubo dos casos de serios heridos en la cabeza y daños cerebrales menores", indicó. "Las heridas son más y más severas. Algunas personas nos sólo son golpeadas con bastones, puñetazos y patadas, sino atacadas en la cabeza con extintores de incendios que llevan los policías para apagar (el fuego causado por) los cócteles Molotov".

"Las heridas que tratamos son resultado de una fuerza letal", señaló.

Médicos también han constatado un incremento en el número de personas que buscan asistencia luego de tener contacto con gases lacrimógenos u otros químicos que utilizan los uniformados para dispersar manifestaciones.

Olga Kosmopoulou, especialista en enfermedades infecciosas, dijo que los métodos de control de multitudes empleados por la policía, usando tóxicos, están causando crecientes problemas de piel, vista y respiratorios.

"Nadie tiene la más leve idea sobre los efectos a largo plazo de esas sustancias", señaló Kosmopoulou. "Pero la frecuencia y la severidad con que son usadas constituyen una directa amenaza a la salud pública".

"Además", añadió, "uno debe preguntarse si esta agresión que observamos es resultado de la pérdida de control de la policía… o una opción conciente para incrementar la represión".

"En cualquier caso, hay responsabilidad política por lo que ocurre en las calles, y la tiene el gobierno", subrayó Kosmopoulou.

Un indicio de la creciente represión es la frecuencia con que policías de civil concurren a hospitales para identificar a manifestantes golpeados e intimidarlos.

"En diciembre pasado, médicos tuvieron que pedirle (a los policías) que se fueran… para poder examinar a las personas", dijo Papanikolaou.

"Esto ocurre en países gobernados por regímenes autoritarios, no en una democracia europea", añadió.

Además de los ataques contra ciudadanos, algunos policías la emprenden contra periodistas que cubren los incidentes.

Aris Messinis, fotógrafo de la agencia AFP en Atenas, dijo haber sido víctima de un ataque premeditado el 17 de noviembre en el marco de una gran manifestación.

"Fui maltratado un par de veces ese día, pero presenté cargos contra un policía que parecía recordarme de antes", señaló.

"Los reporteros gráficos somos blancos directo de la policía en las calles", explicó, y añadió que los uniformados "intentan ocultar los abusos en los que están involucrados".

Siempre tratan de "impedir que las personas, especialmente profesionales, tomen fotografías" de los incidentes, dijo Messinis.

La organización Reporteros Sin Fronteras publicó una carta abierta condenando la violencia policial contra periodistas que cubren las protestas en Grecia.

"El nivel de violencia empleado por la policía es indignante", señala.

"Periodistas denunciaron haber sido arrojados al suelo y golpeados, o que les impidieron trabajar. La policía también obligó a algunos periodistas, incluyendo al representante de Reporteros Sin Fronteras, a borrar las fotos que habían tomado", añade

Violencia en etnias brasileñas

2011-01-27T12:00:00.000-08:00

En los ocho años de gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2011) se homologaron en Brasil apenas 88 tierras indígenas, según el Consejo Indigenista Misionero (CIMI) que observó este período como el más violento de las últimas décadas.

"No se estructuró una política para demarcar, proteger y dar asistencia efectiva a los pueblos indígenas. No fue prioridad del gobierno la solución de los conflictos agrarios", sentenció el vicepresidente del CIMI, Roberto Antonio Liebgott.

De acuerdo con datos del Comité de Organización de Informaciones de la Presidencia, Lula homologó hasta 2009 tierras que ocupan un área de más de 18,6 millones de hectáreas.

Estos datos no coinciden con los del CIMI, un organismo vinculado a la católica Conferencia Nacional de Obispos de Brasil, que apunta cerca de 14,3 millones de hectáreas homologadas desde 2003.

Un monitoreo más reciente, con informaciones del CIMI y de la gubernamental Fundación Nacional del Indio (Funai) revela que en los dos mandatos de Lula se demarcaron 88 tierras indígenas.

Esta cifra equivale a 60 por ciento de lo que logró la administración de Fernando Henrique Cardoso (1995-2003), con 147 áreas homologadas (más de 36 millones de hectáreas). E incluso se queda corta respecto del breve mandato de Fernando Collor de Mello (1990-1992), cuando se demarcaron 128 tierras indígenas, que comprendían casi 32 millones de hectáreas.

La identificación y demarcación de tierras indígenas obedece a principios establecidos por la Constitución de 1988. Según el CIMI, existen en Brasil 988 tierras que deberían pertenecer a grupos nativos, pero sólo se han tomado providencias para reconocer y regularizar a 665 de ellas.

Estas cifras difieren ligeramente de las de la Funai, órgano gubernamental encargado de conducir la política indigenista. Hay 674 tierras indígenas en proceso de regularización, dice la Funai, de las cuales 149 están en estudio, 406 fueron completamente regularizadas y el resto están en alguna de las etapas intermedias.

Esas 674 tierras ocupan 107,6 millones de hectáreas, es decir 12,64 por ciento del territorio nacional.

La demarcación es el medio administrativo para definir los límites de un territorio tradicionalmente ocupado por los pueblos indígenas. La legislación brasileña de 1996 vino a agilizar ese proceso. La homologación –el decreto que legaliza la demarcación--es el paso último antes de la completa regularización.

La etapa más lenta y engorrosa es la fijación de los límites definitivos y el pago de las indemnizaciones por expropiaciones, que puede llevar décadas.

"El plazo para todo ese proceso debería ser de no más de año y medio, pero nunca he visto un caso que se aproximara a esto. Normalmente lleva 15 o 30 años", dijo Liebgott a IPS.

El caso más polémico bajo el gobierno de Lula fue el de la reserva Raposa Serra do Sol, en el norteño estado amazónico de Roraima, en la que viven cerca de 20.000 indígenas de cinco etnias, aunque predomina la macuxi.

Raposa, de 1,7 millones de hectáreas ubicadas en la frontera con Venezuela, se volvió el foco de polémicas y disputas con productores rurales.

La lucha por el reconocimiento de Raposa empezó en la década de 1970 y atravesó decenas de acciones judiciales. En 2005, Lula decretó su homologación, pero la decisión fue acusada de inconstitucionalidad y acabó sometida a juicio ante el Supremo Tribunal Federal, que la ratificó en marzo de 2009.

El estado carece de una agenda de políticas indigenistas, sostiene el antropólogo Marcos Braga, del Instituto Insikiran de Formación Superior Indígena de la Universidad Federal de Roraima.

"Hay acciones puntuales y pulverizadas entre los ministerios. Lula se había comprometido a crear un ministerio de los pueblos indígenas, pero no hubo avance en ese sentido", criticó el estudioso de la Amazonia y la temática nativa.

Sin embargo, Braga destacó que Raposa Serra do Sol fue un hito del recién concluido gobierno. "Lula tuvo el coraje de hacer lo que Collor y Fernando Henrique (Cardoso) dejaron para atrás", dijo a IPS.

Para Braga, otro punto positivo fue la creación de la Secretaría Especial de Salud Indígena, asociada a la Presidencia, que asume la responsabilidad de concebir políticas públicas de protección sanitaria para esta población. "Ésta era una vieja lucha", indicó.

El presupuesto para la salud indígena también evolucionó. A fines de los años 90 sumaba cerca de 50 millones de reales (30 millones de dólares), mientras el actual volumen de recursos alcanza a 300 millones de reales (170 millones de dólares).

Pero los últimos ocho años se caracterizaron por una violencia creciente contra las etnias nativas, indica el CIMI. Entre 2003 y 2010 se denunciaron 437 asesinatos.

El año más sangriento fue 2007, con 92 indígenas asesinados. En el primer mandato de Lula (2003-2007) se registró un promedio anual de casi 45 muertes.

En el segundo período del mandatario, concluido el 1 de enero de 2011, los años 2008 y 2009 fueron los peores, con 60 asesinatos cada uno. Según datos preliminares de 2010, al menos 45 indígenas habrían sido muertos por conflictos territoriales.

"Lula no saneó el problema. La omisión del gobierno federal fue grave", dijo Liebgott. Esa administración "priorizó la alianza con sectores productivos, como el agronegocio, y con los grandes grupos económicos. Y en relación a los segmentos sociales, Lula priorizó sofocar el conflicto para apaciguar los ánimos", criticó.

Pero Braga relativizó estos datos. Hubo más conflictos territoriales porque los nativos retomaron la afirmación de su identidad, argumentó.

"Los pueblos indígenas reasumieron su memoria colectiva. Es ahí cuando empezaron los conflictos, porque se elevó el número de luchas por las tierras", dijo. Se trata, indicó el antropólogo, de un regreso a las raíces. "Donde hay conflicto, hay violencia".

Pero si Lula hubiera agilizado la regularización agraria y organizado una agenda de políticas, habría muerto menos gente, criticó. "Falta una visión sistémica de políticas públicas más integradas", resaltó.

Brasil, un país de más de 190 millones de habitantes, tiene cerca de 736.000 indígenas en 242 etnias

Cristianos en Pakistan

2011-01-26T12:00:00.000-08:00

Gulsher Masih, de 46 años, vive en constante temor desde que huyó hace un año de su aldea natal de Chuk Jhumra, cerca de la oriental ciudad pakistaní de Faisalabad.

Él y su hija soltera de 22 años, Saandal Bibi, acaban de ser liberados de prisión, donde estuvieron 13 meses por "profanar" el Corán, libro sagrado musulmán. Debieron abandonar sus lugares habituales y aún se esconden en la provincia de Punjab. "Dentro o fuera de prisión, una vez acusados, la sombra de la muerte te sigue a todos lados", señaló Masih, un experimentado albañil que está sin trabajo y es apoyado por la iglesia local. Como cristiano, es parte de la minoría religiosa en esta nación predominantemente islámica.

Masih y su hija tienen suerte de haber podido escapar vivos. Una acusación así habría sido motivo suficiente para un castigo más duro en cualquier otra parte de este país donde, dicen los cristianos, la intolerancia se convierte lentamente en la norma.

Por ejemplo, los habitantes de Itanwali, otra aldea de Punjab, claman por la sangre de Asia Bibi, cristiana también acusada de blasfemia.

De las 1.060 personas acusadas por leyes de blasfemia desde 1986, 46 han sido asesinadas por muchedumbres o por individuos. La comunidad cristiana ha sido víctima de feroces extremistas, que han atacado sus iglesias y sus hogares.

Algunos cristianos consideran que estos ataques son represalias por la invasión de Estados Unidos a Afganistán luego de los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001 en Nueva York y Washington. En octubre de ese año, combatientes islámicos mataron a 15 cristianos en una iglesia.

En 2005, 3.000 combatientes islámicos perpetraron un ataque similar, destruyendo iglesias en Sangla Hill como represalia por la blasfemia supuestamente cometida por un cristiano pakistaní. El año siguiente, fueron atacadas más iglesias y colegios cristianos en protestas por la publicación de una caricatura del profeta Mahoma.

Similares incidentes continuaron hasta 2009. En Gojra, también en la provincia de Punjab, ocho cristianos fueron quemados vivos cuando una turba enfurecida prendió fuego a 40 casas y una iglesia ante la mirada de la policía.

Luego de este incidente, el primer ministro Yousuf Raza Gilani anunció que su gobierno revisaría las leyes de blasfemia.

En Faisalabad, el activista cristiano Atif Paggan señaló que la comunidad a la que pertenece ha disminuido en los últimos 15 años. "Hay una creciente inquietud entre los cristianos y muchos han dejado el país porque se sienten discriminados", señaló.

Según Peter Jacob, jefe de la Comisión Nacional por la Paz y la Justicia, formada por la Conferencia de Obispos Católicos de Pakistán, un tercio de la población de este país de Asia meridional estaba compuesta por minorías religiosas en tiempos de su independencia, en 1947.

Jacob señaló que el blanco en la bandera nacional representaba ese 30 por ciento, incluyendo a los hindúes, los sijs, los parsis y los cristianos.

Pero esa minoría se ha achicado, y ahora constituye solamente 3,5 por ciento de los 175 millones de pakistaníes. Los cristianos representan alrededor de 1,6 por ciento, y están concentrados mayoritariamente en la provincia de Punjab.

"El país perdió su diversidad religiosa", dijo Jacob.

A comienzos de los años 70, el primer gobierno del Partido Popular de Pakistán, encabezado por Zulfikar Ali Bhutto, nacionalizó escuelas y colegios e impuso las creencias y prácticas musulmanas.

"Fue en esa época que el viernes pasó a ser día sagrado semanal, se introdujeron los estudios islámicos en las escuelas y se prohibió el alcohol. Las leyes y las políticas estimularon la discriminación", recordó Jacob.

Pero lo que disparó la violencia fueron las secciones 295 B y C que el ex presidente Ziaul Haq (1978-1988) añadió a las leyes de blasfemia en 1986.

Activistas por los derechos humanos sostienen que la ley ahora protege a ninguna otra religión más que al Islam, y que ha sido habitualmente usada como arma contra adversarios políticos o para expulsar a familias de sus tierras.

Jacob señaló que la vibrante clase media pakistaní comenzó a menguar en los años 70. "Empezaron a encontrar cada vez menos oportunidades de trabajo", indicó.

En determinado momento, cristianos con alto nivel educativo comenzaron a ocupar puestos en el sistema judicial o en la administración pública, recibiéndose de abogados o profesores, mientras que la mayoría de los pakistaníes, con menos educación, ocupaban puestos inferiores. Pero la realidad ha cambiado.

"En casi todos los empleos disponibles se les da prioridad a los musulmanes, y esto se hace en forma encubierta", dijo Farook Tariq, portavoz del Partido Laborista de Pakistán.

En Punjab, un gran número de cristianos son empleados en la industria de ladrillos. "Este año, la mayoría de esos trabajadores no recibieron sus salarios antes de Navidad y no pudieron celebrar" esa festividad cristiana, explicó Tariq.

En Punjab, con su gran número de cristianos, es donde se percibe una mayor discriminación a las minorías.

El analista político Hasan Askari Rizvi atribuyó esto al fortalecimiento de la ortodoxia islámica en las últimas tres décadas.

"Punjab se volcó a la extrema derecha política y al conservadurismo islámico durante el régimen el general Zia", explicó Rizvi.

Añadió que los partidos políticos religiosos y grupos sectarios tienen también su base en Punjab, donde los además también ejercen una fuerte influencia.

Sin embargo, no todos los cristianos se sienten amenazados o sufren discriminación. Hay muchos como Angie Marshal, quien trabaja en el mundo de la moda y administra un salón de belleza.

"Nunca me sentí menos pakistaní por ser cristiana, y nunca fui discriminada, ni de niña ni desde que comencé esta profesión. Mi esposo es trabaja en una aerolínea extranjera", señaló

Y las mujeres violadas?

2011-01-25T12:00:00.000-08:00

Las detenciones de 10 soldados congoleses acusados de saquear tiendas y de violar a por lo menos una docena de mujeres en el distrito de Fizi, a comienzos de enero, no es suficiente para tranquilizar a la sociedad civil local.

Los delitos fueron perpetrados el día de Año Nuevo por soldados destinados al área como parte de la operación de paz Amani Leo, conducida por la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en República Democrática del Congo (Monusco, por su acrónimo francés) en conjunto con las Fuerzas Armadas del país.

A fines de diciembre, un soldado acusado de apuñalar a un joven fue asesinado por vecinos furiosos. Luego, los miembros de la unidad tomaron venganza contra la población civil de Fizi, una región ubicada a orillas del lago Tanganica, en la provincia de Kivu del Sur.

Según Gaius Shabilepa, un periodista de Radio Messenger of the People que transmite desde Uvira, 60 kilómetros de Fizi, "soldados enojados tomaron revancha contra los bienes de la gente, destruyendo todo a su paso, y empeorando la situación de seguridad ya frágil por varios grupos de soldados operando en los pueblos y en los bosques circundantes".

Contactada vía telefónica por IPS, Marie Kaleba, de la no gubernamental Tupeleleze Haki za Wanawake (Popularise Women's Rights), con base en Fizi, dijo que "además de la afluencia de personas desplazadas por la grave situación humanitaria que se vive en algunos pueblos, la falta de apoyo a las mujeres violadas por los soldados corre el riesgo de agravar la situación de las sobrevivientes".

Kaleba señaló que las autoridades no han tomado medidas. Un funcionario local, quien habló en condición de anonimato, dijo a IPS que "un rápido cálculo reveló que más de 100 mujeres fueron violadas por soldados" y que más de 500 personas que huyen a pueblos seguros se ven obligados a soportar deplorables condiciones por más de una semana sin ayuda".

"A los funcionarios locales les faltan recursos para ayudar", denunció.

La organización Médicos sin Fronteras aseguró haber tratado a más de 30 mujeres por las heridas sufridas durante las violaciones. El portavoz de la Organización de las Naciones Unidas, Martin Nesirky, dijo que el informe provisional de Monusco registró 13 violaciones y 19 víctimas de otra clase de abusos, así como saqueo de 14 tiendas.

Las graves acusaciones de violaciones a los derechos humanos subrayan las recurrentes críticas a la Operación Amani Leo --el nombre significa "paz ahora" en lengua Swahili--, la cual intenta recuperar el territorio bajo control rebelde en el este de RDC, y garantizar la seguridad de los civiles.

"El nombre de la operación militar ha cambiado, pero la situación permanece igual: las mujeres siguen siendo asesinadas, mutiladas, abusadas como animales", dijo a IPS Immaculée Birhaheka en junio. Ella es la coordinadora de la ano gubernamental Promotion and Support for Women's Initiatives.

Dioa Taheru, portavoz de Monusco en Fizi, dijo por teléfono a IPS que "el gobierno y la jerarquía militar tienen que tomar medidas para castigar a los soldados responsables, ya que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) es solo un socio y no puede ser un sustituto de las autoridades congoleñas".

Taheru dijo que "estas graves violaciones a los derechos humanos por parte de soldados congoleños no son los primeros. Varios casos ya han sido reportados a las patrullas de las Naciones Unidas para la protección de los civiles en esta zona, ante el silencio de las autoridades locales. Las misión de la ONU no puede asumir la responsabilidad".

En agosto, la Monusco recibió fuertes críticas después de que grupos rebeldes violaran a más de 300 mujeres en otra parte del este de la RDC, a pesar de la presencia de una base de la misión a pocos kilómetros de distancia.

EU apoya a sociedad en Cuba

2011-01-24T12:00:00.000-08:00

El gobierno de Cuba consideró positivas, pero "de alcance limitado" las nuevas medidas de flexibilización para viajes y envío de remesas de dinero al país desde Estados Unidos, que según investigadores consultados favorecerán al naciente sector privado.

En una declaración divulgada este lunes en la prensa oficial, la cancillería advirtió que las decisiones del gobierno estadounidense de Barack Obama no cambian la "política de bloqueo y desestabilización" contra este país caribeño y serán usadas "para fortalecer los instrumentos de subversión e injerencia en los asuntos internos de Cuba".

Aún así, el comunicado consideró que las medidas son resultado del esfuerzo de amplios sectores de la sociedad estadounidense que durante años han reclamado el fin del embargo y el levantamiento de la prohibición de los viajes de ciudadanos de esa nación norteamericana.

El paquete anunciado por la Casa Blanca el viernes pasado autoriza las visitas a Cuba de ciudadanos estadounidenses con fines académicos, educacionales, culturales y religiosos, amplía las posibilidades para enviar remesas y prevé facilitar el aumento de vuelos a esta isla.

"Van a entrar recursos, pero por la vía de la propiedad privada, de la sociedad civil", comentó a IPS el investigador cubano Esteban Morales, quien alertó además que, si bien traen beneficios, también conllevan "riesgos, porque se combinan con las presiones del bloqueo sobre el gobierno, que continúa intacto".

En tanto desde Estados Unidos, el profesor universitario cubano residente en esa nación Arturo López- Levy comentó a IPS que las medidas contribuirán al intercambio entre las comunidades académicas a ambos lados del estrecho, "en la hora estratégica en que las reformas económicas en la Habana han tomado impulso".

Los contactos estudiantiles y religiosos serán facilitados con la decisión de restituir las políticas sobre Cuba implementadas por el gobierno de Bill Clinton (1993-2001), del Partido Demócrata al igual que Obama, que habían sido derogadas en 2003 por el presidente de George W. Bush (2001-2009), del hoy opositor Partido Republicano.

Según la cancillería, Cuba siempre ha favorecido esos intercambios. "Todos los obstáculos que entorpecen las visitas de los estadounidenses a Cuba siempre han estado, y siguen estando hoy, del lado del gobierno de Estados Unidos", aseguró.

Medidas anteriores ampliaron las posibilidades de los ciudadanos cubano-estadounidenses de enviar remesas de dinero a sus familiares.

Ahora, cualquier estadounidense podrá mandar hasta 2.000 dólares anuales a personas en Cuba, excepto a funcionarios del gobierno o militantes del gobernante Partido Comunista.

"Esta liberación puede ser un importante paliativo para cubanos tratando de abrir nuevos negocios en presencia de los despidos recientes y la apertura a la pequeña y mediana propiedad", afirmó López-Levy, profesor de la Universidad de Denver, quien resaltó además que la ampliación de los viajes "apunta a ser sustancial".

En su opinión, Washington potenciará de esa forma la reciente apertura económica cubana, con vuelos directos y más visitantes estadounidenses desde ciudades distintas a las autorizadas actualmente, especialmente si incluye a San Juan de Puerto Rico y alguna urbe del norte del sudoriental estado de Florida.

Según la disposiciones del presidente Obama, todos los aeropuertos internacionales en Estados Unidos podrán ofrecer vuelos a Cuba, siempre que dispongan de servicios adecuados de aduanas e inmigración y que los aviones sean operados por proveedores autorizados.

Hasta el momento, La Habana recibe viajeros procedentes de Miami, Nueva York y Los Ángeles.

El comunicado de la Casa Blanca explicó que las medidas aumentarán el contacto entre los pueblos, apoyarán a la sociedad civil en Cuba, mejorarán el libre flujo de información para los cubanos, por ellos y entre ellos, y ayudarán a promover su independencia de las autoridades.

Morales recordó que, como parte de los cambios para enderezar la economía cubana puestos en práctica por el gobierno de Raúl Castro, se prevé terminar con el paternalismo estatal y que una parte importante de la población económicamente activa se inserte en el trabajo por cuenta propia.

"Ya se sabe que ningún proceso político como el que vive Cuba se desmorona desde afuera y, al parecer, Obama ha definido que su política debe apuntar a copar cada vez más sectores de la sociedad civil y enfrentarlos al gobierno, siempre que le sea posible", advirtió el estudioso.

A su vez, López-Levy consideró "un hecho" que mayores contactos con los académicos cubanos podrían abrir puertas importantes al debate nacional en la isla e influenciar en los mecanismos de toma de decisión del gobierno de Castro.

Esta "apertura es potencialmente el inicio de un deshielo en la relación bilateral" y su importancia se medirá no por el número de intercambios que ocurran, "sino por la capacidad de los gobiernos de Cuba y de Estados Unidos para sostener un proceso de comunicación y dialogo que maneje constructivamente estas nuevas relaciones", indicó.

"Obama ha dado un paso difícil: impidió que los conservadores cubano-americanos, quienes se oponen a la preferencia presidencial por el diálogo y el intercambio, dicten la agenda bilateral. El exilio histórico no se lo perdonará, no importa cuál sea la magnitud de la apertura", advirtió López-Levy a IPS, vía correo electrónico.

Este paso también crea mejores condiciones para la discusión del tema de la detención en Cuba de Alan Gross, subcontratista de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid), en un ambiente menos enrarecido que el promovido por la derecha cubano-americana interesada en convertirlo en una piedra insalvable para cualquier gesto constructivo, agregó.

Las medidas sobre Cuba fueron dadas a conocer en Washington sólo 24 horas después de que Roberta Jacobson, subsecretaria Adjunta Principal del Departamento de Estado, visitó a Gross, detenido en Cuba desde diciembre de 2009 sin que hasta el momento se le hayan formulado cargos judiciales.

Las autoridades cubanas han acusado a ese estadounidense de espionaje y de proporcionar "sofisticados" medios de comunicación a opositores. Pero Washington sólo admite que viajó a esta isla como subcontratista para entregar celulares, ordenadores y equipo de comunicación a grupos judíos.

Jacobson encabezó la delegación de su país que el pasado miércoles sostuvo con autoridades cubanas conversaciones sobre la marcha de los acuerdos migratorios de 1994 y 1995. Esta funcionaria aprovechó la ocasión para reunirse con algunos opositores, lo cual fue considerado una "provocación" por la cancillería cubana.

Machismo en Buenos Aires

2011-01-23T12:01:00.000-08:00

"Yo sabía que él le pegaba pero jamás imaginé que ella iba a terminar así", contó Elsa Jerez sobre su hija Fátima Catán, de 24 años, que sufría la violencia de su pareja y finalmente murió quemada hace cinco meses.

El hombre, Martin Santillán, está libre, y ya dos veces mandó a un mensajero a amenazar a su suegra con prender fuego su casa. La justicia investiga un "homicidio doble" porque Fátima estaba embarazada, pero él sólo declaró como testigo.

El caso Catán fue uno de los 260 feminicidios registrados en 2010 por un observatorio especial de la Asociación Civil La Casa del Encuentro, que desde 2008 elabora un informe anual sobre los asesinatos causados por causa de género.

Significa un incremento de 12,5 por ciento respecto a las cifras de 2009.

En Argentina, esas mujeres víctimas de la violencia machista terminan apuñaladas, estranguladas, baleadas, ahogadas, golpeadas hasta morir y últimamente también, en crecientes casos, quemadas.

En 65 por ciento de los feminicidios el atacante es la pareja o ex pareja, y muchos lo hicieron después que la justicia había decretado su exclusión del hogar o prohibición de acercarse por anteriores denuncias de violencia.

"Este año tuvimos una verdadera epidemia de mujeres que ‘accidentalmente’ se incineran", reveló a IPS Fabiana Tuñez, coordinadora de La Casa del Encuentro. Se refirió así a los 11 casos ocurridos en 2010 frente a los seis registrados en 2009.

Tuñez explicó que las modalidades son todas atroces, pero luego del caso de un músico muy conocido que presuntamente roció a su esposa con alcohol y le prendió fuego, "se produjo un efecto espejo entre los agresores".

Las centrales de llamadas que reciben pedidos de auxilio de mujeres agredidas informan que últimamente están recibiendo más llamadas con esa amenaza. "Te voy a quemar viva" o "te voy a rociar con nafta (gasolina)" o "te voy a prender fuego", acompañadas en muchos casos con la muletilla común: "como a Wanda".

Para Tuñez este caso sentó un muy mal precedente. El músico Eduardo Vázquez, había quedado exculpado por falta de mérito en un primer momento, cuando la mujer, Wanda Taddei, de 29 años, ingresó con graves quemaduras en el hospital.

A partir de testimonios de familiares y vecinos, la investigación continuó, Taddei falleció y finalmente Vázquez quedó detenido. Pero la impunidad que tuvo durante algún tiempo pudo haber animado a otros a seguirle los pasos, opinó Tuñez.

La madre de Catán contó que su hija ya había sido golpeada por su pareja reiteradamente en el pasado y que hubo denuncias previas. "Vieja de mierda, me trajeron a la gorra (la policía)", le dijo entonces el agresor a su suegra.

Tras un período de separación, Santillán volvió a seducirla y la joven regresó con él. "Me dijo que quería darle una oportunidad. Pero yo le decía: ‘No va a parar hasta que te mate’. Yo creo que la mató porque estaba embarazada", dijo Jerez.

Vio a su hija quemada y golpeada cuando el presunto agresor ya la había llevado al hospital y estaba internada en cuidados intensivos. "Yo creo que él le pegó fuerte, creyó que la había matado, y por eso le prendió fuego", especuló en su intento desgarrador por comprender como sucedieron los hechos. La joven murió cinco días después de ser hospitalizada, sin poder revelar algo de lo ocurrido. Entretanto, el departamento en el que vivían en Villa Fiorito, una localidad de la oriental provincia de Buenos Aires, fue limpiado de evidencias, denunció Jerez.

Santillán ha explicado que su pareja estaba limpiando unos CD con alcohol mientras fumaba y que fue así que se prendió fuego, en un argumento muy similar al de Vázquez, el baterista de la banda de rock Los Callejeros ahora preso.

Tuñez explicó que a pesar de que en marzo de 2009 se sancionó una ambiciosa Ley de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, faltan recursos para aplicarla y una señal política clara de parte del gobierno y la justicia para modificar la actitud frente a los delitos machistas.

De hecho, la Oficina sobre Violencia Doméstica de la Corte Suprema de Justicia reconoció en 2010 la magnitud del problema al indicar que 40 por ciento de los asesinatos de mujeres se deben a violencia machista.

Pero la Defensoría General de la Nación presentó a fines del año pasasdo un estudio titulado "Discriminación de Género en las Decisiones Judiciales" que concluyó que esa discriminación "asegura la impunidad" de estos crímenes.

Algo similar señaló Gabriela Boada, directora ejecutiva de Amnistía Internacional en Argentina. La ley es compleja, dijo a IPS, hace falta una coordinación muy grande entre ministerios y jurisdicciones, y no está del todo puesta en vigor.

"La ley no es realidad todavía y no deja ver con evidencias qué diferencia hace en la atención y la prevención de la violencia que sufre al menos una de cada tres mujeres a lo largo de su vida" en Argentina, remarcó.

Para Boada, la ley, que contempla agresiones psíquicas y económicas, "es un gran paso adelante, pero sabemos que hay grandes brechas entre la ley y la implementación".

Por su parte, Tuñez consideró que falta "una política integral de asistencia a las víctimas sostenida en el tiempo, y una figura penal autónoma y específica de feminicidio como ya existe en Chile, Costa Rica, Guatemala y España.

"Otro problema básico es que la economía de la mujer está acotada y la salida se le hace más dificultosa. Por eso creemos que debe haber subsidio para la vivienda y alimentación, y trabajar la educación en estos temas en todos los niveles", dijo.

Tuñez resaltó dos aspectos positivos de la nueva ley. Es amplia en el concepto de violencia hacia la mujer y crea un observatorio para llevar estadísticas oficiales específicas sobre el fenómeno. Pero aún no fue puesto en marcha.

"Se necesitan también campañas de concientización, no solo en fechas emblemáticas sino en forma permanente, en los medios, en escuelas, en todos lados, y para eso hacen falta recursos", dijo

Parece burla Jean-Claude Duvalier en Haiti

2011-01-22T12:01:00.000-08:00

Duvalier, conocido por el apodo de "Baby Doc" y quien vivía exiliado en Francia, fue llevado el martes a la oficina del fiscal general para responder a acusaciones de corrupción, pero recuperó su libertad.

"Su destino está ahora en manos de un juez investigador. Hemos presentado cargos contra él", informó a la agencia de noticias Reuters el jefe de la fiscalía en Puerto Príncipe, Aristidas Auguste.

Según el Instituto para la Justicia y la Democracia en Haití y el Bureau des Avocats Internationaux, una amplia investigación realizada por una firma auditora de Estados Unidos entre 1986 y 1990 constató el robo de más de 300 millones de dólares de fondos públicos durante su régimen.

Otras demandas judiciales elevan la cifra a cerca de 1.000 millones de dólares.

Los grupos también subrayaron que la represión política durante su dictadura, con asesinatos y torturas, constituyen "crímenes contra la humanidad" que no prescriben, una posición compartida por organizaciones internacionales como Amnistía Internacional y Human Rights Watch.

"El arresto de Jean-Claude Duvalier es un paso positivo, pero no alcanza con acusarlo simplemente de corrupción", señaló en una declaración el martes el consejero sobre Haití de Amnistía, Javier Zúñiga.

"Si se quiere hacer verdadera justicia en Haití, las autoridades deben abrir una investigación penal contra la responsabilidad de Duvalier en la multitud de violaciones a los derechos humanos cometidas durante su gobierno, incluyendo tortura, detenciones arbitrarias, violaciones, desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales", añadió.

El regreso de Duvalier a Haití el domingo pasado, casi exactamente 25 años después de su partida a Francia el 7 de febrero de 1986, asombró a más de uno.

Diplomaticos alertan de Israel

2011-01-21T12:00:00.000-08:00

En una carta divulgada el miércoles en Washington, ex embajadores de Estados Unidos en Israel, así como políticos que otrora se dedicaron a temas de Medio Oriente, advirtieron que la "credibilidad de Estados Unidos" en la región estará en juego cuando la resolución se someta a votación, probablemente el mes próximo.

"En esta coyuntura crítica, cómo elija Estados Unidos votar sobre una resolución en torno a los asentamientos tendrá un efecto definitorio sobre nuestra posición como mediadores en la paz de Medio Oriente", afirma la misiva, que fue firmada, entre otras figuras diplomáticas, por el ex embajador ante la ONU (Organización de las Naciones Unidas) Thomas Pickering y el ex secretario de Defensa Frank Carlucci.

"Pero el impacto de esta votación se sentirá mucho más allá de la arena de los acuerdos israelo-palestinos. Están en juego nuestra seriedad como garantes del derecho internacional y la legitimidad internacional", continúa el texto.

"Está en peligro la credibilidad de Estados Unidos en una región crucial del mundo, una región en la que están desplegados cientos de miles de nuestros efectivos y donde enfrentamos las mayores amenazas y desafíos a nuestra seguridad. Ésta es una votación de interés para la seguridad nacional estadounidense por excelencia. Les urgimos a hacer lo correcto", concluye.

La carta, firmada tanto por integrantes de gobiernos demócratas como republicanos, además de ex funcionarios de carrera del servicio exterior y de inteligencia, se difunde en medio de lo que parece ser un caos entre los actuales políticos estadounidenses para Medio Oriente, y tras el colapso, el mes pasado, de sus esfuerzos por persuadir al gobierno israelí de acordar una moratoria parcial de tres meses a la actividad de las colonias en Cisjordania.

El gobierno esperaba que Israel accediera, a cambio de miles de millones de dólares en nuevos aviones de guerra, varias garantías de seguridad y el compromiso de vetar toda resolución del Consejo de Seguridad que criticara al Estado judío en el correr del año. Y también que esto ayudara a convencer al presidente de la Autoridad Nacional Palestina (ANP), Mahmoud Abbas, de revivir las negociaciones de paz directas que se interrumpieron en septiembre, cuando expiró una moratoria parcial, de 10 meses, a los asentamientos

Europa cada vez mas dificil

2011-01-10T12:00:00.000-08:00

En los últimos años, el número de otorgamientos de asilo en Europa central y oriental ha ido decreciendo lenta pero firmemente. E incluso para los que reciben esa protección, la vida está llena de dificultades.

Entre 2007 y 2009, el número de personas que pidieron asilo en siete países de la región (Bulgaria, Eslovaquia, Eslovenia, Hungría, Polonia, República Checa y Rumania) cayó levemente, de 20.053 a 19.388. Al mismo tiempo, el número de reconocidos como refugiados cayó de 744 a 507.

La vasta mayoría de los asilados reciben alguna forma de subsidio.

Las tasas totales de otorgamiento de asilo y estatus de refugiados cayeron de 20 por ciento a 17,9 por ciento. Esta tendencia continuó en 2010, según el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur).

Nadia Jbour, alto funcionario de la oficina regional de Acnur en Budapest, reconoció varios factores que contribuyen a esta tendencia.

El bajo número de otorgamientos de asilos, las malas condiciones de recibimiento, las detenciones, las pocas posibilidades de integración a la sociedad y las dificultades para reunificar a la familia son algunos de ellos.

La mayoría de los que solicitan asilo en la región proceden de Asia central, Asia meridional y Medio Oriente, particularmente Afganistán, Pakistán, Iraq e Irán.

Su suerte puede diferir drásticamente según el país al que lleguen, e incluso dentro del propio territorio de esa nación, señala el informe "Ser refugiado: cómo viven los refugiados y solicitantes de asilo en Europa central", de Acnur.

Los datos para el informe fueron reunidos principalmente en 2009, con algunas adiciones este año.

En Bulgaria, los solicitantes de asilo pueden sufrir "detención prolongada e irregular, tanto en fronteras como en el centro de Busmantsi, cerca del aeropuerto de Sofía", indica el informe.

Organizaciones no gubernamentales como el Centro de Asistencia para Sobrevivientes de la Tortura, en Sofía, indican que, desde que Bulgaria adoptó las regulaciones de la UE en 2008 que establecen un periodo máximo de seis meses de detención para los solicitantes de asilo, ha sido la norma el arresto de los inmigrantes por 18 meses.

Las regulaciones permiten periodos de detención de 18 meses pero sólo para casos excepcionales.

Las condiciones de detención pueden variar, incluso dentro de un mismo país. En Hungría, sólo uno de cuatro centros de detención, el de Gyor, cuenta con un régimen relativamente flexible, permitiendo una considerable libertad de movimiento dentro de la instalación.

En los otros tres centros se aplican normas más severas. La detención administrativa supera por lo general el plazo oficial máximo de 15 días. A los inmigrantes detenidos no se les permite comprar periódicos ni comida propia, y sólo pueden hablar por teléfono cinco minutos cada vez.

En Eslovaquia, ante la ausencia de regulaciones oficiales unificadas sobre asistencia a refugiados, acceso a clases de idiomas, ayuda en vivienda e incluso respaldo financiero, los inmigrantes son totalmente dependientes de las organizaciones no gubernamentales. Esto hace que el apoyo a los solicitantes de asilo sea desigual.

El destino de los niños y niñas difiere ampliamente a lo largo de la región. En Polonia, más de 90 por ciento de los menores solicitantes de asilo están en la escuela, y todos tienen acceso a clases adicionales de idioma.

En el otro extremo, niños y niñas que solicitan asilo en Bulgaria tienen menos acceso a la educación por no hablar el idioma local y carecen de apoyo para aprenderlo.

La vivienda también es un tema de preocupación para todos los refugiados en la región. En algunos países como Rumania y Bulgaria, las autoridades comenzaron a incluir a inmigrantes en sus listas de programas sociales de vivienda, aunque estas iniciativas recién comienzan.

Sin embargo, lo más frecuente es que los refugiados y asilados se vean atrapados en un círculo vicioso: tienen dificultades para encontrar un hogar debido a que no cuentan con garantías financieras, que dependen del acceso a empleos.

Acnur indicó que, en 2009, muchos refugiados somalíes comenzaron a sumar las filas de personas sin hogar que duermen en las calles de las grandes ciudades de Hungría.

"Húngaros sin hogar pueden haber desperdiciado sus oportunidades, pero nosotros los somalíes nunca tuvimos una chance", comentó Gabir, un refugiado.

"Por lo general me contratan por unas pocas semanas cuando hay mucho trabajo, pero nunca me dan un empleo regular. Para mí, tener un año de trabajo es tan probable como ir a la luna", señaló.

Gabir es un experimentado ingeniero en construcción procedente de la república separatista rusa de Chechenia y hoy está refugiado en Polonia. Sólo ha conseguido empleos temporales como albañil.

En Polonia, para recibir beneficios laborales y seguridad social se debe haber trabajado legalmente al menos un año completo.

Refugiados en todos los países se quejan de que las clases de idioma son organizadas en horas laborales. La falta de dominio de la lengua local disminuye la posibilidad de obtener buenos empleos.

Todos los países de la región "carecen de una clara estrategia de integración", señaló Nadia Jbour, explicando las amplias diferencias en el destino de los refugiados y los solicitantes de asilo.

"Hay una falta de cooperación entre los ministerios. En la mayoría de los países, donde la provisión de la mayoría de los servicios está a cargo de los gobiernos locales, no hay colaboración entre la agencia central para los refugiados y las autoridades locales", indicó.

"Tradicionalmente, las organizaciones no gubernamentales intentan llenar la brecha", añadió Jbour. "Aunque hay mucha buena voluntad, no todas las organizaciones tienen la competencia necesaria para efectivamente proveer alguno de los servicios", afirmó.

"Muchos de estos servicios deben, en primer lugar, ser asegurados por los gobiernos y garantizados en sus propios programas", añadió.

Sin embargo, las noticias de la región no son todas malas. El informe de Acnur reconoce mejoras en cada país desde 2005, especialmente sobre las condiciones de vida y la calidad de alimento en los centros de acogida. En algunos casos hay también un mayor acceso a programas de capacitación vocacional y guía laboral.

Desde mayo de 2008, Rumania cuenta con un centro para refugiados en Timisoara, en el occidente del país, el primero en el mundo de naturaleza permanente. Desde su apertura, ha albergado a 622 extranjeros (de varios países de África, Iraq, Sri Lanka y Palestina) durante más de seis meses hasta su reubicación en Estados Unidos, Canadá y Europa occidental.

"El centro representa el deseo de un país que solía enviar solicitantes de asilo y ahora comparte la responsabilidad de ayudar a los refugiados del mundo", comentó Claudia Liute, de la oficina de Acnur en Rumania.

Israel mas cerrado que nunca

2011-01-09T12:00:00.000-08:00

Varios episodios de discriminación contra la minoría palestina en Israel llevaron al parlamento (Knesset) de ese país a debatir sobre el aumento del racismo en su territorio.

"La democracia en el estado judío corre peligro porque un creciente elemento racista levanta su cabeza colectiva", señaló Ronit Sela, de la Asociación de Derechos Civiles en Israel.

"Los casos de discriminación ocurren en un clima que propicia el racismo. Esto no habría pasado antes del actual gobierno derechista", dijo a IPS.

La organización Judíos por un Bat Yam Judío, en alusión a una localidad cercana a Tel Aviv, realizó una manifestación contra la "asimilación de jóvenes judías con árabes residentes en la ciudad o en la vecina Jaffa".

"Es una organización de residentes de Bat Yam cansada de que tantos árabes salieran con jóvenes judías", explicó Bentzi Gufstein. "Además de la protesta, entregaremos panfletos explicando la situación", añadió.

El miedo a "verse inundados de árabes" llevó a que las interacciones sociales y políticas entre la mayoría judía de Israel y la minoría palestina permanezcan restringidas.

Las relaciones entre ambas comunidades están en gran parte influenciadas por la interacción social y económica, indicó el profesor Shlomo Hasson, de la Universidad Hebrea de Jerusalén.

"Hay muy poca integración entre ciudadanos árabes y judíos en Israel. Hay mucho más desempleados entre los primeros que entre los segundos", señaló Orna Cohen, de Adalah, Centro Legal para los Derechos de la Minoría Árabe en Israel.

"En el sector público, los árabes trabajan básicamente en la salud y la educación donde trabajan con miembros de su comunidad. En el privado, la integración es un poco mayor", dijo Cohen a IPS.

"También hay ciudades mixtas como Haifa donde se mezclan ambas comunidades. Pero hay muchas donde sólo hay judíos y los árabes no tienen derecho a vivir ni a comprar tierras", añadió.

Hace unas semanas, hubo un acalorado debate en el Knesset a raíz de un dictamen religioso de rabinos influyentes que prohibió alquilar casas a personas que no sean judías, en especial a los palestinos de la ciudad israelí de Safed, que estudian en la universidad local.

"No necesitamos ayudar a los árabes a echar raíces en Israel", señaló el rabino Shlomo Aviner, del asentamiento de Beit El (al norte de Jerusalén oriental), quien añadió que habría que dar prioridad a los judíos y que la creciente cantidad de palestinos israelíes se estaba volviendo un fastidio.

Los israelíes que de todas maneras rentaron una casa a palestinos recibieron amenazas y fueron avergonzados en público por organizaciones de derecha que publicaron listas con sus nombres.

Cuarenta y uno por ciento de los israelíes laicos consultados para una encuesta del diario israelí Y Net apoyan el pedido de los líderes religiosos de no rentar apartamentos a personas que no fueran judías, así como 64 por ciento de quienes tienen costumbres más tradicionales y 88 por ciento de los judíos jaredíes.

Haneen Zoabi, legisladora árabe-israelí, quien estuvo a bordo del Mavi Marmara, el barco que trató de romper el bloqueo contra el territorio palestino de Gaza en mayo, se mostró indignada de que algunos colegas parecieran sorprendidos con los últimos acontecimientos.

"Hace tres meses, el Knesset aprobó una ley que establece que las aldeas con poblaciones menores a 500 residentes podían seguir siendo exclusivamente judías para ‘mantener su identidad cultura’. Además, se aprobaron unas 10 normas el año pasado contra la minoría árabe", dijo Zoabi a IPS.

"Israel tiene un doble discurso", alegó.

"Algunos legisladores acusan a los rabinos de ser racistas, pese al juramento de lealtad que ellos apoyaron y aprobaron hace varios meses" en el Knesset, indicó.

"La norma prevé que la ciudadanía de los palestinos quede sujeta a un juramento de lealtad al sionismo y al carácter judío de Israel, pese a que choca con sus derechos en tanto que minoría étnica", remarcó.

"Los rabinos publicaron la carta a pesar de ser funcionarios del Estado", puntualizó Sela. "Le escribimos al ministro de Justicia y obtuvimos un mandamiento judicial pidiéndole que revisara el asunto. Pero no obtuvimos respuesta ni se hizo nada al respecto", añadió.

"El primer ministro Benjamín Netanyahu no reprendió a los rabinos. El hecho de que funcionarios públicos puedan instigar de esa forma, pese a que no hubo grandes cambios en la justicia de Israel en sus 62 años de historia, habla a las claras del actual clima político del país", dijo Sela a IPS.

El Centro Adalah documenta rigurosamente la discriminación contra los palestinos israelíes.

Las prácticas racistas están plasmadas en más de 30 leyes sobre el derecho de retorno, que sólo se aplica a los judíos, la facilidad con la que los palestinos pierden la ciudadanía, la poca representación que tienen en el ámbito de justicia y política, la falta de fondos para salud y educación de árabes, las altas tasas de desempleo y el inadecuado acceso a la tierra y a estrategias de planificación.

Tribu levanta la voz en Sudan

2011-01-08T12:00:00.000-08:00

Un líder de las tribus árabes de los misseriyas advirtió que podría desatarse una guerra si el resultado del referendo sobre la secesión de Sudán obliga a su pueblo a sumarse a un futuro estado independiente en el sur del país.

El líder de los misseriyas, Bishtina Mohammed El Salam, una de las dos etnias dominantes en la conflictiva zona central de Abyei, dijo que su pueblo no aceptará unirse a Sudán del Sur, sea cual sea el resultado del referendo que comenzará allí el 9 de este mes y se prolongará por una semana para decidir si la región más meridional de este país se convierte o no en un estado independiente.

Abyei, una cuenca petrolera que se encuentra entre el norte de mayoría árabe y el sur negro, es casi tierra de nadie desde 2005, cuando se firmó el Completo Acuerdo de Paz que puso fin a la guerra iniciada en 1983 entre esas dos regiones.

Los pastores nómadas misseriyas comparten Abyei con los dinkas, agricultores negros que sí quieren unirse al sur. "Si los dinkas toman esa decisión, anexar Abyei al sur, habrá guerra de inmediato y sin excusas", dijo El Salam a Al Jazeera.

"Creemos que deben ser razonables. Deben saber que quienes los están presionando para que adopten esa postura no los respaldarán", advirtió.

Según el acuerdo de 2005, Abyei debe celebrar una consulta popular propia para que sus ciudadanos decidan si prefieren sumarse al sur o al norte. Pero la falta de entendimiento acerca de los límites internos de esta región y los derechos de residencia ha postergado la convocatoria a esa votación, que estaba prevista para el día 9.

En Abyei prevalece un clima de temor entre las dos etnias. Los dinkas han hablado de un referendo local que van a organizar por su cuenta, fuera del marco del acuerdo de paz, lo que agravó el temor de los misseriyas a una anexión de Abyei al sur.

Abyei se encuentra en una zona del centro sur del país sin fronteras internas claras y es reclamada por las dos partes, que la gobiernan según un estatuto administrativo especial.

El sur alega tener una cercanía especial con la región, puesto que es el hogar de muchos de sus principales líderes, inclusive de Salva Kiir, jefe del gobierno semi-autónomo de Sudán del Sur.

Pero los nómadas misseriyas, que proceden de una zona más al norte, reclaman su derecho a continuar aprovechando las pasturas de Abyei para su ganado.

Aun lejos igualdad de genero en Namibia

2011-01-07T12:00:00.000-08:00

Veinte años después de la independencia y a pesar de importantes avances, la representación femenina en las altas esferas del gobierno y en el parlamento de Namibia está decayendo.

Según el último estudio demográfico realizado en agosto, de una población de alrededor de dos millones, las mujeres superan a los hombres en una proporción de 10 a nueve. En 2001, la diferencia era de 94 hombres por cada 100 mujeres.

Este año, Namibia reformó su política de género en línea con los Objetivos de Desarrollo de la Organización de las Naciones Unidas para el Milenio y con su plan nacional de desarrollo denominado Visión 2030.

La nueva política procura un incremento en el número de mujeres en puestos de decisión gubernamental, en el sector privado, en grupos religiosos y en instituciones comunitarias.

Sin embargo, luego de las elecciones nacionales de noviembre de 2009, la representación femenina en el parlamento cayó de 30,8 por ciento a 20 por ciento.

Sólo 16 mujeres integran hoy la Asamblea Nacional, con 72 bancas. La enorme mayoría pertenecen al partido gobernante Organización de los Pueblos de África Sudoccidental (Swapo). Sólo dos legisladoras son de la oposición. La vicepresidencia del parlamento es ocupada por una mujer.

Mientras, la representación femenina en el gabinete es de 22,7 por ciento.

Namibia ratificó en 2009 el Protocolo sobre Género y Desarrollo de la Comunidad para el Desarrollo de África Austral (SADC), pero sólo otros seis países de los 15 que forman parte del bloque lo han hecho hasta ahora.

La SADC había asumido ya la meta de destinar 30 por ciento de los puestos de decisión a mujeres para 2005, pero el Protocolo se propone ir más allá para alcanzar una representación de 50 por ciento tanto en el sector público como en el privado para 2015.

Sin embargo, parece difícil llegar a ese objetivo.

El Protocolo puede entrar en vigencia sólo luego de que lo ratifiquen dos tercios de los países del grupo. Angola, Lesotho, Mozambique, Seychelles, Tanzania y Zimbabwe depositaron los instrumentos de ratificación en la Secretaría de la SADC, mientras que la República Democrática del Congo y Sudáfrica están a punto de completar el proceso.

Los mandatarios de la SADC, reunidos en agosto en Windhoek, llamaron a implementar el acuerdo. La situación de género "varía entre los países miembros. Se registran avances en algunos estados mientras que otros están retrocediendo. La cumbre insta a los estados miembros a ratificar e implementar el Protocolo", señalaron en una declaración.

Jo-Ann Coetzee, asistente de proyectos de género en el Centro para el Liderazgo de las Mujeres, indicó que era necesario redoblar esfuerzos. "Creo que, aquí en Namibia, a las mujeres no las valoran como se merecen. Todavía somos ignoradas y vistas como algo no importante", afirmó.

La ministra de Bienestar Infantil e Igualdad de Género, Doreen Sioka, llama a una rápida implementación del Protocolo.

"Nuestro país comenzó bien, pero la representación de las mujeres ha caído a 20 por ciento. Soy optimista de que todavía podemos alcanzar la meta de representación de 50 por ciento en el parlamento y en otras instituciones públicas para 2015", cuando se realizarán las próximas elecciones en este país, señaló.

El Consejo de Mujeres del partido gobernante ya exigió una representación igualitaria en la jerarquía de esa fuerza política para el próximo congreso de la Swapo en 2012.

Incluso el presidente namibio Hifikepunye Pohamba se desilusionó por la falta de representación femenina en las listas de su partido para los comicios regionales de noviembre pasado.

Veronica de Klerk, directora ejecutiva de la Acción de las Mujeres para el Desarrollo, sostuvo que la disminución de la presencia femenina en cargos se debe a que los partidos políticos las incluyen cada vez menos en sus listas.

"Debería ser obligatorio para todos los partidos introducir un sistema de listado alternativo" con representación igualitaria, sostuvo.

En el gabinete, los ministerios de Justicia, Finanzas, Igualdad de Género y Bienestar Infantil, Asuntos Internos y Ambiente y Turismo son encabezados por mujeres. Además, cuatro mujeres son viceministras en Salud, Defensa, Igualdad de Género y Desarrollo Regional.

También han dejado su marca. La ministra de Finanzas, Saara Kuugongelwa Amadhila-Kuugongelwa, designada en 2003, redujo la deuda nacional y el déficit presupuestal considerablemente durante su administración. Además, bajo su impulso se aprobó la Ley de Inteligencia Financiera contra el lavado de dinero y los fraudes.

Dianne Hubbard, del Proyecto sobre Investigación y Defensoría de Género del Centro de Asistencia Legal, destacó que importantes leyes se han aprobado en este país desde la independencia hace 20 años.

La Ley de Autoridades Locales, de 1992, exige que más de 30 por ciento de los candidatos de cada partido para los comicios locales sean mujeres.

"Esta ley funcionó bien, y más de 42 por ciento de los integrantes de concejos locales son mujeres", dijo Hubbard. Pero en los concejos regionales, la representación femenina es de apenas 11 por ciento

Sigue Cuba sin condena a muerte

2011-01-06T12:00:00.000-08:00

La decisión de reducirle la sentencia a 30 años de cárcel al último condenado a muerte en Cuba alienta la esperanza de futuros avances en materia penal, que pudieran permitir pasar de la moratoria de hecho a la jurídica o inclusive a la erradicación definitiva de este castigo capital.

La conmutación de la pena al exiliado cubano Humberto Real es consecuencia de una "voluntad política y humanista" del gobierno de Raúl Castro, comentó a IPS el pastor bautista Raúl Suárez, miembro de la Asamblea Nacional (parlamento unicameral), partidario de buscar "otras soluciones" ante problemas como la delincuencia y el terrorismo.

Una nota oficial confirmó este miércoles que, luego de una audiencia de apelación realizada en la víspera, el Tribunal Supremo Popular falló a favor de cambiar por 30 años de privación de libertad la pena de muerte que pesaba sobre Real, sentenciado por asesinato y otros delitos contra la seguridad de este país.

Real fue arrestado el 15 de octubre de 1994 tras desembarcar en esta isla al frente de un comando armado procedente de Estados Unidos, asesinar a Arcelio Rodríguez García y robarle su automóvil en Caibarién, localidad costera de la central provincia de Villa Clara.

La sustitución de la máxima sentencia a Real sigue a similar decisión de la justicia cubana que a comienzos de este mes benefició a los salvadoreños Otto René Rodríguez Llerena y René Cruz León, condenados en 1998 por el delito de terrorismo de carácter continuado.

Suárez recordó que en 1999, cuando se discutieron en el parlamento modificaciones al Código Penal, se sintió en "libertad" de pronunciarse sobre el "difícil" tema de la pena de muerte. "Ahora veo que las palabras de uno no caen en el vacío, como tampoco el clamor universal que escuchamos a favor del derechos a la vida", sostuvo.

"Me siento feliz como pastor y diputado por estas medidas que dan a estas personas la oportunidad de pagar de otra manera a la sociedad el daño que han hecho a este país", indicó el religioso, quien reiteró que la pena de muerte no ha resuelto problemas como la violencia, la delincuencia o el terrorismo.

Al respecto, el parlamentario defendió su punto de vista de acudir a los valores, considerar que la vida es "un don de Dios" y favorecer que hombres y mujeres sean respetados con justicia social y sentimientos de igualdad. "En cualquier sistema político se pueden dar pasos en ese sentido", añadió.

Los casos de Real y de los dos salvadoreños quedaron pendientes de apelación ante el Tribunal Supremo cuando en 2008, el presidente Castro anunció que "un grupo de sancionados" con la pena máxima pasarían a purgar cadena perpetua o 30 años de privación de libertad.

El gobernante aclaró que la prisión de por vida se aplicaría a quienes cometieron delitos sancionados después de la reforma de 1999 al Código Penal, cuando se estableció ese castigo como alternativa a la pena de muerte. A los sentenciados antes de esa modificación, les corresponderá una condena de 30 años de reclusión.

Cuba mantiene la sanción máxima bajo moratoria "de hecho" desde 2000, rota solo en 2003, cuando en un contexto de grandes tensiones internacionales fueron fusilados tres de los autores del secuestro de una embarcación, con todo su pasaje a bordo, en la cual intentaban emigrar a Estados Unidos.

El gobierno ha dicho que la pena de muerte actúa como factor disuasivo de acciones hostiles en su contra. "En diversas ocasiones hemos discutido sobre el tema y siempre ha prevalecido el criterio de que en las actuales circunstancias no podemos desarmarnos frente a un imperio (Estados Unidos) que no cesa de acosarnos y agredirnos", dijo Castro en abril de 2008.

Según datos oficiales, en todos estos años se han producido 713 actos de terrorismo contra Cuba, 56 de ellos a partir de 1990, organizados y financiados desde territorio estadounidense, con un saldo de 3.478 muertos y 2.099 incapacitados. El recuento incluye la explosión en pleno vuelo el 6 de octubre de 1976 de un avión de la empresa Cubana de Aviación.

El pastor Suárez consideró que un clima internacional de comprensión, buena voluntad y de confianza mutua que estimule a que cada país haga los cambios que tenga que hacer para mejorar la calidad de vida de su población, contribuiría a eliminar totalmente la pena de muerte de las legislaciones.

Indicó que aspira a que llegue el momento en que no sea necesario mantener esta condena. "Para eso tenemos que vivir en nuestra región, en todo el mundo, en una relación de respeto, de diálogo. Es esencial que haya un cambio de política en este sentido", consideró.

La legislación cubana reserva la pena capital para casos graves de asesinato, violación, pederastia con violencia, robo con violencia e intimidación y crímenes con agravantes de corrupción, así como para delitos contra la seguridad exterior del país, la promoción de la acción armada contra Cuba, ayuda al enemigo y espionaje, entre otros delitos.

El castigo máximo "no puede imponerse a los menores de 20 años de edad ni a las mujeres que cometieron el delito estando encintas o que lo estén al momento de dictarse la sentencia".

Ninguna mujer fue ejecutada desde 1959, año en que triunfó la revolución conducida por Fidel Castro

Contra los bienes del crimen

2011-01-05T12:00:00.000-08:00

Una nueva ley que permitirá a los juzgados a partir de junio de 2011 incautar bienes obtenidos de actividades ilícitas, como el narcotráfico y la corrupción, se ha convertido en una esperanza para combatir el crimen organizado en Guatemala.

"La formulación de la ley de Extinción de Dominio posee elementos muy importantes para atacar el crimen organizado y la corrupción de funcionarios del Estado", dijo a IPS Arturo Chub, de la no gubernamental Asociación para el Estudio y Promoción de la Seguridad en Democracia.

Esta normativa, la primera en su tipo en América Central, fue aprobada este mes por el unicameral Poder Legislativo, con el apoyo unánime de los 112 diputados presentes, de un total de 158, lo que se considera "un golpe al crimen organizado" que mantiene en vilo a este país con 14 millones de habitantes.

La legislación ordena incautar los bienes derivados de actividades ilícitas, establece un amplio catálogo de delitos tales como fraude, peculado (robo de caudales públicos), malversación, secuestro, asesinato, extorsión, trata de personas, tránsito internacional de drogas, lavado de dinero y otros que serán objeto de su aplicación.

Los bienes requisados pasarán a manos del Organismo Judicial, el Ministerio de Gobernación (interior) y el Ministerio Público (coordinador de la persecución e investigación criminal) para que éstos, a su vez, puedan emplearlos en favor del combate a la inseguridad e impunidad.

Hasta ahora, solo el Poder Judicial puede disponer de bienes incautados y debe esperar un largo proceso legal para lograrlo.

Para Chub, un aspecto valioso de la norma es que "aquellos bienes que han sido sustraídos de comunidades y pueblos indígenas podrán retornar a sus comunidades o a sus propietarios legítimos". Algunos funcionarios han sido acusados de usurpar tierras estatales.

Para el activista, la normativa "es buena, pero necesita de otras condiciones para que surta efectos positivos". "Primero fortalecer los cuerpos de investigación criminal, un Ministerio Público capaz de utilizar la ley y jueces con la valentía, respaldo e independencia para aplicarla", detalló.

Mariano Rayo, diputado opositor por el Partido Unionista y ponente de la norma, dijo a IPS que ahora "el gran reto es lograr la formación y capacitación técnica y científica de los operadores de justicia".

Según el congresista, por esta razón la ley no entrará en vigor inmediatamente sino a mediados de 2011. Durante la primera mitad del próximo año, jueces y fiscales recibirán la formación necesaria "para que la apliquen de manera correcta y eficaz", sostuvo.

El legislador, quien propuso la ley desde 2007, dijo que su intención "fue entregarle al Estado un instrumento excepcional para la prevención de la delincuencia".

El narcotráfico es una de las actividades criminales que mayor penetración ha tenido no solo en Guatemala sino en toda América Central. A estos países las mafias han mudado sus operaciones y sus sangrientos enfrentamientos empujadas por la lucha antinarcótica librada por México y Colombia, con ayuda de Estados Unidos.

Para perseguir a miembros del cartel mexicano Los Zetas, el 19 de este mes el presidente guatemalteco Álvaro Colom decretó estado de sitio por 30 días en el departamento de Alta Verapaz, al norte del país, a donde movilizó cientos de policías y militares. El "estado de sitio", segundo en gravedad después del "estado de guerra", limita garantías constitucionales como la libre locomoción, prohíbe las reuniones privadas y permite la captura de personas sin una orden de detención.

La decisión del mandatario llega en momentos en que el narcotráfico ha tomado dimensiones nunca antes vistas en el país.

En Guatemala, donde más de la mitad de la población vive en situación de pobreza y 17 por ciento en la indigencia, según estadísticas de la Organización de las Naciones Unidas, hoy es habitual observar en las zonas rurales vehículos y viviendas de lujo con personas armadas.

"La ley de Extinción de Dominio implica que cualquiera que no demuestre el origen de su riqueza pueda ser sometido a la justicia", lo cual "es un hecho trascendental en la lucha contra el crimen organizado", dijo a IPS Mario Polanco, de la organización de derechos humanos Grupo de Apoyo Mutuo.

La ley no solo abarca al narcotráfico sino también a la corrupción, un tema que prolongó la aprobación de la norma porque algunas agrupaciones, como el opositor Partido Patriota, pedían que se excluyera.

Guatemala tampoco sale bien parada en este asunto. Según el Índice de Percepción de la Corrupción, publicado en octubre por la no gubernamental Transparencia Internacional, el país ocupa la posición 91, con 3,2 puntos de 10, de un listado de 178 naciones.

Leily Santizo, de la no gubernamental Fundación Myrna Mack, que lucha contra la impunidad, dijo a IPS que la nueva ley tiene muchas ventajas, entre ellas, el catálogo de 47 delitos vinculados con la acción pública, la delincuencia común y el crimen organizado que delimita su aplicación.

Pero también tiene algunas reservas. "La administración de los bienes dependerá de la Vicepresidencia, lo cual genera un resquemor porque esta dependencia actuará más como una instancia política que técnica, además de que esa no es su función", explicó.

La experta cree que la Secretaría Nacional de Administración de Bienes de Extinción de Dominio, que se crea con la ley, debe depender de un consejo integrado por los miembros del sector justicia como el Ministerio Público y el Organismo Judicial.

Sin embargo, valora que ahora el Estado cuente con una nueva herramienta para combatir el crimen y la impunidad.

Justiai para Binayak Sen

2011-01-04T12:00:00.000-08:00

La cadena perpetua dictada contra el médico y activista Binayak Sen, acusado de ayudar a guerrilleros maoístas en el este de India, sacudió a organizaciones no gubernamentales de este país, que se precia de sus valores democráticos.

"Es un retroceso para los defensores de derechos humanos", dijo Ramesh Gopalakrishnan, de Amnistía Internacional. "Tenemos dudas de que el juicio haya sido imparcial y acorde con los estándares internacionales de justicia", añadió.

Sen dijo el 20 de noviembre, entonces en libertad bajo fianza, que le temía al juicio realizado en un tribunal de Raipur, capital del estado tribal de Chattisgarh y escenario de tres décadas de insurgencia.

"El caso es atroz. Hay que apelar", señaló Maja Daruwalla, directora de la Commonwealth Human Rights Initiative, en alusión al fallo del viernes 24.

"El episodio de Binayak Sen muestra el poco espacio disponible que hay en este país para el disenso", dijo Daruwalla a IPS. "El fallo tendrá consecuencias negativos, pues la población parece decidida a defender las libertades civiles", añadió.

La sentencia fue "tan excesiva y escandalosa que pone en tela de juicio los fundamentos del sistema jurídico", indicó un editorial del periódico The Hindu.

El dictamen "extremo y draconiano" empaña el futuro de los activistas de derechos humanos que están siendo procesados por su trabajo o declaraciones, señaló Gopalakrishnan.

Entre ellos se encuentra la escritora y activista Arundhati Roy, acusada por la policía de sedición el 29 de noviembre, por el artículo 124 del Código Penal, que le valió a Sen la cadena perpetua.

También la imputaron por "acusaciones, afirmaciones perjudiciales para la integración nacional" y hacer circular rumores "con la intención de causar problemas o de atentar contra la paz pública" en un seminario dedicado a la libertad del septentrional estado de Cachemira el 21 de octubre.

"Pobre de la nación que tenga que silenciar a sus escritores por decir lo que piensan. Pobre de la que meta presos a quienes reclaman justicia, mientras asesinos, timadores, saqueadores, violadores y quienes explotan a los más pobres andan sueltos", señaló Roy en una declaración de reacción al malestar generado por su postura sobre la situación de Cachemira.

Entre las varias campañas en las que participó Roy, y que concentraron la atención internacional, está la liberación de Sen.

El médico y activista fue detenido en 2007 en Raipur acusado de distribuir información del líder maoísta preso Narayan Sanyal, amparándose en que lo atendía como su paciente. Pero Sen negó todo.

Sanyal también fue acusado de sedición al igual que Piyush Guha, empresario inculpado por intercambiar notas con él a través de Sen.

Los activistas renovaron las esperanzas de que Sen fuera liberado cuando en 2008 obtuvo el premio Jonathan Man a los derechos humanos y la salud global en reconocimiento por su trabajo en las clínicas de las desatendidas aldeas tribales de Chattisgarh.

Sen no paró de denunciar que las tribus locales eran rehenes de los enfrentamientos entre los maoístas y la milicia Salwa Judum, creada por el gobierno local para luchar contra la insurgencia.

Salwa Judum fue acusada por la independiente Unión Popular para las Libertades Civiles (PUCL, por sus siglas en inglés) de recurrir a violaciones y provocar incendios para intimidar a la población local y obligarla a abandonar sus hogares.

Sen, quien representaba a la PUCL en Chattisgarh, criticó al gobierno provincial por desalojar por la fuerza a los 350.000 habitantes de unas 700 aldeas en los distritos de Bijapur y Dantewada, entre 2005 y 2006, lo que enfureció a las autoridades.

En mayo de este año, la Corte Suprema intervino en el caso del médico y cuestionó su prolongada detención y garantizó su libertad bajo fianza. El gobierno local está encabezado por el derechista Partido Bharatiya Janata (Partido Popular Indio).

Gopalakrishnan señaló que además de apelar el fallo en un tribunal superior, Amnistía tiene pensado reflotar una campaña internacional para garantizar la libertad de Sen, que ya consiguió el apoyo de 22 premios Nobel.

Los maoístas arguyen que la lucha armada contra el gobierno provincial, en la que murieron miles de personas, es para garantizar los derechos de las tribus y los marginados en el empobrecido este y centro de India, rico en minerales.

El primer ministro Manmohan Singh consideró que la rebelión de los maoístas es la mayor amenaza a la seguridad interna en India, pero su gobierno reconoció que hay que zanjar dificultades económicas y graves desigualdades.

Creatividad ante la sequia

2011-01-03T12:00:00.000-08:00

Thembekie Gwebu, viuda y de unos 60 años, utiliza un gran tanque verde de plástico conectado a la canaleta del techo para acopiar agua de lluvia y así ahorrar dinero y hacer frente a la sequía característica de esta ciudad del sur de Zimbabwe.

La municipalidad de Bulawayo, en el sur de Zimbabwe, fomenta el acopio de agua de lluvia en el marco de sus esfuerzos por preservar la escasez de las represas que alimentan el servicio público.

Las lluvias que cayeron en esta ciudad, donde suelen haber pocas precipitaciones, fueron bienvenidas por residentes como Gwebu, que aprovecharon el líquido recogido para cubrir sus necesidades diarias.

"Nos ayuda cuando hay que racionalizar el uso", explicó Gwebu. Pero también le permite no usar el agua del grifo, cuando hay.

Gwebu es una de las tantas personas en esta ciudad de más de dos millones de habitantes que redescubrieron el antiguo método de acopiar agua de lluvia para el consumo doméstico. La práctica había quedado relegada a las zonas rurales.

La escasez hizo que mucha gente se volcara a utilizar el recurso naturalmente disponible. "Uso el agua de lluvia para beber, cocinar, lavar la ropa y para el baño", explicó Gwebu. Los 2.500 litros que almacena en su tanque le duran hasta un mes.

El acopio de agua de lluvia significa un ahorro para el servicio público municipal y para ella, en la factura mensual. Cuantas más personas lo hagan, mejor.

La Comunidad de Desarrollo de África Austral (SADC, por sus siglas en inglés) promueve el uso del agua de lluvia como forma de tener agua potable porque a veces es difícil usar el recurso subterráneo por temor a que esté contaminado.

La División de Agua de la SADC recomienda aprovechar el agua de lluvia porque no requiere de ningún tratamiento para consumirla y porque es una forma de mitigar los efectos de la prolongada sequía en ciudades como esta.

"Estuve en Maun, en Botswana, y quedé impresionada de la cantidad de agua de lluvia que se usa", señaló Barbra Lopi, responsable de comunicaciones del Proyecto de Gestión de Sequías y Agua Subterránea.

"Casi todos los hogares y escuelas tienen dispositivos para acopiar agua, que usan para el jardín, los baños y lavar la ropa", relató.

Alrededor de 70 por ciento de los habitantes de la SADC dependen de acuíferos, según el Proyecto de Gestión de Sequías y Agua Subterránea. Pero es más sustentable poder guardar cuando llueve porque es un recurso que no se agota.

La práctica también es muy importante para que los países que no pueden brindar un adecuado servicio de agua potable cumplan con una de las metas del séptimo de los Objetivos de Desarrollo de las Naciones Unidas para el Milenio, antes del plazo previsto de 2015.

La organización Plan Action señaló que en el sur de Zimbabwe, donde llueve poco, el acopio de agua de lluvia permitió que los hogares mejoraran la seguridad alimentaria.

"Incluso en las ciudades, la práctica contribuyó a que las personas pudieran almacenar agua aunque llueva poco", señaló Gilbert Nyoni, de Plan Action.

Algunas personas aprovechan los tanques donados por World Vision en colaboración con la Agencia de Desarrollo Internacional Sueca, y otras como Sithembeni Dube usan lo que tienen a mano.

"Pongo platos y bidones en el techo, pero lamentablemente cuando llueve mucho pierdo mucha agua", indicó Dube.

El Consejo de Iglesia de Zimbabwe creó en los años 90 en Bulawayo el Programa de Recolección de Agua de Lluvia al constatar que con más perforaciones sólo se lograría agotar la napa freática, además de necesitar un mantenimiento constante.

"Ha sido de gran ayudar para los sectores más vulnerables, como los ancianos, que carecen de recursos para pagar el servicio público", señaló el pastor James Choruma, quien trabaja en la implementación de iniciativas de desarrollo sustentable en Bulawayo.

"Lo importante es que el interés en acopiar agua será bueno para las personas acostumbradas a vivir con cortes y alcantarilla rotas, así que cuanto más puedan almacenar podrán usarla en los baños", señaló Choruma.

El Departamento de Geografía y Ciencias Ambientales de la Universidad de Zimbabwe señaló que es fácil para la tente adoptar tecnología necesaria para acopiar agua de lluvia porque es barata.

Gwebu espera tener suficiente agua para beber y evitarse las colas en los grifos públicos que hay en distintas partes de Bulawayo.

UNESCO pide seguridad para periodistas

2011-01-02T12:00:00.000-08:00

La directora general de la UNESCO, Irina Bokova, pidió hoy que se mejoren las medidas de seguridad para los periodistas y otros empleados de prensa en zonas en conflicto o tensiones sociales para que éstos puedan desempeñar su trabajo.

El llamamiento se produjo tras el asesinato del periodista de televisión iraquí Omar Rasim al-Qaysi, ocurrido durante un ataque suicida el 12 de diciembre pasado.

“Mientras continúen los bombardeos y los ataques en Iraq y en otras regiones en conflicto, los periodistas seguirán pagando un tributo excesivo por defender el derecho fundamental a la libertad de expresión”, dijo Bokova.

En este sentido, instó al gobierno de Iraq y a las autoridades de los países donde se registren campañas de violencia similares, que hagan todo lo posible por mejorar las condiciones de seguridad de los periodistas.

Omar Rasim al-Qaysi, era presentador del canal de televisión satelital Al-Anbar TV, falleció cuando un coche bomba explotó a su paso en el centro de Ramadi, en la provincia de al-Anbar. Su hermano, Mustafa al-Qaysi, camarógrafo de la misma cadena, resultó herido en el ataque, en el que fallecieron 13 personas y 40 resultaron heridas. El atentado fue reivindicado por el grupo Estado Islámico de Iraq, relacionado con Al Qaeda.

La semana pasada, el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) indicó que los ataques suicidas y las protestas callejeras violentas causaron un número muy elevado de muertes de profesionales de la información durante el año.

Según los datos de la CPJ, los países más peligrosos fueron Pakistán, con ocho muertes; Iraq, con 4; y Honduras y México con 3 cada uno.

“Aunque el número de periodistas asesinados en 2010 ha disminuido en relación con los años anteriores, sigue siendo inaceptablemente alto y subraya la violencia a la que se ven enfrentados a diarios los profesionales de los medios”, concluyó Bokova.

ONU reivindica minorias

2011-01-01T12:00:00.000-08:00

La Asamblea General de la ONU reivindicó a los homosexuales, bisexuales y transgénero como grupos vulnerables frente a las ejecuciones extrajudiciales y arbitrarias.

De este modo, reformó la decisión de una de sus Comisiones que los había excluido en una resolución adoptada el 16 de noviembre pasado.

La enmienda que la revirtió, propuesta por Estados Unidos y con apoyo de la Unión Europea, fue aprobada por 93 votos a favor, 55 en contra y 27 abstenciones.

Convención de la ONU sobre Desapariciones Forzadas y Arbitrarias

2010-12-31T12:00:00.000-08:00

La Convención de la ONU sobre Desapariciones Forzadas y Arbitrarias entrará en vigor mañana.

El nuevo instrumento, que cuenta con la ratificación de 21 países, entre ellos diez de América Latina, es el primero en subrayar el derecho de todo individuo a no ser víctima de esa práctica atroz por parte de agentes de gobierno.

Entre los países que lo ratificaron figuran Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Cuba, Ecuador, Honduras, México, Paraguay, España y Uruguay.

Con motivo de su entrada en vigor, la ONU urgió a todos Estados a erradicar este flagelo y llevar a la justicia a los perpetradores.

El Grupo de Trabajo de la ONU sobre Desapariciones Forzadas destacó la importancia de la Convención para la concreción de la justicia, la reparación y el derecho a saber la verdad.

Todo sigue igual

2010-12-30T12:00:00.000-08:00

Al parecer son pocas las posibilidades de que mejore la situación de los derechos humanos en Belarús tras la reelección del presidente Alexander Lukashenka en comicios controvertidos.

Lukashenka mantendrá su mano dura como se pudo ver en la brutal represión de las protestas que hubo en Minsk, capital de Belarús, tras conocerse los resultados de las elecciones del domingo 19.

"Es poco probable que haya cambios importantes" al respecto, dijo a IPS el director del Centro Viasna de Derecho Humanos, Ales Bialiatski.

"Las actuales autoridades no comprenden el valor de los derechos humanos, tienen una actitud hostil hacia la sociedad civil y no están listos para una colaboración constructiva", añadió.

Lukashenka, llamado el último dictador de Europa, llegó al poder en 1994 y desde entonces se mantiene en el gobierno en elecciones consideradas fraudulentas por activistas de ese país y la comunidad internacional.

Varias organizaciones internacionales han criticado violaciones de derechos humanos y la violenta represión tras el anuncio de los resultados de los comicios. Hubo detenidos y muchas personas golpeadas, incluido uno de los presidenciables que permanece en un hospital en estado crítico.

Fue una reacción típica del gobierno dictatorial, como lo califican varias entidades de la sociedad civil, que le ha valido el aislamiento internacional.

Las autoridades eliminan toda discrepancia, no existe en la práctica la libertad de reunión y los medios de comunicación han sido silenciados. Sólo queda un grupo de publicaciones independientes. Además, circulan rumores de que la policía secreta estuvo detrás del asesinato de periodistas críticos.

Participar en una organización no registrada es delito. Las instituciones critican las graves restricciones que les impiden conseguir fondos y alquilar un local.

"El hecho de que nuestra organización trate de registrarse desde 1997 y se nos haya denegado el permiso por lo menos cuatro veces dice algo sobre la situación del país", dijo Daria Vashkevich, de la Asamblea de Organizaciones Prodemocráticas de Belarús, a IPS.

Por fin, condena a Videla

2010-12-29T12:00:00.000-08:00

La emblemática condena a prisión perpetua dictada este miércoles por la justicia Argentina al ex dictador Jorge Rafael Videla marcó el fin de un año signado por la aceleración de los procesos contra jefes y represores de la última dictadura.

"Desde las dos condenas que hubo en 2006 hasta el número inédito de este año, que estará alrededor de 150, para nosotros éste fue el año de los juicios", destacó a IPS Lorena Balardini, del no gubernamental Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).

Esta organización humanitaria especializada en cuestiones jurídicas sigue de cerca los procesos legales sobre los crímenes dictatoriales perpetrados entre 1976 y 1983, pero es también querellante en diversas causas y patrocinante de muchos de los sobrevivientes de los campos de concentración y familiares de detenidos-desparecidos.

Videla fue sentenciado en esta oportunidad por las torturas y el fusilamiento de 31 presos políticos en 1976 en la Unidad Penitenciaria San Martín, de la central provincia de Córdoba. También recibió prisión perpetua por los mismos cargos Luciano Benjamín Menéndez, quien era entonces comandante del III Cuerpo de Ejército, con asiento en ese distrito.

Por unanimidad, el tribunal federal oral que los juzgó consideró que los delitos de imposición de tormentos y homicidios fueron agravados por la condición de perseguidos políticos de las víctimas. Ordenó, además, que Videla sea recluido en una cárcel común.

De este modo, Videla recibe la segunda condena a prisión perpetua. La primera fue en 1985 en el juicio a los jefes de la dictadura, aunque cinco años después el entonces presidente Carlos Menem (1989-1999) lo indultó junto a otros militares y civiles condenados.

Pero estuvo en libertad por poco tiempo. En 1998 volvió a quedar detenido, esta vez en su domicilio, acusado de apropiación de menores, y en 2008, cuando ya había sumado varias causas en su contra, la justicia ordenó su traslado a un penal en Campo de Mayo, un cuartel de Buenos Aires.

El ex hombre fuerte de la dictadura, que encabezó el golpe de Estado que derrocó el gobierno constitucional de María Estela Martínez de Perón (1973-1976), dijo en su alegato que, con este juicio, "la Constitución Nacional guarda luto por la república desaparecida".

"No fue una guerra sucia sino una guerra justa en la que salvamos al país de los ‘jóvenes idealistas’ que quisieron imponer una cultura ajena a nuestro tradicional estilo de vida, occidental y cristiano", justificó.

Menéndez en cambio, quien también gozó del indulto, volvió a ser juzgado y desde 2008 lleva ya cinco condenas a reclusión perpetua.

Antes de escuchar su sentencia, Menéndez también justificó su actuación. "Los argentinos sufrimos el asalto de los subversivos marxistas que por orden y cuenta de la Unión Soviética y de Cuba se proponían someter a nuestro país", dijo.

Según su argumento, las personas que fueron víctimas de la dictadura pretendían que los argentinos "dejáramos de ser libres para pensar, expresarnos o poseer bienes (…) y todo sería manejado por un Estado totalitario".

Con Videla sentado cerca suyo y asintiendo con la cabeza, Menéndez, de 83 años, se jactó de que el régimen que integró hizo en poco tiempo lo que a Colombia le está llevando 60 años, en alusión al conflicto armado interno de ese país. Agregó que Argentina es "el primer país de la historia y del mundo que juzga a sus soldados victoriosos".

En este mismo juicio, que culminó este miércoles en medio del júbilo y la emoción de un numeroso público ubicado dentro y fuera del recinto del tribunal, fueron también condenados a prisión perpetua 14 uniformados más, y a penas de entre seis y 14 años de cárcel a otros siete, entre ellos una mujer policía, mientras que fueron absueltos por no contar con pruebas suficientes siete acusados